CONACAMI: 10 años tejiendo resistencias a la minería en Perú (y II)

Luis Vittor

ALAI

La presencia de CONACAMI en el escenario nacional (2000-2003):

El 2000 es el año en que CONACAMI inicia su crecimiento organizativo a la par de conflictos como Tambogrande, Huarmey y San Mateo de Huanchor, aliándose con organizaciones locales o constituyendo referentes propios como en el caso de la CORECAMI Piura y por afiliación como es el caso de la Federación Rumimaki de Puno [16]. Por otro lado, desarrollaría actividades de sensibilización para visibilizar la problemática; así, el 14 de diciembre realizó la “marcha de los afectados por la minería” con la participación de 1500 delegados de sus 12 bases regionales con el objetivo de denunciar públicamente la situación de las comunidades afectadas por la minería. Era la primera marcha organizada entorno a la problemática en Lima y la plataforma difundida reafirmaba los principales acuerdos del congreso fundacional.

El año 2001 seria intenso en términos organizativos. En Ancash se realizó un congreso y plenaria, tanto en Huarmey como en San Marcos, zonas afectadas por las operaciones de Antamina. La intención era consolidar un único referente organizativo alrededor de los impactos de Antamina; sin embargo, en la práctica no se concretaría debido a que los afectados eran diferentes culturalmente y sus demandas de igual manera diferían. Desde San Mateo de Huanchor se organizó un encuentro de comunidades de la cuenca del río Rímac donde se aprobaría la creación de una federación de comunidades y en La Oroya se realizó la feria de animales afectados por la minería.

Sin embargo, a dos años de su constitución la organización tuve que enfrentar una debilidad por el “abandono” que dirigentes hacían de sus cargos en las CORECAMIs y en el consejo directivo de CONACAMI; por un lado, sería el costo de un proceso organizativo acelerado y, por otro una oportunidad para el fortalecimiento al recomponer su dirigencia. A nivel nacional, se tuvo que complementar la dirigencia nacional, haciéndola mas representativa con la participación de líderes de Tambogrande, San Mateo de Huanchor, Huarmey y Lircay (Huancavelica).

Durante el año 2002 CONACAMI y CORECAMI Cusco iniciaron en conjunto con CooperAcción y Oxfam América una Mesa de Dialogo con BHP Billiton Tintaya en la provincia de Espinar para resolver los problemas de tierras, medio ambiente, derechos humanos y desarrollo.

El 8 de julio, CONACAMI iniciaba en Lima la “Marcha Nacional por la vida, la tierra, el agua y el aire; el derecho a la participación y la consulta” con una masiva participación de sus bases regionales. La marcha concito el interés del gobierno comprometiéndose, según acta, a establecer una instancia de dialogo tripartito de alto nivel para resolver los conflictos. El hecho constituía un reconocimiento a la existencia de problemas y conflictos mineros, pero también un reconocimiento a la representatividad e interlocución de CONACAMI. En agosto se iniciarían las negociaciones para crear la comisión de dialogo nacional, sin embargo fracasarían en octubre debido a que un sector del gobierno (MINEM) y empresas mineras cuestionaban la representación de CONACAMI y ésta planteó crear un instancia de carácter vinculante no encontrándose un consenso.

Tras el fracaso del dialogo CONACAMI tomaría dos iniciativas. Por un lado, con el apoyo de Ongs inició un proceso de dialogo con las principales empresas del sector minero (Yanacocha, Southern, Doe Run, Antamina, Quellaveco y BHP Billiton) que no progresaría tras la presentación, por otro lado, de una demanda contra el Estado peruano por violación a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) [17] a causa del desarrollo de actividades mineras en el país.

El 2003 sería un año de cambios en CONACAMI por la realización de congresos regionales y del II Congreso Nacional que ratificó a Miguel Palacin como presidente.

Un primer balance interno con relación al crecimiento organizativo y representativo de la CONACAMI señala que la organización ha extendido su presencia de 9 bases en su fundación a 15 al finalizar el II congreso. Sin embargo, no había logrado consolidar las CORECAMIs con un rol de liderazgo en el espacio regional; en su mayoría, estaban focalizadas a nivel provincial o local alrededor de los conflictos específicos (Huarmey y San Marcos, Espinar, San Mateo de Huanchor, Tambogrande, Lircay) lo que constituía a su vez una fortaleza para la organización. En minoría habían logrado ampliar su ámbito de influencia a mas de una provincia (Pasco, Apurímac, Moquegua) constituyéndose en referentes regionales.

