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TERRITORIOS / África
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| Los países africanos y la temática de la corrupción. Silvio Baró No obstante, estos enfoques suelen soslayar otros importantes aspectos de las concepciones neoliberales como es el de demeritar la gestión estatal en las naciones subdesarrolladas, acusándola de ineficiente y corrupta. Mientras que en una primera etapa de la aplicación de las políticas económicas neoliberales éstas se concentraron en los aspectos económicos (eliminación de los déficit fiscales, de balanza comercial y de pagos, control de la inflación, etc.), en una segunda se comenzó a prestar atención a las cuestiones de naturaleza institucional. Por ello, hacia finales de los años 80 y comienzos de los 90, los ideólogos neoliberales introdujeron las nociones de transparencia y buen gobierno, aspectos que pasarían a ser importantes requisitos a cumplir por parte de los países que deseasen tener “certificados de buena conducta” de parte de las naciones industrializadas y de las instituciones de Bretton Woods con vistas a obtener préstamos u otros beneficios. Las referidas problemáticas indicaban el tránsito de políticas neoliberales de un primer tipo a otras mucho más profundas o de “segunda generación”, las que, además de influir en el diseño de las políticas económicas a aplicar, aun siguen caracterizándose porque, además de influir en el diseño de las políticas económicas a aplicar, también se encaminan al reordenamiento de las estructuras institucionales de las naciones “asesoradas”. La filosofía que pretendía darle legitimidad a las ya señaladas nociones consistía en que, para el éxito de las reformas económicas, promovidas por los programas de ajuste estructural, era necesario que la gestión de los gobiernos fuera transparente y eficiente. Casualmente, la introducción de las nociones de transparencia, buen gobierno y combate contra la corrupción, se pusieron en boga en una coyuntura en que supuestamente se estaba dando el fenómeno de “fatiga de los donantes”, debido al hipotético rechazo de las poblaciones en los países occidentales a continuar aportando fondos que iban a enriquecer las cuentas bancarias de un grupo de gobernantes corruptos. Si bien es cierto que algunas informaciones y estudios pusieron al descubierto el desvío que de los fondos otorgados como ayuda a los países hacían algunos gobernantes en países subdesarrollados, entre ellos africanos (recordemos el caso de Mobuto Sese Seko), la realidad era un tanto más compleja. Los montos de ayuda externa estaban disminuyendo en términos absolutos y relativos no sólo por la denominada “fatiga de los donantes”, sino también porque esos recursos eran necesarios para usos apremiantes de las propias naciones industrializadas como: (a) la reindustrialización de sus economías para prepararlas mejor para la aguda competencia internacional y (b) la atención a algunos objetivos nacionales o regionales, como fue la preparación de las economías de la Unión Europea (UE) para el advenimiento del euro o para la ampliación de la organización, entre otros objetivos. El tema de la corrupción –de una indudable nobleza y convenientemente manipulado– fue aprovechado para darle legitimidad a algunas acciones de las naciones industrializadas encaminadas a reforzar las reformas económicas en las naciones subdesarrolladas, en general, y africanas, en particular. Este es el contexto en el que surgió la ONG Transparencia Internacional (TI), la cual postula una serie de objetivos difíciles de rebatir,(1) pero también es el período en que algunas concepciones teóricas occidentales “descubrieron” el fenómeno del corrompido sin corruptor. Si se presta atención a los estudios realizados por TI, los principales países corruptos son siempre los países subdesarrollados y, sobre todo, los africanos. Ellos es evidente en que, según el escalafón de esta ONG para el año 2006, elaborado para un total de 163 países, 38 de ellos africanos, 33 de éstos (85%) ocupaban posiciones desde el lugar 70 en adelante y seis países africanos estaban ubicados entre los diez más corruptos.(2) En los últimos años se aprecia un aumento de la importancia asignada al tema de la corrupción y de la toma de medidas para su combate. En este sentido deben ser señaladas las acciones anticorrupción emprendidas por el Banco Mundial (BM), como su Política para el Buen Gobierno aprobada en noviembre de 1999 y la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), lanzada por el gobierno británico durante la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable, efectuada en Sudáfrica en el año 2002.