CEPRID

Colombia.- Expectativas, logros y frustraciones de un proceso de paz (II)

Martes 26 de septiembre de 2017 por CEPRID

Javier Giraldo

Desde Abajo

Confrontaciones y logros

Los debates en La Habana fueron prolongados. Las FARC iniciaban la discusión de cada punto con un paquete de 10 propuestas, las cuales, en las semanas siguientes se iban desagregando cada una en otras 10, llegando a presentar para la discusión de cada uno de los puntos más álgidos 100 propuestas. La delegación del Gobierno se limitaba a analizar y controvertir las propuestas de las FARC y, como se pudo evaluar finalmente, a negar rotundamente cada propuesta conduciendo la discusión a lo que el Gobierno tenía en mente desde el comienzo, sin tocar en absoluto el modelo de sociedad vigente. Esto hizo que, tras el agotamiento de la confrontación que revelaba posiciones irreconciliables, los temas esenciales se fueron acumulando en congeladores, esperando retomarlos más adelante sin mucha esperanza.

Las propuestas de las FARC, como ellos mismos lo expresaron muchas veces, no se inspiraban en su ideario político, de corte socialista o comunista, sino en numerosas sugerencias que llegaron de los movimientos sociales, recogidas en foros públicos organizados por la ONU y la Universidad Nacional o enviadas a la Página Web que se abrió para ello.

a) Sobre la tierra y el desarrollo agrario

Los primeros 7 meses fueron copados por la discusión sobre una reforma agraria. La concentración excesiva de la propiedad de la tierra y el escandaloso despojo de campesinos e indígenas durante muchas décadas había dado origen a las FARC y seguía siendo su bandera principal de lucha. Sus propuestas se centraron en mecanismos de desconcentración de la propiedad rural, ya por prohibición o regulación del latifundio y denegación del “derecho de superficie”; por medidas de“desganaderización” de grandes extensiones y la adopción de nuevos criterios de ordenamiento territorial centrados en la producción de alimentos y la protección del medio ambiente; por la prohibición o restricción de proyectos minero-energéticos destructores del medio ambiente; por el freno a la extranjerización de la tierra y de los recursos no renovables. Al mismo tiempo proponían crear extensas Zonas de Reserva Campesina y Zonas de Producción de Alimentos, ambas protegidas frente al mercado y ayudadas en su planes por recursos del Estado, reformas todas que implicaban reversar acuerdos internacionales como los Tratados de Libre Comercio que arruinaron al campesinado nacional, concesiones y licencias a empresas trasnacionales, apropiación privada de saberes mediante patentes y el comercio creciente de transgénicos y agroquímicos.

Sin ninguna duda, este conjunto de propuestas, contenidas en 100 concreciones puntuales, se hallaban en contradicción radical con la política agraria del gobierno representado en la mesa oficial, el cual había colocado el eje de su proyecto nacional de desarrollo en la “locomotora minera”, distribuyendo licencias de explotación minero-energética a diestra y siniestra; firmando tratados de libre comercio para traer alimentos de otros países y ofrecerle las tierras agrícolas a las multinacionales mineras que agotan las aguas y envenenan las tierras y sus ámbitos vitales y cuyos compromisos prioritarios rigen con los gestores del mercado neoliberal, para quienes la tierra es mercancía de primer orden y por ello su comercio debe ser garantizado y regularizado de acuerdo a las leyes liberales de transferencia de propiedades protegidas por la seguridad jurídica de catastros técnicos y tribunales sensibles al dinero.

El producto de esos 7 meses de confrontación fue titulado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano –Reforma Rural Integral”–. Su eje lo constituye un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para que el gobierno se las reparta a los campesinos que no tienen tierra o tienen muy poca, en los próximos 12 años, y una promesa de regularización de tierras sin títulos claros, en una extensión de 7 millones de hectáreas, las cuales asegurarán pago de impuestos al fisco en los próximos 10 años. A este eje se le suman círculos concéntricos de desarrollo rural, tales como planes viales, redes eléctricas, redes de conectividad, planes de riego, escuelas, centros de salud, regularización laboral y viviendas. Como el lenguaje en que se anuncian estas inversiones de desarrollo es supremamente abstracto, pues no hay referencias al cuándo, dónde, quién y cómo de su implementación, se anuncian Proyectos de Desarrollo con Enfoque Territorial para las zonas más devastadas por el conflicto, los cuales tendrían prioridad. Ojalá el reparto de las tierras del Fondo no se integre a los circuitos de clientelismo y corrupción electorales y os planes abstractos de desarrollo no se identifiquen con las promesas rituales y siempre incumplidas de toda campaña electoral, ya que han adoptado su mismo lenguaje. Es de temer, además, que los títulos regularizados, incluso unos (los donados) que tendrán embargo de 7 años para poderlos enajenar, vayan a parar muy pronto a las manos de grandes empresarios y así ya no serán las masacres y los desplazamientos masivos sino el Mercado el que dará cuenta de la nueva monstruosa concentración de la propiedad.

Pero si el gran logro de la negociación de paz es la repartición de lotes de tierra por el Estado, había un instrumento vigente para ello desde 1994 en la Ley 160, la cual exigía entregar tierras baldías exclusivamente a los campesinos pobres. Imposible entender, entonces, que el gobierno de Santos, mientras firmaba el Acuerdo sobre Tierra en La Habana, hiciera aprobar la Ley 1776 de 2016 ( ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social –ZIDRES) la cual permite entregar los baldíos a empresas poderosas mediante cesiones, arriendos u otras formas, con el pretexto de que hagan alianzas con campesinos pobres en “procesos industriales altamente rentables y competitivos”. A nadie se le oculta que, en alianzas tan desiguales, el campesino lleva las de perder y que hay allí una opción explícita por una economía neoliberal, causa innegable del conflicto armado.