Finalmente, la expansión organizativa y posicionamiento de CONACAMI ha estado ayudado por procesos locales y protestas de las comunidades y poblaciones afectadas por la minería y que, además, contribuyeron a visibilizar su problemática. El encuentro con procesos locales fortalece la acción local y su visibilización nacional. Conflictos como Huarmey, San Mateo de Huanchor y Tambogrande si bien se inician en 1999, su incorporaron a CONACAMI (2000) ayudaron a que se expanda territorialmente a Piura, sierra de Lima y costa de Ancash, pero también las sucesivas protestas en Huarmey (2001-2003), Tambogrande (2000-2003), Lago Junín (2002-2003) y Pampamali (2003) constituyeron hechos que centraron la atención pública por la capacidad de movilización local y que ayudaron a su visibilización.

III.- CONACAMI y la Reafirmación Indígena

El proceso de reafirmación como organización indígena (2003-2006):

CONACAMI al año 2003 había avanzado a ser reconocida en el ámbito nacional e internacional como la organización representativa de comunidades y pueblos afectados por la minería; era un avance importante en el proceso de posicionamiento y de articulación de luchas locales. Había contribuido a que el tema de la minería sea una constante en la agenda pública, sus acciones habían favorecido -en parte- a que la opinión pública se entere de los verdaderos impactos de la minería en las comunidades.

De igual manera, había contribuido a colocar algunos temas de su plataforma en la agenda política y movilizado a sectores del Estado para su atención. El acta de compromiso para una comisión nacional de dialogo tripartito y la regulación de temas como la consulta y participación ciudadana para actividades mineras, regulación de los impactos ambientales o la declaración en emergencia ambiental del lago Junín, constituyen parte de esta agenda.

Con estos avances llega a su II Congreso Nacional, realizado simbólicamente en San Mateo de Huanchor del 23 al 26 de octubre, con cerca de 400 delegados. El congreso concluiría con un debate respecto a la postura que la organización debía asumir con relación a la minería, influenciados -en parte- por la reciente victoria del “no a la minería” en la consulta de Tambogrande y provocados por la presentación de la experiencia de dialogo con la minería en Espinar y el fracaso de las apuesta por el dialogo con el gobierno.

Los acuerdos del congreso marcarían el inicio de una nueva etapa en CONACAMI al aprobarse el paso de “coordinadora a confederación” y autoafirmarse como organización indígena, lo que implicaba un cambio en el pensamiento y la acción institucional centrándose en adelante en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la intención de participar activamente en política. Es decir, CONACAMI se plantea un mayor desafío en base a los avances, aún cuando no había consolidado la estructura organizativa nacional y regional.

Debemos precisar que la autoafirmación indígena de CONACAMI esta asociado con dos hechos precedentes. A nivel nacional con la creación de la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPAA) y la convocatoria de Miguel Palacin para representar a los pueblos indígenas andinos, así como la participación de la organización en la Conferencia Permanente de Pueblos Indígenas (COPPIP); por otro lado, estuvo influenciado por los procesos experimentados por el movimiento indígena en Ecuador y Bolivia, con quienes la organización mantenía un activo programa de intercambio de experiencias desde sus inicios.

El II congreso nacional aceleró el proceso organizativo y redefinió la concepción de CONACAMI, producto de la presencia y dinámica adquirida por la dirigencia central de la organización y la agudización de los conflictos mineros, a lo que se sumaría el fracaso de las propuestas de dialogo tripartito con el gobierno tras suscribir un acta de compromiso y la influencia del movimiento indígena regional.

El problema central para CONACAMI ya no sólo constituía la violación de los derechos sino la vigencia de un modelo de desarrollo dominante: el neoliberal. Es el inicio del debate interno sobre la construcción de una propuesta alternativa. Es decir, la estrategia de incidencia para cambiar políticas públicas utilizando los mecanismos legales e institucionales se transformó en una estrategia política basada en el discurso “antisistemico” y la “refundación” del Estado.

La apuesta por afirmarse como organización indígena le ha asignado un papel diferente al inicial como organización de afectados por la minería trascendiendo a concebir la identidad cultural como la base para construir la nueva articulación en una diversidad de luchas contra los impactos del modelo de desarrollo neoliberal.

