Boletín
Especial sobre el Conflicto en Chiapas
Núm. 5 del 8 al 14 de febrero de 1994
Año I,
Primera parte.
CONTENIDO
EVALUACIÓN DE LA COYUNTURA.
CRONOLOGÍA
LOS ACTORES Y LOS HECHOS.
NOTICIAS DE LAS ONG'S
DIRECTORIO DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS.
EVALUACIÓN DE LA COYUNTURA.
A pesar de que en los últimos días han ocurrido pocas cosas espectaculares, es posible realizar una primera evaluación de la coyuntura la cual puede ser considerada como un paréntesis entre un antes del inicio de las negociaciones entre el gobierno y el EZLN, y un después, entendido como el desarrollo de una posible solución de algunos de los más importantes problemas que aquejan a la región.
Este breve espacio temporal ha colocado en la agenda de la transición democrática un gran número de problemas no resueltos entre los que destacan, sin duda, las precarias condiciones de los derechos humanos en nuestro país. Los elementos que han coadyuvado a la toma de conciencia de la población respecto a esta situación han sido, por un lado, el papel desempañado por las distintas organizaciones -sean de carácter civil o institucional- por lo que se refiere a la defensa de estos derechos -especialmente a través de la creación de programas de carácter permanente- y por el otro, la difusión a nivel nacional e internacional de “informes preliminares” que detallan la situación que impera en la región.
Por cuanto se refiere a las ONG's es necesario reconocer el papel activo que han tenido no sólo en la promoción de los derechos humanos sino también por cuanto se refiere al establecimiento de garantías necesarias para el desarrollo de las negociaciones, véase por ejemplo la propuesta de crear un “cinturón de seguridad” en la zona. Por otro lado, se reconoce la importancia de algunas de las medidas de carácter institucional orientadas a la creación, por acuerdo del Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de un “programa permanente” para investigar y prevenir violaciones a los derechos humanos. Esta iniciativa estará a cargo de una coordinación general que contar con visitadores adjuntos, médicos forenses, criminólogos y personal encargado de capacitación en materia de derechos humanos.
Es de singular importancia el caso de los reportes presentados ante organismos internacionales y en particular hacemos referencia al “informe preliminar” que fue difundido el 11 de febrero pasado a nombre de 33 organizaciones no gubernamentales mexicanas ante la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos” perteneciente a la OEA. En dicho texto se indicó al gobierno federal como “transgresor” de los siguientes artículos constitucionales: 1, 11, 16, 29, 122, 129 y 76 (La Jornada, 12 de febrero), detectando más de 200 violaciones a los derechos desde el inicio del año y exponiendo -con pruebas y detalles- casos de allanamiento, detención arbitraria, tortura, casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Llama la atención la denuncia de 18 ejecuciones sumarias; la existencia de cercos militares anticonstitucionales y ataques a reos como bombardeo, ametrallamientos y lanzamiento de cohetes.
Esta pluralidad de iniciativas ha constituido también una especie de hilo conductor entre las partes en conflicto y la opinión pública, garantizando un mayor conocimiento de los problemas que se refieren a la situación de los mencionados derechos. La importancia del desarrollo de estas instancias intermedias ha sido aquella de crear -desde diversas perspectivas- una opinión pública favorable a la situación de los derechos humanos. Sin embargo, es importante destacar por último, la existencia de interpretaciones que privilegian otros enfoques como aquellas realizadas por el secretario de la defensa Antonio Riviello Bazán, quién señaló que la intervención del Ejército en el conflicto de Chiapas se ajustó “rigurosamente a las normas jurídicas que rigen su funcionamiento y a las normas éticas que inspiran su servicio” (véase el texto completo del discurso en la sección “Los actores y los hechos”).
En realidad en esta interpretación se privilegia la razón de Estado, es decir la lealtad al presidente y a la Constitución; se defiende como prioritario el orden interno y la soberanía nacional.
Si bien como ciudadanos compartimos esos ideales de la nación, hubiésemos preferido no pagar tan alto el precio de no respetar de manera absoluta los derechos civiles de la población para alcanzar esos fines.
Laura de Cisneros.
CRONOLOGÍA.
8 de febrero.
El gobernador Javier López Moreno ante ganaderos y desplazados, se deslindó de las peticiones para que el Ejército Mexicano ingrese a la zona zapatista, expuestas por siete oradores priístas. Los campesinos e indígenas de Teopisca se plantaron frente al palacio municipal y obligaron a que huyera el alcalde Héctor Álvarez Gordillo.
En Tuxtla Gutiérrez, grupos de campesinos de los municipios de Tila, Teopisca y Simojovel, pidieron al gobernador Javier López Moreno y al Congreso del estado, intervenir para “la remoción” de los alcaldes de esas comunidades.
Hoy fue el primer día de trabajo del módulo de atención a indígenas y campesinos que integran la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de la Reforma Agraria, el Instituto Nacional Indigenista, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría de Justicia estatal, que recibió denuncias de violación de derechos humanos de parte del Ejército Mexicano y policías judiciales, y de abusos de autoridad de los presidentes municipales.
