CRONOLOGÍA 1995
de Marzo a Abril

MARZO 1 . El cardenal Adolfo Suárez Rivera advirtió que una “cacería de brujas” no remediará el conflicto en Chiapas. Señaló que en el fondo los motivos sociales son injustos, y se pronunció porque el gobierno federal acuda “siempre el diálogo y la concertación” como el camino político para solucionar el problema en el sureste mexicano. Por su parte, el arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca y Pacheco, repudió los actos violentos contra Samuel Ruiz García y pidió respeto a todos los feligreses católicos para el obispo de San Cristóbal de las Casas. Desde ésta semana, unos 26 mil desplazados por el conflicto armado desde enero de 1994, iniciaron un retorno a la Selva Lacandona acompañados por miembros del Ejército y judiciales, que mediante listas, tendrán el control de quiénes habitarán las nuevas poblaciones. Desde los municipios de Las Margaritas, Ocosingo y Altamirano, los indígenas son transportados todos los días a algunas regiones donde se crearán nuevos centros de población. Según testimonios de desplazados que aún se encuentran en el auditorio de Las Margaritas, “las autoridades” les cobran hasta 5 mil pesos por los nuevos terrenos. “Las autoridades -dijo un tzotzil del ejido de Lindavista- nos dijeron que nos van a dar estas tierras si les decimos quiénes eran los dirigentes de los zapatistas”. El Ejército Mexicano seguirá proporcionando de manera “ininterrumpida” diversos servicios sociales, tanto en beneficio de las comunidades indígenas en la zona de conflicto, como en favor de los desplazados ubicados en 39 comunidades chiapanecas, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y agregó que con el retorno de mil 69 personas a los poblados de Monte Líbano y Taniperla empezó la reubicación de los desplazados a sus lugares de origen. La dependencia indicó lo anterior al culminar la Campaña Nacional de Labor Social, luego de 40 días de acciones en todo el territorio nacional. Los ganaderos de Chiapas se defienden y le responden al Vaticano: “Es injusto, parcial y limitado afirmar que los ganaderos somos los únicos que le estamos soplando al fuego del conflicto en el estado. Si un fuego hubiera, eso sería porque lo han atizado todas las partes involucradas, llámense zapatistas, llámese gobierno, llámese PRD, llámese ganadero o llámese obispo Samuel Ruiz...” Así lo establece el líder de los ganaderos y pequeños productores rurales de Comitán, Luis Eduardo Castellanos Macal, en tanto el dirigente de éstos en la región de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano, Jorge Constantino Kanter, señala que si algún sector ha tenido pérdidas derivadas del conflicto, “esos son los ganaderos y pequeños propietarios”. En el caso Chiapas, los únicos desplazados que cuentan para los noticiarios nocturnos de la televisión mexicana son aquellos que abandonaron sus hogares desde enero de 1994 y que permiten mostrar la ayuda que les brinda el Ejército, pero soslayan la existencia de los indígenas que huyeron hacia la selva cuando las fuerzas armadas federales encontraron en las zonas que eran controladas por el EZLN, señala la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH). En su segundo monitoreo semanal en torno a los noticiarios 24 Horas de Televisa, Hechos de Televisión Azteca, Para usted de Multivisión y Enlace de Canal 11, la ONG subraya que dichos medios mantuvieron la tendencia de dedicar poco tiempo a las instancias mediadoras y, cuando lo hicieron, “presentaron una imagen negativa del obispo Samuel Ruiz”, sobre todo en Hechos, conducido por Javier Alatorre. El gobernador chiapaneco, Julio César Ruiz Ferro, reconoció la labor de mediación que realiza el obispo Samuel Ruiz García y afirmó que la posición del gobierno estatal hacia el prelado y su diócesis es de “respeto”, que, pues todo esfuerzo que conduzca hacia la paz es “bienvenido”. El estado de Chiapas “está hoy militarizado, No es verdad que allá gobierne el nuevo mandatario interino, mandan lo militares como en Centroamérica”, afirmaron en conferencia de prensa dirigentes de algunas de las organizaciones que participan en la Caravana por la paz en Chiapas., Dirigentes de la marcha campesina, pusieron en duda la voluntad del presidente Ernesto Zedillo, de darle una salida pacífica el conflicto chiapaneco. “La salida que está dando es abiertamente militar”, con la Ley de Diálogo que ha anunciado “lo que plantea realmente es la rendición del EZLN. Zedillo ofrece el diálogo con la metralleta en la sien”, añadieron. Con una asistencia de unos 10 mil jóvenes y en medio de estrictas medidas de seguridad, se realizó en el Estadio de Prácticas de Ciudad Universitaria el Concierto por la Paz y la Tolerancia que organizó la Caravana Ciudadana Ricardo Pozas. El objetivo del evento fue recaudar fondos y víveres para los indígenas de Chiapas y demandar el restablecimiento inmediato del diálogo y el regreso del Ejército Mexicano a las posiciones que tenía antes del 8 de febrero. Por unanimidad de los representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo quedó aprobada la Iniciativa de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Será firmada en Los Pinos por el presidente Ernesto Zedillo y los integrantes de la Comisión Legislativa para que se debata en el Congreso de la Unión a partir del 6 de marzo próximo. 2. El gobierno federal se comprometió a otorgar a los miembros de la organización Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla (Ismam) unos 15 millones de nuevos pesos para el acopio y comercialización de más de 20 mil quintales de café, y a intervenir ante las autoridades de Chiapas para esclarecer los crímenes cometidos contra dos socios de esta agrupación. La comisión del Ismam exigió a la Secretaría de Gobernación el esclarecimiento de los asesinatos de Hipólito Hernández y Darinel Recinos Gordillo, así como del secuestro de su presidente Carmelino Ramírez García. Además, le pidió intervenir ante el gobierno de Chiapas para que sean atendidas sus demandas, así como que cesen los hostigamientos policíacos y se agilicen las demandas interpuestas ante la Procuraduría General de l a República en torno de hechos violentos de que han sido objeto durante los últimos meses por parte de presuntos elementos de la Policía Judicial Federal. Con la propuesta de un repliegue el Ejército Mexicano para establecer una zona de diálogo y la suspensión de las órdenes de aprehensión giradas en contra de la dirigencia zapatista, adelantó el obispo Samuel Ruiz García. Para pedir el restablecimiento del diálogo en Chiapas y una solución pacífica para ese conflicto, estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco y Azcapotzalco, y de la Universidad Pedagógica Nacional efectuaron un paro de labores, así como el cierre temporal del Periférico, y la creación de brigadas de información que recorrieron las zonas habitacionales cercanas a los planteles escolares. 3. En una homilía, el obispo Samuel Ruiz García dijo que es una “terrible pena escuchar el enjuiciamiento de la situación (porque) se juzga menos costoso para nuestro sistema y poder conseguir cierto tipo de paz, la eliminación de 15 mil o 20 mil gentes que el largo proceso que supone la construcción de una nueva sociedad y los cambios que ésta va a exigir. Terrible el juicio donde el valor de la persona humana está sometido al valor de la ganancia, tremenda manera de pensar y despiadada de nuestra estructura social, que nos lleva a esos juicios terribles que se dan, sin embargo, con consecuencias trágicas que solamente asustan cuando se reflexiona pero que van generando, a fuerza de escucharlas y de verlas operar, una especie de consenso mudo, donde no hay protesta, ya no hay palabra que se le levante para indicar que una sola vida humana es más valiosa que todas las riquezas del mundo”. El obispo de Tapachula, Felipe Arizmendi Esquivel y los sacerdotes de esta diócesis, enviaron una carta de apoyo al obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, en su desempeño como mediador en el proceso de pacificación. Treinta y dos presos iniciaron una huelga de hambre indefinida en el penal de Comitán para protestar por la “corrupción” en los mandos judiciales del estado a fin de exigir que sus procesos y sentencias sean revisados, pues consideran que muchos de ellos son “inocentes”, que se les castiga “por su pobreza”, y que las penas aplicadas en algunos casos son “exageradas”, por el delito cometido. Volvieron a surgir denuncias de campesinos e indígenas desplazados en el municipio de Las Margaritas, los cuales de quejaron de que las autoridades les están solicitando que identifiquen y denuncien a las personas que reconozcan como integrantes del EZLN. Con suerte quedaron completas las estructuras de muchas casas. De ahí en fuera, todo está destruido. Los pobladores de Prado Pacayal comenzaron a bajar de su refugio en la montaña, para encontrar que ya no tenían nada, salvo lo que llevaron con ellos al huir. En todas y cada una de las casas de este pueblo, uno de los más grandes de la región, la destrucción es la misma. O peor. Algunas casas quedaron sin muros. O de plano desaparecieron. ¿Con qué criterio se seleccionaron las casas que serían quemadas? Las puertas de muchas casas, no todas, aparecen numeradas: tipo A-11-8, A-11-43, con gis. Tras permanecer por tercer día consecutivo en esta capital, mil 500 integrantes de la organización Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla (Ismam) acordaron con la Secretaría de la Reforma Agraria localizar terrenos nacionales disponibles en el litoral chiapaneco, para emprender un proyecto de desarrollo ecoturístico. Se firmaron acuerdos de asesoría con el fin de adquirir 2 mil hectáreas para los familiares de socios que no cuentan con tierras para cultivar café. 4. La iniciativa de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas sólo es una declaración de buenos propósitos que no establece las bases de confiabilidad necesarias para reiniciar las negociaciones, como sería disminuir la presencia del Ejército Mexicano y dar voz a todos los actores sociales, afirmó la Central Independiente de Organizaciones Agrícolas y Campesinas (CIOAC). Pasadas las primeras tres semanas de la ofensiva militar para detener al subcomandante Marcos y a otros dirigentes del EZLN, el Ejército Mexicano mantiene inalterable su presencia en torno a 152 comunidades de la zona de conflicto, mientras que en lo que corresponde al municipio de Las Margaritas permanecen alrededor de 5 mil elementos acampados y en patrullaje constante. Profesores de educación primaria y secundaria de la sección VII de Chiapas informaron que los maestros de esa entidad son objeto de persecuciones y hostigamientos por parte de militares, lo que ha provocado la suspensión de actividades docentes en las varias comunidades y municipios, y solicitaron que todo el magisterio se manifieste en favor de que salga el Ejército de la zona. 5. Por la paz, otra vez por la paz en Chiapas, pidieron miles de personas que llegaron al Zócalo, se añada al proyecto de ley los puntos de libertad a los presos políticos, el levantamiento del cerco militar, establecer zonas de paz, seguridad a los desplazados, nombrar al EZLN por su nombre y paz con justicia social. Antes de iniciar su mensaje, Muñoz Ledo, dirigente nacional del PRD, se vio obligado -por los gritos de la multitud- a ponerse una playera con las letras “Todos somos Marcos”, y luego recibió una ovación cuando fijó su posición y atajó dudas y malos entendidos que hay entro de su partido por la iniciativa de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. “Cualquier iniciativa tendiente al diálogo tiene que comenzar por el pleno reconocimiento del adversario, y ese adversario tiene su nombre; fue bautizado el primero de enero de 1994, y