CRONOLOGÍA 1995
de Enero a Febrero

ENERO 2. El gobierno del presidente Ernesto Zedillo reiteró que no emprenderá en Chiapas ninguna iniciativa que implique el uso de la fuerza y propuso un “diálogo directo” con el EZLN a la brevedad posible, después de conocer el contenido de la Tercera Declaración de la Selva Lacandona, cuyos juicios dijo no compartir. Reafirmó el compromiso del gobierno con la paz e insistió en que el diálogo para la reconciliación es el camino que la mayoría de los mexicanos desean. Instó a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) para alcanzar un diálogo directo con el grupo rebelde lo más pronto posible. El primer congreso del Comité de Defensa del Pueblo (Codep) ratificó que es una organización pacífica que lucha por la transformación del país mediante todas las formas, y reconoció el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) como el único ejército mexicano, “ya que el otro es de la gente en el poder”. Participaron delegados de las etnias mixteca, triqui, amuzga, tacoate y nahua de los distritos judiciales de Tlaxiaco, Putla de Guerrero, Nochixtlán y Juxtlahuaca del estado de Oaxaca. Dirigentes ganaderos, cafeticultores y pequeños propietarios, señalaron que “la principal causa” de que en Chiapas exista el mayor rezago agrario del país es debido a la “enorme corrupción e ineficiencia” que ha prevalecido en la Secretaría de la Reforma Agraria. El nuncio apostólico Girolamo Prigione señaló en la Basílica que “sin justicia es imposible garantizar una paz auténtica y verdadera”, y agregó que en Chiapas el diálogo se restablecerá con prudencia y con buena voluntad de las partes. A través de un “parte de guerra”, el subcomandante Marcos denunció que el Ejército Mexicano utiliza “perros de caza” para aprehender a zapatistas en el municipio de San Andrés Larráinzar. En una carta dirigida al obispo Samuel Ruiz, habitantes de este municipio declarado rebelde pidieron el retiro de las fuerzas militares ante el “temor” que provoca su presencia en todas las comunidades vigiladas por tierra y aire. Alrededor de 3 mil hombres y mujeres reunidos en el Ángel de la Independencia ofrecieron un minuto de aplausos a “los caídos” el primero de enero de 1994 en el sureste mexicano y declararon este día como el “día de la dignidad nacional”. Integrantes de la Convención Nacional Democrática (CND) recordaron con un mitin-marcha que hace un año el EZLN dijo “¡ya basta!” y marco el inicio de un “proyecto libertario”. Tomaron la esquina de Insurgentes y Reforma y, frente al monumento al último emperador azteca, depositaron claveles rojos y blancos en ofrenda a los muertos en Chiapas. 3. Casi el 80% de las 565 invasiones de tierras que hay en el estado se han hecho en predios que tienen una extensión menor a las 100 hectáreas, por lo que sus propietarios están en aparente posesión legítima, señaló el gobernador de la entidad, Eduardo Robledo. “En cuestión de la tierra se repartirá lo que es susceptible de ser repartido, pero se habrá de respetar lo respetable. Tendremos que encontrar una fórmula para llegar a un acuerdo satisfactorio para todos en este terreno”. 4. El obispo Samuel Ruiz levantó su ayuno en favor de la paz iniciado el 19 de diciembre, al considerar que se aleja la dinámica de la guerra y hay signos alentadores para alcanzar una tregua más amplia ante los ejércitos Zapatista de Liberación Nacional y el Mexicano. Advirtió: que hay una presencia desproporcionada del ejército en Chiapas. Alguien dijo: Chiapas es un cuartel, hay un soldado por cada 25 habitantes. Solicitó el regreso del Ejército Mexicano de los puntos en que avanzaron la última semana de diciembre. 5 . Unas 50 personas, integrantes de la Convención Nacional Democrática y de otros organismos civiles de Chihuahua e Hidalgo, iniciaron un ayuno para demandar paz con justicia en Chiapas y protestar por la política económica del gobierno federal. El dirigente de la Unión Regional de Propietarios Rurales, Alfredo Cerdio, aseguró que los parvifundistas no están dispuestos a vender un centímetro de tierras para satisfacer demandas agrarias. Rechazó asimismo que en la zona del Soconusco existan latifundios abiertos o simulados que pudieran ser afectados para entregarlos a los grupos solicitantes de tierras de los diversos municipios de esta zona. En tanto, el Consejo Regional de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Soconusco (CROICS) reveló que más de 50 mil hectáreas dedicadas al cultivo de plátano, café y crianza de ganado se encuentran en poder de “terratenientes, la mayoría de ellos de ascendencia extranjera, que explotan a los campesinos amparados por la Secretaría de la Reforma Agraria”. 6. Durante 1994, a causa del conflicto armado, la inseguridad y la anarquía se vieron obligados a cerrar 2,990 negocios en todo el estado, con el que quedaron desempleados 8,400 trabajadores, informó el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Chiapas, Óscar A. Zebadúa. Además, dijo que la cartera vencida del comercio asciende a 322 millones de nuevos pesos y se han dejado de invertir otros 280 millones. En la plaza central del ayuntamiento de Amatenango del Valle, más de 200 tzeltales atestiguaron la toma de posesión de Andrés López, uno de los dirigentes del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas en la localidad, como nuevo “presidente” del concejo municipal. Lo acompañó el “gobernador en rebeldía”, Amado Avendaño, quien anunció que Amatenango es el primero de varios ayuntamientos que renovarán autoridades dentro del territorio considerado en rebeldía. Miembros de la Convención Nacional Democrática (CND) en Jalisco suspendieron el ayuno que mantenían en apoyo a las acciones por la paz en Chiapas. En Hidalgo, miembros de la Alianza Ciudadana Hidalguense iniciaron un ayuno de 36 horas en Ixmiquilpan, en demanda del restablecimiento de la paz en Chiapas y el retiro inmediato del Ejército Mexicano de la zona de conflicto. Los ayunantes se sumaron a miembros de la CND que iniciaron una acción similar en Pachuca. 7. El obispo Samuel Ruiz aseguró que la crisis nacional, la militarización chiapaneca y la violación de garantías en algunas comunidades por miembros del Ejército Mexicano no presenta actualmente las condiciones necesarias para llegar a un diálogo consistente entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal. Hizo un llamado nacional para que todas las organizaciones unan sus esfuerzos para “conjurar” el fantasma de la guerra que se manifiesta en un “desajuste” entre los movimientos militares y los compromisos anunciados por la Secretaría de Gobernación de que el Ejército Mexicano permanecería en sus posiciones. A un año de la agresión que sufrió la población del Ejido Morelia del municipio de Altamirano, por el Ejército Mexicano, se conoció la denuncia de diversos organismos de defensa de los derechos humanos nacionales y extranjeros que hicieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que el gobierno mexicano se ajuste a los mandatos convenidos por los propios gobiernos de la región y responda por los hechos del 7 de enero de 1994. El gobernador, Eduardo Robledo pidió al EZLN “poner por delante” las legítimas causas sociales que originaron su lucha y prolongar la tregua, a fin de crear las condiciones necesarias para iniciar un diálogo “directo”, lo más pronto posible. El vencerse el plazo fijado por el EZLN para la vigencia del “cese de toda operación militar”, ordenó prorrogar la tregua hasta el 12 de enero, al tiempo que demandó muestras reales para establecer una “tregua estable, más allá de las declaraciones. Señala que durante la tregua pasada “las fuerzas gubernamentales no han cumplido con la orden de no realizar avances de sus posiciones. El poder Ejecutivo declaró haber recibido con beneplácito la decisión del EZLN de prolongar la tregua hasta el 12 de enero y, en consecuencia ordenó al Ejército Mexicano replegarse del municipio Sabanilla, dispuso la cancelación de los vuelos de helicópteros militares en misiones de abastecimiento y solicitó la presencia de la Comisión de Derechos Humanos para salvaguardar las garantías individuales de toda la población. Militantes de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Soconusco (COCES) ocuparon la alcaldía de Tapachula, para exigir la renuncia del gobernador Eduardo Robledo Rincón. Fueron desalojados por elementos de Seguridad Pública Municipal, lo que propició enfrentamientos y el incendio parcial del edificio municipal. 8. Los ayunantes del Ángel de la Independencia levantaron su huelga de hambre al considerar que “hay señales firmes” de que pronto habrá diálogo en Chiapas. Acordaron seguir luchando por una paz con justicia social, dieron a conocer la Segunda Declaración del Ángel, según la cual su movimiento “se sumó a otros esfuerzos civiles para lograr parar, así sea temporalmente, el peligro de la guerra, el reconocimiento de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai) y el establecimiento de una tregua temporal”. La Comisión Nacional de Intermediación (Conai) reconoció que en la declaración de la Comisión Legislativa para el Diálogo y la Conciliación existen “propuestas adecuadas y viables”, y sostuvo que la prórroga a la tregua decretada por el EZLN y la respuesta gubernamental de replegar tropas en Sabanilla constituyen importantes “señales de distensión”. Al concluir la primera fase de sus trabajos de observación, los integrantes del Grupo Plural por la Paz en Chiapas sostuvieron que las condiciones para el diálogo no están dadas mientras el Ejército “continúe hostigando a la población civil mediante careos, interrogatorios y detenciones bajo supuestas obras de servicio social”. Señalaron que la presencia del Ejército Mexicano en diversas zonas de la entidad viola disposiciones constitucionales. 9. Las condiciones para la tregua estable y la posibilidad de reiniciar el diálogo entre el gobierno federal y el EZLN aún no se han concretado, sostuvo el obispo Samuel Ruiz, quien agregó que ello requerirá reducir sensiblemente la presencia militar en la entidad. Militantes perredistas ocuparon la alcaldía de Tuzantán -tercera en esta región en lo que va del mes- para demandar el desafuero del edil Javier Nazar y sustituirlo por un concejo popular democrático, y la renuncia del gobernador Eduardo Robledo. 10. Decenas de perredistas fueron desalojados por agentes de Seguridad Pública Estatal. Se inició un plantón ante el edificio del ayuntamiento en demanda de la renuncia del gobernador Eduardo Robledo y del edil Javier Nazar Sánchez. Alrededor de 300 personas ocuparon la presidencia municipal de Chiapa de Corzo en demanda de la destitución del edil priísta Tiburcio Ruiz, a quien acusan de malversación de fondos e ineficiencia. PAN, PRD y PT apoyan la exigencias de que se remueva al edil. Más allá del diálogo entre el gobierno federal y el EZLN, la “reconciliación” en el estado implicará reconstruir las relaciones sociales a nivel comunitario y municipal, aseveró el gobernador del estado, Eduardo Robledo. “Con la forma de los acuerdos de paz no concluye el problema de enconos sociales tan profundos”. 