Y si bien el Acuerdo firmado en La Habana el 24 de agosto de 2016 y firmado de nuevo solemnemente en Cartagena el 20 de septiembre con presencia de todos los presidentes latinoamericanos, había consignado como uno de los principios rectores del punto Tierra: el “énfasis en pequeños y medianos productores y productoras”, además del compromiso de “estimular la economía solidaria y cooperativa como medio para canalizar recursos y servicios a la población rural” (1.3.3.1.), sin embargo, entre las enmiendas impuestas por la extrema derecha después del manipulado plebiscito del 2 de octubre de 2016, se introdujo otro principio rector contradictorio para el desarrollo rural, haciéndolo depender de “la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo (...) y de “encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción” (Principios, 2). La élite dueña del país se aferrará seguramente del segundo principio y no del primero, para exigir la continuidad de su modelo económico intocable.

Por todo esto, las FARC terminaron confinando en el congelador de las SALVEDADES sus propuestas negadas y renegadas por el Gobierno, pero que eran las que apuntaban a superar el conflicto de la tierra como raíz de la violencia. Allí consignaron 10 SALVEDADES referidas a mecanismos de erradicación del latifundio, de la extranjerización de la tierra, de las concesiones minero-energéticas y de agro-combustibles, de revisión de los tratados de libre comercio, de los ajustes al ordenamiento territorial; a la creación de territorios campesinos, al estatus de las Zonas de Reserva y de las propuestas Zonas de Producción de Alimentos, a la defensa del medio ambiente, del agua y de los recursos no renovables, al reconocimiento de los Derechos del Campesino adoptados por la ONU, a la regulación del derecho real de superficie y a la creación de un Consejo Nacional de la Tierra. Propuestas negadas por una élite que considera intocable su modelo generador de exclusiones, de violencias y de devastación del planeta.

b) Sobre la participación política

Las 100 propuestas llevadas por las FARC a la Mesa para la discusión del punto 2: Participación Política, constituyen una impresionante radiografía de nuestra anti-democracia. Al recorrer esos 11 capítulos se puede tomar consciencia de lo ancho, largo y profundo de un régimen cerrado que nos hemos acostumbrado a rotular como “democracia” por una inercia cultural de superficialidad inconsciente, pero donde lo más esencial de una democracia, como es la participación de las mayorías en las decisiones que las afectan, se encuentra a años luz.

Los diversos capítulos desnudan la antidemocracia en muy diversos ámbitos, en la medida en que se van proponiendo alternativas: el primero se refiere a la estructura general del Estado, hundido en el clientelismo y la corrupción mafiosa, sin independencia de poderes; donde los eventuales investigados eligen a sus investigadores o controladores; donde reina un asfixiante presidencialismo que bloquea otras iniciativas legislativas; donde el aparato electoral es el clímax de la corrupción y sostén de las demás corrupciones; donde las decisiones económicas favorecen a una élite y al empresariado trasnacional; donde la fuerza pública responde a doctrinas foráneas de salvajismo represivo; donde la justicia sufre una escandalosa politización que hace nugatorio su teórico principio estructurador de imparcialidad, en síntesis, un Estado que necesita urgentemente, para tener algo de democracia, un poder popular que allí se propone. En los capítulos siguientes se aborda el problema de la oposición política y social, sin garantías y que reclama garantías. En el tercero se proponen medidas para hacer viable el nuevo partido que formarían las FARC. En el cuarto se aborda el problema crucial de la información y comunicación, que es la que configura la conciencia social nacional, proponiendo una democratización en la propiedad de los medios masivos, inspirándose en el modelo de la Ley Ecuatoriana de Medios que distribuye el espectro radioeléctrico en varias instancias. En los siguientes capítulos se analiza la discriminación entre las regiones; la carencia de mecanismos de participación en las ciudades para las cuales se proponen los Consejos Urbanos de Participación Social; la carencia de participación popular en los diseños de política pública, como en el CONPES; La carencia de mecanismos de participación de los sectores más excluidos, como comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, proponiendo allí la constitucionalización del Poder Popular. También hay propuestas de participación en un nuevo orden económico político que trascienda las fronteras y se proyecte en la región latinoamericana y en el orden mundial, así como para la promoción de una cultura política democrática. El último capítulo, como corolario de sana lógica, propone abordar todas esas reformas en una Asamblea Constituyente.

Evidentemente todas estas propuestas cruzaban las “líneas rojas” de Santos, pues a través de ellas se toma consciencia de la urgencia de cambiar de modelo político. Por ello el Capítulo 2 del Acuerdo de La Habana es tan pobre en incidencia aunque rico en retórica. Una fijación ideológica que parece recorrer el texto y se explicita en diversos lugares, identifica la participación con una ampliación cuantitativa de las estructuras corruptas que se hacen capaces de incorporar nuevas fuerzas, las cuales aceptan adaptarse al libreto de sus manejos tradicionales y corruptos del poder, de allí que cuando se hace referencia al régimen electoral, se piensa es en aumentar el flujo de electores y no en reformar los mecanismos de su corrupción. Por eso el bloque 2.1. se detiene en las garantías de la oposición política y de los movimientos sociales, garantías que retoman mecanismos trillados y probadamente ineficaces, como las alertas tempranas, las comisiones de alto nivel para dar garantías de seguridad y protección o el aumento de penas para las organizaciones criminales que masacran y amenazan, algo, esto último, que se ha evidenciado como imposible mientras no se controle a su gran fuerza protectora e incentivadora que es la fuerza pública. Un esquema muy similar se sigue en el sub-bloque 2.2.1., que aborda las garantías para los movimientos sociales, avanzando entre las garantías que se incluirían en el proyecto de ley que se promete: el acceso a la información, el derecho de réplica y otras iniciativas muy abstractas, pues no tocan piso. Quizás la más concreta es la que solicita el apoyo al Consejo Nacional de Participación por parte de 3 entidades de trabajo social: el Foro por Colombia, Viva la Ciudadanía y el CINEP, con el fin de concretar las propuestas- insumos para la ley.