se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional”. El líder perredista aclaró que se debe distinguir entre un marco jurídico obligatorio para el gobierno y el marco de negociación que necesariamente tiene que acordarse entre las partes; por ello, dijo, “la respuesta del EZLN a toda iniciativa de paz sea indispensable para la iniciación de un diálogo fructífero”. El EZLN afirmó que el “riesgo de choque armado crece cada hora”, por lo que pidió a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) que “aumente sus esfuerzos pacificadores”. Reiteró su disposición a encontrar una salida “política, justa y digna al conflicto, y a la pronta reanudación del diálogo, previo retorno de las fuerzas gubernamentales a sus posiciones del 8 de febrero de 1995"; insistió en que debe clarificarse si la Secretaría de Gobernación representa la autoridad federal o no, porque “no podemos estar dialogando con una parte del gobierno mientras la otra nos persigue y ataca”. Un grupo de personas que se autodenominan “representantes del pueblo” se apoderaron violentamente de las instalaciones de la parroquia de San Jacinto, en el municipio de Ocosingo, acusando a lo clérigos de haber ordenado el asesinato de un ganadero de la localidad. De acuerdo con el párroco Jorge Rafael Díaz, los manifestantes entraron en la iglesia gritando consignas contra los sacerdotes y contra el gobierno, al tiempo que agredían verbalmente a los feligreses. “Si el gobierno está apoyando a Samuel Ruiz en el levantamiento zapatista, nosotros vamos a poner orden”. La actriz y activista Ofelia Medina hizo un llamado a detener el “genocidio por hambre” que se comete en Chiapas, cuya situación, dijo, es de guerra. La gente “está peor” que cuando subió a la montaña el 9 de febrero, aseguró, y ofreció recuento: hay hambre, brotes de varicela, mujeres con ocho meses de embarazo, disentería, niños con los dientes podridos por la desnutrición, ganado perdido, casas destruidas, miedo... Y aunque lo de la ley de amnistía es un principio de solución, consideró, lo que en este momento se necesita es que “se retire ya” el Ejército Mexicano de la zona de conflicto. La Conai reconoció que la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas es “un esfuerzo por ampliar la perspectiva de comprensión del conflicto armado”, pero manifestó su inquietud porque “en ningún punto del articulado de la Ley y su exposición de motivos se menciona explícitamente a la Conai”. El reconocimiento aportado por esta Ley, “desnaturalizaría la identidad propia de la Conai, como entidad de la sociedad civil, autónoma e independiente”. Integrantes de diversas regiones de la diócesis de San Cristóbal de las Casas enviaron una carta al Papa Juan Pablo II para manifestar su apoyo a la labor pastoral y de mediador del obispo Samuel Ruiz García. 6. El EZLN rechazó el contenido de la incitativa presidencial para el diálogo y la paz en Chiapas que habrá de discutirse en el Congreso de la Unión, por considerar que se trata de un “verdadero retroceso” en el camino hacia una solución digna y justa al conflicto, puesto que en ella se les reduce a “un grupo de inconformes”. Además, con la participación de la comisión legislativa quedan en desventaja numérica en la llamada comisión de seguimiento. Sin embargo, mediante un comunicado del 2 de marzo, el EZLN reconoce que la incitativa es “un esfuerzo sincero” de la comisión legislativa y que trae consigo el “espíritu de diálogo” de algunas tendencias reales y auténticas de la clase política mexicana, “incluso dentro del PRI y del gobierno federal”, preocupadas por la búsqueda de la salida política antes que por el aplastamiento militar. Durante una concentración de aproximadamente mil personas, se pidió la salida del obispo Samuel Ruiz de Chiapas, criticó la “tibieza” de las autoridades para enfrentar el conflicto, cuestionó la labor del Ejército, de Jorge Madrazo Cuéllar y de los medios de comunicación, y demandó juicio político al ex presidente Carlos Salinas de Gortari, por ser “el causante de la devaluación” y por estar “coludido con el obispo para manipular la situación en Chiapas”. En entrevista al término de la manifestación, el dirigente ganadero Jorge Constantino Kanter exigió que se “actúe con energía y se aplique la ley”, y advirtió: “Esto se va a poner muy difícil aquí afuera, no en la zona de conflicto”. Aseguró que si “no actúa de otra manera se van a tener que largar los curas” de la diócesis. Refugiados en algún lugar de la selva, cuidándose no sólo de las tropas del Ejército sino de los propietarios y campesinos que pueden delatar su escondite, en asamblea general, los representantes de unos 6 mil indígenas huyeron de sus comunidades hace 23 días, en respuesta a la iniciativa presidencial para un diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, exigen la salida de los militares de la zona de conflicto y la suspensión definitiva de las órdenes de aprehensión. 7. Refugiados y ganaderos coinciden en que no hay garantías para nadie en la región de la selva Lacandona, y que en Chiapas se vive una situación más grave que en los inicios del problema el año pasado. Ambos actores, con posturas distintas, llaman a una salida política para alcanzar el proceso de pacificación. José Francisco López Ardines, líder de los ganaderos de Ocosingo, reconoce que a pesar de la presencia del Ejército Mexicano en la zona de conflicto, persiste “una situación de temor e incertidumbre”. Asegura que antes de pensar en la reactivación económica de Chiapas la urgencia es que el gobierno llegue a un acuerdo de paz con el EZLN. En tanto, desde la selva Lacandona donde se refugian unos 20 mil indígenas, según cifras de la organización estadounidense Obispos por la Paz, uno de los representantes comunitarios advierte del peligro de un inminente enfrentamiento entre el EZLN y las tropas militares que desde la semana pasada han iniciado un despliegue ara “peinar” la zona hasta las faldas de los Montes Azules. La Convención Nacional Democrática (CND) dio a conocer una propuesta para lograr condiciones reales para el establecimiento del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal. Plantea la necesidad de que el Ejército Mexicano se repliegue a las posiciones que ocupaba el 8 de enero, la instalación de las zonas francas y el desistimiento de la acción penal en contra de integrantes del EZLN. 8. En menos de una semana fue asesinado el ganadero Antonio Hernández Villanueva, en el poblado de Avellanal; el dirigente de la Organización de Ganaderos de Ocosingo, José Francisco López, acusa al obispo Samuel Ruiz García y al presidente municipal del lugar, Jorge Rafael Díaz Núñez, de ser los autores del crimen, y se ordenó el cateo del templo de San Jacinto de Polonia, por parte de las autoridades judiciales en busca de armas para los zapatistas. Además, se llevó a cabo una acción que involucró a más de 300 elementos del Ejército Federal, en la que fue cercada la comunidad de Las Tacitas, donde se efectuaron cateos e interrogatorios a los pobladores. Nuevos grupos de observadores internacionales realizaron un recorrido por la zona de conflicto y advirtieron que con las incursiones del Ejército Nacional Mexicano desde hace 25 días, se vive en la región una “verdadera situación de guerra”. Juan Ruiz Luis Jiménez, miembro de la Plataforma de Solidaridad Española con el pueblo de Chiapas, dijo que en su recorrido por las comunidades indígenas de Ocosingo, se observó que el Ejército Nacional Mexicano ha actuado fuera de la legalidad porque, según testimonios de indígenas, militares han violado derechos universales con allanamiento de moradas y detenciones arbitrarias como el caso del campesino Diego Pérez Hernández, del ejido Nueva Estrella, quien se encuentra desaparecido. A 17 días de salir de Tuxtla Gutiérrez y Palenque, los marchistas por la paz digna con justicia, democracia y libertad llegaron a la plaza central de San Miguel Teotongo, en la delegación Iztapalapa, donde los recibió la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ). El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Godínez, señaló que lejos de ser criticable la labor pastoral del obispo Samuel Ruiz, debe reconocerse que gracias a los esfuerzos de los obispos de Chiapas (Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal) ha sido posible contener la amenaza de la guerra en la zona de conflicto. A su vez, el obispo de Aguascalientes, Rafael Muñoz Núñez, rechazó “la cómoda coartada que atribuye al EZLN la responsabilidad total de nuestras desgracias actuales”. Por otra parte, el obispo de Zacatecas, Javier Lozano Barragán, desmintió el contenido de una entrevista difundida por Televisión Azteca en la que habría acusado al obispo Samuel Ruiz, en relación con su actividad pastoral, “está arreglada de tal manera que no corresponde al conjunto de los expresado por mí”. La actriz mexicana Ofelia Medina denunció en París que en el estado de Chiapas “se está llevando a cabo un genocidio silencioso” y 20 mil personas se encuentran desplazadas. “La guerra ha comenzado, el exterminio sin nombre, la muerte por hambre, el genocidio silencioso se está llevando a cabo”. La organización ecologista Greenpeace informó que durante un recorrido que realizó por la zona de conflicto en Chiapas encontró que la presencia de tropas en la región “obedece a una estrategia de guerra bien estructurada y no a una ocupación pacífica sin consecuencias negativas para las poblaciones y los ecosistemas en esa zona”. 9. Jorge Madrazo Cuéllar, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó a la Cámara de Diputados que hay pruebas suficientes para documentar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por distintos cuerpos policíacos durante la detención de supuestos dirigentes zapatistas en febrero. Con diez reformas de fondo a ocho artículos de la iniciativa original, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, que pretende salvar la objeciones del EZLN. El dictamen fue aprobado por 115 votos del PRI, el PAN y el PRD. El texto que de desechó de la ley decía: “las actividades que realicen (las fuerzas de seguridad del Estado) para responder cualquier agresión no implicarán el cumplimiento de este ordenamiento”. Las demás reformas aprobadas incorporan al texto de la iniciativa las siglas del EZLN; proponen generar medidas de distensión, condiciones políticas para el diálogo y espacios de negociación, los cuales serán determinados de común acuerdo entre las partes, y suspenden indefinidamente las órdenes de aprehensión contra los zapatistas, siempre y cuando haya negociación de por medio. Se excluye también a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) de la llamada Comisión de Concordia y Pacificación para que siga desempeñando su papel de mediadora, y se plantea la conformación paritaria de la llamada Comisión de Verificación. Por primera vez desde que miles de soldados incursionaron en la Selva Lacandona en busca de los dirigentes del EZLN, más de 3 mil indígenas de unos 14 municipios salieron a las calles de esta ciudad a manifestarse en contra de la posesión de los militares de sus comunidades, a favor del obispo Samuel Ruiz García en apoyo a las mujeres indígenas, campesinas y urbanas que celebraron el día internacional de la Mujer. El obispo Samuel Ruiz García afirmó que la aprobación de la Ley parta el Diálogo, la Conciliación y la Paz en Chiapas es un “signo esperanzador” y un instrumento que “esperamos favorezca un diálogo cercano”. Sin embargo, aclaró que la ley “es sólo un instrumento, y un instrumento depende como se utilice”. El Consejo Popular de Derechos Humanos de Chiapas, solicitó al presidente Ernesto Zedillo que la amnistía resultante de las negociaciones con el EZLN beneficie también a los más de “3 mil presos políticos que hay en todo el