11. El general de división diplomado de Estado Mayor, Mario Renán, sustituirá a Miguel Ángel Godínez al mando de la sexta región militar con sede en Tuxtla Gutiérrez. La Comisión Nacional de Intermediación (Conai) afirmó que los hechos violentos ocurridos durante los últimos días en el estado han creado una atmósfera poco propicia para poder avanzar en los procesos que eviten la guerra y conduzcan al entendimiento entre las partes para lograr una tregua estable”. Unos 2 mil integrantes del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC) bloquearon la carretera Panamericana, como parte de las acciones de “insurgencia civil” para “exigir la desmilitarización del estado, la renuncia del usurpador, Eduardo Robledo y el reconocimiento al gobierno de transición en rebeldía y del concejo municipal de Amatenango del Valle”. Las propuestas en contra de la “imposición” de Eduardo Robledo dejaron un saldo de siete muertos, varios heridos y por lo menos 50 detenidos en el municipio de Chicomuselo, luego de dos enfrentamientos a balazos entre policías municipales, ganaderos y guardias blancas contra simpatizantes del perredista Amado Avendaño que buscaban posesionarse de la alcaldía. Mientras tanto, en los municipios de Siltepec y Mazapa de Madero, militantes del PRD sí lograron ocupar las sedes municipales para exigir la renuncia de Robledo, con lo que se eleva a nueve el número de alcaldías que durante los últimos diez días han “tomado” campesinos y simpatizantes perredistas. 12. El procurador de Justicia del estado, Jorge Fernández, solicitó al gobierno federal apoyo militar y que acepte como problema de seguridad nacional la situación se que vive en el estado, ya que, advirtió, está al borde de la “guerra civil”. Reconoció que la dependencia a su cargo pierde capacidad para controlar los actos “desestabilizadores” del PRD y de otras organizaciones sociales para que se reconozca a Amado Avendaño como gobernador de transición. El procurador de Justicia se dirigió a los periodistas para decirles que ellos han convertido a la región “en la Chechenia chiapaneca”. Ante el vencimiento de la segunda tregua temporal, el Consejo del “gobierno de transición en rebeldía” consideró que los desalojos violentos sólo demuestran la “mano dura” con la que se trata de cubrir la “ingobernabilidad” manifiesta desde hace un mes tras la toma de posesión del cargo de gobernador de Eduardo Robledo. El secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, advirtió al “gobernador en rebeldía”, Amado Avendaño, que “no es permisible que por motivo alguno se exponga a la población y se propicien enfrentamientos entre los diversos grupos chiapanecos que tienen disputas” por las alcaldías. Amado Avendaño pidió en sus entrevistas con Moctezuma que “el tercer ejército”, el de las guardias blancas deje de hacer “una guerra sucia” en la entidad. Reiteró que “no habrá paz mientras el Ejército no esté en los cuarteles” y responsabilizó de los sucesos de Chicomuselo a quienes dispararon contra “nuestros compañeros, quienes solo tenían palos y piedras y resultaron muertos por balas”. Insistió en “un poco más de voluntad política para retirar al ejército mexicano “que cada día avanza”, renunciar a Eduardo Robledo y aceptar la “instauración de un gobierno de transición”. “Aquellos que tengan ideas anarquistas, ¡que se mueran! El comunismo ya no existe”, sentenció el orador durante un concurrido mitin convocado por el Frente Cívico Simojovelense (FSC) en favor de la presencia del Ejército Mexicano en Simojovel. Los oradores ya habían arremetido contra Amado Avendaño, contra los curas guerrilleros, contra el ex gobernador “zapatista” Javier López, y en sus arengas habían llegado a ofertar un predio para la construcción de un cuartel. El Ejército Mexicano efectúa una “ocupación silenciosa” de Chiapas, “disfrazando a la Sedena de Sedeso”, informó el Grupo Plural de Observación por la Paz en Chiapas. Las violaciones a los derechos humanos en el estado han tenido “un preocupante y progresivo” aumento en los últimos 8 meses. La modalidad es que en los abusos y maltratos a la población indígena y campesina ha participado guardias blancas, grupos armados contratados por sectores afiliados al PRI estatal y ganaderos de la región, aseguró Amnistía Internacional (AI). 13. El comité estatal del PRD “acordó establecer una tregua a la resistencia civil” que se había expresado en las tomas de presidencias municipales, a fin de allanar las condiciones para que sea posible el diálogo entre el gobierno federal y el EZLN. En su primer informe sobre las gestiones en la entidad, el secretario de la Reforma Agraria, Miguel Limón, dijo que en las dos últimas semanas han sido entregadas 1,291 hectáreas y están en proceso de escrituración 4,285 hectáreas más que se entregarán en los próximos 30 días a 294 familias. Sin embargo, advirtió que, “no pensamos que la compra de tierra, ni siquiera la distribución de la misma sea la completa solución al problema de Chiapas. La tierra tiene un límite pero esperamos que los avances en el rubro agrario influyen en la resolución del tema político global del estado que rebasa el aspecto agrario”. Más de 50 personas de Tepic, Nay., se unieron al ayuno que realizan los 49 sacerdotes de la Zona Pastoral en el atrio de la catedral. La Coalición de Derechos Humanos para las Etnias de Chiapas hizo un llamado al presidente Ernesto Zedillo a “atacar a fondo los problemas sociales que dieron origen al surgimiento del EZLN, pues de lo contrario no habrá paz en el estado, y lo instó a “analizar los tres puntos señalados por el EZLN para iniciar el diálogo”: resolución de los conflictos poselectorales en Chiapas, Tabasco y Veracruz; renuncia de Eduardo Robledo y reconocimiento de Amado Avendaño como gobernador; reconocimiento de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), de los cuáles sólo éste último se ha cumplido. 14. El Congreso del estado acordó la desaparición de poderes del ayuntamiento de Cacahaotán -que encabeza un priísta- y resolvió establecer un concejo popular democrático -presidido por un perredista- que funcionará hasta el 31 de diciembre de 1995. El acuerdo se logró a ocho días de que militantes del PRD tomaran la alcaldía y luego de negociaciones de una comisión de legisladores con la subsecretaría de Gobierno estatal. En tanto que los simpatizantes de la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco virtualmente desocuparon todas las alcaldías que habían tomado, el gobierno del estado sostuvo que se han realizado “intensas negociaciones” en las localidades donde hay inconformidad con las autoridades municipales, con el fin de integrar nuevos concejos municipales. 15. Por medio de un comunicado dirigido al gobernador del estado de Oaxaca, Diodoro Carrasco, se da a conocer la creación del Ejército Clandestino Indígena de Liberación Nacional (FCILN). La directiva del PRD de Tapachula, rompió pláticas con el gobierno estatal ante “la falta de capacidad y voluntad política”, para resolver el conflicto político de este municipio y para atender a su demanda: desaparición de los poderes municipales y conformación de un concejo plural democrático. 16. Representantes del gobierno federal y del EZLN tuvieron una reunión “en un lugar de la Selva Lacandona”, a la cual asistieron el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma y el subcomandante Marcos, así como el obispo Samuel Ruiz, quien encabezó la delegación de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). El EZLN reiteró su compromiso de “hacer un esfuerzo serio en la búsqueda de una solución política, justa y digna a nuestras justas demandas”, y a “no realizar tratos, con el supremo gobierno a espaldas del pueblo de México”. 17. Representantes de la Coordinación de los Desplazados de la zona de Conflicto, que agrupa a aproximadamente 11 mil personas, demandaron el retiro del EZLN de sus comunidades y que el Ejército Mexicano apoye su regreso. El reinicio del diálogo entre el gobierno federal y del EZLN es “un triunfo de la razón y esperamos que sea el inicio de la recuperación del valor de la política por encima de la violencia para evitar que ésta sustituya a la política”, dijo el gobernador Eduardo Robledo. Durante los primeros 40 días de gobierno, dijo, “hemos demostrado que mi gobierno no es la guerra”. 18. El Ejército Mexicano se retiró de San Andrés Larráinzar y de la cabecera municipal de Simojovel -luego de permanecer en estas poblaciones los últimos 27 días-, en acatamiento de las instrucciones presidenciales, a fin de favorecer la distensión en el estado de Chiapas, y multiplicar los pasos que lleven a la paz. El Grupo Plural de Observación por la Paz en Chiapas, manifestó su satisfacción por el encuentro ante el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, y los representantes del EZLN. Demandaron que el gobierno encare de manera firme y enérgica, la existencia de los grupos civiles armados que actúan fuera de la ley y con la complicidad de la policía. Militantes de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Soconusco (COCES) bloquearon el puente internacional Rodolfo Robles, que comunica a México con los países del istmo centroamericano, como medida de presión para que desaparezcan los poderes en Chiapas. Como parte de los acuerdos tomados con el gobierno federal en su encuentro el pasado 15 de enero, el EZLN decretó un cese al fuego ofensivo, unilateral y por tiempo indefinido, con el propósito de no entorpecer la negociación de una tregua estable. Declaró que en la primera reunión, ambas partes acordaron iniciar, a partir de esa fecha, el camino para conseguir una tregua estable y un diálogo serio y verdadero. El destino es la paz digna, justa y verdadera. 21. El secretario general de Gobierno, Eraclio Zepeda afirmó que en este momento sería inconveniente quitar a los más de 200 policías de Seguridad Pública estatal que reemplazaron al Ejército Mexicano en la cabecera municipal de Simojovel, debido a que gran parte de la población de ese lugar ha solicitado su permanencia. 22. Tres organizaciones integrantes del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC) independiente, denunciaron que un grupo de civiles armados, encabezados por guardias blancas, siguen realizando rondines en las comunidades de Zacualapa y Lázaro Cárdenas, municipio de Chicomuselo. Los 300 parlamentarios indígenas eligieron con votación directa y abierta a su primer Concejo Ejecutivo Estatal, integrado por 24 personas que representan a 20 organizaciones de cinco regiones en la entidad. Para la elección, los autonomistas definieron los siguientes criterios: deberían quedar representadas las organizaciones indígenas, los 18 municipios presentes y las regiones autónomas. Indígenas del Concejo Supremo Mam mantienen retenidos en el ejido La Patria a 15 funcionarios de diversas dependencias del gobierno, en protesta por el incumplimiento de acuerdos agrarios. En tanto, miembros de la Unión Campesina Democrática (UCD) invadieron el rancho cafetalero La Patria. 23. El grupo de Observadores Universitarios por la Paz en Chiapas recomendó que al replegarse hacia nuevas posiciones, el Ejército Mexicano ponga en marcha un operativo para que no altere las condiciones de vida cotidiana en las poblaciones, como ocurre actualmente en el municipio de Bochil. 24. Una organización autodenominada Brigada Insurgente Generalísimo Morelos, que se define como una fuerza político-militar, hizo llegar al diario La Jornada, un comunicado en el que afirma poseer comandos en todo el país, tener como principio la defensa de las causas nobles del pueblo mexicano y estar integrada por hombres y mujeres nobles y patriotas. El Consejo Político Estatal de la Organización Proletario Emiliano Zapata (OPEZ) expulsó formalmente a tres de sus dirigentes, acusados de haber recibido dinero para legitimar al gobierno de Eduardo Robledo. El comandante de la 22 Zona Naval, Alfredo Alexandres, reconoció el incremento de tropas de infantería de Marina en la región fronteriza de Tapachula, pero aseguró que los operativos son para contrarrestar el tráfico de indocumentados, drogas y armas. 