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MÉXICO: CRISIS POLÍTICA Y RESPUESTAS SOCIALES (ESPERANDO EL MILAGRO ECONÓMICO)

Alfonso Moro
Pueblos/CEPRID
1 - VII- 07


La economía mexicana está inmersa en una aparente paradoja. México es, tras Chile, el país latinoamericano que más acuerdos de libre comercio y/o de complementación económica ha firmado en los pasados años, 43 desde que en 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado con Estados Unidos y Canadá. Al mismo tiempo, el crecimiento sigue sin lograr verdaderamente despegar y, lo más preocupante, los tan esperados beneficios del libre comercio apenas sí llegan a un reducido sector de la población. Pese a las reiteradas promesas de bienestar social que las políticas liberales deberían aportar, la mayoría de los mexicanos sigue esperando que se realice ese milagro.

El sexenio del presidente Vicente Fox que concluyó en diciembre de 2006 ha pasado a la historia como el de un sonado fracaso económico, político y social. La promesa de hacer crecer el Producto Interno Bruto (PIB) en un 7 por ciento de promedio anual entre 2001 y 2006, quedó reducida en los hechos a un miserable 1,6 por ciento. Son los peores resultados en este rubro desde la crisis de principios de los años ochenta.

Esta anemia económica se produjo a pesar de que la coyuntura internacional fue bastante favorable para el país. En efecto, salvo un corto período de recesión de los Estados Unidos en 2001, los otros cinco años se caracterizaron por una débil tasa de interés en el mercado mundial, el incremento acelerado de los precios del petróleo (primera fuente de ingresos del país), una aceleración de los intercambios mundiales y una relativa estabilidad monetaria. Tan evidente es que algo falla en la política económica del gobierno como dramáticas resultan sus consecuencias sociales.

Los gobiernos que han conducido el país desde hace 13 años, cuando se firmó el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), han aplicado un riguroso recetario liberal caracterizado entre otros factores por la rápida apertura de las fronteras, la reducción de las subvenciones (principalmente al sector agrícola) y el desmantelamiento de las cadenas de producción del mercado interno. Una consecuencia de eso es la creciente desigualdad que existe entre el crecimiento del PIB, el de las exportaciones y el de las importaciones. En el período 1995-2006, mientras el PIB creció un 17 por ciento, las exportaciones alcanzaron un aumento de un 36,7 por ciento y las importaciones de un 41,4 por ciento. Ese comportamiento fue aún más marcado entre 2001 y 2006 cuando las mismas variables aumentaron un 6,57 y un 52 por ciento, respectivamente. Es fácil percibir que pese al bajo ritmo de crecimiento económico interno, el de las importaciones mantiene su dinámica [1].


Efectos sobre el empleo

La ruptura de las cadenas de producción interna se produjo en razón de las sucesivas crisis que sacudieron al país en las pasadas dos décadas (la última, conocida como “efecto tequila”, fue en 1994-1995) y por la forma en la que se dio la apertura comercial. Ese hecho ha tenido graves consecuencias sobre la creación de empleo, renglón en el que la economía simplemente no logra absorber al cerca de un millón de personas que cada año intenta incorporarse al mercado laboral. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el total de empleos permanentes y eventuales creados durante la administración foxista fue de 1.400.000 puestos, mientras que 7 millones de personas pasaron a formar parte de la población económicamente activa (PEA).

Al iniciar su mandato, Vicente Fox prometió que garantizaría un empleo a cada mexicano, a través de su famosa frase sobre “el derecho de cada persona a tener un changarro” (chiringito). Pero los pasados seis años resultaron nefastos en materia de empleo. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), dio a conocer a mediados de noviembre pasado un informe donde se destaca que la población en “desocupación total”, esto es, la que no logró trabajar ni siquiera una hora, durante el mes de septiembre era de ¡1,8 millones de personas!; que la población “subocupada” alcanzó los 3,5 millones, mientras que otros 11 millones de mexicanos en edad y condición de trabajar se desempeñaban en la economía informal [2]. Y eso no es todo. Entre 2000 y 2005, se perdieron 900.000 empleos en el campo y otros 700.000 en la industria. Definitivamente, existe una distancia abismal entre la “octava potencia mundial por el volumen de su comercio exterior” a la que gustan referirse las autoridades cuando hablan de México, y la lacerante realidad que una mayoría de la población vive día a día.