país, por haber participado en luchas por tierra, democracia y justicia”. Entre el 27 de febrero y el 3 de marzo, el paquete estadounidense de ayuda financiera a México, las indagaciones de los asesinatos de Francisco Ruiz Massieu y Luis Donaldo Colosio, así como las declaraciones y acciones del ex presidente Carlos Salinas de Gortari concentraron la atención en los noticiarios 24 Horas, de Televisa; para Usted, de Multivisión; y Enlace, de Canal 11, señala la Academia Mexicana de Derechos Humanos, y subraya que el “caso Chiapas” pasó a segundo plano. Se destaca que la aparición del ex presidente Salinas “evidenció la naturaleza de la relación de los medios con el poder: los noticiarios no toman una distancia sana que permita la crítica de los actores políticos en general; (en cambio) lo que sí se observa son los elogios a la administración en turno y descalificación de actores que expresan otro punto de vista”, por lo que la AMDH considera que “el respeto al derecho a la información no será posible mientras exista esta situación”. Tras recorrer mil 100 kilómetros en 17 días, los cerca de 3 mil indígenas y campesinos de la Caravana por la paz, encabezados por el gobernador en rebeldía, Amado Avendaño, llegaron al Zócalo del Distrito Federal, declarado también “territorio en rebeldía, de dignidad y búsqueda de justicia y libertad”. El historiador Enrique Florescano afirma haber estudiado los movimientos chiapanecos indígenas de principios del siglo XVIII: “Esos movimientos antiguos, que llamamos mesiánicos, tienen un líder que va a cambiar el mundo, va a derrotar a los que están arriba y a poner en su lugar a los humildes, a los pobres, a los oprimidos. El zapatista no es un movimiento con esas características. Por primera vez tienen una propuesta hacia el futuro, no para volver atrás. Y al revés de esos movimientos que eran locales y nunca rebasaron el territorio étnico, el zapatista actual es un movimiento político que prácticamente aspira a ser nacional. Sus principales propuestas son de orden político nacional: derrocar al actual gobierno, abatir al ejército, instaurar un nuevo orden político y de ahí vienen luego, claro, las demandas estrictamente indígenas: alimentación, salud, economía, etc. En cambio, los movimientos indígenas de los siglos XIX, XVIII, XVII, XVI, no postulaban el derrocamiento del gobierno nacional. Esas son las diferencias”. 10. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria manifestó que pese a las órdenes del Ejecutivo para detener el avance del Ejército en Chiapas, la entidad se encuentra militarizada, además de que en los diversos puntos a los que se han desplazado los militares son suspendidas las garantías individuales de la población civil. De acuerdo con los datos obtenidos por la organización a través de la Comisión Plural por la Paz en Chiapas, la Conai, Amnistía Internacional, Greenpeace y otros organismo humanitarios, el número de desplazados en la región asciende a 20 mil personas. Al regresar de un recorrido por la zona de conflicto, la Misión Civil de Información reportó la muerte de una mujer embarazada y cuatro niños originarios de las comunidades del municipio de Las Margaritas, que hace un mes huyeron a la selva ante el ingreso del Ejército Mexicano. Según informaron los propios indígenas, por la frontera entraron “soldados guatemaltecos” vestidos con el uniforme de militares mexicanos y se dirigieron hacia la Selva Lacandona en busca de la dirigencia zapatista. En una conferencia de prensa, un grupo de la misión, compuesta por 63 académicos, artistas y organizaciones no gubernamentales que se dividieron en grupos para cubrir varios puntos de los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, aseguró que no hay condiciones para el diálogo debido al alto grado de militarización y la virtual situación de guerra. En cuanto a la actuación militar, el articulista Sergio Zermeño precisó que es evidente que no se trata de una represión o “de un asesinato directo, sino que se han atacado las fuentes de reproducción de la vida de los pobladores”. Señaló que deliberadamente se divide y confronta a muchas comunidades con la “repoblación acelerada” a través de los desplazados del año pasado, con el apoyo de las autoridades. Desmilitarizar la zona de conflicto en Chiapas y el retiro del Ejército Mexicano a las posiciones que tenía el 8 de enero de este año, así como el establecimiento de zonas francas para impedir la confrontación, son parte de las exigencias que entregaron 33 delegados del “consejo de gobierno de transición en rebeldía”, al secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma. 11. Al reunirse con el mandatario chiapaneco Julio César Ruiz Ferro, los principales dirigentes empresariales, ganaderos, comerciantes e industriales emplazaron a Ruiz Ferro a iniciar desalojos -en un plazo de 72 horas- de los más de 2 mil predios que, dijeron, están invadidos, pues de lo contrario amenazaron con estudiar acciones para iniciar las desocupaciones por propia mano. En este sentido también advirtieron al gobierno estatal que no permitirá más invasiones. Con algunas modificaciones tendientes a reforzar el papel del gobierno del estado en crear condiciones de distensión para iniciar negociaciones, el Congreso local aprobó la Ley estatal para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, con lo que se consideró el proceso legislativo para la realización del encuentro entre autoridades federales y el EZLN. Ante unos 2 mil universitarios, Amado Avendaño clamó: “No nos dejen solos. Organicen caravanas, vayan a la selva, eviten que el Ejército siga matando a los indígenas. Por favor, organicen a las universidades del país para que nos ayuden a parar la guerra”. Avendaño dijo que la recién aprobada Ley para la Paz y la Conciliación es “engañosa” al permitir la acción del Ejército. Con base en ello, consideró poco probable que el EZLN pueda sentarse a la mesa de negociaciones. El gobierno federal se niega a negociar la salida del Ejército Mexicano del estado y a establecer acuerdos para acabar con “las represiones de que son objeto no sólo los indígenas de la entidad, sino también los de Puebla y Guerrero”, según informaron los voceros del gobierno de transición en rebeldía, que encabeza Amado Avendaño. Consideraron insuficiente la instalación de mesas de concertación que lleven a “consensos beneficiosos para todas las partes, cuando nuestras observaciones no fueron tomadas en cuenta en la elaboración de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Justa en Chiapas”. 12. Indígenas zapatistas de comunidades “en resistencia”, ubicadas en la zona del conflicto, informaron este día que el Ejército Mexicano ha emprendido un dispositivo para “disimular” su presencia en la región, con el cual ha comenzado a “perseguir” en los cerros y las montañas de la selva a los integrantes del EZLN. Comerciante chiapanecos se declararon en moratoria por dos años al tener una cartera vencida de 450 millones 127 mil nuevos pesos, y será a partir de 1997 cuando busquen reestructurar sus deudas con la banca. El obispo Samuel Ruiz García hizo un reconocimiento a la misión de 80 intelectuales y observadores nacionales y extranjeros que acudieron a las comunidades indígenas de Chiapas para cerciorarse de lo que sucede. “Son impresiones de primera mano, por lo que hay que dar difusión a sus conclusiones”. Sus apreciaciones, reiteró, son acertadas en el sentido de que dichas comunidades siguen siendo desplazadas de su lugar de origen por al carencia de medios de subsistencia y el temor hacia el Ejército Mexicano. A partir de hoy, el gobierno y el EZLN tienen un plazo de 30 días para iniciar el diálogo que permita la paz en Chiapas. Quedó formalmente aplazado (hasta el 10 de abril) el cumplimiento de las órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes zapatistas, entre ellos el subcomandante Marcos, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el decreto de Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Sólo si el gobierno y los zapatistas están en negociación -para lograr el acuerdo de pacificación y concordia la que se refiere esta ley- se mantendrá la suspensión de las órdenes de aprehensión. La agrupación civil Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI) y otros organismos no gubernamentales realizaron una “jornada nacional e internacional para demandar la “liberación inmediata” de Jorge Santiago Santiago, quien está preso acusado de pertenecer a la dirigencia del EZLN. Al mismo tiempo, Ramsey Clark, ex procurador de Estados Unidos, también pidió al presidente Ernesto Zedillo que Santiago Santiago sea excarcelado, pues su libertad “es esencial para el proceso de paz en Chiapas”. En una carta enviada al mandatario mexicano, Clark asentó: “El gobierno de México debe escoger entre la libertad y la tiranía”. Procedente de la ciudad de México arribó la comisión parlamentaria del Partido de Izquierda Unida de España, que visita Chiapas para conocer la realidad del conflicto y expresar su solidaridad a quienes pugnan por una salida justa, pacífica y negociada a los problemas de la entidad. Se trasladaron a San Cristóbal de las Casas para manifestar su apoyo al obispo Samuel Ruiz, así como al PRD, a Cuauhtémoc Cárdenas y a la Convención Nacional Democrática. 13. el patrullaje “parcial” del Ejército Mexicano en la zona de conflicto y la falta de garantía del gobierno impiden el retorno de los pequeños propietarios que fueron desplazados de los 947 predios, causando pérdidas por más de 200 millones de nuevos pesos por concepto de daños en la ganadería. En un diagnóstico sobre las pérdidas en la zona de conflicto a 14 meses de iniciado, el dirigente ganadero Jorge Constantino Kanter aseguró que en la región quedaron 100 mil cabezas de ganado recuperándose apenas el 15%, en tanto que las pérdidas totales en producción de café ascienden a 130 mil quintales, sin contar con los cultivos de autoconsumo. Cuando volvieron de la montaña, después de un mes de refugio y miedo, lo primero que vieron fueron destrozos, comida regada por el suelo, los animales sueltos, ropa y papeles destrozados, Luego se dieron cuenta que habían defecado dentro de sus casas. Primero les dio tristeza, después coraje. “Vinieron a hacer desmadre, tenemos harta pena porque estamos bien jodidos”, dijo lacónico uno de los tzeltales mientras observaba a los soldados. La Convención Nacional Democrática (CND) sostiene que la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, se pronuncia por la solución política y pacífica del conflicto, y considera desafortunados varios párrafos de diversos artículos, entre ellos el párrafo segundo del artículo 1, los artículos 4, 6 y 7. Añade que es un ultimátum al EZLN, lo que no puede aceptarse. Parlamentarios italianos que visitaron la zona de conflicto en el estado afirmaron que en la región se desarrolla “una guerra contra los indígenas y su derecho a la vida, a su cultura y su dignidad”. Pedirá al gobierno de su país que como actual miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ponga en el orden del día del mencionado consejo la cuestión de Chiapas. Manifestaron su solidaridad y apoyo al obispo Samuel Ruiz, “no solamente por todo su trabajo hacia los indígenas y por su presencia profética, sino también porque en estos momentos don Samuel representa el equilibrio que permite favorecer una verdadera mediación”. 