25. Militantes del PRD ocuparon la presidencia municipal para exigir la renuncia del gobernador Eduardo Robledo. 26. El obispo Samuel Ruiz afirmó que “o hay cambios profundos ahora o no subsiste el país ni el sistema político nacional”, y advirtió que “el camino de la militarización y de la fuerza armada no va a ser el camino de la paz”. A su vez, el obispo chileno, Alejandro Jiménez, sostuvo que el caso Chiapas representa una toma de conciencia “cada vez más poderosa, más fuerte y más temible, que si no se toma en cuenta, no se analiza y no se soluciona en su verdadera equidad, puede llevarnos a transformar a América Latina nuevamente en un volcán”. El problema en esta entidad repercutirá en los países pobres del continente, según la solución que el gobierno mexicano le dé al caso. Con la presencia del cardenal Adolfo Suárez Rivera y una quincena de obispos -la mayoría sudamericanos-, así como la participación de cientos de indígenas y mestizos, el prelado celebró el 35 aniversario de su consagración como obispo de San Cristóbal de Las Casas y dio por iniciado el Tercer Sínodo diocesano en 462 años de existencia de esta circunscripción religiosa. “Pese a las promesas del presidente (Carlos) Salinas acerca del respeto a los derechos humanos, los intentos de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Fiscal Militar por investigar supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército Mexicano durante 12 días del conflicto en Chiapas, aún no existen resultados”, subraya Human Rights Watch/America (HRWA), en su “Informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo”. Mientras el gobernador del estado, Eduardo Robledo, se reunía con representantes ejidales de toda la entidad para escuchar sus quejas por los escasos apoyos gubernamentales a la producción agrícola, organizaciones de ganaderos y parvifundistas han incrementado la conformación de “grupos de autodefensa” ante la “impotencia” gubernamental para desalojar predios invadidos y aplicar la ley. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a Eduardo Robledo, gobernador de Chiapas, que inhabilite como “servidor público” a Víctor Manuel de la Cruz, ex director general de Prevención y Readaptación Social en esa entidad, para impedir que ocupe cargo alguno en los sistemas penitenciarios chiapanecos, por haber detenido ilegalmente y amenazado a Miguel Ángel de los Santos Cruz, “defensor legal de algunos indígenas y campesinos de la región”. 27. El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel registró por segundo año consecutivo al obispo Samuel Ruiz García como candidato al Premio Nobel de la Paz, por “su trayectoria como pastor, por la defensa de los derechos humanos en favor de los indígenas y por su papel de mediador”. El ex candidato presidencial del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo es necesario que el gobierno muestre voluntad real de avanzar en las negociaciones para poder garantizar una tregua estable. Para que se resuelva el problema en Chiapas debe sustituirse el gobierno estatal para dar paso a la integración de un gobierno que permita la transición hacia la democracia. La renuncia de Robledo es fundamental para alcanzar la paz. 28. El perredista Cuauhtémoc Cárdenas obstaculiza con sus declaraciones “el camino de la será negociación por la paz y la tranquilidad” Chiapas, acusó el secretario de Acción Electoral del PRI, Tristán Canales. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBLC) denunció que individuos “cercanos” al ayuntamiento de Tila, atacaron con una bomba molotov la parroquia de San Mateo. Cinco miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Coordinadora de Organismos No Gubernamentales por la Paz (Conpaz) incluidos tres observadores extranjeros fueron asaltados cerca de donde se ubica el retén del Ejército Mexicano a la entrada de la cabecera municipal de Altamirano. “La ley, escúchenlo bien señores del gobierno, no se negocia; se aplica... y si es necesario que para hacerla cumplir tenga que entrar el Ejército, pues que entre ya de una vez por todas porque no queremos más incertidumbre”, lanzó sin ambages, Jorge Constantino Kánter, dirigente ganadero. Exponía la tesis de las intervenciones realizadas ante más de 800 ganaderos y parvifundistas del estado, que acudieron a lo que fue denominada como Asamblea Nacional de Propietarios Rurales y que fue una incesante e interminable crítica a conducción del conflicto, donde prácticamente no dejaron institución intocada por la censura, en lo que fue un virtual ultimátum para la acción gubernamental. Destaparon a su candidato que sucederá en la dirigencia de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, Guillermo Escudero, quien fue presentado como propietario de la finca Liquidámbar. 29. El titular de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, pidió a la Congregación de Obispos del Vaticano una explicación por escrito de las imputaciones sobre supuestas desviaciones pastorales y doctrinales, para responder en “legítima conciencia”. 30. Durante 1995, las inversiones gubernamentales para el desarrollo productivo tendrán una sensible reducción de 43% en relación con los recursos canalizados en 1994. Entre los argumentos del gobierno del estado destacan la crítica situación de las finanzas estatales, que obligará a canalizar importantes cantidades al pago de su deuda, y la reducción de algunas inversiones de entidades federales en el estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas informó que unos 50 ganaderos y pequeños propietarios de Chicomuselo cerraron la iglesia de ese lugar e impidieron que el sacerdote Miguel de alba oficiara misa. Dirigentes del PRI, funcionarios de gobierno y personas “pudientes” realizan una campaña de “delación” en la cual se han formados listas de presuntos zapatistas en los municipios de Bochil, Simojovel y Amatán, según denunció el Grupo de Gestión Autónoma. Este señaló que quedó formalmente constituido por Paulina Fernández Gustavo Esteva, Mariclaire Acosta, Carlos Martínez Assad, Luis Nava Calvillo, Octavio Rodríguez Araujo y Sara Sefchovich, entre otros. 31. El procurador agrario del estado, Rogelio Castañares, dijo que se han adquirido 100 mil hectáreas por la vía subsidiaria y de financiamiento para repatriarlas entre la comunidad lacandona; aseguró que con la nueva Ley Agraria en esa entidad se determinarán las acciones contra los predios que excedan la pequeña propiedad (latifundios) y propuso un diálogo a fondo, porque “la solución agraria es apenas un mecanismo de avance hacia la paz”. FEBRERO 1. Los aviones Pilatus PC-7 con que cuenta la Fuerza Aérea Mexicana se utilizaron en el conflicto de Chiapas a principios el año pasado, según confirmaron fuentes extraoficiales. Las naves se artillaron para que dispararan cohetes contra los rebeldes, toda vez que su pequeño tamaño y excelente maniobrabilidad les permiten actuar en terrenos difíciles. A pesar de que se utilizaron los Pilatus en acciones de combate, la Secretaría de la Defensa Nacional no lo informó en su momento. Incluso en sus boletines informativos del 5 y 6 de enero de 1994 el instituto armado hizo referencia a la utilización de helicópteros artillados tipo Bell 212. En su informe de 1994 titulado “Esperando por la justicia en Chiapas”, la organización Americas Human Rights Watch indicó que naves artilladas del Ejército dispararon cohetes en las inmediaciones de El Carrizal, San Antonio de los Baños, el Ocotal y el Corralito, en la zona del sur de San Cristóbal de las Casas. El Congreso del estado determinó la desaparición de poderes en Huehuetán y la conformación de un concejo municipal que presidirán el priísta Félix Enrique, Juan González y el concejal José Reyes. Ambos acuerdos permitieron el desalojo de la alcaldía, ocupada desde hace 26 días por militantes del PRD. 2. Más de 70 de los 83 trabajadores de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en esta entidad, comenzaron un paro de labores por tiempo indefinido para demandar la destitución del coordinador general del organismo, Carlos Véjar, y de la subdirectora de ejecución en Chiapas, Eugenia Ordóñez, a quienes acusan de ser “incapaces, autoritarios y corruptos”. En México se continúan violando los derechos humanos, a pesar de los progresos en esa materia, afirmó el Departamento de Estado DE EU y señaló que en 1994 los militares mexicanos “perpetraron numerosas violaciones a los derechos humanos, durante la primera fase del conflicto (en Chiapas), y hasta fines de ese año las autoridades no habían juzgado a nadie por tales abusos”. Militares priístas inconformes con el nombramiento de un concejo municipal en Huehuetán, agredieron a perredistas, con saldo al menos de 12 heridos, 10 de ellos perredistas, y el palacio municipal parcialmente quemado. En tanto el dirigente de la Asociación Ganadera Regional del Norte, Alberto Marín, sostuvo que en los últimos diez días han ocurrido 20 invasiones en esa zona del estado, miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) ocuparon un predio en el ayuntamiento de Chiapa de Corzo, presumiblemente considerado un latifundio simulado de más de 600 hectáreas. 3. La Secretaría de la Reforma Agraria será imparcial en la lucha por acabar con los latifundios en invasiones en el estado, aseguró su titular, Arturo Warman, al aclarar que “lejos de la afrenta y la publicidad, se buscará garantizar la seguridad de la tenencia de la tierra”. Enrique Culebro, delegado de la CNPR en Chiapas, advirtió que si “no se toman las medidas necesarias para detener la ola de invasiones que aún se registran, nos vamos a defender porque ya estamos sabidos de que predio que se invade, predio que se pierde para siempre y sin pago alguno”. Cientos de militantes de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Soconusco (COCES) bloquearon la carretera internacional que comunica a México con Guatemala en demanda de solución a problemas de tipo social y en protesta por el incremento de las tarifas en servicios de transporte y energía eléctrica. El PRD presentó una demanda en contra del secretario de Gobierno del estado, Eraclio Zepeda, por el delito de usurpación de funciones, practicada durante los primeros días de la actual gestión estatal. En la denuncia se plantea que Zepeda fungió en un cargo para el cual estaba constitucionalmente inhabilitado, dado que para ocupar el puesto requería ser abogado. El EZLN sostuvo que al llamado zapatista por la democracia, el gobierno respondió “comprometiendo más todavía la soberanía nacional”, y “tratando de salir de una crisis que provocó él mismo siguiendo la doctrinal neoliberal pretende hipotecar, al gran capital financiero, los recursos de la Nación que por derecho histórico pertenecen a todo el pueblo mexicano”. La “mentira política y económica” hizo aparecer a los zapatistas como los “rezagados” de una modernidad excluyente, pero ante el derrumbe de esa “mentira nos hace descubrirnos iguales todos somos los rezagados de un sistema político que crea unos cuantos supermillonarios y millones de superpobres, que logra unir la miseria económica y la miseria política”. 