Respuesta de la Asamblea de Nodo50 al artículo "Listas negras en la Red" de David Casacuberta

Como asidu@s lector@s de FREE y Kriptópolis no pudimos dejar pasar el artículo de David Casacuberta del último boletín de Kriptópolis (nº166) en el que se hace referencia explícita a Nodo50, la Asociación Contra la Tortura (ACT) y su contencioso legal con la Agencia de Protección de Datos (APD). Siempre enriquece la discusión abierta, la dialéctica inteligente y el diálogo multilateral por lo que agradecemos la aportación del autor y sus interesantes palabras. Sin embargo, nos vemos en la necesidad de puntualizar y matizar una serie de afirmaciones que consideramos simplificaciones aventuradas y reducciones arriesgadas que obviamente atribuimos a la falta de información. Es por esta causa nuestra respuesta "apasionada" (pero respetuosa), para aportar algo de luz a la discusión en forma de datos y extender ese debate que David propone en torno a la “ciberética” (que es también un debate político):

En primer lugar nos sorprende la sentencia que, haciendo referencia a Nodo50, asegura que "ello les ha llevado a continuos choques y problemas con gobiernos". Le rogamos encarecidamente al señor Casacuberta que nos informe lo antes posible de nuestros contenciosos y fricciones contínuas con "gobiernos" (sic) ya que sólo nos consta en nuestro curriculum este caso (la ACT) como litigio oficial. En cualquier caso, efectivamente somos conscientes que nuestro quehacer en la Red y como medio de comunicación tarde o temprano iba a acarrear “choques o problemas con gobiernos” (y no se trata de retórica). En cierta medida esto es una consecuencia normal puesto que no somos un medio ni gubernamental, ni dependiente políticamente o económicamente de ningún gobierno, empresa o holding financiero alguno, lo que garantiza que le demos difusión a informaciones que en ocasiones puedan no ser del agrado de gobiernos.

Nuestro planteamiento del conflicto es ético y a la vez político porque precisamente no consideramos que puedan ser esferas separadas o autónomas con reglas y códigos diferenciados (justo como piensa Maquiavelo). Al más puro estilo aristotélico, nuestra política no es sino el desarrollo de una reflexión moral. De hablar de derechos habría que citar las tres generaciones de derechos humanos: los derechos civiles/cívicos, los derechos sociales y los derechos económicos (o de tercera generación). Obviamente estas tres generaciones se superponen, limitan, solapan y refuerzan de forma compleja y variable. Todos sabemos que se podría suponer una jerarquía de derechos humanos (léase a Kelsen, por ejemplo) en donde no todos estos derechos son idénticos. Los diferentes derechos humanos son reivindicaciones “prima facie”, hasta sopesar el conjunto de acciones y consecuenicas que su defensa puedan ocasionar. En cualquier caso una encendida defensa de la libertad de expresión no implica una negación de derechos primarios ni una apuesta obsesiva por el derecho a comunicar antes que el derecho a vivir, por ejemplo. Sería como empezar a construir la casa por el tejado como dicen, aunque el señor Casacuberta entienda (mediante una pirueta deductiva algo forzada) "razonable que esta es la posición de nodo50 y de otros grupos que han realizado mirrors de las páginas". En cualquier caso, si se nos permite la puntualización y, aunque nunca fuimos kantianos, la posición que se le atribuye a Kant sería más bien deontologismo, rigorismo o una “ética de la convicción” rígida más que formalismo (de hecho, toda ética implica un cierto formalismo). Interpretación que debería ser complementada con la lectura de “La fundamentación de la metafísica de las costumbres”. Expuesto más profanamente, no llegamos a estar del todo convencidos de esa aludida “ETICA” con mayúsculas, y desde luego no es nuestra luz cegadora. En realidad asumimos nuestra subjetividad, y con ella nos comprometemos. Y también, ¡que remedio!, tropezamos en nuestras contradicciones (será porque nos queda algo de pasión).

Nos encontramos ante una complejo panorama en que parecen enfrentarse (lo que se desprende del artículo del señor Casacuberta) el "bien público" del derecho a la información (al conocimiento público) y el derecho a la privacidad o intimidad. Creemos que, por ejemplo, esta tensión se decantaría por el derecho a la información pública cuando no se viole la dignidad de las personas citadas ni se les falte al respeto. Máxime cuando los individuos en cuestión son “servidores de lo público”, trabajan para todos los ciudadanos y cobran por ello. El Sr. Casacuberta expone en su articulo que hubiera sido suficiente publicar cifras estadísticas en las páginas de la ACT y no citar nombres para cumplir el objetivo de denuncia perseguido. Sin embargo, nosotros consideramos que la tortura o la violación, por ejemplo, tienen nombres y apellidos. La explicación es muy sencilla; un funcionario del Estado, con número identificativo (tal, tal, tal) que ha resultado ser un torturador a sueldo de los contribuyentes, no deja de serlo cuando ficha y sale de su trabajo, nos encontramos ante un peligro en potencia y es de interés público que al menos el resto de la ciudadanía sepa a que atenerse. Pocos datos hay pero algunas escasas y dificiles de encontrar cifras revelan que muchos de estos funcionarios también abusan y maltratan a sus mujeres o hijos, o protagonizan agresiones e incluso asesinatos cuando están fuera de servicio. Y esto se debe al hecho de que son generalmente impunes no ya solo ante la justicia sino ante la sociedad en general. Ponerles nombre y apellido ayuda sin duda a limitar esa impunidad.