14. El secretario de gobierno de estado de Chiapas, Eraclio Zepeda, señaló que la paz “va a estallar en los próximos días”. Sobre la solicitud de indígenas y campesinos para que salga el Ejército Federal de sus comunidades, Zepeda afirmó que ese llamado sólo lo hacen algunos campesinos, ya que “otros piden su permanencia” y la presencia militar en más zonas. Indígenas de Estados Unidos viajaron a Chiapas para conocer la situación que prevalece en la entidad. Ellos pretenden entablar contactos con dirigentes del EZLN y la Conai. “Ellos reportarán a las organizaciones indígenas de toda la unión americana sobre su visita, por eso en la delegación hay integrantes de la prensa indígena”. Parvifundistas y ganaderos concluyeron la evacuación de 25 predios en el municipio Venustiano Carranza, luego de ser “amenazados” por integrantes de la organización campesina Casa del Pueblo de “comenzar las invasiones a partir de mañana (hoy)”, señaló el dirigente ganadero Gonzalo López Camacho. Otro plazo que venció este fue el fijado por las asociaciones ganaderas incorporadas a la Coalición de Organizaciones (COC) al gobierno del estado: 72 horas para iniciar los desalojos de los más de 2 mil predios ocupados por diversas organizaciones campesinas en todo el estado. En caso contrario, según advirtieron el al gobernados Julio César Ruiz Ferro, reiniciarían los desalojos efectuados por propia mano. Integrantes de la Caravana por la Paz de Chiapas se instalaron frente a la Secretaría de Gobernación, para pedir el restablecimiento del diálogo en la entidad y el retiro del Ejército Federal. Empotrado en las montañas, lejos de cualquier camino, ubicado cerca de los Montes Azules, los habitantes del ejido Santa Elena, en el municipio de Ocosingo, viven sometidos a la ley militar desde hace varias semanas. Solo con orden desde hace varias semanas. Sólo con orden castrense pueden reunirse y los soldados obligan a las mujeres a lavar sus uniformes y hacer tortillas. No nos vamos a ir hasta que atrapemos a Marcos, han advertido los militares que patrullan las cañadas por tierra y aire en busca de la dirigencia del EZLN. En la sierra de Zongolica, en el centro de Veracruz, uno de los estados más ricos del país, alberga paradójicamente algunos de los municipios más marginados a nivel nacional, la persecución de presuntos zapatistas o simpatizantes del EZLN ha afectado a organizaciones que combaten el caciquismo y la miseria, que en esta región afectan a más de 110 mil indígenas nahuas. Dirigentes de la Unión de Campesinos Artesanos de la Sierra Náhuatl de Zongolica (UCASNZ) y de la Organización de Campesinos e Indígenas de la Sierra Zongolica (OCISZ) denunciaron “represión y hostigamiento” por parte del Ejército Mexicano y de las policías de Seguridad estatal y municipal, con allanamiento de casas de dirigentes y de sus oficinas, así como detenciones ilegales por parte de los policías estatales. 15. Para “crear un ambiente de distensión propicio para el diálogo y la negociación” entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el presidente Ernesto Zedillo ordenó la desaparición de los retenes militares y el restablecimiento del libre tránsito en la zona de conflicto, así como que el Ejército Mexicano salga de los poblados, sin abandonar sus posiciones fuera de comunidades rurales y poblaciones. Durante la instalación de la Comisión de Concordia y Pacificación, la Procuraduría General de la República (PGR), asimismo por instrucción presidencial, dispuso “la suspensión de los procedimientos, órdenes de aprehensión y las investigaciones iniciadas” contra dirigentes zapatistas. El Consejo del Gobierno de Transición en Rebeldía de Chiapas pidió al secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, intervenga para frenar “la espiral de violencia que se está destacando en el estado y que se refleja en los desalojos de predios agrícolas y detenciones arbitrarias e ilegales que están realizando ganaderos, guardias blancas y policías de seguridad pública del estado”. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Soconusco, Martín Hernández Gutiérrez, se declaró en huelga de hambre ante la negativa de los gobiernos federal y estatal para liberar a 17 campesinos de los grupos Altamira y Miguel Alemán, recluidos en el penal de Tapachula por problemas agrarios. Sobreprecios en la compra de la tierra, adquisición de predios sin avalúo previo, colusión entre funcionarios de gobierno y pequeños propietarios a fin de derramar comisiones para los primeros en la compra de propiedades y la venta de ranchos inexistentes que ha comenzado a aflorar como resultado de la política agraria seguida en 1994. Algunas estimaciones ubican sólo 10% de las 38 mil hectáreas de propiedades que se adquirieron como parte de la política seguida se relacionaron directamente con la invasión de predios, mientras el resto -señala la Unión Ganadera de Chiapas- fueron predios que no tenían vínculos directos con la problemática agraria y se basó en criterios de beneficios personales a los adquirientes, así como derrama de comisiones hasta de 30% a funcionarios. Unos 400 campesinos del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, retuvieron por varias horas en el interior de la casa ejidal a cuatro funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en protesta por haber suspendido el servicio a un 25% de la comunidad, ante la falta de pago de los usuarios por “los altos costos de la energía”. El secretario de Gobierno de Chiapas, Eraclio Zepeda, señaló que en las nuevas condiciones el Ejército debe garantizar el libre tránsito en dicha zona y eliminar las prácticas de los retenes militares. Criticó la “exagerada presencia del centro” en el conflicto, ya que, esa actitud derivó en el error de que los chiapanecos fueran sólo los “invitados de piedra” en las negociaciones para la paz del año pasado. Cientos de indígenas choles que mantienen tomada la alcaldía de Tila advirtieron que si el Congreso del estado no acepta el concejo municipal “electo” por ellos el 11 de marzo, no desalojarán el inmueble. “No estamos dispuestos a aceptar que nos impongan a otro presidente ladino, cuando la mayoría somos indígenas”. 16. Entre la cabecera municipal de Las Margaritas y el poblado de Guadalupe Tepeyac fue letra muerta durante el primer día la orden presidencial que instruyó al Ejército para que se retire de todos los poblados, elimine los retenes y facilite el libre tránsito en la zona del conflicto. Es decir, el ejército no obedeció la orden presidencial en lo referente a la salida de los poblados, pues se pudo constatar que efectivos militares mantuvieron su presencia en las comunidades del Ejido Nuevo Momón, Vicente Guerrero y Guadalupe Tepeyac. En un enfrentamiento entre militantes del PRD y del PRI ocurrido en el ejido de Teoquipa, El Bascán, en el municipio de salto de agua, al menos seis personas murieron y ocho más resultaron heridas. Las indígenas del ejido La Realidad, municipio de Las Margaritas, pidieron en una carta dirigida al gobierno de la República el retiro de la tropas del Ejército Mexicano, e hicieron llamados a “una paz verdadera, no de mentira” y al apoyo de las mujeres de la sociedad civil. Al ser ocupado este lugar por tropas del Ejército Mexicano el pasado 16 de febrero, las mujeres salieron hacia las montañas, sólo por unos días, para luego retornar junto con la actriz Ofelia Medina, a fin de que no ocurriera la misma ocupación que en el ejido Guadalupe Tepeyac. Dicen ahora que han sido amenazadas por quienes las consideran “mujeres zapatistas”, además, advierten que no recibirán las despensas que los soldados les proporcionen con el intento de paliar necesidades de cinco siglos. A sólo 35 días de iniciado su avance hacia las comunidades de Ocosingo, las acciones desarrolladas por los efectivos del Ejército Mexicano perturbaron las formas de vida en esta zona, al provocar un aumento en la carencia de enseres y alimentos y el retraso en la repartición de las tierras, por lo que los habitantes de estos parajes están ante el riesgo de sufrir períodos de hambre. Según los pobladores, las prácticas aplicadas por los militares federales al inicio de su ofensiva, su posicionamiento dentro o en las cercanías de los poblados, “la destrucción de los depósitos de alimentos, la incineración de las casas y el saqueo de las mismas”, han colocado a gran parte de esas comunidades en una situación de extrema precariedad. 17. El EZLN aceptó reiniciar de inmediato el diálogo con el gobierno federal por la vía epistolar con la secretaría de Gobernación. No obstante, declaró que sólo hasta que las tropas del Ejército Mexicano se retiren a las posiciones que ocupaban el 8 de febrero de este año, habrán de reanudar el contacto directo con la representación gubernamental. Saluda la promulgación de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, y con base en ella precisa que reanudará los contactos con la Secretaría de Gobernación “a través de la Comisión Nacional de Intermediación” (Conai), que encabeza el obispo Samuel Ruiz García. Advierte que dicha Ley para el Diálogo “no es satisfactoria” porque presenta “serias omisiones que pudieran ser usadas por el Ejecutivo federal para imponer condiciones indignas en el diálogo con nuestros representantes o para llevar adelante sus planes policíacos y militaristas”. No obstante, el EZLN reconoce que la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas contiene “elementos importantes y valiosos que permiten crear condiciones dignas para reanudar el diálogo. Significa, esta ley, un importante punto de partida en el camino a una solución justa y digna al conflicto”. El presidente Ernesto Zedillo aceptó el intercambio epistolar propuesto en un comunicado por el EZLN, con el propósito de iniciar las pláticas de pacificación en Chiapas, informó la Secretaría de Gobernación. La Convención Nacional Democrática (CND) anunció que de inmediato establecerá “corredores por la paz” en la zona del conflicto chiapaneco, como una forma de interponer una barrera de la sociedad civil entre el Ejército Mexicano y el EZLN. Dichos campamentos, que serán “espacios neutros”, estarán coordinados por la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y apoyados por los organismos no gubernamentales, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Coordinadora de Organismos para la Paz (Conpaz). Urge la presencia física de la sociedad civil en Chiapas para detener la guerra y lograr una paz justa y digna. No porque en los medios se informe que el Ejército mexicano saldrá de los poblados chiapanecos y que sólo van a mantener ciertos grupos militares “para seguridad” de la población, significa que ya se solucionó el conflicto: los indígenas siguen muriendo de hambre; sigue faltando comida, medicinas, ropa... La ayuda recolectada hasta ahora, es insuficiente. El cerco militar no es sólo para matar de hambre a la población de la Selva Lacandona, sino para evitar que se conozca y se informe sobre lo que verdaderamente sucede allí. Si en el Distrito Federal se tiene información, manipulada o no, en Chiapas el aislamiento y el cerco informativo es feroz, no tiene idea de lo que sucede. No puede haber condiciones para el diálogo cuando hay gente perseguida, cuando en la selva existe una gran diáspora indígena, cuando se ha roto el ciclo alimenticio de una raza que es la dueña original de esa tierra. Urge que voluntarios de la sociedad civil vayan a Chiapas para integrar un escudo de protección para los hermanos chiapanecos. Es más confiable la sociedad civil que el ejército para integrar el llamado “cerco de seguridad”. Estas son algunas de las conclusiones a las que llegaron Julieta Egurrola, Joaquín Garrido, Leticia Huijara, Tatiana Mangada, Pilar Boliver y Miguel Ángel Cárdenas, integrantes de la comunidad artística que participaron en la Misión Civil de Información. 