4. Miembros de Seguridad Pública del Estado concretaron los primeros cuatro desalojos de predios en el municipio de Salto de Agua, localizado al norte del estado, donde los ganaderos de la región habían puesto un ultimátum al gobierno para actuar. De la operación realizada -conjuntamente con guardias blancas, según denuncia de campesinos- resultaron detenidos 44 labriegos. Sin embargo, el dirigente campesino Jaime Sánchez dijo que en el operativo participaron guardias blancas. El dirigente de los ganaderos en Chiapas, Jorge Constantino Kanter, exigió al gobierno de la República asumir una actitud enérgica ante el problema que padecen los productores de 30 municipios de esa entidad y aplicar la ley para solucionar la problemática que se suscitó hace casi un año con la invasión de predios. Militantes de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Soconusco (COCES) levantaron el plantón que mantenían en la carretera internacional que comunica a México con Guatemala, ante el compromiso de las autoridades estatales de analizar sus demandas de rezago agrario, proyectos productivos, educación, turismo, obras públicas, electrificación, tarifas eléctricas, pasaje del transporte público y teléfono. 5. El gobierno de la república exhortó el EZLN a que a la brevedad posible se reanude el diálogo y la negociación, para concretar acuerdos que contribuyen a la solución pacífica del conflicto en Chiapas, porque “México quiere la paz, no la violencia, ni tampoco una situación indefinida de amenaza armada y un precario cese del fuego”. La Secretaría de Gobernación ofreció “una paz justa, digna y definitiva”, que “abata los rezagos y que actúa sobre las causas estructurales de la pobreza extrema” de los indígenas y que contemple la participación de las diferentes etnias en el desarrollo integral, con pleno respecto a sus tradiciones, cultura y formas de convivencia social y democrática. Militantes de la Sociedad Campesina Magisterial (Socama) del poblado Miguel Alemán se posesionaron de cuatro ranchos ubicados en este municipio fronterizo con Guatemala, dedicados al cultivo del banano de exportación. Integrantes del Frente Amplio de Defensa de la Tierra (FADT) acordaron dejar de enviar esa fruta al mercado extranjero y nacional, como medida de presión “para que el gobierno estatal restablezca el Estado de derecho, el cual se ha perdido con acciones de desestabilización social como las invasiones”. Por tercer día consecutivo, elementos de Seguridad Pública efectuaron desalojos. En esta ocasión desocuparon seis predios ubicados en el ayuntamiento de Chiapa de Corzo, con un saldo de 22 detenidos -en su mayoría en edad senil- y varios lesionados. Alrededor de 150 elementos arremetieron contra los ejidatarios, integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). 6. El presidente Ernesto Zedillo exhortó al EZLN a dedicarse abierta, expresa y resueltamente a reivindicar sus demandas por la vía política, pues la desconfianza, dijo, “ya no es una excusa válida para retrasar el diálogo”. Si las vías propuestas no fructifican, procederá a convocar a un período extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión para que, en el contexto de una nueva corresponsabilidad que se está forjando entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, “coadyuvemos a determinar las alternativas más adecuadas para asegurar la solución definitiva del conflicto”. Negó que existan compromisos secretos en el paquete de ayuda financiera a México y precisó que el país enfrenta una emergencia económica cuya gravedad pudo haberse evitado con la adopción oportuna de medidas para corregir los desequilibrios que se acumularon peligrosamente. El pleno de la tercera sesión de la Convención Nacional Democrática (CND) logró sacar la propuesta del EZLN de integrar un amplio frente opositor llamado Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el cual será impulsado por Cuauhtémoc Cárdenas, la propia CND y el EZLN. El EZLN “No tiene ninguna justificación política” para retrasar aún más un diálogo con el gobierno que lleve al país a una paz justa, digna y definitiva, afirmó el presidente de la Cofraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Cofraternice), Arturo Farela. Menos de 24 a horas después de haber sido desalojados del predio El Nipé, en el municipio de Chiapa de Corzo, integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) volvieron a ocupar la propiedad y reivindicaron su derecho a la tierra. La Coalición de Organizaciones Ciudadanas protestó contra la inseguridad pública. En el primer mes del año, en Chiapas han ocurrido 11 secuestros denunciados: uno cada tres días. Por ello, su demanda es la proliferación de retenes en toda la entidad, una virtual militarización del estado ante la “incapacidad” de las autoridades estatales. “Sólo pedimos que cumpla el gobernador”, acotó Olaf Oropeza, dirigente ganadero. 8. “Esto comenzó con mano dura y con mano dura tiene que terminar”, lanzó directo Fidel Culebro, líder estatal de los parvifundistas, tras vaticinar el fracaso de las gestiones en San Cristóbal de Las Casas. Originalmente programada como reunión de trabajo de ganaderos con la Comisión Legislativa, se convirtió virtualmente en un juicio. Descalificaron a la Comisión Nacional de Intermediación, a la que acusaron de “un instrumento de la izquierda”; imputaron al PRD el “vandalismo” que se ha dado en la entidad; responsabilizaron al gobierno de abandonar el conflicto e incluso de “actuar en contubernio” con las organizaciones campesinas, a las que llamaron “lacras”. Durante el encuentro con los ganaderos, éstos clamaron por un ultimátum: “Lo que vaya a ser que sea, pero que sea ya”, soltó Francisco Rojas, de la Asociación Ganadera de Pueblo Nuevo. Un desalojo en el que participaron guardias blancas y agentes de Seguridad Pública del estado dejó como saldo un muerto, cuatro heridos y 19 detenidos en el municipio de Pichucalco. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) acusó ante el agente del Ministerio Público al “auto llamado gobierno de transición en rebeldía” y a Amado Avendaño de violentar el Estado de derecho y por los delitos de “privación ilegal de la libertad” y difamación en agravio de los soldados Romero Ruiz López y Arnulfo López, quienes fueron secuestrados y golpeados durante dos días por seguidores del ex candidato perredista en San Cristóbal de las Casas. Unos 80 campesinos afiliados a la Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ) se posesionaron del rancho San Antonio y cuya extensión es de 92 hectáreas. 9. Los dirigentes de las asociaciones ganaderas se reunieron con el secretario general de Gobierno, Eraclio Zepeda, y acordaron “cesar la utilización de los grupos de autodefensa, a cambio de que el gobierno de la entidad restituya el Estado de derecho y desaloje los predios invadidos”, aseveró Alberto Marín Toache, líder de los primeros. La Comisión Legislativa para el Diálogo y la Conciliación en Chiapas afirmó que en el Congreso de la Unión luchará “hasta lo último” para que la solución al conflicto en la entidad sea pacífica “y no haya un solo balazo más”, e hizo un llamado al EZLN para que “logren una comunicación más estrecha y sistemática”, aunque aclaró que “el contacto entre las partes no se ha perdido”. El ejército mexicano no actuará para frenar la ola de violencia en Chiapas, como lo han solicitado los parvifundistas, “esa es una labor de la policía del estado que, además, ha tomado medidas precisas y concretas para disminuir ese tipo de acciones, sostuvo el comandante de la séptima región militar, Mario Renán Castillo. 10. Sedición, motín, rebelión, conspiración, terrorismo, portación y transmisión de armas de fuego exclusivas del Ejército Mexicano, son los cargos que la Procuraduría General de la República (PGR) imputó a presuntos dirigentes del EZLN, entre ellos Rafael Sebastián Guillén Vicente, a quien el procurador Antonio Lozano Gracia identificó como el subcomandante Marcos. Informó de dos operativos en Veracruz y el Distrito Federal, donde se decomisaron sendos “arsenales” que, aseguró, se encontraban “en posesión de grupos pertenecientes al EZLN”. Por lo anterior, se “abocará a la localización y la detención de los presuntos responsables, a fin de ponerlos a disposición del juez que conoce de la causa”. El presidente Ernesto Zedillo dijo en su mensaje: “La evidencia descubierta ha permitido comprobar que el origen, la composición de la dirigencia y los propósitos de su agrupación no son ni populares, ni indígenas, ni chiapanecas. Se trata de un grupo guerrillero derivado de un formado en 1969 en otro estado de la República y denominado Fuerza de Liberación Nacional, partidario de la lucha armada para tomar el poder político”. La declaración del presidente Ernesto Zedillo, junto con la dinámica de los acontecimientos internacionales y la activación de conflictos locales y regionales, “pueden trastocar seriamente” las posibilidades inmediatas del proceso de paz, afirmó la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). Se advierte que en los últimos días la relación entre las partes, pese a los esfuerzos de la Conai, se colocó en un “peligroso impasse de presión oficial y de desconfianza por parte del EZLN”. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que preside el obispo Samuel Ruiz, consideró que las acciones ordenadas por el presidente “rompen drásticamente el proceso de diálogo iniciado y aleja la solución política del conflicto, pudiéndose dar el reinicio de las hostilidades”. Las medidas anunciadas este día “más que garantizar la seguridad de la población chiapaneca, pueden generar una ola de violencia fratricida contra la población civil, especialmente indígena y campesina”. El gobierno de transición en rebeldía, afirmó que la liberación de las órdenes de aprehensión giradas este día contra cinco presuntos dirigentes del EZLN significa que las tropas federales “avanzarán sobre las posiciones zapatistas rompiendo las condiciones del cese al fuego”. 11. La Presidencia reiteró que las medidas anunciadas la víspera “son para prevenir actos delictivos”. Las evidencias descubiertas durante los cateos de la PGR “indican que el EZLN venía preparando nuevos actos de violencia y terrorismo”. El gobierno precisó que “reconoce con absoluta claridad que algunos miembros destacados de partidos políticos y organizaciones sociales establecieron contactos de buena fe con la dirigencia del EZLN. A través de dichos contactos se trató de contribuir al diálogo, por lo que no deben ser objeto de reprobación o condena”. El gobernador en rebeldía de Chiapas, Amado Avendaño, denunció que las autoridades judiciales de la entidad han girado una orden de aprehensión en su contra por los delitos de sedición, rebelión y motín, “entre otros”. Anunció que la Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco decidió relanzar las acciones de “insurgencia civil”. El obispo Samuel Ruiz, la Conai y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas formularon un llamado al gobierno federal para que se detenga “la peligrosa escalada militar” y se retome el camino de la solución política, pues el estado de derecho y el orden constitucional, dijeron, “no se puede cimentar en una guerra fratricida”. Las oficinas de la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales por la Paz (Conpaz) en San Cristóbal de Las Casas fueron allanadas por unos 30 elementos de la Policía Judicial Federal que, según testigos, entraron violentamente. “Al actuar con firmeza en el conflicto armado de Chiapas el presidente Ernesto Zedillo logró rescatar la confianza del pueblo en sus instituciones”, aseguró el cardenal Adolfo Suárez, arzobispo de Monterrey, quien aprovechó la ocasión para pedir a los zapatistas que abandonen las armas y se acojan a la amnistía presidencial. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jorge Madrazo Cuéllar, afirmó que las acciones emprendidas por el Ejecutivo “significan el inicio de una solución de fondo al problema armado en Chiapas”. Fidel Velázquez declaró que “por fin el gobierno se dio cuenta que no es posible el diálogo con delincuentes embozados”. “Rechazo lo que ahí dice... todo el contenido de la declaración ministerial es una historia prefabricada por quienes me detuvieron... me presionaron para que aceptar que reconozco al subcomandante Marcos, y cuando lo negué, me amenazaron con agredir a mi hijo de dos años de edad. Si la firmé la declaración fue bajo presión por las amenazas de que fui objeto por parte de los agentes que allanaron mi casa para detenerme, y ustedes saben muy bien que me quitaron la venda de los ojos apenas ahora que llegué al reclusorio”, declaró ante el juez sexto de distrito la presunta militante del EZLN, María Gloria Benavides Guevara, subcomandante Elisa, según la PGR. Otros siete detenidos y acusados de pertenecer al EZLN denunciaron también haber sido objeto de “torturas y amenazas” a fin de que reconocieran hechos que no cometieron. La historia oficial registra que Benavides Guevara y Salvador Morales Garibay, indiciados como militantes destacados del EZLN, declararon que la organización cuenta con doce mil efectivos, de los que unos 2 mil están armados y que el EZLN cuenta con células en los estados de Veracruz y México. Además, que la dirigencia guerrillera, incluyendo al subcomandante Marcos, fue entrenada en Nicaragua por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y que, aparte de comprar armas en Estados Unidos, utilizaron recursos económicos del Movimiento Proletario Independiente y el sindicato de la Ruta 100. Tropas del Ejército Mexicano se posesionaron de Guadalupe Tepeyac y de Aguascalientes, importantes bastiones del EZLN, donde entraron unos 2,500 soldados fuertemente armados, en aproximadamente 110 vehículos de todo tipo, apoyados por helicópteros y aviones y avanzaron hacia otras zonas rebeldes en la Selva Lacandona por tierra y aire. El acceso a la prensa fue cerrado “por seguridad de los periodistas”. La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a dos personas que han sido señaladas como principales dirigentes del EZLN: Jorge Javier Elorriaga y Jorge Santiago. Al término de una reunión de empresarios de México, Canadá y Estados Unidos con el presidente Ernesto Zedillo, los hombres de negocios escucharon una amplia explicación de la situación que prevalece en el conflicto chiapaneco, y expresaron su apoyo al Ejecutivo mexicano. Los embajadores en México de Canadá, David Winfield, y de Estados Unidos, James Jones, consideraron como “buenas” las medidas adoptadas por el presidente Zedillo, ya que crearán confianza entre los inversionistas. El canciller mexicano, José Ángel Gurría, se comunicó con su par estadounidense, Warren Christopher, para informarle sobre la situación en momentos en que Zedillo informaba a su país de sus decisiones. La declaración de la portavoz del Departamento de Estado de EU consistió en citas del mandatario mexicano sobre su compromiso con el respeto a los derechos humanos, para enfrentar “las causas legítimas del descontento social” en Chiapas y la aseveración de Zedillo de que las vías para la solución pacífica continuarán abiertas. “Estados Unidos continúa llamando a la moderación, el respeto por los derechos humanos y el cumplimiento pleno del proceso legal”. Con el pasamontañas, paliacates y pancartas, centenares de integrantes de la Asamblea de Barrios marcharon del Ángel de la Independencia a Los Pinos, y de la casa presidencial a la Procuraduría General de la República, en demanda de “alto a la guerra; paz con justicia y democracia”, y en apoyo al EZLN y al subcomandante Marcos. El diputado Marco Rascón dio lectura al documento que la Asamblea de Barrios dirigió al Presidente en el que le indica: “El día de ayer usted desenmascaró a Marcos, pero también se quitó la suya (máscara) propia: usted es un golpista”. La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos, la Liga Mexicana de Defensa por los Derechos Humanos y la Conpaz expresaron su “extrema preocupación” y “profunda consternación” por la decisión presidencial del uso de la fuerza militar en apoyo de órdenes de aprehensión dictadas por la PGR contra líderes del EZLN en Chiapas. Ante la orden de aprehensión surgió la consigna: “¡Todos somos Marcos!”, y revivió la vieja demanda de “¡Paz y justicia para Chiapas!”, en el Ángel de la Independencia. La actriz Ofelia Medina señaló que “el gobierno tiene una grave responsabilidad: querer convertir el conflicto de Chiapas en un asunto de delincuencia común es una forma de declarar la guerra”...”alzamos nuestra voz para exigir que no se abandone el camino de la negociación y de la solución pacífica, el costo sería muy alto para todo el país, la vida de niños, mujeres y hombres que no tiene precio; derramar sangre de los más pobres en Chiapas servirá para manchar las manos del gobierno, y de los que con su indiferencia, su silencio o su apoyo, sean cómplices, pero no resolverá los gravísimos problemas de desigualdad, desequilibrio y deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos...” “Evitemos la masacre anunciada... No, doctor Zedillo, no le puede declarar la guerra a este país. Estamos por la paz de los mexicanos con dignidad. Todos somos Marcos...” Rosario Ibarra de Piedra, diputada convencionista, gritaba, hablaba de su extrañeza “por la eficacia” de las autoridades de la PGR para resolver el caso Marcos, mientras que no puede resolver los crímenes de estado, los casos Colosio, Ruiz Massieu, Posadas, “ni en 20 años las muertes y desapariciones de nuestros hijos”. El PRD afirmó que con las medidas sobre Chiapas “se han violentado compromisos fundamentales”, tanto para el Acuerdo Político que se suscribió en Los Pinos como todas y cada una de las declaraciones públicas formuladas por el gobierno y el Presidente respecto a aquella entidad. “Se trata, a todas luces, de una ruptura unilateral de la tregua”, señaló el líder nacional perredista, Porfirio Muñoz Ledo. Cuauhtémoc Cárdenas culpó al gobierno de Bill Clinton de presionar al régimen zedillista para romper la tregua. La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que alude a la versión manejada por la agencia oficial de noticias Notimex y retomada por otros medios, en el sentido de que Mario Saucedo, candidato del PRD a la gubernatura de Jalisco, tendría vínculos con Rafael Sebastián Guillén Vicente, supuesto nombre real del subcomandante Marcos. El documento indica: “La Secretaría de Gobernación afirma que en ningún momento la información oficial de la PGR ha sugerido lo anterior y no existe indicio alguno de la veracidad de dicha información”. Los servicios de inteligencia estadounidense ayudaron al gobierno de México a descubrir la identidad del subcomandante Marcos desde el año pasado, según habrían declarado “en privado” altos funcionarios mexicanos citados por el diario The New York Times. El Arzobispo de Guadalajara manifestó que si los miembros del EZLN no han aceptado el diálogo como vía de solución, tal como afirmaron las autoridades, deben seguirse los caminos que la ley establece “para los transgresores del orden público y la paz social”. Vicente Fox Quezada, candidato panista a la gubernatura de Guanajuato, señaló: “Nada nos garantiza que las personas arrestadas por la PGR realmente pertenezcan al EZLN”. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) hizo un llamado a nivel internacional de acción urgente para exigir al gobierno mexicano solución pacífica al conflicto de Chiapas y cese a la represión contra miembros de la oposición política y a la “fabricación de culpables”. Demandó también que se pueda verificar que todos los detenidos en relación con el conflicto se encuentren física y mentalmente bien; que se aplique la ley a quienes mediante la coacción física y/o moral obtuvieran declaraciones inculpatorias de los detenidos. Que se respete la Constitución y que el Ejército no se utilice para perseguir delitos. Amnistía Internacional y Human Rights Watch/Americas expresaron por separado, su grave preocupación por la posibilidad de que se realicen violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas armadas de México en sus operativos para tratar de detener a dirigentes del EZLN. Una amplia gama de organizaciones de derechos humanos, no gubernamentales (ONGs), grupos pacifistas y comités de solidaridad estadounidenses manifestaron su preocupación o protesta ante las acciones ordenadas la víspera por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo. 12. En una reunión con la Comisión Legislativa del Diálogo y Conciliación para el estado de Chiapas, el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, invitó a los actores del conflicto en la entidad a iniciar a la brevedad negociaciones que conduzcan al diálogo para una solución integral de la crisis. Sin embargo, el senador del PRD, Heberto Castillo, presidente de la Comisión Legislativa, informó que en la reunión privada le hizo notar al funcionario que resultaba difícil “dialogar” con el grupo rebelde al haber órdenes de aprehensión encima. Una “guerra paralela” de acusaciones, rumores e intimidaciones comenzó en la región del conflicto chiapaneco, con la aparición de “volantes” que llaman a detener y expulsar dirigentes, religiosos y líderes sociales que se identifican con el EZLN y el PRD. En este marco, sacerdotes dominicos de Ocosingo denunciaron que ganaderos y comerciantes agrupados en el Frente Cívico de Autodefensa, se organizan para acudir en los próximo días a San Cristóbal de Las Casas para “expulsar” de su diócesis al obispo Samuel Ruiz. La Secretaría de Gobernación informó que las acciones que agentes de la PGR y militares del Ejército Mexicano realizan en Chiapas se efectúan conforme a derecho y que “de ningún modo se trata de una guerra”. “Han procedido con estricta observancia de la ley y cuidando de proteger los derechos humanos de la población civil y las comunidades indígenas” de la entidad. Gobernación insiste en que las medidas adoptadas en Chiapas, como afirmó el presidente, eran obligadas “ante la evidencia descubierta de que el EZLN preparaba nuevos actos de terrorismo en el estado y en otras partes de la República”. Jorge Santiago, asesor de la Conai negó ser enlace “entre el subcomandante Marcos y Samuel Ruiz” como se le imputa, además de los cargos de terrorismo, sedición, rebelión, asonada y conspiración, en las averiguaciones iniciadas por la PGR. Las decisiones en contra de algunas personas del EZLN no significan que el gobierno prefiera optar por la violencia para resolver el conflicto armado de Chiapas, afirmó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), al fijar su postura oficial en torno a la acción militar y judicial ordenada por el presidente Zedillo. Lou Wolf, del Boletín de Información de Acciones Encubiertas (Covert Action Information Bulletin), publicación especializada y crítica sobre la comunidad de inteligencia estadounidense, también estima que las acciones de México “no están siendo guiadas por el gobierno mexicano, sino por otros intereses externos, en particular Wall Street y el gobierno estadounidense”. Los 900 delegados de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Independientes, exigieron evitar la confrontación armada en Chiapas y terminar con la “cacería de brujas” en contra de organismos a los cuales se acusa, injustificadamente, de financiar al EZLN. Cuauhtémoc Cárdenas advirtió que si el gobierno insiste en “una guerra prolongada” muchos mexicanos sufrirán un clima de represión, cárcel, torturas y desapariciones de seres queridos, se derramará la sangre de los dos ejército, se ahuyentarán las inversiones y habrá estancamiento económico. Ante más de 100 mil simpatizantes que apoyaron sus palabras, pidió: “No a la guerra, no a la guerra, por el diálogo y por la paz”. Con la explanada de la Plaza de la Constitución colmada, el ex candidato presidencial demandó que el gobierno recurra de nueva cuenta a la Conai; asimismo invitó a las movilizaciones “llenando zócalos en todo el país una y mil veces” para conseguir una tregua inmediata, solución política y pacífica y construcción de una paz con justicia y dignidad. Cárdenas aseguró: “Es público que los zapatistas quieren la paz, como también los miembros de las fuerzas armadas quieren la paz y están mandados a la guerra, por una autoridad civil incompetente e indigna de estar gobernando nuestra nación”. El líder perredista denunció que el presidente Zedillo “le ha encargado a su cómplice, el Partido Acción Nacional, el trabajo sucio”. Porque, dijo, “bajo su responsabilidad política se están conduciendo las torturas, se están inventando los arsenales para derrotar al gobierno con ocho pistolas y cuatro cohetones”. 