Los demás subtemas del bloque 2.2. son especialmente evasivos ya que no tocan el núcleo de los problemas que enfrentan esas modalidades de participación. El 2.2.2. enfrenta la movilización y protesta social, enunciando derechos y garantías que no existen ni entran de lejos en la filosofía política del tipo de gobiernos que tenemos, pues allí no se menciona siquiera el obstáculo más monstruoso que obstruye y aniquila en la práctica la protesta ciudadana, como es el ESMAD, estructura criminal mediante la cual el Estado disuelve por el terror todas las protestas sociales y mantiene en la impunidad absoluta a quienes han masacrado y mutilado a infinidad de manifestantes. El 2.2.3. enfrenta el problema de los medios, y allí la solución más audaz consiste en prometer ampliar adjudicaciones de radios comunitarios, aludiendo también a espacios hipotéticos en canales institucionales y regionales, pero no se toca para nada el problema de la privatización de los medios masivos, quintaesencia de la anti-democracia, frente a lo cual los radios comunitarios son como una hormiga enfrentada a un elefante que manipula y enajena 24 horas al día, con las más perversas técnicas de manipulación, la conciencia de las mayorías nacionales. Mientras no se democratice la propiedad de los medios masivos, se continuará en la más aberrante antidemocracia y lo allí acordado no pasa de ser “un saludo a la bandera”. El 2.2.4. enfrenta el problema de la reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización, capítulo en el cual la retórica abstracta copa la totalidad del texto. El 2.2.5. y el 2.2.6. enfrentan campos neurálgicos de la participación, como son las veedurías ciudadanas y la planeación democrática y participativa. Según se deduce por el mismo lenguaje utilizado, se trata de formas marginales de participación, pues no avocan las grandes decisiones que afectan a toda la nación, como las intervenciones extranjeras, los tratados internacionales, los grandes rubros del presupuesto, los modelos de desarrollo, el gasto militar, las doctrinas represivas, las prioridades de inversión, los impuestos, la filosofía del gasto público, las remuneraciones de los servidores públicos, etc. La piedra de toque para la credibilidad de las promesas abstractas y marginales que aquí se hacen, es el irrespeto al principio constitucional de la consulta previa, principio pisoteado con el mayor descaro, lo que lleva a desmentir de antemano la decisión de implementar lo aquí prometido.

El bloque 2.3 está todo dedicado a promover la participación política. Lamentablemente todo el enfoque está en el orden del aumento cuantitativo de electores, con estrategias para incentivar el flujo de mujeres, de comunidades marginadas etc. y de revisar normatividades que pueden restringir las participaciones. Se promete una reforma electoral mediante la contratación de una Misión Electoral Especial de 7 expertos de alto nivel. Todo supone, sin embargo, la estructura y multiplicación de partidos políticos que se siguen considerando el instrumento fundamental de la participación política. No se tienen en cuenta allí los mecanismos de corrupción y clientelismo que carcomen los partidos y los convierten en instrumentos podridos de la putrefacción. Los partidos se han convertido en los gestores del Estado-botín, puesto al servicio de élites de poder que se perpetúan y acaparan los recursos mediante mecanismos patentados en muchas décadas.

Las negativas del Gobierno obligaron a las FARC a formular 14 SALVEDADES por considerar- las de capital importancia en la democracia: la reestructuración democrática del Estado; la re- forma del sistema electoral; la revisión de los mecanismos de participación ciudadana; la proscripción de tratamiento militar a la protesta social y desmantelamiento del ESMAD; la elección popular de organismos de control; la participación ciudadana en asuntos de interés nacional; la democratización de la información y comunicación; el ordenamiento territorial; el control social y popular de la política económica; la participación social en el CONPES; y otros organismos; la democratización de la justicia social urbana; derechos políticos y garantías de participación a comunidades étnicas mediante consulta previa; participación popular en integración latinoame- ricana y veeduría ciudadana a tratados y convenios con otros países. Los solos enunciados evi- dencian la importancia y centralidad democrática de lo que no fue posible concertar.

c) Sobre el problema de las drogas ilícitas

Luego de presentar un documento analítico sobre el origen de los cultivos y comercio de drogas ilícitas y su relación con el desarrollo de la economía y cultura capitalistas, las FARC concretaron en 50 propuestas un cambio de la política anti-droga que no se ensañe ya más en los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico: los cultivadores y los consumidores, sino que se enfoque en los grandes traficantes como los verdaderos responsables y beneficiarios de ese comercio, transformando la persecución contra las capas empobrecidas que sólo sobreviven de los cultivos por no tener otras alternativas de subsistencia y contra los consumidores cuya adición responde a problemas que deben ser enfrentados en el ámbito de la salud pública. Allí se expone también la dependencia que Colombia ha mantenido en su política anti-drogas de las imposiciones de los Estados Unidos, que han utilizado la represión contra la droga como pretexto para disfrazar políticas contrainsurgentes acuñando el término de “narco-guerrilla” o “narco-terrorismo”, ocultando el descomunal lucro del cual gozan los países ricos gracias a las políticas prohibicionistas. Las propuestas se concretaron en reemplazar la persecución militarizada contra los cultivadores pobres mediante políticas de substitución de cultivos de uso ilícito por alternativas concretas de producción agrícola, mediante diálogos participativos con las comunidades; en darle un tratamiento de salud pública y no penal a los consumidores; en suspender las aspersiones aéreas de glifosato u otras sustancias destructoras del medio ambiente; en reconocer y estimular los usos tradicionales y medicinales de la marihuana, la coca y la amapola; en concentrar la represión contra las poderosas cadenas de narcotráfico y sus articulaciones con sistemas de lavado de activos como redes bancarias, así como su injerencia en las campañas electorales, en instituciones como el Congreso, las fuerza pública, los partidos políticos, las grandes empresas y medios masivos de comunicación, etc.

En sus análisis, las FARC explicaron que en muchas de las zonas periféricas donde hacían presencia desde hacía varias décadas, se desarrollaron grandes áreas de cultivos de uso ilícito, realidad que la guerrilla no quiso reprimir al ver que era la salvación de enormes capas empobrecidas y marginadas, y más bien aprovechó esa situación para la financiación de su lucha gravando con impuestos la producción y el comercio pero sin involucrarse en el tráfico internacional.