18. El obispo de la diócesis de Tapachula, Felipe Arizmendi Esquivel, consideró que la aceptación de diálogo del EZLN con el gobierno federal propicia que se supere el clima de incertidumbre que privaba en el estado. Celebró asimismo que el EZLN “haya tenido oídos abiertos para escuchar el clamor del pueblo que rechaza la guerra”. En 70% de los soldados del Ejército Mexicano destacados en la zona de conflicto frisan entre los 17 y los 20 años, informa el general de brigada, diplomado del Estado Mayor, Guillermo Martínez Nolasco. “Son muy jóvenes -precisa- tengo que darles oportunidad para que se echen su copita, sin escandalizar ni crear problemas. También tienen que ir con las muchachas para evitar problemas de homosexualidad”. Mujeres participantes de la Convención Nacional Indígena informaron que la comunidad de Pamalá, “vive en crisis nerviosa permanente” luego de los atropellos cometidos por soldados del Ejército Mexicano que entraron en ese lugar el pasado 9 de febrero. En un comunicado urgieron enviar medicinas y atención médica a Pamalá, debido a que “las secuelas por la violencia en que viven, se han traducido en el agravamiento de enfermedades de la mujer, como hemorragias por ejemplo. Están enfermas, tienen calentura y dolor de corazón”. Amado Avendaño, Gobernador de Transición en Rebeldía, asistió a la inauguración del Consulado en Rebeldía en Chicago, Illinois, y tomó la protesta a la primera titular de esa oficina, María Alcauter, misma que al hacerse cargo de la oficina, expresó: “No voy a expedir documentos oficiales como pasaportes o cosas así. Y si voy a continuar la campaña en defensa de los símbolos patrios mexicanos. No me voy a dedicar a prenderle veladoras a una bandera o a un escudo nacional solamente, sino a defender el símbolo más valioso de México, que es su pueblo exiliado en Chicago y sus alrededores”. La reubicación y posesionamiento de los poblados de la zona de conflicto no ha logrado generar “condiciones de distensión” necesarias para avanzar en la solución del problema chiapaneco, consideró la Comisión de Concordia y pacificación para el Diálogo en Chiapas. Si bien en algunas comunidades los agrupamientos militares se salieron de las mismas y se ubicaron “a una distancia que logra el efecto deseado”, en otras la respuesta es contraria. Además de que se observó que todavía se mantienen algunos retenes militares en la zona. 19. El EZLN, luego de aceptar el diálogo epistolar con el gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación, hizo un nuevo reconocimiento a la sociedad civil nacional e internacional por levantar su voz y detener “los carros de la guerra”. En un nuevo llamado, los invita a viajar a las montañas de la Selva Lacandona: “vengan hermanos, ir nosotros no podemos. Vengan, no habrá fuego para recibir su paso, ni cerrado estará nuestro corazón para su palabra, vengan”. En dos comunicados, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI)-Comandancia General del EZLN, advierte que gracias a la “voz de los tambores”, de la sociedad civil, los otros “tambores de la guerra” se detuvieron, cuando desde las cuevas “ya los hombres y mujeres murciélago preparaban otra vez su vuelo de mortal muerte”, ante un cerco militar que se cierra con el avance de las tropas del Ejército Mexicano desde el pasado 10 de febrero. Después de 14 meses del inicio del conflicto armado, el estado vive una “doble crisis”: por un lado el “colapso económico” derivado del desplome de la producción, que ha generado la caída de hasta el 40% en los sectores comercial y turístico, y por el otro, la agudización de la crisis del problema financiero. En el complejo mosaico de situaciones que enfrenta esta entidad, la cuestión agraria es la más preocupante. El 80% de la población vive en la zona rural y se encuentra en una situación de rezago agrario, invasiones de tierras, pulverización de propiedades, baja productividad y altas tasas de crecimiento poblacional. En entrevista con La Jornada, el gobernador chiapaneco, Julio César Ruiz Ferro reconoce la crítica situación por la que atraviesa el estado y plantea: “la solución no está por el lado de repartir la tierra”, sino de buscar “otras alternativas”. El gobierno no ha establecido aún las condiciones necesarias para que se concrete el diálogo con el EZLN que lleve a la pacificación de Chiapas, afirmó el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, al exhortar a las autoridades a que comiencen contactos más formales, más allá de los epistolares y se de una mejor comunicación. En este momento, dijo, la situación es un poco difícil y habrá que esperar algo más consistente sobre las medidas de distensión tomadas en la zona de conflicto, como la salida del Ejército Mexicano y la presencia de organismos no gubernamentales de derechos humanos que verifiquen que esto se respete. Los auténticos coletos decidieron “hacer una pausa” en sus actividades y sus movilizaciones orientadas en los últimos meses, contra la figura del obispo Samuel Ruiz García, la diócesis de San Cristóbal y la Conai. Sin embargo, luego de reunirse con la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), advirtieron: “no claudicaremos”. Representantes de diez municipios de la entidad que forman el cinturón de seguridad desde hace un mes en torno de la catedral de la paz, así como de agrupaciones civiles organizadoras de la jornada contra la guerra y en apoyo a la Conai, lanzaron un nuevo llamado para que el gobierno federal muestre una mayor voluntad y se pueda lograr una distensión palpable del conflicto en Chiapas. Piden, asimismo, el retiro total de las tropas del Ejército Mexicano de la zona de conflicto, detener los desalojos de los predios ocupados por los campesinos sin tierra e investigar las violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades indígenas. En el centro de la vieja Jovel, se realizó una nueva jornada por la libertad de Jorge Santiago Santiago, preso en el penal de Cerro Hueco desde hace 36 días bajo acusación de la Procuraduría General de la República (PGR) de pertenecer a la directiva del EZLN. 20. Inició el retorno de alrededor de 4 mil desplazados de la zona de conflicto a sus hogares en la región de Las Cañadas, en los municipios de Las Margaritas y Ocosingo, con lo que se calcula que para este fin de semana sumen 9 mil los retornados a su lugar de origen. A un mes de haber salido de Chiapas y 11 días de mantener un plantón en el Zócalo de la ciudad de México, la mayoría de los 3 mil indígenas tzeltales, tzotziles, zoques, choles y tojolabales de la Marcha-Caravana por la Paz determinaron retirarse a sus comunidades de origen ante la “cerrazón” del gobierno, que no desea tocar tres puntos: eliminar a las guardias blancas, cancelar las órdenes de aprehensión contra dirigentes sociales e investigar la situación de los predios recuperados por los campesinos antes de proceder a los desalojos. A partir de hoy serán instalados unos nueve campamentos permanentes en la zona de conflicto que proporcionarán ayuda humanitaria a las comunidades más afectadas por la incursión militar y realizarán labores de observación y protección de derechos humanos. Con el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales se prevé el incremento de los Campamentos Civiles por la Paz, con la posibilidad de crear “espacios neutrales” que puedan ofrecerse como terreno posible de diálogo entre el EZLN y el gobierno. 21. Al evaluar su reciente recorrido por diversos poblados chiapanecos la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) determinó que “ya hay condiciones para que se inicie el diálogo entre el gobierno mexicano y el EZLN. La Cocopa hizo un llamado al EZLN para que se decida a iniciar el diálogo directo, debido a que el plazo de 30 días está corriendo y advirtió que “ya no es momento para imponer más condiciones ni caben aplazamientos”. Autoridades y caciques de la región tzeltal expulsaron a 120 indígenas evangelistas, aseguró el asesor del Comité Estatal de Defensa Evangélica en Chiapas (Cedech). Los integrantes del consejo de gobierno en transición en rebeldía señalaron que se regresan a Chiapas porque las autoridades federales “no escucharon el clamor indígena de salida política mediante el diálogo a los conflictos que enfrenta la sociedad”. Las pláticas con la Secretaría de Gobernación y con el comisionado para el bienestar social y desarrollo económico sustentable de Chiapas, Dante Delgado, se rompieron tras 10 días, de todos los predios recuperados el año pasado. Sin embargo, no aceptaron la exigencia de desarmar y procesar judicialmente a las guardias blancas y castigar a los responsables intelectuales de la formación y mantenimiento de estos grupos. El grupo de auténticos coletos reconoció, mediante su vocero Miguel González Alonso, la importancia de la Conai y el papel del obispo Samuel Ruiz García dentro el proceso de pacificación chiapaneco. Sin embargo, pidió que el prelado “se separe” de sus funciones religiosas para dedicarse de tiempo completo “a las actividades propias de ese importante papel”. En un gesto que calificaron de “contribución a la paz” en Chiapas, los auténticos coletos, que en pasadas manifestaciones han pedido “silla eléctrica”, “pena de muerte” y “expulsión del país” al “obispo del diablo” y para Amado Avendaño dijeron que en la reunión con la Cocopa se les hizo entender que Samuel Ruiz “es un factor importante” en el proceso de paz. Explicaron que la “pausa” que harán en sus actividades -centradas en contra de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, la familia Avendaño y miembros de la sociedad civil- será sólo de 30 días que marca la ley para el diálogo en Chiapas. No obstante, González Alonso sugirió que podrían reiniciar sus acciones si no hay resultados concretos. “Mi súplica ustedes es que nos ayuden a parar esta guerra, que cada uno invente las formas desde sus trincheras particulares para presionar a los gobiernos de México y de Estados Unidos a pararla”, declaró Amado Avendaño, presentado como “el gobernador en rebeldía en Chiapas” ante unos 70 representantes de organizaciones sociales estadounidenses. Se presentó en un foro nacional de organizaciones que integran la Campaña Ciudadana sobre el Comercio, coalición de grupos críticos al Tratado de Libre Comercio (TLC) y al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). 22. Integrantes de la Unión de Transportistas de Chiapas iniciaron un plantón indefinido e el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en protesta por el paquete económico impulsado por el gobierno federal. En nombre de la sociedad chiapaneca, los transportistas, que rechazaron tener filiación política alguna, demandaron al residente Ernesto Zedillo lo siguiente: Que se reconsidere el precio del combustible y sus derivados; que se otorgue un trato especial a los chiapanecos para el pago de los impuestos en general, eliminando el pago de tenencias para el Servicio Público, que se considere una tarifa especial para el pago de la energía eléctrica y que se realicen negociaciones para resolver los problemas que enfrentan las compañías transportistas, entre otras peticiones. 23. Al continuar el diálogo epistolar entre el EZLN y la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) envió al grupo rebelde, que aún se encuentra replegado en las montañas de la selva Lacandona, la propuesta del gobierno federal sentar las “bases” del diálogo y la negociación. En los últimos 15 años se han perdido en Chiapas 244 mil hectáreas de bosques y 661 mil de selva, afirmó Ignacio March, investigador del Colegio de la Frontera Sur, y añadió que ello significa que “hemos perdido mucho más de la mitad de la selva Lacandona en muy poco tiempo”. Sostuvo que el problema del agua a nivel mundial “está asociado fundamentalmente a problemas de desigualdad y de distribución de la riqueza”. Unos 4 mil productores de café de 18 municipios del Soconusco, la Costa y la Sierra Madre de Chiapas se posesionaron de las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Tapachula. Los manifestantes mantienen “secuestrados” a unos 30 empleados y funcionarios. Los productores exigen al gobierno federal que reconsidere el programa económico, se solucione el conflicto armado mediante el diálogo y se aclare totalmente el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Los campesinos, afiliados a la CNC y a la organización Independencia del 87 y que realizaron una marcha mitin, firmaron un documento en el que se pronuncian contra las “desatinadas medidas económicas que el gobierno impone al pueblo mexicano”. El gobierno de Chiapas afirmó que al concluir esta semana habrá regresado el 50% de los desplazados de la zona de conflicto (alrededor de 11 mil 500 personas), lo cual permite avanzar en la conciliación de los diferentes grupos. Asimismo, se dio a conocer que en la zona de conflicto han cerrado 372 escuelas, situación por la que 817 maestros están sin laborar, lo que afecta a 14 mil 888 niños que han perdido sus clases desde que empezó 1994. 