En adelante los cambios y prioridades se verán reflejados en los planes y las acciones de CONACAMI. A inicios del 2004 redefinía su visión para “articular en la sociedad civil peruana una organización con representación nacional (…) que defienda los derechos políticos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas y pueblos afectados por las actividades extractivas frente a las políticas neoliberales; bajo los principios de equidad, con respeto a la auto determinación de los pueblos en la construcción de su desarrollo (…)”.

A continuación presentó su “Propuesta de Gobernabilidad desde los Pueblos Andinos para el Perú” (junio, 2004) donde se incluían demandas como una asamblea constituyente y la instauración de un Estado plurinacional. Con esta perspectiva organizaría el Foro Social Perú en Tambogrande (agosto, 2004) y la I Cumbre Indígena de Huancavelica (diciembre, 2004). También, a medios del año, CONACAMI deja de asistir a la mesa de dialogo por el caso Tintaya.

La agenda minera del año 2004 estuvo marcada por el proceso seguido para la concesión del proyecto Las Bambas (agosto, 2004). CONACAMI y la CORECAMI Apurímac, en alianzas con la Federación Provincial de Campesinos de Cotabambas (FDCC) se involucrarían con el objeto de informar a las comunidades sobre los impactos de la minería y exigir una consulta previa de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. En respuesta autoridades regionales y provinciales la acusaron de estar en contra de la minería y del desarrollo.

En conflictos como el Cerro Quillish (agosto-septiembre, 2004) y La Zanja (noviembre, 2004) CONACAMI se mantuvo al margen debido a que la ausencia de su organización base en la región. Este hecho apertura en adelante una etapa de ausencias en los principales conflictos mineros con excepción de Majaz.

En el 2005, tras las protestas contra el proyecto de Minera Majaz (agosto, 2005) la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por presiones políticas, excluye a CONACAMI de sus registros argumentando la incompatibilidad entre sus fines y actividades con la de una típica ONG de desarrollo; la estructura y fines de la CONACAMI son los de una organización social de base que asume la defensa de los derechos de comunidades. Este hecho tenía la intención de aislarla sin lograrse este cometido.

De igual manera, en el marco de la campaña por el agua, promovió la constitución de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida (CONAGUAYVIDA) con la que impulsó movilizaciones por el agua en oposición al anteproyecto de ley de agua que se discutía en el Congreso de la República.

El 2006 fue un nuevo año de cambios para la CONACAMI por la realización del III congreso nacional, los días 29 y 30 de septiembre y 01 de octubre, con asistencia de 357 delegados de 19 organizaciones regionales. Se inicio con una movilización al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) para entregar un memorial en una breve reunión con el Director General de Minería y concluyo cuestionando el papel de la minería en el desarrollo.

Esta etapa de CONACAMI podría ser entendida como la fase de “estancamiento” en el proceso organizativo y de “ausencia” en los conflictos que involucran a comunidades afectadas por la minería. Sin embargo, a este momento CONACAMI había contribuido a ubicar la problemática de la minería, sus impactos y beneficios, en la agenda política; las comunidades por iniciativa propia asumían la defensa de sus derechos, como reflejo de la organización nacional.

La denuncia de las comunidades y los conflictos han logrado movilizar recursos para el análisis, monitoreo, asesoría y negociación en varios sectores del Estado y de la sociedad civil. Por ejemplo, en el Ministerio de Energía y Minas se creó la Oficina General de Gestión Social, encargada de promover relaciones armoniosas entre empresas y la sociedad civil; en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) se constituyó una Comisión Multisectorial de Prevención de Conflictos Sociales; y la Defensoría del Pueblo creó la Unidad de Conflictos Sociales que monitorea los conflictos en general.

Uno de los logros de más significativos de esta nueva etapa es el esfuerzo de CONACAMI en la constitución de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y los esfuerzos por establecer alianzas con las organizaciones indígenas, campesinas y sociales del país.

Finalmente, CONACAMI ha sido blanco de campañas públicas de desprestigio e intimidación, realizadas por intermedio de algunos medios de comunicación y las acciones de los gobiernos. La exclusión de los registros del APCI, el discurso anti-CONACAMI y anti-Ongs del gobierno, las leyes de penalización de las protestas, la ley de fiscalización a las Ongs, el enjuiciamiento a Miguel Palacin por el caso Majaz, entre otros hechos, constituyen parte de esta práctica discriminatoria y de criminalización.