13 . La PGR rechazó “categóricamente” que se hayan registrado bombardeos en los alrededores de los poblados de Morelia y La Garrucha, como afirma un comunicado del EZLN. Más de una decena de cadáveres de efectivos del Ejército Mexicano y miembros del EZLN fueron trasladados de la Selva Lacandona al hospital de Comitán según un comunicado de la agencia italiana Ansa. “¿Se diría que esta es la preguerra?” No, es la guerra, corrige el general Ramón Arrieta, responsable de las operaciones de ocupación del principal bastión zapatista, Aguascalientes. Poco antes había dicho: “Traemos la ley, el imperio de la Constitución”. “Se fueron por ahí cuando oyeron los helicópteros”, dice señalando la entrada a la Selva Lacandona. “Ahí es muy difícil entrar, sólo con machete para cortar todo. Para ocupar esa colina que ve ahí, se requieren unos 30 fusileros. Ellos ya tienen más de un año aquí y conocen todos los vericuetos de la selva. Los campesinos originarios de Monte Líbano y Censo, municipio de Ocosingo, aseguraron que tropas del Ejército Mexicano tuvieron enfrentamientos con insurgentes del EZLN en la entrada del poblado La Estrella, con un resultado de cinco rebeldes muertos. Denunciaron que numerosas comunidades han sido “sitiadas” por las fuerzas militares, que persiguen con perros a quienes por temor han huido a la selva o a las montañas. “Detener la guerra genocida” en la zona sitiada por el Ejército Mexicano y volver al diálogo como vía de solución política al conflicto en Chiapas, demandó y propuso el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI), Comandancia General del EZLN, en dos comunicados. En lo que constituye la primera respuesta de la dirección del EZLN desde que el presidente Ernesto Zedillo ordenó al Ejército Mexicano detener a los mandos zapatistas, el CCRI de los Altos de Chiapas hizo un llamado al Ejecutivo federal a que frene la “guerra sucia” que, asegura, lleva a cabo el Ejército en la zona del conflicto mediante “bombardeos”, “ametrallamientos”, “violaciones”, “golpes”, “mentiras” y “muertes”. “Usted se está equivocando demasiado con la decisión que ha tomado contra nosotros, usted cree que matando a los zapatistas de Chiapas o matando al subcomandante Marcos, puede acabar con esta lucha. No, señor Zedillo: la lucha zapatista está en todo México”, afirma. El CCRI llama a “todos nuestros hermanos mexicanos a detener esta guerra genocida que nos está tendiendo el mal gobierno”, al cual acusan de actuar con “mentiras” y de hacer una “guerra sucia” en los pueblos con influencia zapatista. “Hermanos, el gobierno de Ernesto Zedillo nos está matando, está matando niños, está golpeando mujeres y violando. Pedimos al pueblo de México y a los pueblo del mundo que hagan algo para detener esta guerra. Nuevamente les pedimos hermanos que no nos dejen solos. Nosotros actuaremos con dignidad”. La decisión gubernamental de dar salida militar al conflicto chiapaneco fue tomada en Estados Unidos, afirmó el EZLN. El propio Marcos negó ser el personaje “tampiqueño que la PGR dio a conocer el pasado 9 de febrero. El “precio del préstamo deberá ser cubierto con sangre mexicana y con sangre indígena para saldar la deuda”, expresaron en referencia al paquete de garantías que por más de 50 mil dólares acordaron las autoridades mexicanas con organismos internacionales, bancos comerciales y el gobierno estadounidense. El mismo día en que el presidente Zedillo anunció que se habían librado órdenes de aprehensión en contra de cinco presuntos dirigentes zapatistas, el EZLN aseveró que cuando su representación afinaba los detalles para una nueva entrevista con los delegados gubernamentales, recibimos este ultimátum. Negó la acusación formulada por las autoridades federales en el sentido de que la agrupación armada preparaba una serie de actos violentos para extender su territorio. “Declaramos firmemente que es una falsedad, pues la disposición al diálogo y a una solución justa y digna al conflicto ha sido demostrada en las declaraciones de nuestros dirigentes y en las acciones de distensión acordadas con el secretario de Gobernación (Esteban Moctezuma) en el encuentro del 15 de enero pasado. La mayoría de los presuntos militantes del EZLN aprehendidos en los últimos días fueron interrogados y recluidos en una cárcel clandestina del campo militar número uno antes de ser entregados a la PGR, afirmó el abogado de los detenidos en Yanga, Ver., José Alfredo Andrade. Más de mil personas manifestaron este en Madrid y Barcelona, España, su solidaridad con la causa zapatista y repudiaron las acciones militares que el gobierno mexicano ha emprendido en el estado e Chiapas. En Chile, el Partido por la Democracia condenó la ofensiva militar, y expresó su temor de que ocurran graves violaciones a los derechos humanos contra los insurgentes zapatistas. Por segundo día consecutivo en diferentes ciudades del país, organizaciones políticas y sociales realizaron manifestaciones de rechazo a las medidas adoptadas por el gobierno federal en torno del caso de Chiapas, en demanda de una solución pacífica al conflicto y por el cese de la represión. Unas cinco mil personas realizaron marchas, mítines y bloqueos de carreteras por estos motivos en Juchitán, Oax; Mérida, Yuc; Torreón, Coah., y La Paz, BC. Agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) detuvieron a Francisco Aranda, dirigente de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Soconusco (COCES), acusado de ataques a las vías generales de comunicación. Samuel Ruiz oró por los indígenas y pobres de Chiapas, al mismo tiempo en que hizo un llamado a realizar acciones que permitan llegar a tener un “abrazo de reconciliación”, fincado en “un nuevo orden donde haya justicia”. Pero también, llamó a hablar con la verdad sobre lo que sucede en Chiapas y a mantener congruencia entre “las acciones proclamadas y la voluntad de respeto a los derechos humanos”. La Conai formuló un nuevo llamado para que sean los medios e la política aquellos con los que se dirima este conflicto y no con la sin razón de la guerra. Demandaron también información veraz y garantías a la población civil. Los integrantes de la caravana de observadores estadounidenses, Pastores por la Paz, dieron a conocer el primer reporte de recorrido que hicieron en diversos puntos de la región. De acuerdo con ello, consideraron como “extremadamente preocupante” la restricción impuesta por el Ejército Mexicano en las zonas de influencia zapatista y manifestaron que el impedimento para acceder a ellas constituye una violación a los derechos humanos. “Como no ha sido decretado estado de excepción debe respetarse la libertad de tránsito”, señalaron y consideraron que “es necesario saber qué ocurre detrás de los retenes militares”. El obispo de la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, Felipe Arizmendi, dijo que no se puede implantar un “gobierno de militarización” en aras de mantener el Estado de derecho; éste no puede surgir “por la fuerza de las armas o por la fuerza del miedo”, sino que debe ser un Estado en el cual verdaderamente se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos. Sin embargo, aclaró que “no es contradictorio”, que el gobierno federal “cumpla con la obligación que tiene de velar por la seguridad de los mexicanos y de sus instituciones y no es contradictorio que ponga aquellos medios que la ley confiere y exige. Integrantes de la Convención Nacional Democrática, representantes de agrupaciones civiles y sindicales, miembros de partidos políticos y ciudadanos en general exigieron cese a los bombardeos del Ejército Mexicano en Los Altos de Chiapas; demandaron al gobierno deponer su actitud beligerante y lo emplazaron a buscar una solución pacífica y negociada al conflicto chiapaneco, y exigieron a los medios de comunicación -particularmente los electrónicos- que dejen de “distorsionar y tergiversar” la información al respecto. 14. El EZLN afirmó que “ya son muy pocas las posibilidades de repliegue” de sus tropas para evitar la confrontación directa con el Ejército Mexicano y advirtió, en voz de la mayor Ana María, que “en cualquier momento” puede desatarse una guerra que no tenga fin. “Si no se ha respondido al fuego es porque no hemos recibido la orden, pero como han empezado a detener y torturar a la población civil ya no podemos resistir desde las montañas sin responder”. El presidente Ernesto Zedillo dijo a la comisión plural del Congreso de la Unión para el caso Chiapas que las acciones que anunció el pasado día 9 solamente “son un paso intermedio a la negociación” y que la solución al conflicto se dará por la vía pacífica; en tanto, los legisladores se propusieron como la instancia que reinstale las pláticas entre las dos partes en conflicto. Para esto, trascendió, los legisladores subrayaron la necesidad de lograr por consenso una ley de amnistía a la que puedan acogerse, de entrada, los dirigentes del EZLN, contra quienes existen órdenes de aprehensión, entre ellos el subcomandante Marcos. El Ejército y el gobierno federal comenzaron a promover el regreso de más de 20 mil indígenas y campesinos desplazados en el último año de la zona de conflicto chiapaneco, con el ofrecimiento de que “ahora sí” se darán apoyos a los ejidatarios, productores y comuneros, y con la garantía de que “ya hay condiciones para el retorno”. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad fueron trasladados el penal de alta Seguridad de Almoloya de Juárez los presuntos dirigentes zapatistas Jorge Javier Elorriaga y Jorge Santiago, así como el indígena tzeltal José Etzin Gómez. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) afirmó que “miles” de civiles desplazados en la selva Lacandona se encuentran en una situación “crítica y difícil”, por lo cual es prioritario en este momento poder tener acceso a la zona para conocer cuál es la situación de la gente, a fin de organizar un programa de asistencia de acuerdo a las necesidades. Por otra parte, el organismo humanitario rechazó la acusación que le hizo el general Ramón Arriete -encargado de las operaciones militares en Guadalupe Tepeyac- en el sentido de que la institución tiene injerencia en los asuntos internos del país, aunque aclaró que el gobierno mexicano “no nos ha creado ninguna dificultad”. Luego de cumplir su objetivo de recuperar el principal bastión zapatista en Guadalupe Tepeyac, elementos de la Brigada de Paracaidistas que participaron en el operativo retornaron a su base original de Santa Lucía, en la ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que alrededor de 2 mil fusileros paracaidistas regresaron a la ciudad de México provenientes de la zona en conflicto en Chiapas, toda vez que terminaron sus funciones de apoyo a la Policía Judicial Federal. La “Brigada Insurgente Generalísimo Morelos”, y la “Milicia Zapatista de la Sierra Gorda” y el “Comando Armado Revolucionario del Sur” habrían demostrado capacidad de coordinación con el EZLN, proyectos semejantes “de toma del poder por la vía de las armas” y una combinación de propuestas provenientes de proyectos políticos tan diversos como el maoísmo, la guerrilla cubana y la relectura de la estrategia de los caudillos insurgentes y revolucionarios de los siglos XIX y XX. Según un reporte de la Secretaría de Gobernación, al cual tuvo acceso La Jornada, “en todo el país” la dependencia detectó brotes de la mencionada “brigada”, supuestas evidencias de la existencia de células de la “militancia zapatista” en Guanajuato y Querétaro y manifestaciones de actividad del “comando” en Guerrero. Por lo menos 3 mil elementos del Ejército Mexicano mantienen bloqueadas las comunidades de la cañada tzeltal, que es una de las dos principales vías de acceso a la selva Lacandona desde Ocosingo. Los militares tienen la orden de no dejar entrar a representantes de los organismos de derechos humanos, de la Iglesia ni a periodistas. Estas comunidades, pertenecientes a las regiones selváticas de Las Tasas, el Zapotal, Agua Azul y Tatihuitz están totalmente aisladas desde el 10 de febrero. El gobierno de Washington prefiere una solución “no bélica” al conflicto de Chiapas. Una medida contraria a ese carácter generaría desconfianza entre los inversionistas internacionales y “para ellos es importante una situación de estabilidad”, opinó el subsecretario para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Arturo Valenzuela. Además, rechazó que la Casa Blanca haya influido en una resolución de carácter militar con motivo del paquete de ayuda financiera a México por 20 mil millones de dólares. Para la Casa Blanca sería preocupante una situación de guerra en Chiapas. En una “exhortación a todos los cristianos” coletos, originada en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, el obispo Samuel Ruiz ratificó que la Conai mantendrá “la certeza de que la vía del diálogo era y es posible y que, por consiguiente, tenemos que seguir esforzándonos para una salida negociada que erradicará una confrontación bélica. “Como cristianos, no podemos estar de acuerdo en que se cimente el Estado de derecho y un orden constitucional con el costo de la guerra fratricida, por eso hacemos un llamado para que la misma exhortación hecha por el presidente de la República para que todos contribuyamos a construir la paz social, se convierta en un hecho real”. Conpaz y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, aseguraron que se ha desatado una peligrosa campaña de desinformación y circulación de rumores cuyo objetivo principal es confundir al gobierno de transición en Chiapas, a la organizaciones civiles de ayuda humanitaria y a la opinión pública. Desde que se tendió el cerco militar en la zona de conflicto hubo un vacío de información. Las ONG y la población civil no sabían lo que sucedía. Así empezaron a circular versiones intimidatorias sobre supuestas órdenes de aprehensión al gobernador en rebeldía Amado Avendaño, y al obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz; se informó de un arresto domiciliario al secretario ejecutivo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las casas, Pablo Romo. Por ello, Conpaz y CDHFBC han iniciado la campaña Derecho de la información, con la distribución de reportes de la zona de conflicto, en las áreas donde trabajan sus miembros, mediante caravanas de verificación en las comunidades. Reacciones encontradas produjo a nivel mundial la decisión del gobierno mexicano de emprender una ofensiva para capturar a Rafael Sebastián Guillén Vicente, identificado como el subcomandante Marcos, dirigente del EZLN. En la embajada de México en París y el consulado en la ciudad de Lyon hubo protestas contra la “invasión del territorio controlado por los guerrilleros zapatistas”. El líder cetemista Fidel Velázquez, opinó que los periódicos son “enemigos” de esa organización, que los periodistas hacen preguntas que “tienden a desprestigiar al gobierno” y advirtió: “Síganle por ese camino, a la mejor también los meten a la cárcel”. En Chiapas se vive una “guerra sucia” similar a la de Sudamérica y América Central, con “una política de desinformación y cuerpos ilegales que secuestran y violan los derechos de los presuntos implicados”, afirmó Mariclaire Acosta, representante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de l os Derechos Humanos. En conferencia de prensa, Enrique Brito, del Foro de Apoyo Mutuo; Rogelio Gómez Hermosillo, de Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia; Carlos Heredia y Mariclaire Acosta señalaron que se tienen pocos informes de la situación en la zona de conflicto; solamente cuentan con el reporte de Conpaz en San Cristóbal de las Casas que informó de los ataques militares. Para concluir, las ONG convocaron a crear un cinturón por la paz que detenga la ofensiva militar y reúna a las dos partes para reiniciar el diálogo. 15. Ningún enfrentamiento en Chiapas, fue la instrucción que dio el presidente Ernesto Zedillo al Ejército Mexicano y a la Procuraduría General de la República (PGR). En lo que se consideró una rectificación de la estrategia gubernamental anunciada hace apenas cinco días, el Ejecutivo renovó su llamado al EZLN a fin de que manifieste, con claridad, su intención de optar por la vía política y legal. Y en una sesgada crítica a los medios de comunicación -a los que no aludió directamente-, pidió que hablen con la verdad, que escriban con la verdad y que critiquen con la verdad. Pidió a la Comisión Legislativa para el Diálogo y la Conciliación en Chiapas y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) verificar que la presencia del ejército y la PGR en esa entidad, a partir del pasado, ha sido pacífica y “absolutamente” respetuosa de los derechos humanos. Eduardo Robledo solicitó licencia al Congreso local. Llamó a la corresponsabilidad a otros actores: a Samuel Ruiz, que dimita de sus actividades actuales; a Amado Avendaño, que “abandone su ambición”, y al EZLN, que deponga las armas. La Comisión Nacional de Intermediación (Conai) confió en que las instrucciones del presidente Ernesto Zedillo “para que no se realice ninguna acción ofensiva que pueda provocar enfrentamientos” sea un gesto político que dé paso a otros hechos intensivos e parte del gobierno federal y del EZLN a fin de que las partes inicien el proceso de diálogo. En el “grave contexto de estos momentos”, mantiene su decisión de contribuir con todo empeño en su función de intermediación “reconocida por el gobierno federal y por el EZLN”. Los presidentes municipales y la Coalición de Organizaciones Ciudadanas de Chiapas (COCECH) solicitaron al presidente Ernesto Zedillo, al Congreso de la Unión y al estatal, la salida del obispo Samuel Ruiz; que el EZLN deponga las armas; la recuperación de los mil predios invadidos, y que Amado Avendaño “se regrese a su casa” o se le consigne ante un juez. La función desempeñada por el obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz, ha sido “polémica”, lo cual “afecta y compromete la imagen” de la Iglesia católica, consideró el presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, Abelardo Alvarado. Sobre la petición de Eduardo Robledo para que Samuel Ruiz renuncie a sus actividades, los jerarcas eclesiásticos chiapanecos señalaron en un comunicado conjunto que “el gobierno no tiene derecho a intervenir en asuntos internos de la iglesia, aunque “sí debe hacer un examen de conciencia” para replantearse ante Dios y la Iglesia, cómo ha sido su actuación. Fredy Martínez, después de haber trabajado como corresponsal para la agencia gubernamental Notimex, denunció haber sido despedido por el coordinador regional de la agencia, Nicolás Cuich, quien le recriminó tener “relaciones de amistad” con el gobernador en rebeldía, Amado Avendaño. El diputado demócrata de EU, Robert Torricelli, denunció las acciones militares emprendidas por el gobierno mexicano en contra del EZLN; advirtió de la existencia de informes sobre posibles violaciones a los derechos humanos e insistió que el Capitolio deberá examinar la situación de Chiapas, debido a su potencial impacto sobre el paquete de apoyo financiero estadounidense. Las diputadas Nancy Pelosi y Marcy Kaptur se reunieron con Torricelli y grupos de derechos humanos, para manifestar su protesta por las acciones militares del gobierno mexicano. Kaptur aprovechó la ocasión para difundir el famoso memorándum del Chase Bank, escrito por el analista Riordan Roett, en que se muestra a favor de la “eliminación” del EZLN. George Vickers, director de la Oficina de Washington sobre América Latina (WOLA) expresó su preocupación por las decisiones del gobierno mexicano ya que se ha dado un cambio “del proceder hacia una paz negociada, para proceder por una solución militar... estamos obligados a denunciar la desviación hacia una política de mano dura”. Las fuerzas armadas de México han estado comprando tanques y helicópteros y organizando unidades especiales de “guerra en la selva”, en preparación de las operaciones que realiza actualmente, informaron analistas militares internacionales. Otro especialista militar confirmó en Washington que el gobierno estadounidense fue informado de la presencia militar mexicana en Chiapas fue ampliada de 15 mil a 25 mil efectivos en diciembre, en lo que algunos interpretan como un preparativo para las acciones que hoy día se realizan. En lo que posiblemente constituyó el cargamento más grande de armas entregado recientemente, el ejército mexicano recibió un envío de tanques franceses a mediados de diciembre de 1994. 