La discusión en este punto estuvo entrabada durante varios meses debido a que la delegación del Gobierno exigió que las FARC comenzaran por entregar todos sus contactos en el tráfico internacional de drogas ilícitas y por retirarse de las zonas donde existían cultivos para permitir una represión de tierra arrasada sobre las mismas. En ese lapso el Gobierno calificaba a las FARC como “el mayor cartel internacional de narcotráfico”. Las FARC desafiaron al Gobierno a que probara de alguna manera que estaban involucradas en el tráfico internacional y el Gobierno, a través del ex General Naranjo, de la Policía Nacional y miembro de la mesa negociadora, prometió aportar pruebas contundentes que nunca fue capaz de aportar. (9)

La imposibilidad de probar la participación de las FARC en el narcotráfico fue destrabando los diálogos y el 16 de mayo de 2014 se firmó el Acuerdo sobre este punto. Quizás en ninguno de los otros acuerdos parciales hubo tantas convergencias, pues este Acuerdo contempla como eje la substitución de los cultivos de uso ilícito mediante concertación con las comunidades y articulación con muchos programas del punto 1 (Reforma Rural Integral), así como el tratamiento de salud pública a los consumidores y, con un lenguaje más abstracto, el enfoque represivo contra los grandes narcotraficantes y sus entornos. Sobre la aspersión aérea se registró un desacuerdo, pues mientras el Gobierno la conserva como último recurso, las FARC la condenan radicalmente (# 4.1.3.2. parr. 3). Quedaron, sin embargo, 4 SALVEDADES de puntos no aceptados por el Gobierno y de gran importancia para las FARC: el diseño de una nueva política criminal que englobe una nueva política anti-drogas; la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas junto con la identificación de las víctimas de esas aspersiones y su reparación; la reestructuración del sistema de salud pública y la realización de una conferencia nacional sobre la política de lucha contra las drogas.

d) Sobre las víctimas y la justicia

El punto 5 de la agenda proclamada en Oslo se refería a las víctimas del conflicto y afirmaba: “Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional – FARC-EP”. A mediados de 2014 la Mesa comenzó a abordar este tema, el cual incluía el difícil problema de los derechos de las víctimas y, en consecuencia, el problema de la justicia y la verdad. El 7 de junio las Partes firmaron una Declaración de Principios para la discusión del tema Víctimas; sus 10 puntos se referían al reconocimiento de las víctimas; al reconocimiento de las responsabilidades; a la satisfacción de los derechos de las víctimas como derechos no negociables; a la participación de éstas en diversos momentos y por diversos medios; al esclarecimiento de la verdad; a la reparación, las garantías de no repetición y concluía con la reconciliación y la garantía efectiva de los derechos humanos como objetivos del proceso.

Sobre lo acordado en la Declaración de Principios las FARC elaboraron sus 100 propuestas concretas. Exigían que el reconocimiento de las víctimas no fuera restringido a víctimas individuales sino que enfocara también a las víctimas colectivas, tanto a los colectivos políticos como a los colectivos sindicales, campesinos, indígenas, afros, mujeres y activistas de derechos humanos, pero también a las víctimas del modelo económico o “víctimas del desarrollo”, todo ajustado a normas internacionales que contemplan las represiones sistemáticas o a gran escala como crímenes de lesa humanidad o genocidios. También exigían darle tratamiento adecuado a las víctimas del conflicto, teniendo en cuenta el DIH y la juridicidad guerrillera, reconociendo los prisioneros políticos y las víctimas de montajes judiciales como víctimas del conflicto, especificando el tipo “sujetos políticos de resistencia” en cuanto portadores de proyectos de cambio. Se proponía además un Censo Nacional de Víctimas, con tipologías según los hechos victimizantes y un límite temporal que iniciara en 1930.

En cuando al reconocimiento de responsabilidades, exigían incluir la responsabilidad sistemática y las responsabilidades múltiples incluyendo las de la guerrilla. Se insistía en que las condiciones estructurales de dominación y opresión no sólo producen víctimas a granel sino que reproducen permanentemente el conflicto. La responsabilidad del Estado se concreta en la implantación de modelos económicos y decisiones políticas que causan enormes sufrimientos y configuran el Terrorismo del Estado y el cierre a toda solución a los problemas, para lo cual recurre a doctrinas criminales y a una justicia de guerra que elimina el delito político y criminaliza la protesta y el reclamo social, asume pactos de impunidad contra los derechos de las víctimas, incentiva y tolera las violaciones graves a los derechos humanos por sus instituciones militares, policiales y de inteligencia y establece estructuras paramilitares como auxiliares. Se refiere también a la responsabilidad guerrillera, reconociendo que las FARC han afectado a poblaciones civiles sin que hayan sido éstas blancos primarios ni secundarios de su acción.

Los puntos de la Declaración de Principios a partir del numeral 5 se centran en los derechos de las víctimas y su participación en el proceso. Entre las propuestas correspondientes de las FARC son particularmente importantes las referidas a la justicia y a las garantías de no repetición. En muy diversos momentos las FARC habían declarado que no se someterían al aparato de justicia colombiano, considerado por amplias capas sociales, nacionales e internacionales, como extremadamente politizado, sesgado, corrupto e ineficiente, pues se reconoce su índice de impunidad como superior al 97%. En el capítulo 8 de sus propuestas hablan de una “definición concertada de mecanismos e instrumentos de justicia para garantizar los derechos de las víctimas”. Allí señalaban como pautas: la referencia al derecho internacional; el balance entre paz y justicia; partir de un reconocimiento amplio del delito político y del derecho a la rebelión, así como la consideración de mecanismos alternativos de justicia (justicia transicional). La no legitimidad de los aparatos del Estado para juzgarlos a ellos la expresaban así: “lo que el Estado no fue o no pudo ser en materia de justicia, no puede pretender serlo al llevar a cabo un proceso de paz”, insistiendo en la dificultad del Estado para ejercer justicia por sus problemas de legitimidad y por ser el máximo responsable de las conductas criminales durante el conflicto, que no se restringen solamente a sus agentes. (Cfr. Boletín 52, de febrero 27 de 2015). El capítulo 9, referido a las garantías de no repetición, insiste en la necesidad de transformaciones políticas, económicas y culturales para poder superar las causas estructurales de la violencia e insisten, además, en la proscripción de doctrinas anti-comunistas y de seguridad nacional; en el freno al intervencionismo y ayuda militar extranjera; en la desmilitarización de la sociedad, la depuración y reforma de la fuerza armada estatal; el desmantelamiento efectivo de los paramilitares; en la reforma de la justicia para superar el “derecho penal del enemigo”, y la adopción de medidas de protección de los dirigentes políticos y sociales.