IV.- Aportes para Fortalecer Resistencias a la Minería

De la experiencia de CONACAMI, sus bases regionales y otros actores sociales en la organización y defensa de los derechos ambientales de las comunidades afectadas por la minería, se ha identificado algunos elementos relevantes que pueden ser validos para fortalecer los procesos vigentes y futuros. La organización de los afectados en sus mas diversas formas, la asesoría técnica y la información a la que accedieron, junto con la alianza a diversas escalas constituyen los aspectos sobre los cuales se pueden tejer procesos sostenidos de defensa de los derechos ambientales y humanos de comunidades y poblaciones afectadas por las industrias extractivas en general.

1. Organización nacional y local de los afectados para defender derechos e incidir en la agenda política:

La organización es una condición indispensable para la defensa de los derechos colectivos. A nivel nacional la presencia de una organización de afectados es fundamental para la incidencia política ante diversas instancias del Estado y el uso de mecanismos internacionales, la interlocución política ante el Estado y la opinión pública.

En todos los casos que hemos revisado esta presente el factor organizativo, ya sea en su forma natural (comunidades) o en sus diversos matices sociales (frentes de defensa, comisiones, comités, coordinadoras regionales, etc.). La acción de CONACAMI y otros actores aliados alrededor de los conflictos ha partido de la mínima expresión de organización.

El nivel de organización, la legitimidad y los liderazgos duraderos han sido claves en el proceso de resistencias en el conjunto de las experiencias y los conflictos mineros; particularmente en casos como Tambogrande con el Frente de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande (FDVSLT) y el Comité de Defensa del Medio Ambiente y del Desarrollo Sostenible (CODEMADES) en San Mateo de Huanchor, donde organizaciones sociales y comunidades campesinas confluyeron al instituir un único actor, reconocían sus liderazgos y los conservaron a lo largo del proceso.

Estos casos, además, constituyen la superación de las diferencias entre los actores sociales locales sobre un objetivo mayor: la defensa de sus derechos y medios de vida; demostrando un alto grado de conciencia para defender sus derechos y recursos. La legitimidad de estas organizaciones permitió, además, su reconocimiento como interlocutor ante el Estado y las empresas mineras.

En el caso de Majaz la diversidad de actores sociales es parte de lo complejo del conflicto, aunque el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú (FDSFNP) constituye el nivel mayor de organización existen diferentes niveles de organización en las provincias y comunidades, como los frentes de defensa, federación campesina, rondas, etc.

Por otra parte, la participación de la CORECAMI Cusco ha sido fundamental en la etapa de organización de la denuncia internacional y la primera fase del dialogo, pero con los cambios sucesivos en su liderazgo y en periodos cortos, el retiro de CONACAMI del espacio de dialogo, su acción se ha debilitado.

2. Disponer de asesoría técnica fortalece defensa de derechos de los afectados:

La asesoría técnica constituye un elemento clave para compensar la asimetría de poder en los conflictos y eleva las capacidades para influir a favor de los derechos de afectados. Un factor que fortaleció la lucha de las comunidades o afectados alrededor de casos como Tambogrande, Tintaya, Majaz o San Mateo de Huanchor ha sido la asesoría técnica proporcionado por Ongs o facilitado por otros actores aliados. La asesoría ha desarrollado temas de derechos ambientales, de tierras y de salud, así como en la canalización legal de las violaciones de derechos y defensa legal de líderes por la criminalización de las protestas sociales.

La presencia de CooperAcción y asesores de CONACAMI en el caso Tintaya, la Mesa Técnica en Tambogrande o la Red Muqui en el caso Majaz, contribuyeron a la definición de estrategias no violentas y facilitaron el uso de diversos mecanismos para canalizar denuncias de los afectados. Sin el apoyo de la Mesa Técnica las consultas vecinales de Tambogrande y Majaz hubieran tenido dificultades para su realización, no sólo por el apoyo técnico directo sino por la movilización de redes solidarias a favor de los afectados.

La sola presencia de CONACAMI en Tintaya no hubiera podido soportar las capacidades técnicas que demandaban la acción ante la Ombudsman en Australia y el proceso de la Mesa de Dialogo. En estos casos la asesoría técnica ha sido sostenida a lo largo del conflicto. En el caso de San Mateo de Huanchor no se constituyo un grupo técnico; la asesoría inicial fue proporcionada por la municipalidad distrital y en el proceso se involucraron Ongs y asesores de CONACAMI.