¿Qué sucedió con esos millones de personas que no encontraron una oportunidad para trabajar correctamente? Al final del año 2000 el país tenía 98,4 millones de habitantes, y al cierre del 2006 se estimó una cifra de 104,9 millones. Es decir, en seis años la población aumentó en 6,4 millones de personas. Al mismo tiempo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con sede en Suiza, afirma que en el mismo periodo 3,4 millones de personas abandonaron el país (575.000 por año), de los que un 45 por ciento son mujeres. Según la misma fuente, hoy están afectados por el despoblamiento 600 municipios de los 2.445 que existen en México. El desarrollo poblacional es negativo allí en un 25 por ciento.


Migración y remesas

La creciente incapacidad de la economía para absorber a quienes se integran en la vida activa ha hecho que en menos de tres lustros México se haya convertido en el primer expulsor de mano de obra del mundo, por encima de China, India, Turquía o Filipinas, según Raúl Delgado, director de la Red Internacional de Migración y Desarrollo. Conforme con esa red, once millones de mexicanos viven ahora en Estados Unidos y 28 millones de habitantes de ese país son de origen mexicano.

Sin exagerar, puede afirmarse que gracias a las remesas enviadas por esos inmigrantes la situación social no ha explotado en el país. El informe anual de 2006 del Banco de México reporta que entre 2001 y 2006 los ingresos por remesas familiares ascendieron a 91.807 millones de dólares, lo que hace de este rubro la tercera fuente de divisas del país, sólo superada por las exportaciones de petróleo y la Inversión Extranjera Directa (IED). Según el Banco Interamericano de Desarrollo esos recursos representan hasta el 15 por ciento del ingreso per cápita en las zonas rurales del país. Más en general, 4 millones de familias (17 millones de personas) reciben regularmente remesas [3]. El Banco Mundial destaca que si los flujos de inmigrantes se componían antes de personas de menor cualificación, ahora han venido a sumarse personas con estudios universitarios, lo que no hace sino agravar el problema de la falta de mano de obra cualificada [4].

Ciertamente, puede afirmarse que al lado de estos hechos coexisten en México empresas y hombres de negocios muy poderosos, tanto que varios de ellos -comenzando por el magnate de la telefonía Carlos Slim- aparecen entre los hombres más ricos del mundo. Cemex, América Móvil Grupo Modelo, Grupo Desc, Grupo Minero México, Grupo Bimbo, Gruma S.A., Industrias Peñoles y Televisa, entre otros, forman parte del reducido número de empresas beneficiadas y enriquecidas gracias a las políticas seguidas desde hace dos décadas. Sin embargo, existe un problema adicional que es preciso destacar. Ni la apertura comercial desenfrenada ni las políticas asistencialistas promovidas estos años han servido para corregir la cada vez más aguda concentración de los ingresos, y aún menos la pobreza.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló en un estudio sobre la distribución del ingreso, la carga fiscal y el beneficio social publicado en marzo pasado que el 10 por ciento de la población más pobre del país percibe el 1,1 por ciento del ingreso nacional, mientras que en el extremo opuesto el 10 por ciento más rico concentra el 39,6 por ciento de los recursos [5]. Casi al mismo tiempo, la nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Beatriz Zavala, reconoció en una comparecencia ante el Senado que los índices de pobreza de la población mexicana se encuentran en los mismos niveles de 1994, justo cuando entró en vigor el TLCAN.

Contrariamente a lo afirmado por Vicente Fox, la responsable dijo que el 47 por ciento de los mexicanos (49 millones de personas) vive en “pobreza patrimonial”. De ese total, 19 millones padecen también de “pobreza alimentaria” [6]. Queda claro que sin los ingresos de las remesas que aportan los inmigrantes la situación sería mucho peor.

A la luz de estos datos intentemos responder aunque sea en forma sucinta a dos preguntas: ¿Cuán competitiva es la economía mexicana? ¿Quiénes son los beneficiarios de los acuerdos de libre comercio?