Sin embargo, el escenario (que dibuja el Sr Casacuberta) así pintado descontextualiza la situación realmente tratada obviando y olvidando el derecho a la integridad física y psicológica de las víctimas de la tortura, de los familiares de las víctimas a saber,...etc. Los derechos de las vícitimas suelen casi siempre ser ninguneados o tocados tangencialmente. Un ejemplo que caricaturiza la postura de defender obsesivamente el derecho a la intimidad (derecho que reconocemos públicamente) supondría que no debería darse públicamente el nombre de Augusto Pinochet Ugarte ni antes ni después de haber sido juzgado. Nuevamente se saca fuera del marco del conflicto en el que realmente se integra la discusión. La imparcialidad ética no implica equidistancia, sino compromiso. En algunos estados de EEUU, por cierto, cuando un violador infantil sale de la cárcel se informa públicamente a la comunidad de su presencia. ¿Qué derecho prevalece ahí?

Si desde Nodo50 se apoya tanto el trabajo encomiable de la ACT como la existencia de los mirrors NO es SOLO por una cuestión de vociferar neuróticamente la formalidad de la "libertad de expresión" (que es, como no, “expresión de la libertad”) sino por su valor político, su apuesta ética por desterrar de nuestro país una práctica que, por desgracia, sigue vigente y al día, la tortura. Si decidimos alojar determinados contenidos y no otros es porque optamos y elegimos por comprometernos conscientemente con unos y no con otros de la misma manera que no nos dedicamos a ofrecer todas las fotografias disponibles del apareamiento del somormujo común. Los media oficiales precisamente se dedican a ignorar, maquillar o eclipsar este tipo de vergonzosas informaciones contribuyendo, de esta forma, a la no extinción de la tortura institucional. Por cierto, en Nodo50 no sólo están prohibidos contenidos racistas-xenófobos, sexistas, discriminatorios,...etc. o que atenten contra la integridad moral de las personas sino también los usos comerciales, publicitarios y lucrativos. Primamos fundamentalmente la cara ética, comprometida y social frente al supuesto "todo-vale" del postmodernismo flácido de algunos hackers que se nos atribuye tan simplonamente.

El Informe que la APD pretende censurar es el "Informe sobre la tortura en España (1998)" que lleva dos años publicado en papel (sin problemas ni quejas) y que ha sido enviado al Ministerio del Interior. Organismo del que se ha recibido una felicitación por el trabajo realizado y que es reconocido por numerosos organismos a nivel internacional (Amnistía Internacional, Human Rights Watch,...). Organismos no necesariamente vinculados al mundo de las ONGs o el tercer sector sino otros como la "Comisión para la Prevención de la Tortura" de Bruselas formada por eurodiputados. Es el material con el que trabajan numerosos colectivos y grupos políticos. Lamentamos que el señor Casacuberta no le vea una "utilidad" práctica o manifiesta pero, por suerte, Internet está lleno de información "inútil".

Discrepamos nuevamente en la conceptualización que hace el señor Casacuberta de las "bases de datos" y en su semejanza entre las páginas de la ACT y las de la web “Nuremberg”. En las de la ACT se difunde información pública (“vox populi”) y no se indica edad, domicilio, acuartelamiento,..etc. ni ningún dato que pueda ponder en peligro a esas personas. Más aún, la posibilidad de tratar o “cruzar” (sic) los datos no se deriva necesariamente de su formato electrónico (HTML) ya que al fín y al cabo la distinción con la “versión tangible” (papel) estriba en una cuestión de esfuerzo (teclearlos o no). Debería ser claro que no toda lista ordenada de nombres es una base de datos. Estas consideraciones nos pueden llevar a absurdos como la necesidad de sacar el PGP de EEUU impreso su código en papel en vez de en diskettes por una cuestión de “formalidad legal”. Por cierto, los experimentos mentales propuestos por el señor Casacuberta no se alejan mucho de la realidad, para ello piénsese en Berta o en la dificultad de un insumiso para encontrar trabajo. Entendemos, por otro lado, que lo que preocupa en este caso a l@s denunciantes y a la APD no es un problema derivado de si se puede o no dar un cruce de datos, sino más bien que gracias a Internet, una información como está puede estar al alcance de mucha más gente que antes cuando sólo una minoría muy específica tenía acceso a los informes sobre la tortura imprimía en papel la ACT. Incluso es muy probable que ni el mismo Sr Casacuberta hubiera oído hablar de ellos.

En cuanto a la comparación de las páginas de la ACT y de Nuremberg preferimos pensar que ha sido establecida con el ánimo de ilustrar su tesis buscando un ejemplo absolutamente contrapuesto, sin embargo la comparación resulta ofensiva, y la alusión al ejemplo pura demagogia. Para Nodo50 nunca se hubiera planteado este dilema, es decir nunca publicaríamos las páginas de Nuremberg sino las páginas de denuncia de quienes estuvieran detrás de Nuremberg.

Echamos en falta, ante tanta preocupación por la intimidad y la privacidad de los "funcionarios mencionados" algunos de los cuales sí que se tomaron la “justicia por mano”, una mínima mención a las víctimas de la tortura. Como en la vida hay más excepciones que reglas y cada caso es un caso particular merece la pena alejarnos de la abstracción metafísica o las metaforizaciones vacías. Estamos ante un caso de censura política claro y preciso. Si queremos que Internet nos ayude a construir un mundo más solidario debemos proyectar en él nuestras utopías y luchar por construir un medio realmente libre. Si buscamos la transformación social hacia mundos más justos debemos aprender a comunicar libremente. Si queremos que Internet no se quede reducido a un zumbido ruidoso y a rancias estéticas multimedia debemos apostar ética y políticamente por los contenidos.

Atentamente, Asamblea de Nodo50.