3. Generación y acceso a información fortalece la denuncia de los afectados:

La información seria fortalece los argumentos de denuncia y posición de las comunidades afectadas en el conflicto. Estudios como la valorización económica del valle de Tambogrande o las observaciones de Robert Moran al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, los estudios legales y ambientales en el caso Tintaya, los estudios de salud humana en San Mateo de Huanchor, el informe del Peru Support Group (PSG) sobre el proyecto minero Río Blanco y el informe legal de la Defensoría del Pueblo sobre los casos Choropampa y Majaz, demuestran que la generación de información consistente fortalece la acción y los argumentos de denuncia de los afectados, las legitima y puede constituir un instrumento valido para la canalización legal y la sensibilización de la opinión pública.

Su carácter independiente puede ser una posibilidad en un escenario de desconfianza en las instituciones estatales pero canalizado adecuadamente evita la descalificación de sus resultados y sus recomendaciones pueden constituir una obligación para su cumplimiento. En el caso de San Mateo de Huanchor la información generada por DIGESA (2001) demostró los impactos de la minería en la salud de la población y sirvió para la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El acceso a información sobre a la minería y sus impactos, así como referente a concesiones mineras, estudios ambientales y experiencias de otras comunidades a través del intercambio de experiencias, son destacados por las comunidades en la defensa de sus derechos. De igual manera, el acceso a capacitación e información sobre sus derechos han constituido aspectos que han fortalecido la organización y la movilización. Un aspecto relevante de la información generada para su comunicación a las comunidades campesinas, especialmente de habla quechua, es la necesidad de que su contenido sea en lenguaje sencillo y que incluya la difusión oral en la lengua originaria.

La información sobre minería y sus impactos, positivos y negativos, es cada vez mas abundante y de fácil acceso a través de internet; las instituciones públicas están obligadas por la ley de transparencia a brindar la información técnica sobre una diversidad de temas que pudieran interesar a las comunidades para su conocimiento o la definición de estrategias de defensa. Es importante determinar el tipo de información que se necesita y que ayude a fortalecer la acción de los afectados.

4. Establecimiento de alianzas a diversas escalas asegura resultados favorables:

Alianzas efectivas aseguran posibilidades de influir sobre tomadores de decisión y capacidades de movilización. El establecimiento de alianzas desde lo local hasta lo internacional ha fortalecido la defensa de derechos de las comunidades y contribuido a realizar sus objetivos

Siendo el origen de los conflictos la vulneración y/o amenaza a los derechos de las comunidades, las alianzas con el movimiento ambientalista y de derechos humanos han contribuido enormemente a la transformación de los conflictos. En general, en los inicios de CONACAMI, el núcleo de apoyo a las comunidades afectadas era muy reducido, hoy el núcleo de actores que se involucran en los conflictos mineros se ha ampliado y diversificado que puede facilitar el establecimiento de alianzas.

La organización a nivel local en muchos casos son resultados de alianzas entre comunidades y organizaciones sociales. De igual manera, las alianzas que las organizaciones establecen con las municipalidades ha sido determinante para el logro de los objetivos en la lucha; en casos de San Mateo de Huanchor o Majaz las comunidades y sus organizaciones lograron establecer alianzas con las municipalidades; la debilidad de experiencias como Huarmey, Lago Junín o Las Bambas se pueden deber a la ausencia de alianzas con los gobiernos locales o posturas contradictorias entre éstos.

Las alianzas a nivel nacional e internacional se han establecido fundamentalmente con Ongs que han aportado capacidades técnicas a los actores locales, han movilizado redes de solidaridad con las comunidades y han acompañado actividades de cabildeo de las organizaciones de afectados. En algunos casos ha incluido alianzas con diversos congresistas, principalmente de las regiones donde se ubica el conflicto. El caso Tambogrande demuestra que a mayores niveles de alianza más posibilidades de influir a favor de derechos de los afectados; por lo que las alianzas deben ir más allá de la asesoría técnica.