24. El gobierno del estado de Chiapas trabaja en al conformación de una fuerza de Protección Ciudadana, la cual servirá de “puente” entre las fuerzas del Ejército Mexicano que realizan tareas en la zona de conflicto y las autoridades policíacas locales. Insistió que la reconciliación en las comunidades que se hallan en la zona de conflicto es una aspecto de la agenda política nacional. El logro de la paz en el estado no llegará de inmediato porque se requiere de un proceso de cambios constantes y profundos, dijo el obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García. El Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FMPDH) recomendó que sean desarmadas en Chiapas “las fuerzas mercenarias” denominadas guardias blancas, además de disueltas y procesadas penalmente por ser asociaciones delictuosas conforme al derecho penal mexicano y al “derecho internacional”. Al respecto, mencionó que la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, el Financiamiento y el Entrenamiento de Mercenarios, y la resolución de febrero de 1994 de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, declara como delito la existencia y utilización de mercenarios. Luego de sortear diversas dificultades en la aduana de Reynosa, Tams., la caravana de Pastores por la Paz, con 27 camiones cargados de ayuda humanitaria para Chiapas, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, pudieron cruzar la frontera hacia México. Cientos de militantes de la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) exigieron durante una marcha y un plantón, frente a las instalaciones de los juzgados federales tercero y cuarto de distrito, solución al rezago agrario en Chiapas y libertad a campesinos presos por conflictos agrarios. Los campesinos advirtieron que en los primeros días de abril podrían reiniciar las “recuperaciones” de predios que detentan terratenientes y caciques,. Aseguraron que las resoluciones presidenciales no se han ejecutado por “corrupción” en la Secretaría de la Reforma Agraria. El plantón de más de mil unidades de carga de la Alianza del Autotransporte de Chiapas, se extendió a las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Comitán,. Tapachula y Tonalá, en protesta por las medidas económicas del gobierno federal. Debido a la acción de los transportistas, se han dejado de mover 200 mil toneladas de productos del campo, lo que podría provocar en los próximos días un desabasto generalizado de productos básicos en todo el estado. Los 4 mil campesinos productores de café de la región Costa, Soconusco y Sierra Madre de Chiapas que se posesionaron de las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se niegan a liberar a unos 30 trabajadores, que permanecen en el interior de la dependencia, mientras el gobierno federal no dé marcha atrás al programa de emergencia económica y se reestructuren las carteras vencidas. Al continuar las acciones en apoyo a la pacificación de Chiapas, estudiantes de la UNAM efectuaron paros activos en las facultades de Ciencias, Economía, Psicología y Filosofía, la Escuela Nacional de Trabajo Social y los planteles Vallejo, Oriente y Naucalpan del Colegio de Ciencias y Humanidades. Los estudiantes demandaron la salida del Ejército de la zona anteriormente ocupada por los zapatistas para propiciar el diálogo directo entre éstos y la representación del gobierno federal, que se retiren las órdenes de aprehensión contra dirigentes del EZLN y en contra de las medidas económicas del gobierno zedillista. 25. Al cumplir 44 días de refugio en las montañas, cerca de 4 mil indígenas tzeltales y tojolabales ratificaron el acuerdo tomado recientemente de no retornar a sus comunidades porque las tropas del Ejército Mexicano continúan movilizándose en la región del conflicto y apenas hace dos días se retiraron de algunas comunidades de la Selva Lacandona, entre ellas, Guadalupe Victoria, donde los militares hostigaron a los indígenas, destruyeron sus propiedades y se posesionaron de sus viviendas. Con el acoso del hambre, infecciones intestinales y de la piel, el clima extremoso que atraviesa la magra ropa que lograron sacar de sus pueblos, y la escasez de medicamentos en aquellos rincones donde hombres, mujeres y niños se esconden de los sobrevuelos militares de día y noche, los refugiados sostienen que “no se doblegarán ante las fuerzas gubernamentales porque su lucha es lograr una justicia digna de la que carecieron sus padres y abuelos. “El gobierno quiere doblegarnos y comprarnos. Nos ofrece que cambiemos nuestra dignidad por dos kilos de despensa. Lamentamos mucho que otros hermanos hayan aceptado. Nosotros no lo haremos, no estamos dispuestos a regresar bajo esas condiciones. Seguiremos resistiendo hasta que no veamos que hay seguridad”. Un enfrentamiento armado entre presuntos perredistas y campesinos afiliados al PRI, en el ejido Emilizano Zapata, del municipio de Tumbalá, dejó un saldo de cuatro personas muertas e igual número resultaron heridas. El secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, anunció un aumento presupuestal de 18% para el sector educativo en Chiapas. Durante la gira por la entidad, Limón destacó el esfuerzo de la SEP por recuperar las clases en la zona de conflicto, donde 25 mil niños fueron afectados, y calculó que “más o menos” la mitad de ellos han recibido “cierta atención”. El ex canciller Jorge Castañeda advirtió que si hay congruencia con la tradición pacifista de la política exterior mexicana, debe perseguir sin vacilaciones la vía política del diálogo en la solución del conflicto armado en Chiapas. El EZLN mantiene su repliegue militar en las montañas del sureste mexicano en acatamiento a la orden de su Comandancia General de no enfrentar al Ejército Mexicano, evitar hasta donde sea posible la confrontación y responder únicamente en el caso de una agresión armada que pusiera en peligro la integridad de sus efectivos o de las bases de apoyo de la población civil. Contamos con el respaldo de más de 200 organizaciones unidas en todo el país. Nos han apoyado bastante par que estemos en paz, comentó un responsable de la lucha zapatista en algún lugar de la Selva Lacandona. El secretario de Relaciones Exteriores, José Ángel Gurría Treviño, afirmó que no hay evidencias para suponer que las armas del EZLN provengan de algún país centroamericano ni que la permanencia en territorio nacional de centroamericanos esté vinculada con el EZLN. Veinte empleados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural fueron liberados por productores de café que desde hace tres días mantienen tomadas las instalaciones de la dependencia, en tanto que 10 más permanecen en el inmueble, donde ya se iniciaron las negociaciones sobre las demandas de apoyos económicos y atención a carteras vencidas. 26. El obispo de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García, mencionó que el proceso de paz en el estado se logrará a largo plazo y que tendrá que ir acompañado de la atención a las demandas indígenas. Alrededor de mil unidades de transporte de carga paralizaron prácticamente las actividades en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Tapachula, Tonalá, Arriaga y Pichucalco, al bloquear las principales avenidas en protesta por falta de respuesta del gobierno federal a su demanda de reducir el costo e la gasolina y el IVA. La descomposición política y social por la que atraviesa el estado ha llevado a la renovación violenta de dos terceras partes de los ayuntamientos de la entidad, en los que se han tenido que elegir concejos municipales o, en su caso, se ha convocado a plebiscitos para elegir a sus autoridades. Chiapas enfrenta a una situación en la que 34 ayuntamientos -de los 110 que hay en la entidad- son gobernados por concejos municipales, mientras que otros dos (Villa Corzo y Tila) están en víspera de que se realicen sendos plebiscitos para elegir a nuevas autoridades. El gobierno del estado, el Congreso Local y el Partido de la Revolución Democrática, llegaron a acuerdos que dan solución a las demandas de los municipios de San Fernando y Tila, donde se pide la destitución de los alcaldes, en tanto que en Villacorzo se haría un plebiscito. El compromiso en San Fernando consistió en realizar una auditoría a la administración municipal y el otorgamiento de espacios políticos al PRD en el ayuntamiento. 27. El obispo brasileño, Pedro Casaldáliga afirmó que la diócesis de San Cristóbal de las Casas y Chiapas en general son para México, América y el mundo, “una zona de rescate político, social, cultural y religioso”. La lucha y la reivindicación de los pueblos indígenas de Chiapas -añadió el prelado- “es una lucha del reino de Dios”, y las voces “quebradas desde las montañas se han alzado en una hermosa consigna evangélica de Jesús: todo para todos, sin egoísmos, sin privilegios, sin prepotencias, sin exclusión, pues el reino de Dios en la Tierra y en el cielo es para todos sus hijos”. El obispo sudamericano dijo lo anterior al participar en la misa concelebrada con la que concluyó la peregrinación que unos 20 mil indígenas y campesinos realizaron en San Cristóbal para conmemorar los 450 años de la llegada de Fray Bartolomé de las Casas y e apoyo al obispo Samuel Ruiz García. Sin decirlo explícitamente, el obispo Casaldáliga se refirió a las recientes declaraciones del obispo de Zacatecas, Javier Lozano Barragán, acerca de que no existe la “teología india”: “Si no hubiera teología india, los indígenas de toda esta Amerindia nuestra no podrían creer en Dios, el verdadero y auténtico Dios de todos los pueblos, de todas las culturas y de todas la personas”. Un indígena envió un mensaje a los religiosos en la celebración de los 450 años de la diócesis de San Cristóbal de las Casas: “Señores obispos, todos los que estamos aquí somos el Pueblo Creyente, de fe y esperanza. Venimos de tierras lejanas dejando familias, tierras y trabajo para estar con don Samuel. Tatic, reconocemos tu trabajo como profeta, porque eso eres, un profeta perseguido y amenazado de muerte por quienes siguen el ejemplo de aquellos que mataron a Jesús. Venimos a decirte que no estás solo y también a pedir por nuestro hermano Jorge Santiago Santiago, que aunque no está aquí lo sentimos en el corazón”. A las orillas de los poblados, los cantones militares asentados en la selva prácticamente han cercado a las comunidades, que están sometidas a revisión constante de sus enseres -particularmente de los apoyos que reciben de la sociedad civil-, horarios estrictos de entrada y salida para realizar faenas agrícolas y a una vigilancia que revista características de espionaje. Junco con la novedosa tecnología contrainsurgente llegaron la prostitución y el alcoholismo, que empiezan a proliferar en los poblados donde hay mayor concentración de efectivos del Ejército Mexicano. La diócesis de Zamora pidió el cese de la “sucia, feroz y cruel” campaña en contra del obispo de San Cristóbal de la Casas, Samuel Ruiz García, pues estas acciones ahondan la división entre la sociedad chiapaneca y dificulta el avance en el proceso de paz. 28. Elementos de seguridad pública estatal, presuntamente acompañados por guardias blancas del municipio de Venustiano Carranza, dieron muerte a dios miembros de la Coordinadora Campesina de Lucha Popular (CCLP) e hirieron a otros cuatro más, cuando éstos intentaban recuperar tres predios que por un decreto presidencial de 1985 les fueron otorgados. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó que fueron liberados los cinco observadores internacionales “detenidos” en el municipio de Tumbalá por indígenas del lugar. Los observadores permanecieron toda la noche en la presidencia municipal debido a que los campesinos presuntamente priístas se negaban a liberarlos. La Comisión Nacional de Intermediación (Conai) afirmó que el proceso de diálogo entre el gobierno federal y el EZLN “no está estancado”, a pesar de que existen “serias dificultades” de intercomunicación entre los miembros de la dirigencia zapatista que “retrasan los tiempos” de las negociaciones. El organismo que encabeza el obispo Samuel Ruiz sostuvo que el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN está estudiando una propuesta para remitirla a la Secretaría de Gobernación a través de la Conai, sobre el documento Bases para el diálogo y la negociación en torno de lugares para un eventual encuentro directo. El secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, habría dicho a empresarios chiapanecos, el pasado 15 de febrero, que el gobierno mexicano intervendría ante la Santa Sede para que ésta promueva la remoción del obispo Samuel Ruiz. Se aclaró que dicha acción se realizaría una vez que se superen las dificultades en Chiapas, toda vez que el clérigo juega en la actualidad un papel fundamental en el proceso de pacificación. Un día después, los representantes de la cúpula empresarial de Chiapas se reunieron con el nuncio apostólico, Girolamo Prigione, para plantearle la necesidad de que el obispo Ruiz sea “sacado de la entidad”. Sobre el particular, comentaron que el representante del Vaticano les confió que “lo iba a ver, porque supuestamente sí había unanimidad en cuando a pedirle su salida porque estaba degenerando un tanto su labor pastoral”. Un autobús de la Caravana Internacional por la Paz fue asaltado por un grupo de 10 individuos que dispararon frontalmente al vehículo que transportaba a unos 48 integrantes, quienes fueron despojados de alrededor de 10 mil nuevos pesos. Los hechos ocurrieron en la carretea de Ocosingo. Los representantes de la Caravana, Diego García, coordinador de transporte; Nuria Fernández, coordinadora de enlace nacional y Tom Hansen, director de Pastores por la Paz, consideraron que la agresión constituye “un atentado terrorista que tuvo como finalidad intimidar a los miembros de la sociedad civil que se dirigen a la zona de conflicto con 180 toneladas de acopio de alimentos, medicinas, cobijas y ropa para su distribución entre las comunidades indígenas. 29. Perredistas y miembros del Frente Cívico Tonalteco (FCT) que ocuparon la presidencia de Tonalá en demanda del desafuero del edil, Noé Vázquez Martínez por presuntos actos de corrupción, fueron desalojados violentamente por unos 300 pescadores armados con pistolas, palos, machetes y piedras. Chiapas vive la crisis más fuerte de su historia moderna, comparable “tal vez” con la insurrección de 1868 o a la guerra civil de 1914-1924, reconoció el secretario de Gobierno, Eraclio Zepeda, quien subrayó que en las actuales circunstancias el futuro del estado “no es el de la represión ni el de la persecución de las ideas diferentes a las de nosotros”. Eraclio Zepeda dijo que la estrategia política de su gobierno para lograr la paz en el estado se basa en “una paz con justicia y desarrollo”, sustentada en una reforma democrática integral y un nuevo pacto de justicia social. La Coalición de Organizaciones Ciudadanas de Chiapas exigió al gobierno federal que determine el estado de “excepción en la entidad y demandó derogar el incremento al IVA y las medidas económicas de la actual administración, las cuales afectan “doblemente” al estado. El obispo brasileño Pedro Casaldáliga hizo una severa crítica al modelo económico neoliberal “impuesto” a los países del Tercer Mundo. “El neoliberalismo es homicida y suicida porque cada vez son más los pobres que genera, cada vez hay menos posibilidades de servicios públicos y sólo se considera la deuda externa, mientras la interna crece”, afirmó. Según el prelado sudamericano, el neoliberalismo “está cometiendo dos crímenes: el primero es que cada vez hace más pobres y, el segundo, es que niega a la sociedad negando al Estado y las responsabilidades” de éste, con lo cual “acaba negando a la sociedad”. En una conferencia de prensa ofrecida en San Cristóbal de las Casas, Casaldáliga, uno de los máximos exponentes de la teología de la liberación en América Latina- se refirió al conflicto armado en Chiapas. Calificó a los zapatistas como un movimiento “bastante revolucionario; un paradigma; la mejor demostración de democracia que he vivido”. Es, remarcó, una “revolución democrática”. Elogió a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) -que encabeza Samuel Ruiz García- a la cual consideró como un “fenómeno original en el mundo, que nace espontánea de la sociedad civil y es reconocida oficialmente como indispensable para el diálogo”. Indígenas choles de la agrupación Pakal Norte y afiliados ala Central Campesina Cardenista bloquearon la carretera en el tramo Palenque-Ocosingo, para presionar la compra de 620 hectáreas del predio Agua Clara, valuado en 4 millones 259 mil nuevos pesos. 30. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) propuso al gobierno cuatro posibles sedes para un primer encuentro, todas en el Distrito Federal: la Catedral metropolitana, la Basílica de Guadalupe, la Ciudad Universitaria y la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, propuso la agenda para el diálogo, que constaría de cinco puntos o “cinco grandes temas” basados en el “Protocolo base para el diálogo y la negociación de acuerdo de paz con dignidad y justicia”. Entre estos puntos destacan los que se refieren a pactar una tregua “estable y duradera” y a la participación política y social del EZLN y de sus miembros. La Secretaría de Gobernación consideró que la propuesta de reiniciar el diálogo que hizo el EZLN contiene algunos planteamientos “atendibles” y otros “inviables”, por lo cual contrapuso agilizar, a través de la Conai las consultas para convenir de común acuerdo la agenda, las bases definitivas y los calendarios para desarrollar las negociaciones. El hecho de que el Ejército Mexicano impidiera la realización del Diálogo de la Sociedad en Aguascalientes y tuviera que hacerse en este poblado, demuestra que “no hay condiciones ni físicas ni políticas para el diálogo entre el EZLN y el gobierno federal”, advirtieron dirigentes de organizaciones indígenas. Coincidieron también en señalar que en caso de que el diálogo EZLN-gobierno federal se diera en las actuales condiciones, éstas serían “muy difíciles para los zapatistas”. Plantearon que el hecho de que el Ejército Mexicano esté ocupando una población como Guadalupe Tepeyac, “revela que el gobierno está empleando un doble discurso: el de su disposición al diálogo que maneja en los medios de difusión y el de los hechos, que contradice a las palabras”. Indígenas evangélicos y católicos tradicionalistas de San Juan Chamula se enfrentaron a balazos con un saldo de dos personas heridas. Por “orden presidencial”, el Ejército Mexicano impidió que unos 400 integrantes de la Convención Nacional Democrática (CND) -entre ellos dos diputados federales-, de la sociedad civil y de la Caravana internacional por la paz para todos todo, realizaran una reunión en Aguascalientes donde el EZLN convocó en agosto pasado a un acto masivo para dar paso a la vía política. A pesar de las dificultades, los integrantes de la sociedad civil montaron la asamblea general en el ejido Guadalupe Tepeyac, entre sobrevuelos de helicópteros militares y la permanencia a escasos metros de tropas del ejército. Ahí, el subcomandante Marcos, a nombre el EZLN, les envió un comunicado de bienvenida y el que lanzó una propuesta de “protocolo complementario” para ser incorporado a lo que denominan “convenio social universal”, que considera 11 puntos en los que demanda que la razón gane siempre a la fuerza, un futuro seguro, educación, salud, tierra, techo y trabajo para todos los mexicanos. Rosario Ibarra y Octavio Rodríguez Araujo afirmaron que la actitud mostrada por los militares “demuestra que no hay condiciones ni garantías para el diálogo, porque no existe una actitud de flexibilidad por parte del gobierno”. Tampoco hay, aseguraron, condiciones para los indígenas que huyeron a la montaña retornen a sus comunidades. En un mensaje enviado a quienes participan en Aguascalientes, el ex candidato del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas, señaló que el diálogo entre el gobierno y el EZLN será un proceso lleno de “complicaciones”, donde tocará a todos dejar las acechanzas de quienes desean el fracaso de las negociaciones para desatar la violencia. Opiniones encontradas provocó entre la jerarquía católica la propuesta del EZLN de que el diálogo de paz con el gobierno pudiera reanudarse en recintos religiosos, como la Basílica de Guadalupe o la Catedral Metropolitana de la ciudad de México. El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano y obispo auxiliar de Guadalajara, Ramón Godínez, consideró “inviable” la propuesta por el grupo zapatista, porque esos recintos son para la oración y no para abordar asuntos políticos. El obispo emérito de Papantla, Genaro Alamilla Arteaga, se expresó en favor del ansiado diálogo entre el EZLN y el gobierno en cualquiera de estos lugares, y así iniciar la construcción de la paz justa y digan que se demanda. De manera terminante, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pide al gobierno de Chiapas sancionar penalmente a los agentes de Seguridad Pública estatal que, apoyados por grupos de guardias blancas, la tarde del 4 de febrero de 1995 desalojaron de manera violenta a los indígenas que ocupaban unos predios en el paraje Callejón Loma Larga, del poblado Nuevo Zinacantán, municipio de Chiapa de Corzo. Como “audaz”, “altamente positiva” y como “el principio” para alcanzar la reforma del estado, fue considerada por los integrantes de la Comisión de Concordia y Paz (Cocopa), la respuesta del EZLN a la propuesta gubernamental de diálogo. 