La inmensa mayoría de estas propuestas, tan importantes y neurálgicas si no se quiere considerar los derechos de las víctimas como una simple coyuntura funcional a la desmovilización de una guerrilla, fueron a parar seguramente, aunque las FARC no lo expresaron así, al congelador de las SALVEDADES.

El forcejeo entre el Gobierno y las FARC en este punto estuvo empantanado por muchos meses. Quizás en ningún otro aspecto los intereses de las Partes eran tan sensibles, estratégicos y contrarios. Por momentos se creyó que estas discusiones iban a dar al traste con las negociaciones.

Para desempantanar los diálogos, el Presidente Santos tuvo que constituir una comisión extraordinaria de muy alto nivel, conformada por dos ex presidentes de la Corte Constitucional, dos juristas aceptados por las FARC y dos asesores internacionales. Dicha Comisión propuso una fórmula que tuvo aceptación casi inmediata de ambas Partes, pues ofrecía impunidad simétrica para insurgentes y agentes del Estado recurriendo a parámetros de justicia transicional, pero además resolvía el problema de la ilegitimidad del aparato judicial colombiano creando una Jurisdicción Especial, con un componente de jueces internacionales y regida exclusivamente por principios y procedimientos jurídicos de tratados internacionales suscritos por Colombia. Se concedía amnistía a los rebeldes no incursos en crímenes de guerra, en obediencia al DIH (Protocolo II, # 6.5) y a los incursos en infracciones graves al DIH o en crímenes de lesa humanidad se les ofrecían penas alternativas a condición de confesar verdad plena, quedando sometidos a un tribunal del mismo sistema quienes no confesaran delitos probados, con penas de prisión hasta de 20 años. Un mini-código de procedimiento define allí mismo las competencias de las diversas Salas del sistema y de las diversas Secciones del Tribunal.

La complementación de esta propuesta llevó a incluir allí la Comisión de la Verdad, objeto de un acuerdo previo, así como una Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y capítulos especiales sobre la reparación y las garantías de no repetición, capítulos estos últimos muy mediocres, sobre todo el de las Garantías de No Repetición, el cual se hunde en retóricas vacías e ineficaces.

Pero mientras las FARC conquistaban algo que las protegía parcialmente de someterse a la putrefacta justicia colombiana, los agentes del Estado se llenaban de temor de que el tipo de justicia que se pactaba en La Habana, quizás más efectiva que la colombiana y fuera de su rutinario control, los hiciera comparecer ante los tribunales. Fue el ex Presidente César Gaviria quien lanzó la voz de alarma. Su mayor pánico se fundaba en una mirada a lo ocurrido en muchos países de América Latina donde los victimarios fueron cobijados con fórmulas atrevidas de impunidad pero, pasados algunos años, tribunales internacionales derogaron las leyes de impunidad como contrarias al derecho internacional y llevaron a generales y ex presidentes a prisión. En un artículo publicado en El Tiempo el 17 de febrero de 2015, Gaviria expresó así su angustia, compartida por la élite dominante: “(se)deja por fuera a los miles de miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de ese conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana. Ante esta situación, han surgido inquietudes sobre la necesidad de que la justicia transicional también cubra a los sectores no combatientes de las distintas ramas de la sociedad que de alguna manera fueron financiadores, auxiliadores o pactaron compromisos con grupos paramilitares o guerrilleros por beneficios electorales o por simple intimidación y con el fin de adelantar su tarea proselitista. (...) También se corre un altísimo riesgo de que en el futuro los propios miembros de la Fuerza Pública puedan verse acusados injustamente, cuando la Fiscalía General y las otras autoridades judiciales actúen para establecer responsabilidades por cuenta de las muchísimas denuncias que se darán ante la Comisión de la Verdad, o de denuncias presentadas por los ciudadanos en los estrados judiciales o en los medios de comunicación. (...) Para los miembros de la Fuerza Pública esto implicaría que van a tener que estar pendientes de estas eventualidades por el resto de sus vidas, casi sin posibilidad real de saldar sus obligaciones frente a la justicia. (...) Nuestra Fuerza Pública debe quedar blindada para que no se den en Colombia las vicisitudes a las que ha estado sometida en otros países del continente, donde se han reabierto los procesos después de que los militares habían sido cubiertos por medidas de indulto o punto final. Esto de una u otra manera ha ocurrido en Uruguay, Argentina, Chile y Guatemala. En algunos de ellos, luego de varias décadas después de haber finalizado el conflicto interno, han sido reabiertos los procesos que habían concluido las responsabilidades penales. También se oye que en Colombia muchos oficiales, sin procesos pendientes, tienen más temores por denuncias temerarias en el futuro que los que sí tienen casos abiertos, y ello es tremendamente perturbador para el trámite del proceso. Tampoco podemos, si de veras queremos poner fin al conflicto, elevar responsabilidades penales por cada denuncia que los no combatientes hagan frente a la Comisión de la Verdad.”

Tal pánico de la élite político militar en el pode, llevó a que la Mesa se ocupara por varios meses del problema del blindaje del acuerdo en construcción. A la Jurisdicción Especial para la Paz, incluida en un “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –SIVJRNR–“ se le asignó la facultad de avocar en forma preferente todo lo relacionado con su mandato y de declarar sus decisiones como Cosa Juzgada irreversible de manera monopólica, pudiendo incluso convocarse después de concluir su mandato para avocar de manera exclusiva cualquier puesta en cuestión de sus decisiones por alguna corte o tribunal diferente (Cfr. Acuerdo No. 5.1.2., numerales 9, 15 y 52 (párrafos 6/7). También se decidió incluir el Acuerdo en la misma Constitución y registrarlo como anexo en documentos del Consejo de Seguridad de la ONU y ante el Consejo Federal Suizo de Berna, garante del DIH, convocando además un plebiscito para refrendarlo, el 2 de octubre de 2016, el cual no obtuvo la mayoría necesaria, por lo cual el Presidente le asignó al Parlamento su refrendación. El Congreso aprobó en marzo de 2017 un Acto Legislativo que crea un título de Disposiciones Transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, en el cual incluye una síntesis de la JEP con enmiendas regresivas que se analizarán más adelante.