Finalmente, en el caso de CONACAMI y la no admisión de la totalidad de casos presentados en la demanda ante la CIDH, evidencia de alguna manera debilidades técnicas y la ausencia de alianzas que permitan sostener íntegramente un largo proceso y que –además- requiere de capacidades adicionales que la organización no disponía. Aunque en parte fue superado con la alianza con el Centro de Derecho Internacional Ambiental (CIEL) para el caso San Mateo, ninguna otra alianza adicional se pudo establecer para acompañar el conjunto de la demanda.

Reflexiones finales sobre la experiencia de CONACAMI:

La emergencia de conflictos mineros daría origen a la constitución de CONACAMI como una estrategia de organización de comunidades afectadas por la minería, en un contexto donde las capacidades comunitarias eran muy débiles para reducir las asimetrías de poder alrededor de los conflictos y transformarlos a favor de sus derechos.

En un universo amplio y disperso de comunidades era necesario un actor central que los articulará y con una acción coordinada fortalecería los procesos de resistencia de las comunidades; el impacto de su acción debería contribuir a la generación de políticas públicas que resolvieran sus demandas. Así describen líderes comunales y sus aliados, la idea original de los fines que perseguían las comunidades al organizar CONACAMI.

En general, los conflictos mineros están asociados a problemas por el uso e impactos sobre la tierra y el agua, los impactos en la salud y la producción agropecuaria, y demandas por compensaciones y beneficios de la minería para el desarrollo local; hay un número menor pero creciente de conflictos donde las comunidades se oponen a la minería al considerar que esta no forma parte de su modelo y visión de desarrollo.

Creemos que los conflictos se originan no sólo porque las comunidades reconocen la existencia de problemas y actúan sobre ella, sino a partir del reconocimiento de sus derechos y la vulneración o amenaza de los mismos. En tal sentido, el derecho al ambiente saludable, a la tierra, al agua, a la salud, a la vida y al desarrollo, constituyen los derechos vulnerados o amenazados que motivan la movilización de las comunidades afectadas por la minería. La acción colectiva ha fortalecido la identidad e incluido el ejercicio del derecho a la consulta y participación ciudadana.

CONACAMI constituye una forma particular de organización de comunidades y surgido a partir de una problemática específica. Los cambios asumidos en el proceso no le han permitido consolidar los avances logrados, por el contrario su agenda se ha ampliado a la defensa de los derechos de las comunidades en general. Los cambios asumidos y el contexto de “criminalización” de la que es objeto le han significado un ligero debilitamiento de sus propias estructuras regionales de organización y el distanciamiento de sus aliados iniciales, mientras que los conflictos se han agudizado.

En contraste a lo descrito previamente, de manera espontánea en diversas zonas del país, las comunidades afectadas y organizaciones comunitarias se apropiaron de su propuesta de organización y defensa de derechos frente a la minería, se replicaron las experiencias de sus bases regionales, lo que significa un reconocimiento a su liderazgo y da legitimidad a su agenda inicial, constituyéndose en el principal referente organizativo. Por otro lado, los cambios hacia la autoafirmación como organización indígena de los andes, le han permito consolidar alianzas con los gremios campesinos e indígenas del Perú y el movimiento indígena continental.

El principal aporte político de CONACAMI podría resumirse en haber contribuido, desde su visión comunal, a la apertura de un debate programático sobre el rol de la minería en el desarrollo nacional. La agenda inicial de las comunidades ha madurado, de la lógica “reivindicativa” se ha transformado en una agenda que plantea el debate estratégico sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y el ejercicio del derecho al desarrollo propio. Es decir, a decidir libremente el desarrollo que aspiran los pueblos y comunidades locales. Esta perspectiva reafirma que en el fondo el conflicto es con el Estado central a quién demanda replantear el modelo de desarrollo actual y no solamente reformar las políticas mineras.

Notas:

[16] Hasta julio del 2003 en que se constituía la CORECAMI Puno.

[17] Entre los 15 casos presentados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se encuentran: San Mateo de Huanchor, Choropampa, Callao, La Oroya, Lago Junín, Huarmey, Tambogrande, Collanac (Lima), Quishque (Apurímac), San Marcos (Ancash), entre otros.

 Luis Vittor ha participado de la experiencia de CONACAMI desde su fundación y en la actualidad es becario del curso 2008/09 de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos, Gobernabilidad y Cooperación Internacional; Universidad Carlos III de Madrid (España).

* Gran parte de los contenidos del presente artículo fue publicado por el autor en “Resistencias comunitarias a la minería: la experiencia de CONACAMI” (2008).