La balanza comercial

En los pasados seis años, las exportaciones y las importaciones aumentaron en una tasa anual media (tcam) del 8,4 y el 8,1 por ciento respectivamente, variaciones que pueden dar la idea de que la brecha entre el sector externo e interno se estaría cerrando. Nada más falso. Si se sustrae de las exportaciones la parte efectuada por las empresas maquiladoras y de petróleo, el crecimiento se reduce a un 7,7 por ciento en promedio anual. Lo contrario sucede con las importaciones, donde al sustraer las compras de las maquiladoras la tcam se eleva al 9,2 por ciento. Como se dijo antes, pese al menor crecimiento, persiste una bulímica tendencia importadora de los sectores productivos -en particular dentro de la industria manufacturera-, así como de la población de altos recursos. En efecto, la descomposición sectorial por tipo de bienes importados muestra que fueron los bienes de consumo (generalmente de lujo) los que tuvieron un mayor crecimiento (87 por ciento), seguidos por los bienes intermedios (49 por ciento) y de capital (36 por ciento).

En cuanto a los resultados en materia de acuerdos comerciales, desde la firma del TLCAN y hasta el fin de 2006, México multiplicó sus exportaciones hacia sus dos socios del Norte por casi cinco veces y las importaciones por tres, lo que arroja una balanza favorable para el país. Por el contrario, con la Unión Europea, con la que existe un acuerdo de libre comercio desde el año 2000, el desequilibrio explotó literalmente al acumular al final del año pasado un déficit comercial de 81,688 millones de dólares; es decir, que por cada dólar que el país le vende a la UE, adquiere mercancías y servicios por otros tres dólares.

En el caso de los “nuevos países industrializados” del sudeste asiático (NIC’s), a saber: Corea, Taiwán, Hong Kong y Singapur, el déficit sumó más de 63.000 millones de dólares, e igual sucedió con China y Japón con los que el país acumuló un saldo negativo comercial de más de ¡50.000 millones de dólares en cada caso!

El déficit comercial acumulado en los pasados seis años fue casi seis veces mayor al del sexenio 1995-2000, eso pese a que el crecimiento económico resultó mucho menor. Y las medidas anunciadas hasta ahora por el gobierno de Felipe Calderón difícilmente corregirán esa tendencia. La paradoja a la que se hizo referencia en un principio es, simplemente, aparente. Como los hechos prueban, existe en realidad una incompatibilidad entre el modelo aplicado hasta ahora y las posibilidades de lograr el crecimiento con desarrollo que los mexicanos exigen.

Según lo pactado en el TLCAN, México deberá abrir por completo sus fronteras en 2008 a las compras de maíz y frijol (productos base de la dieta familiar) provenientes de EE UU y Canadá, lo que sin duda agravará la crisis económica que padece el campo y tendrá efectos devastadores para las familias campesinas. Al mismo tiempo seguirá la presión sobre los salarios bajo el prurito de “no perder competitividad”.

Los movimientos de protesta y descontento social surgidos en el país en estos últimos tiempos (Atenco, Oaxaca, mineros, Chiapas, maestros, campesinos, etc), como puede entenderse, tienen un origen material. Desde hace 15 años los distintos gobiernos han prometido realizar el milagro de hacer crecer, verdaderamente, al país y garantizar una vida digna a sus habitantes. ¿Cuánto tiempo más habrá que esperar el milagro?

Alfonso Moro es doctor en economía, miembro de la organización France-Amérique Latine e integrante de la Red birregional Unión Europea-América Latina, “Enlazando Alternativas”. Este artículo ha sido publicado en el nº 26 de la revista Pueblos, junio de 2006.

Notas
[1] Las cifras en las que están basados todos los cálculos provienen, salvo indicación expresa, del Anexo Estadístico al Sexto Informe de Gobierno, Presidencia de la República, México, 2006, así como del Informe Anual 2006 del Banco de México.
[2] La Jornada, 24 de septiembre y 19 de noviembre de 2006.
[3] En 2001 se registraron 27,7 millones de remesas por un valor promedio de 321 dólares cada una. Para 2006 las cifras fueron de 65,8 millones de transacciones por un valor promedio de 350 dólares. Banco de México (2006): Informe Anual, op cit.
[4] Ver Close to Home. The Development Impact of Remittences in Latin America, World Bank, Washington, 2006.
[5] La Jornada, 28 de marzo de 2007.
[6] La Jornada, 12 de abril de 2007. “Pobreza patrimonial significa no contar con recursos para satisfacer necesidades de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte público y educación. Por “pobreza alimentaria” se entiende que la persona no puede tener acceso a los alimentos indispensables para el desarrollo de las capacidades humanas.

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