La superación del pánico de la élite en el poder, compuesta por grandes empresarios, funcionarios, militares, agentes de seguridad y ex presidentes, incluyó otras estrategias tranquilizantes. El Presidente Santos multiplicó asambleas y reuniones con empresarios y militares para asegurarles que no serían perjudicados sino más bien beneficiados por el Acuerdo. A los empresarios los convenció de que, aunque hubieran contribuido intensamente a la creación y accionar de grupos paramilitares, lo habrían hecho “por extorsión” y deberían entonces identificarse como “víctimas”. Más tarde el Parlamento, en el Acto Legislativo, los exoneraría totalmente (cfr. Artículo 16 transitorio). A los militares los convenció de que todas sus actuaciones en el conflicto armado eran legales, (“presunción de que el Estado ejerce de manera legítima el monopolio de las armas” (5.1.2. / 32), en contraposición a las de la guerrilla que eran ilegales, pero que además el Gobierno había forzado a la guerrilla a aceptar el diseño de un tratamiento privilegiado para los militares que resultaran culpables, tratamiento que hizo aprobar en la Mesa, como diferenciado del de la guerrilla, caracterizado como “equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico”, fórmula que se repitió recurrentemente en los diálogos pero que tuvo su concreción final al arrancarle a la Mesa negociadora de las FARC la facultad para el Gobierno de redactar autónomamente un capítulo sobre dicho tratamiento, que no fuera discutido en la Mesa de las Partes y que 5 días antes de la firma final del Acuerdo (el 19 de agosto de 2016) fue incluido unilateralmente en el texto final, como capítulo adicionado a la Ley de Amnistía y titulado: “Tratamientos Penales Especiales Diferenciados para Agentes del Estado” cuyo contenido se analizará más adelante. El ex Magistrado Juan Carlos Henao, miembro de la Comisión de alto nivel que desempantanó las negociaciones sobre el tema de Víctimas, afirmó: “fue uno de los grandes logros de la negociación.... ¿qué terminaron aceptando las FARC? Ni más ni menos que el Gobierno es el que va a definir cuál será el tratamiento equitativo y equilibrado pero diferenciado, de los agentes del Estado... (10). También a los ex presidentes (incluyéndose el mismo Santos) los tranquilizó incluyendo en el Acuerdo una cláusula que los exime de comparecer a la Jurisdicción Especial, estableciendo que no se modificarán las normas vigentes en el artículo 174 de la Constitución para enjuiciarlos (Cfr. Acuerdo # 5.1.2., numeral 32 parraf. 7), lo que viola flagrantemente el Estatuto de Roma en su artículo 27. Finalmente, en el numeral 5.1.2./44, eximió de responsabilidad de mando a los comandantes de la fuerza pública, algo que consagraba enormes áreas de impunidad contra lo prescrito en el artículo 28 del Estatuto de Roma, medida que fue muy discutida pero terminó por imponerse en el Acto Legislativo del Congreso (Artículo 24 transitorio).

Al finalizar el año 2015 el punto sobre Víctimas, el más difícil de todos, estaba ya consensuado y la sensación de haber “atravesado ya el Mar Rojo” era generalizada. Tanto que el 15 de diciembre se firmó solemnemente ese punto con presencia de los presidentes Santos, de Colombia, y Castro, de Cuba, y del Comandante de las FARC, Timoleón Jiménez.

Al firmarse el Acuerdo Final en La Habana, de manera muy solemne, el 24 de agosto de 2016, y de manera más solemne aún en Cartagena el 26 de septiembre con presencia de todos los jefes de Estado de América Latina y otras personalidades mundiales, ya se habían incluido principios muy claros de impunidad para la élite en el poder. Sin embargo la presentación mediática del Acuerdo subrayaba un ejercicio de justicia transicional inédito e igual para todas las Partes, que no transigía con la impunidad. Como reza el viejo adagio: “el demonio está en los detalles”.

e) Sobre fin del conflicto y la implementación de los acuerdos:

Una vez “cruzado el Mar Rojo” en el punto crucial de los derechos de las víctimas, aunque con sus trampas anulatorias sagazmente disimuladas, los diálogos de La Habana se centraron en los puntos 3 (Fin del Conflicto) y 6 (Implementación, Verificación y Refrendación).

El punto 3 implicaba negociar ante todo el cese de fuego bilateral y definitivo así como los mecanismos de dejación de las armas e incorporación de los insurgentes a la vida civil, todo lo cual exigía mecanismos técnicos, calendarios y estructuras internacionales de verificación y monitoreo. Todo ello se pactó con detalle aunque, como todo el país lo ha comprobado, el cumplimiento por parte del Gobierno ha sido desastroso y los calendarios han tenido que ser renegociados repetidas veces. Pero el hecho de desarmarse e iniciarse en prácticas políticas sin armas, exigía como premisa elemental, protegerse frente al accionar aún armado de los contrarios. Un enorme vacío de este punto consiste en no haber discutido ni pactado un desarme correspondiente o al menos una revisión, reducción y transformación del accionar armado del Estado, responsable al menos del 80% de las atrocidades de la guerra. Todo evidencia que el estamento armado del Estado no ha modificado en nada sus doctrinas, ideologías y odios de guerra ni su poderío bélico hundido en océanos de corrupción, anti- democracia y criminalidad. Algo que sí tuvo discusiones intensas en la Mesa fue el fenómeno paramilitar, no ajeno al militar pero con apariencia de independencia y por lo tanto más peligroso aún. El Gobierno y sus voceros negaron rotundamente la existencia del paramilitarismo, pero al llegar tantos centenares de denuncias sobre su accionar persistente y su incremento creciente en numerosas zonas del país, la Mesa se vio forzada, en los últimos meses, a introducir en este punto un capítulo especial referido a la lucha contra las organizaciones criminales, a las cuales llamó eufemísticamente o hipócritamente “sucesoras del paramilitarismo” (# 3.4.), estableciendo 20 estrategias para atacarlas (# 3.4.1. a 3.4.12.), estrategias que, si se examinan desde su eventual eficacia, todas son inútiles, pues todas han sido ensayadas en el pasado sin dar ningún resultado efectivo, permaneciendo simbólicamente como“saludos a la bandera”11. El Gobierno rechazó enfáticamente las estrategias útiles que fueron propuestas, consistentes en poner en la mira el apoyo militar, judicial y administrativo a las estructuras paramilitares y monitorear cada acción paramilitar con veedores internacionales, suspendiendo inmediatamente a las autoridades concernidas de la zona afectada hasta recoger, en plazos perentorios, indicios de su tolerancia y sancionarlos entonces, inmediatamente, con destitución. Pero un Estado que ha incorporado durante tantas décadas el paramilitarismo, ofreciéndole diseños camuflados, entrenamientos y armamentos, asesoría, instrumentos legales, protección e impunidad, no quiere dejar de ser un Estado-Paramilitar, como se ha evidenciado, a todas luces, en el “posconflicto” que va avanzando.