16. Dos indios tojolabales, Mario Álvarez, de 40 años y Alfredo Santís Jiménez, de 33, denuncian: “Fuimos torturados por el Ejército Mexicano. Cuando los ejércitos entraron en Chiapas, nos detuvieron y luego nos secuestraron. Los ganaderos pensaban que el gobierno de Eduardo Robledo estaba fortalecido más que nunca, con la entrada del Ejército Mexicano. “Ahora que ya se fue (el mandatario) ya no sabemos lo que pasa no lo que pasará”, señaló el dirigente de ese grupo. Jorge Constantino Kanter, y cuestionó la “zigzagueante” línea gubernamental. El EZLN está dispuesto a un “diálogo en serio” con el gobierno federal para resolver el conflicto en Chiapas. Sin embargo, es necesario que se retiren los militares que están en las posiciones que antes eran de los zapatistas, porque “no se puede hablar con alguien que está cercado y lo están persiguiendo”, aseguró el EZLN. La mayor Ana María dijo que la solicitud de licencia de Eduardo Robledo al cargo de gobernador “ayuda a despejar el panorama, pero faltaría la señal militar para poder llegar al diálogo con el gobierno”. Se necesita también que deje de detener a la gente y que anule las órdenes de aprehensión giradas por la Procuraduría General de la República en contra de la dirigencia zapatista. La detención de Jorge Santiago forma parte de una “campaña encaminada a debilitar a la diócesis de San Cristóbal y a la Comisión Nacional de Intermediación”, que encabeza el obispo Samuel Ruiz, afirmaron los miembros de Desarrollo Económico Social de los Mexicanos Indígenas AC (DESMI), de la cual es coordinador ejecutivo el ahora acusado. Por su parte, grupos indígenas y campesinos de la región manifestaron su “total apoyo” al obispo, porque “su raíz está entre la gente pobre”. Al negar cualquier cargo que lo vincule con el EZLN, los socios de DESMI afirmaron que la aprehensión se Santiago, tiene como objetivo “encontrar una justificación para romper la frágil tregua”, como parte de la “política represiva que llevan a cabo las autoridades federales”. Amnistía Internacional reiteró que hubo ataques aéreos en Chiapas en los últimos días y sostuvo que sigue recibiendo casos “bien documentados” sobre detenidos “torturados” por el Ejército. Pidió que se investiguen los hechos, ya que existe preocupación de que “esto sea repetición de lo ocurrido en enero de 1994". A su vez, la Cruz Roja Internacional solicitó formalmente al gobierno que se le permita el acceso a los detenidos en las acciones de los últimos días. El reciente operativo lanzado contra los rebeldes zapatistas es “un esfuerzo equivocado por resolver los problemas políticos mediante la fuerza militar”, afirmó el diario The New York Times. Señaló en una editorial que el presidente Ernesto Zedillo -“políticamente debilitado por la crisis del peso” y por las “rebeliones” al interior del PRI- decidió utilizar al Ejército en Chiapas, para “dar la imagen de duro” antes de las elecciones de Jalisco. El gobierno federal no suspenderá la acción legal contra los dirigentes del EZLN, sin embargo ratifica “la voluntad de negociación” y reitera que el gobierno “no puede permitir” que la sociedad viva “bajo la amenaza de la subversión armada a la vuelta de la esquina”, afirmó el secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma. Por más de dos horas, la parroquia y el convento de San Jacinto en Ocosingo, fueron cateados sin éxito alguno en busca de armas y equipo de radiocomunicación por agentes de la PGR en compañía de Francisco Ríos, representante de la Secretaría de Gobernación. Según el vicario Gonzalo Ituarte y el sacerdote de la iglesia, Rafael Ruiz, este hecho no puede escapar de la “campaña de desprestigio” que se ha venido desarrollando desde hace tiempo, y sobre todo en los últimos días, contra la imagen del obispo. El Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas (CEOIC independiente) reiteró su exigencia de regularizar los predios en posesión de grupos campesinos y la entrega de terrenos suficientes para satisfacer las necesidades agrarias de indígenas y campesinos de Chiapas. Estudiantes de 30 instituciones educativas, así como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LMDDH) y el Frente Mexicano Pro Derecho Humanos (FMPDH) demandaron el regreso del Ejército Mexicano a sus cuarteles en todo el país y la liberación inmediata de todos los detenidos en las “operaciones anticonstitucionales”, realizadas por la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con motivo del conflicto. Asimismo, solicitaron al presidente Zedillo que se devuelvan a la Cruz Roja Internacional las instalaciones donde operaba en la zona franca del municipio Las Margaritas. La salida del Ejército Mexicano de Chiapas, la anulación de las órdenes de aprehensión giradas contra líderes del EZLN y la renuncia del presidente Ernesto Zedillo, exigieron miles de personas concentradas en el Zócalo capitalino. En la apertura de la II Asamblea de Iniciativa Indígena por la Paz se pidió al gobierno retirar sus tropas militares del territorio sureño de Chiapas y llamó a la ONU a que envíe una misión con el fin de verificar el respeto a los derechos humanos de los detenidos, así como de la población civil indígena. La Asamblea, convocada por el Premio Nobel de la, Paz Rigoberta Menchú, llamó al gobierno mexicano a garantizar la integridad de la población civil indígena, en acatamiento al protocolo 2 de Ginebra, y a la OEA a que intervenga “en la pacificación interna de México” utilizando “los medios diplomáticos a su alcance”. 17. La Comisión Legislativa para el Diálogo en Chiapas calificó de fructíferas las reuniones que tuvieron con los distintos actores que participan en el conflicto. Sin embargo, el senador Heberto Castillo advirtió que en México, en estos momentos, hay solamente dos opciones: la negociación o la guerra. Aunque se ha manifestado que hay voluntad tanto del gobierno federal como el EZLN para llegar al diálogo, no han existido las condiciones necesarias para que se sienten a negociar. El presidente de la Comisión de la Defensa del Senado, general Álvaro Vallarta, dijo que el desarme del EZLN no debe ser condición para iniciar el diálogo sino que lo importante es comenzar negociaciones lo antes posible para lograr la paz definitiva. Intentos de homicidio, ataques con bombas molotov, hostigamiento, amenazas, detenciones, allanamientos, agresiones verbales y cateos judiciales son parte de la “campaña prefabricada” en contra de la diócesis de San Cristóbal, encabezada por el obispo Samuel Ruiz, que desde hace unos meses viene ocurriendo, denunció el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”. Ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), miembros y simpatizantes de la Convención Nacional Democrática (CND) exhortaron al Ejército Mexicano a “no caer de nuevo en el error” de avalar políticas militaristas “de los civiles” y exigieron la salida de las tropas de Los Altos de Chiapas. “No se manchen las manos de sangre” señalaron los manifestantes a los oficiales y soldados que por la alambrada seguían el inusual mitin. “Díganle a sus jefes -decían a dos soldados que tomaban fotos y video del acto de protesta- que queremos la paz, pero una paz digna y justa”. El cardenal de Monterrey, Adolfo Suárez, pidió respeto a la labor del obispo de San Cristóbal, porque no es fácil la misión que está desarrollando y además es coordinador de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai). Unas 3,500 personas efectuaron una marcha en Cuernavaca, Mor., para exigir una solución pacífica al conflicto, la salida del Ejército de la entidad y el cese de las órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes del EZLN. Siete mujeres que se encuentran en el Reclusorio Norte del DF. De entre 19 y 22 años de edad, humildes, con estudios de tercer año de primaria en promedio, que solamente vivían con sus esposos. Relatan que fueron “manoseadas e intimidadas” en su detención. “Nos amenazaron con violarnos, pero sólo metían la mano por todas partes”, dijo Patricia Jiménez, y agregó: “Teníamos mucho miedo”. 18. El gobierno de la República “no volverá” a abdicar de su responsabilidad constitucional de preservar la soberanía en el territorio nacional, aseguró el presidente Ernesto Zedillo, luego de elogiar las acciones que permitieron en 72 horas se recuperara “la soberanía” sobre las zonas de Chiapas, en las que “la autoridad federal, el Estado mexicano”, estuvo ausente 14 meses. Dijo que la solución al conflicto en esta entidad se dará por la vía política como por la observancia de la ley. Determinó: “Política y ley no excluyen a nadie y puede incluir a todos. La aplicación de la ley no produce vencedores y la elección de la política no significa derrotas”. Primera visita de la Comisión Legislativa del Congreso de la Unión al escenario del conflicto chiapaneco, hoy controlado por el Ejército Mexicano. Primera impresión luego de un recorrido por poblados vacíos y abandonados. “Son los estragos dolorosos de la guerra, principalmente de desolación, que es lo que produce la guerra”, opinó el senador del PRI, Pablo Salazar. Y agregó: “En la gente hubo temor por la llegada del Ejército, tal pez pensando que podría haber nuevos enfrentamientos. Es muy doloroso ver pueblos desolados. El panorama, es desgarrador, se asemeja al viejo oeste...”. Habla Heberto Castillo, del PRD: “Estamos desolados, como Guadalupe Tepeyac. Eso de llegar a un pueblo fantasma y ver el terror. Es desalentador que se hayan ido y revela que mientras esté aquí el Ejército Mexicano, ellos (la población) no van a bajar”. “Queremos el exterminio de los ideólogos importados...”, afirmó el diputado federal Walter León, en conferencia de prensa para reivindicar a Eduardo Robledo. Los diputados locales y nacionales se lanzaron contra los “aviesos intereses” ocultos en el “ominioso silencio” de Samuel Ruiz y los otros actores del conflicto. Amnistía Internacional denunció que ha confirmado decenas de casos de amenazas a grupos de derechos humanos, detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones en Chiapas. La Conai hizo un “urgente llamado” al gobierno y al EZLN para que reinicien las negociaciones ahora que “todavía es posible evitar la guerra y el genocidio”, y dio a conocer la “iniciativa integral de diálogo”, en la cual plantea a las partes acordar las bases del mismo e iniciar las pláticas en los próximos 11 días. La Conai propone a las partes: un pacto de tregua estable que debería formalizarse “a más tardar” en marzo próximo; cuestión agraria; autonomías; evacuados y desplazados; justicia; desarrollo; reforma electoral y reforma del Estado. Advirtió que para que la iniciativa sea viable y se pueda transitar por el camino del diálogo es necesario resolver previamente una serie de cuestiones: que se otorguen las garantías suficientes al EZLN para que pueda participar en el diálogo, y contar con condiciones militares y políticas adecuadas, destacando la necesidad de propiciar la separación de los dos ejércitos. La Asamblea Estatal Democrática del Pueblo Chiapaneco (AEDPCh) afirmó que “no reconoce a otro gobierno en transición que no sea el que encabeza Amado Avendaño”, y señaló que cualquier posibilidad de diálogo será “exclusivamente con la Federación, para tratar el asunto de los planteamientos de los sectores” que la conforman. Avendaño dijo que Cuauhtémoc Cárdenas se comunicó con él para expresarle su desacuerdo con la postura del PRD de Chiapas, el cual declaró que reconocía como gobernador en transición a Julio César Ruiz Ferro. La detención de Jorge Santiago muestra la “precipitación” con la que procedió la Procuraduría General de la República (PRG), “movida más por una intencionalidad política que por el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales”, en el caso de las órdenes de aprehensión contra Rafael Sebastián Guillén y otros presuntos dirigentes del EZLN. “Existen evidencias de violaciones graves a los derechos humanos y a la integridad física de los detenidos políticos acusados de ser presuntamente miembros del EZLN”, denunció el Grupo Plural de Observación por la Paz en Chiapas. En su cuarto informe -que abarca del 9 de febrero a la fecha- el grupo sostiene que luego de hacer un recorrido por la zona de conflicto, pudo percatarse de que “hay militarización generalizada y abierta y, en consecuencia, las garantías individuales y políticas consagradas en la Constitución han sido suspendidas de facto”. 19. La situación en Chiapas no es principalmente un problema militar, y no tiene solución sin un cambio social fundamental y reformas democráticas a nivel nacional, comentó un alto oficial militar de Estados Unidos. Al analizar el conflicto en Chiapas para el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, el teniente coronel Stephen J. Wagner añade que las lecciones de ese estado del sureste mexicano se extienden mucho más allá de sus fronteras. “Hay muchas otras áreas del México rural con un problema comparable, y si son descuidadas, podrían llevar a explosiones sociales”. El carácter novedoso del EZLN, contrario a otros movimientos guerrilleros tradicionales, es que su objetivo nunca fue la destrucción ni la toma del poder en sí, sino lograr una apertura democrática, y “en esto ha tenido por lo menos un éxito parcial”. “De hecho, los zapatistas podrán haber hecho más para acelerar el proceso de democratización mexi