31. El Ejército Mexicano actuó “conforme a la ley” y “no atentó” en contra del libre tránsito o la libertad de expresión en el incidente que ocurrió en Aguascalientes, municipio de Guadalupe Tepeyac. Fuentes cercanas al proceso judicial que inició la Procuraduría General de la República en torno a dos denuncias presentadas por la Convención Nacional Democrática en contra de los militares -a quienes acusan de haber impedido el ingreso a Aguascalientes- señalaron lo anterior y agregaron que la tropa “cumple cabalmente” con el decreto presidencial que ordenó la salida del Ejército de las comunidades de la zona de conflicto. El gobierno ha provocado “una guerra civil” en las comunidades de la zona de conflicto a las que regresaron -detrás del Ejército Mexicano los desplazados que huyeron el año pasado, se informó durante la asamblea general de las regiones autónomas de Chiapas, que se realiza en San Cristóbal de las Casas. En el acto, al que asisten 18 diputados del llamado “Parlamento Indígena” y que representan a cinco regiones autónomas pluriétnicas -entre quienes hay sólo dos mujeres-, se indicó que los “priístas que se habían refugiado en Ocosingo y ahora retornaron, asesorados por los ejércitos, están golpeando, quitándoles sus cosas y acusando de zapatistas a las familias que aguantándose el miedo se habían quedado en las comunidades”. Esto ocurre también en la zona de Maravilla Tenejapa, de la cual salió la mayoría de la población desplazada a Comitán. Seis campesinos de la comunidad de Miguel Alemán, municipio de Suchiate, fueron liberados luego que permanecieran por más de dos meses recluidos en el penal de esta ciudad por problemas agrarios. En el eventual reinicio del diálogo entre el gobierno mexicano y el EZLN no tienen que perderse de vista los problemas fundamentales que se deben resolver, como la marginación de los indígenas y la cuestión agraria, pero sobre todo es necesario facilitar las condiciones para ese encuentro, afirmó el viceprovincial de la Compañía de Jesús, Pedro Arriaga. En los cuatro principales noticiarios de la televisión mexicana: 24 Horas, de Televisa; Hechos, de Televisión Azteca; Para Usted, de Multivisión; y Enlace de Canal 11, el conflicto de Chiapas fue relegado a un tercer plano, muy por abajo de las coberturas que se dieron a la situación económica y las investigaciones sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, señala la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) en el informe de su monitoreo televisivo, efectuado del 20 al 24 de marzo. El desinterés por el conflicto chiapaneco “se explica por los nuevos acontecimientos en materia económica y por la conmemoración del primer aniversario de la muerte de Luis Donaldo Colosio”, reconoce la Academia, pero “también es cierto que los medios analizados no tuvieron interés en transmitir notas informativas acerca del conflicto de Chiapas”. Según el informe, el auditorio de estos noticiarios no recibió información alguna en torno a la situación prevaleciente en la zona de conflicto de la Selva Lacandona y los Altos de Chiapas. Sectores y organizaciones del estado, entre ellos los “auténticos coletos”, propusieron que sea nuevamente San Cristóbal de las Casas la sede del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal. No obstante, Amado Avendaño, en representación del gobierno de transición chiapaneco, advirtió sobre la “contradicción” gubernamental que por un lado anuncia con “engaños” el supuesto retiro de las tropas militares y por el otro “no acepta que el diálogo por la paz y la reconciliación sea de cara a la nación en el Distrito Federal”. La Comisión de Concordia y Pacificación expresa: 1) su reconocimiento y beneplácito por el comunicado del CCRI-CG del EZLN en el que fundamentalmente reitera su disposición a reanudar el diálogo directo entre las partes, preocupación que ha estado latente en el centro del interés nacional; 2) Nuestra satisfacción por la respuesta que a este comunicado ha merecido la reacción de la Secretaría de Gobernación, al expresar que una gran parte de los planteamientos del EZLN son “atendibles”, lo que hace suponer su reiterada disposición a discutir todo aquello que sea motivo de diferencias; 3) Reiteramos a cada uno de los miembros de la Comisión Nacional de Intermediación nuestra disposición a contribuir en la búsqueda del anhelo común que nos une: la paz digna con justicia en Chiapas. Samuel Ruiz García es el “único obispo entregado” a las comunidades indígenas, consideró la guatemalteca Rigoberta Menchú Tum, y propuso que al reiniciarse las negociaciones de paz en Chiapas se tomen en cuenta no solo las opiniones de los afectados, sino también las de la sociedad civil en su conjunto, porque ésta “tiene derecho” a ser consultada. El Espacio Civil por la Paz (Espaz) apoya la disposición de diálogo manifestada por el EZLN en su comunicado publicado. El Espaz está dispuesto a hacer un nuevo Cinturón de Paz que contribuya a posibilitar el diálogo en la Ciudad de México. “Estamos claros que por la presencia del Ejército Mexicano en la Selva Lacandona y en todo el territorio chiapaneco hoy se hace totalmente imposible realizar un primer encuentro entre el Gobierno Mexicano y el EZLN”. En la ciudad de México y en sus alrededores han dialogado en los últimos años el FMLN y el Gobierno Salvadoreño, la URGN y el Gobierno Guatemalteco, el M-19 y el Gobierno Colombiano. Esta oportunidad que el pueblo mexicano ha dado a otros pueblos latinoamericanos, no puede ser negada al EZLN, conformado por mexicanos ABRIL 1. La falta absoluta de respuesta del gobierno federal a las demandas y planteamientos que llevó la marcha-caravana de Chiapas a la ciudad de México, es lo que demuestra que su voluntad de diálogo para lograr una tregua en ese estado son solo palabras, coincidieron en señalar Antonio Hernández, líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) en San Cristóbal de las Casas y Juan Vázquez López, dirigente de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Orcao). Ambos diputados del Parlamento Indígena, que participan en la Asamblea de las Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP), consideraron que el gobierno sólo pretende que deje las armas el EZLN pero no resolver los problemas de fondo. El traslado de siete presuntos zapatistas al penal de lata seguridad de Almoloya de Juárez, constituye “la primera violación por parte del gobierno a la Ley para el diálogo, la Conciliación y la Paz Justa en Chiapas, así como una provocación inducida por los sectores duros del PRI y del PAN para ponerle obstáculos a la realización del diálogo entre el EZLN y el gobierno federal. Así lo consideró el diputado perredista Juan Guerra, integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación para Chiapas. Las siete personas acusadas de tener vínculos con el EZLN y detenidas en Yanga, Veracruz, fueron torturadas física y psicológicamente por los agentes judiciales federales que llevaron a cabo la acción, lo cual fue encubierto por médicos legistas y el Ministerio Público, señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación que envió al gobierno del estado de Veracruz y a la Procuraduría General de la República (PGR). En el interior de la casa Tenayuca 30, en la colonia Narvarte, hogar de Javier Elorriaga y María Gloria Benavides, la duela de los pisos está arrancada. En un rincón, en el corralito de Vicente, el bebé amontona una revoltura de ropa, papeles, libros y juguetes. Su cuna y toda su ropita ha desaparecido. En el estudio de la planta baja se esfumaron las computadoras del matrimonio, ella presa en el Reclusorio Norte y él en Cerro Hueco de Tuxtla Gutiérrez, acusados de ser “comandantes” del EZLN. Desde el 8 de febrero, cuando Gloria Benavides fue detenida en ese domicilio para ser procesada por “terrorismo y posesión de armas”, la casa Tenayuca 30 permaneció ilegalmente en posesión de elementos anónimos e alguna corporación policiaca. Apareció muerto el ganadero Jorge Aleu, quien ayudaba en sus diligencias a los campesinos priístas del predio Lote 8 y, un grupo de 40 indígenas perredistas se manifestó en la plaza principal para responsabilizar al gremio ganadero de la matanza de Inte Ocho. El 14 de marzo, en el Lote 8 hubo un enfrentamiento entre priístas y perredistas, en el cual murieron cuatro militantes del PRD, y el resto de la población -afiliada a este partido- tuvo que huir al ser amenazados de muerte por miembros del PRI, según reporta un boletín del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Soconusco, Martín Hernández Gutiérrez, levantó la huelga de hambre que sostenía desde hace 18 días, tras la liberación de 12 campesinos del grupo Altamira, del municipio de Huixtla, que permanecían recluidos en el penal de Tapachula por conflictos agrarios. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDH-FFV) sondea que la respuesta de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) al EZLN, sugiriendo que las pláticas entre el gobierno federal y los zapatistas se lleven a cabo en poblaciones chiapanecas, es interpretado por observadores nacionales y extranjeros como una decisión de mantener el caso Chiapas en la marginalidad. “El discurso gubernamental parece ser sumamente frágil”, ya que la detención de observadores internacionales en Tumbalá y el tiroteo de que fueron objeto los miembros de la Caravana por la Paz que llevaban alimentos a las comunidades indígenas, “cuestionan seriamente las pretendidas condiciones de diálogo que han servido para presionar a los zapatistas a partir de la aprobación de la Ley para la Pacificación y la Concordia”. 2 . En México se está dando “un nuevo modelo de persecución a los pueblos indios porque ya se dieron cuenta de que existimos, nos estamos organizando y porque históricamente nos tienen miedo, y como ahora suenan mucho los indios, están preocupados”, planteó Margarito Ruiz, del Frente Independiente de Pueblos Indios (FIPI), durante la reunión de la Comisión Coordinadora de la Convención Nacional Indígena (CNI). Al acto asiste una treintena de delegados de organizaciones indígenas de Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Hidalgo y Chiapas, y observadores indígenas de la nación tehua, de Nuevo México, Estados Unidos, así como la Convención Democrática por la Paz en Yucatán. La Secretaría de Gobernación aceptó el planteamiento de la Cocopa para que el encuentro entre el EZLN y el gobierno se desarrolle “en cualquiera” de las seis poblaciones chiapanecas señaladas por la Cocopa, lo cual se interpreta como un rechazo tácito a la propuesta del EZLN para que el escenario del diálogo fuera el Distrito Federal. La propuesta de la Comisión estaba elaborada desde el 25 de marzo, sin embargo se mantuvo en secreto hasta un día después de que se conoció la de la guerrilla chiapaneca, cuyo comunicado está fechado el 24 de marzo. En términos formales nunca se conoció una respuesta puntual de la Secretaría de Gobernación hacia el EZLN, en torno al lugar del encuentro. Con más de 5 mil efectivos destacados, según versiones extra-oficiales del mando castrense, o por lo menos 10 mil, de acuerdo con estimaciones zapatistas, la Cañada Patihuitz constituye la zona de mayor militarización en la selva. Aquí, en esta cañada tzeltal, hay actualmente un soldado federal por cada cuatro habitantes, en la estimación más baja, o uno por cada dos pobladores en el cálculo más elevado. Ni en términos estadísticos y mucho menos reales se tuvo noticia de la presencia de un solo médico civil, salvo de la Cruz Roja Internacional establecida en el poblado de San Miguel. En toda la zona únicamente se supo de la existencia de cuatro maestros, de ningún economista, cero ingenieros, cero abogados, ceso sociólogos. Los principios del derecho internacional en torno a conflictos bélicos “deben ser considerados por las partes participantes del diálogo que está por iniciarse entre el gobierno federal y el EZLN” apunta el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FMPDH) en un documento dirigido a la Presidencia de la República, al EZLN, a la Conai y a la Cocopa. Dice en el contexto de las pláticas habrá que considerar como actos criminales “todas las formas de represión y los tratos crueles e inhumanos contra mujeres y niños, incluidos la reclusión, tortura, ejecuciones, detenciones en masa, castigos colectivos, destrucción de viviendas y desalojo forzoso”. El gobierno estatal inició “el recorte” de aproximadamente el 30% de su personal, el cual incluye la renuncia por escrito de todos los funcionarios locales. El secretario de Gobierno, Eraclio Zepeda, presentó la declinación a su cargo, como lo hicieron también los secretarios de gobierno, directores de unidades administrativas y personal de confianza. La misión ecuménica de Europa y -Estados Unidos, que durante una semana visitó Chiapas, afirmó que la solución al conflicto en esta entidad “no debe buscarse más por las armas” ni por una pacificación con medidas “represivas, sino por un proceso de diálogo y negociación”, que incluya a