El punto 6 está referido a la implementación, verificación y refrendación del Acuerdo. Fueron concertados mecanismos de verificación con vigencia posible hasta de 10 años, el principal de los cuales es una Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final –CSIVI–, con 3 miembros de cada Parte (Estado y FARC, con acompañamiento inicial de los gobiernos garantes y acompañantes), a lo cual se sumó un mecanismo de más alto nivel que deberá analizar la información monitoreada por los otros mecanismos y está conformada por dos personalidades de representatividad internacional: el ex Presidente José Mujica, de Uruguay, y el ex presidente Felipe González, de España. El Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, EE UU, diseña la metodología para medir los avances o incumplimientos y una Secretaría Técnica sistematiza la información. Aún no hay pronunciamientos oficiales sobre el incumplimiento percibido por muchas capas sociales en vivo y en directo. El 7 de julio de 2016 el Congreso había aprobado el Acto Legislativo 01 en el cual se estableció un procedimiento extra rápido (llamado “fast track” o senda rápida) para aprobar leyes derivadas del Acuerdo de Paz y se le concedían facultades extraordinarias al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley para implementar los acuerdos, durante 6 meses prorrogables por otros 6. Las crecientes dificultades en el Congreso y en la Corte Constitucional, llevaron al Presidente Santos a expedir 19 decretos de implementación entre el 25 y el 30 de mayo de 2017.

Pero quizás el “talón de Aquiles” de esta área fue la refrendación. El Presidente Santos había prometido consultar a la sociedad su aprobación a los acuerdos, pero la pertinencia y el método de consulta fueron objeto de grandes controversias. Opuesto rotundamente a la propuesta de las FARC de una Constituyente, Santos optó finalmente por el mecanismo del Plebiscito. Las FARC cedieron también en este punto y ambas Partes se acogieron a lo que la Corte Constitucional decidiera sobre un Proyecto de Ley Estatutaria del Plebiscito (# 6.6.) que el Congreso radicó en la Corte el 18 de febrero de 2016. La Corte lo declaró exequible, a pesar de que reducía el umbral al 13% del potencial votante (Sentencia C-379 del 16 de julio/16) y el mismo día de la firma del Acuerdo en La Habana, el 24 de agosto de 2016, se convirtió en la Ley 1806/16; seis días después el Presidente Santos expidió el Decreto 1391/16 convocando al plebiscito para el 2 de octubre, en el cual 6.431.376 votantes (50.21%) apoyaron el NO y 6.377.182 (49.78%) apoyaron el SI. La Corte había establecido que el resultado sólo era imperativo para el Presidente y, por lo tanto, si perdía la consulta, no podría implementar los acuerdos, aunque podría negociar otros acuerdos y también lo podría hacer el Congreso. Santos optó finalmente por buscar la refrendación en el Congreso, no sin grandes dificultades e intenso lobby.

Lo ocurrido con el Plebiscito reveló en profundidad la crisis política, ética y jurídica del país y concomitantemente la inconsistencia y falsedad del sistema electoral. El gerente del partido “Centro Democrático” liderado por el ex Presidente Uribe Vélez y abanderado de la campaña por el NO, Juan Carlos Vélez, confesó 3 días después del plebiscito cuáles fueron los ejes motivacionales y estratégicos de su campaña: expresamente optaron por no informar sobre el contenido del Acuerdo, sino que, aconsejados por oscuros asesores internacionales, quienes supusieron que la campaña del SÍ se apoyaría en la esperanza, ellos decidieron apoyarla en “el estímulo a la indignación”; para ello montaron una publicidad ampliamente financiada por dineros que no fueron registrados legalmente, centrada en testimonios manipulados de odio e indignación, en informaciones falsas sobre el Acuerdo y en imágenes alusivas a las FARC y a Venezuela profundamente distorsionadoras de la realidad, todo esto complementado con financiación de buses de fanáticos votantes y con el aporte de una Pastor cristiano experto en oratoria de fanatismo religioso que adicionaba otros argumentos falsos incitadores de indignación (12).

Pero estos hechos están lejos de ser episódicos, casuales o transitorios. La trilogía: manipulación mediática, determinismo económico y fanatismo religioso, instancias a la vez interactivas, dominan las decisiones colectivas que, por lo tanto, las sitúan a años-luz de lo democrático.