(3) La EITI propone que los ingresos obtenidos de las exportaciones de petróleo, gas, minerales y otros recursos naturales sean revelados públicamente y sirvan para el desarrollo.(4) Los patrocinadores de estas acciones suelen respaldarlas a partir del negativo expediente de algunos gobiernos africanos en materia de transparencia y de un inadecuado manejo de los ingresos gubernamentales, pero también a partir del significativo aumento de los ingresos recibidos por algunos países por sus exportaciones petroleras, mineras y otras. Uno de los argumentos consiste en que obligando a los países a hacer públicas sus cuentas se conjuraría la intención de algunos gobiernos de adoptar una mentalidad de “receptores de renta” y que, en su lugar, se verían obligados a dedicarlos a la solución de los problemas socioeconómicos de sus poblaciones. Se considera que las elites gobernantes suelen utilizar los ingresos petroleros no para darle una utilización productiva, sino para consolidar su poder.(5) La EITI recibió el apoyo del Grupo de los 8 (G–8) en su Cumbre de Evian en 2003, donde fue aprobada una resolución sobre corrupción y transparencia, y en diciembre del propio año el BM la endosó y de esta forma se arrogó el papel de mecanismo para presionar sobre los países productores/exportadores de petróleo, gas y minerales. Asimismo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) la haría suya más tarde.(6) Un importante respaldo a la EITI vendría del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), institución que la respaldaría a partir de octubre del pasado año cuando D. Kaberuka, su actual presidente, asistió a su Conferencia Internacional en Oslo.(7) Hacia finales de 2006 un total de 22 naciones (14 de ellas africanas) eran miembros de la Iniciativa, pero llama la atención que otros asociados son el G–8, Noruega, el FMI, el BM, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros.(8) Como la incorporación voluntaria a la EITI y el lento progreso en el cumplimiento de los compromisos contraídos por parte de los países que son miembros no respondía a los intereses de sus patrocinadores (porque “sus principios precisamente no son puestos en práctica en aquellos países en que esto sería más urgente”), ello llevó a que, tanto el FMI (con su Resource Revenue Transparency Guide), como el BM (con sus Operation Evaluation Department –OED– Reports on Extractive Industries and Sustainable Development) desplegasen una cierta cantidad de mecanismos dirigidos a presionar a los países no miembros a cumplir con los preceptos de la EITI si desean recibir préstamos de estas instituciones, entre ellos los relacionados con los PRSP.(9) La prensa reflejó en el 2006 el diferendo que se produjo entre el BM y el gobierno de Chad por discrepancias en cuanto al destino de los ingresos petroleros del país, aunque informaciones recientes parecen indicar el arribo a un acuerdo.(10) Ante los insuficientes resultados de su anterior política anticorrupción, el BM se dedicó a la elaboración de un nuevo mecanismo, el cual estuvo precedido de un anuncio de (su recién descubierto corrupto presidente) Paul Wolfowitz, quien planteó: “El Banco Mundial se está preparando para librar una batalla contra la mayor de las amenazas al desarrollo (…)”.(11) Este nuevo instrumento, titulado Fortaleciendo el compromiso del Grupo del Banco en materia de Gobernabilidad y Anticorrupción (documento GAC, 5/IX/2006), fue presentado en la reunión del pasado mes de septiembre para su ulterior discusión y aprobación. Los principales elementos contenidos en el referido documento son muy preocupantes debido a que, en sus nuevos instrumentos para combatir la corrupción en las naciones subdesarrolladas, el BM se propone ir más allá de las acciones técnicas a las cuales se dedica usualmente y se involucraría de lleno en cuestiones políticas internas de las naciones.(12) De aprobarse el documento –lo cual es muy probable–, las naciones subdesarrolladas, en general, y africanas, en particular, se verían sometidas a un nuevo y mucho más riguroso mecanismo de escrutinio no sólo de su vida económica, sino también del funcionamiento de su vida político–institucional por parte de un organismo internacional que, por cierto, no tenía (ni tiene) esas funciones dentro de su mandato. Referencias: (1) Sitio web www.transparency.org. Silvio Baró es investigador del CEAMO (Centro de Estudios de África y Medio Oriente) de La Habana (Cuba) |