Nadie ignora que los medios masivos han impulsado, durante al menos cinco décadas, una estigmatización de las insurgencias y de las izquierdas, considerándolas, además, como una misma cosa. Tal estigmatización se intensifica en períodos electorales y cobra mayor intensidad aún en procesos de paz. Cuando el líder de las FARC, Timoleón Jiménez, empezó a explorar el mundo “civil” en que querían insertarse para cambiar su estrategia bélica de lucha, percibió más en vivo y en directo la estigmatización y se expresó así en un comunicado del 8 de agosto de 2014: “(...) hemos señalado el alineamiento total de los grandes medios con el sentir de la clase dominante (...) se enfadan sobremanera cuando no expresamos lo que sueñan oír de nosotros. La gran prensa se corresponde en realidad con poderosos consorcios de capital dedicados a la labor específica de difundir su propia manera de pensar en el resto de la sociedad. (...) Así sucede en el campo internacional, en donde el pueblo palestino perseguido y violentado durante setenta años, resulta el verdadero agresor, carece de derecho a la defensa y no tiene otra alternativa que someterse al exterminio decretado por el capital sionista. (...) Y así sucede también en el escenario nacional. Las guerrillas son las responsables de haber iniciado la larga confrontación, y son las verdaderas y únicas responsables de todos los horrores sucedidos en el curso de ella. Mientras tanto se santifican los monstruos civiles y militares, que, por gozar de enormes peculios, tienen asegurada su respetabilidad. La humanidad entera es testigo de la imposición de una manera de pensar según la cual todo aquel que apela a las armas es un bárbaro sin escrúpulos. Sin importar las razones por las que lo haga. Lo cual se difunde haciendo invisible el hecho protuberante de que los más ricos y poderosos fabrican las armas, tienen los más grandes ejércitos y hacen las mayores guerras. (...) La ideología dominante, alimentada diariamente por los grandes medios de la información o de la manipulación, exige en cambio que los de abajo, los rebeldes, los que se oponen a la invasión y al despojo de su patria por Israel, los que combatieron a los gringos en Irak, o los guerrilleros que enfrentan la máquina del horror en Colombia, sean condenados sin piedad. (...) Rechazamos de plano, por ser contraria a la realidad histórica, la idea de que la clase dominante colombiana, sus partidos políticos tradicionales o sus mixturas de hoy, sus gobiernos, el Estado como tal, los grupos económicos, la gran prensa y muchos otros sectores a la sombra del poder, tienen las manos limpias de sangre del pueblo colombiano. (...) No nos sorprende por eso el manto de silencio con el que la gran prensa ha tratado los distintos foros sobre víctimas celebrados hasta la fecha. En todos ellos ha salido a relucir esa gran verdad. Los verdaderos autores y responsables por los horrores de este largo conflicto son ellos. (...) Para los sectores dominantes en nuestro país la salida política tiene sentido solo si garantiza su reinado absoluto por mil años más, sólo si condena al infierno a los alzados. Y es eso en realidad lo que se oculta tras la nueva andanada retórica y mediática. (...) Achacarnos a nosotros todos los males es el tema de moda. Siempre lo ha sido. Pervertir cuanto decimos, manipularlo, demonizarlo. Nuestra mejor disposición, que existe sin duda, de explicar cuanto sea necesario y asumir las correspondientes consecuencias, sabemos que se enfrenta a la bajeza y la perfidia de quienes aspiraran con desespero a triturarnos. (...) En eso precisamente nos diferenciamos de nuestros adversarios, ellos solo aspiran a sacarnos del medio para no cambiar nada, para que todo siga igual. Gruñen y amenazan en cuanto se les complica, pero ni modo, somos distintos a ellos”.

Ni en el Caguán ni en La Habana ni en ningún otro proceso de paz se ha comprendido el peso enorme y central que tiene la democratización de los medios para que haya algún asomo de democracia; para que se extirpe una de las raíces más feraces de la violencia, de la injusticia, de las desigualdades; para que se erradique el instrumento más perverso de la esclavitud mental o manipulación de las conciencias. El plebiscito de Santos permitió ver su podredumbre en un flash que rápidamente fue ignorado y escondido.

Notas:

(9) Aunque el Gobierno con todos sus aparatos de inteligencia y seguridad y con la asesoría extranjera del más alto nivel no pudo aportar una sola prueba de la participación de las FARC en el tráfico internacional de drogas ilícitas, los medios masivos siguen difundiendo esa tesis de manera persistente sin posibilidad de probarla. Quien escucha las emisiones de cadenas radiales como Caracol, RCN, las emisoras militares y de la Policía, así como periódicos de amplios tirajes y canales televisivos da por sentado que las FARC son “el mayor cartel mundial del narcotráfico”. Uno se pregunta si algún día esos “periodistas” o “analistas”, tipo Darío Arismendi, Diana Calderón, Juan Carlos Florez, los habituales invitados de “Hora Veinte”, etc. tendrán que responder penalmente por tantas calumnias y difamaciones.

(10) http://www.eltiempo.com/politica/justicia/juan-carlos-henao-habla-sobre-acuerdos-jurídicos-en-la- habana/16463621

(11) El documento se insertó bajo el numeral 3.4 del punto 3 (Fin del Conflicto), articulándolo con el · 3.6 (Garantías de Seguridad) y el 3.7 (esclarecimiento del fenómeno paramilitar) y comprende estrategias como: un pacto político entre partidos y sectores sociales de no promover el paramilitarismo; una comisión nacional de garantías de seguridad; una unidad de investigación por fuera de la JEP; un cuerpo élite policial; garantías para fiscales y jueces; un sistema de seguridad para el ejercicio de la política; medidas de protección y seguridad personal y colectiva; una instancia de alto nivel en el sistema de seguridad para el ejercicio de la política; un delegado presidencial como secretario técnico de la instancia anterior; un programa de protección para los integrantes del nuevo partido; una sub-dirección en la UNP; una Mesa Técnica de Seguridad y Protección; ejecutar programa de reconciliación, convivencia y prevención de la estigmatización (del punto 2); medidas de autoprotección; programas de seguridad para comunidades y organizaciones en sus territorios; un instrumento de prevención y monitoreo de organizaciones criminales; un mecanismo nacional de supervisión e inspección de servicios de vigilancia y seguridad privada; medidas contra la corrupción; instrumentos de control institucional; medidas para contener la penetración de organizaciones y conductas criminales. Nada de esto es novedoso, todo ha existido o se ha ensayado en diversos momentos pero nada, nada de esto ha funcionado pues les falta el alma: la voluntad política real de erradicar el paramilitarismo.

(12) Ver apartes de dicha confesión en el artículo de Daniel Coronell: La Grabación, revista Semana, edición 1831, junio 4 a 11 de 2017, pg.19.


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