Indígenas de Ocosingo del Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas (CEOIC) dieron a conocer que el Ejército Mexicano torturó, detuvo y golpeó a pobladores de ese municipio, además de allanar casas y acusaron a las autoridades del penal de Cerro Hueco de “ocultar información de los detenidos”.
La Comisión Coordinadora de Organismos No Gubernamentales por la Paz, que aglutina a organizaciones de derechos humanos de Chiapas, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia y la Red Nacional “Todos los Derechos para Todos”, comunicaron al EZLN su disposición a participar en el cordón de seguridad en torno a las pláticas de paz.
Trece organizaciones políticas, religiosas y defensoras de los derechos humanos de Ciudad Juárez, Chihuahua, formaron la Coordinadora por la Paz y la Justicia en Chiapas.
En Torreón, unos mil integrantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) respaldaron las demandas de libertad, justicia y democracia del EZLN.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que tiene abiertos siete expedientes de quejas que van desde ejecuciones, asesinatos, agresiones por parte del Ejército Mexicano hasta agravios contra periodistas durante el conflicto en Chiapas.
9 de febrero.
El presidente Carlos Salinas se reunió con 13 alcaldes de Los Altos de Chiapas -cuya destitución ha sido demandada desde que inició el conflicto armado- y los exhortó a buscar la auténtica reconciliación y a que no alienten el problema.
El presidente de la Comisión Plural del Congreso de la Unión para Chiapas, Víctor Manuel Tinoco Rubí, dijo que de comprobarse violaciones a los derechos humanos, de parte de los miembros del Ejército Mexicano en el conflicto de Chiapas, recibirán sanciones con base en la Ley Orgánica de la propia institución armada, “independientemente” de la recién aprobada Ley de Amnistía. El dirigente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), Jesús González Cortázar, y cinco integrantes de la Comisión Estatal de Ganaderos de Chiapas, rechazaron tajantemente que la expropiación de tierras sea solución a la problemática agraria replanteada por la sublevación del EZLN, y reiteraron la denuncia de abigeato y robos en sus propiedades; negaron que existan grupos de guardias blancas o pistoleros armados por ellos para atacar a los grupos campesinos de la región.
Por acuerdo del Consejo de la CNDH fue creado un programa permanente dedicado a investigar y prevenir violaciones a los derechos humanos a raíz del conflicto armado en la selva de Chiapas.
En las últimas 48 horas las cabeceras municipales de Teopisca, Mapastepec, Tuzantán, Huehuetán, Cacahuatán, Simojovel, Tila, Papalapa y Copaimal mostraron una inusual movilización de sus habitantes, quienes acudieron al Congreso estatal para reclamar que los ediles sean removidos y se les practiquen auditorías sobre el destino de los recursos Pronasol.
El Congreso de Chiapas decidió modificar Ley contra la Tortura a fin de restringir a los cuerpos policiacos su “capacidad” de interrogar a los posibles inculpados, pues sólo “tendrán valor probatorio” las declaraciones ante el Ministerio Público o juez, siempre y cuando “esté presente” la defensa del inculpado.
10 de febrero.
El secretario de la Defensa, Antonio Riviello, ante el presidente Carlos Salinas y el gabinete en pleno dijo que la intervención del Ejército en Chiapas es legal, legítima y necesaria (el discurso íntegro se publica en la sección de Los Actores y los hechos).
Decenas de campesinos e indígenas, muchos de ellos portando palos y otros sosteniendo la soga con la que fue amarrado y llevado al palacio municipal, el diputado Juan Trinidad Palacios, exigieron la salida del presidente municipal de Teopisca, Héctor Álvarez Gordillo. Fue destituido telefónicamente, por instrucciones del gobernador Javier López Moreno, mientras que los diputados Francisco Zepeda Bermúdez y Juan Trinidad Palacios permanecían amarrados.
Nueve organizaciones civiles, políticas y religiosas anunciaron la creación de la Coordinación de Ciudadanos por la Paz y la Dignidad Nacional, cuyo objetivo será desarrollar acciones conjuntas que contribuyan a la solución pacífica del conflicto de Chiapas.
A 13 mil 500 llegó el número de desplazados de los municipios de Las Margaritas, Comitán, La Trinitaria y La Independencia, informó Carlos Saldívar Alvarado, coordinador del Centro Regional del Instituto Nacional Indigenista (INI).
Segunda parte.
CRONOLOGÍA, SEGUNDA PARTE.
11 de febrero.
El secretario de Marina, Luis Carlos Ruano Angulo calificó como “falsas” las versiones, nacionales e internacionales, de que los miembros del Ejército Mexicano han violado los derechos humanos en el sureste del país.
Para el Partido Acción Nacional (PAN), el discurso pronunciado el miércoles pasado por el titular de la Defensa, Antonio Riviello, es una toma de posición frente a las críticas que se han hecho al Ejército por su actuación en el conflicto de Chiapas.
Al presentar la Gaceta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Cristina Pacheco y Miguel Concha pidieron la liberación del general Absalón Castellanos Domínguez, ex gobernador de Chiapas, quien está secuestrado en algún lugar de ese estado por el EZLN.
Se estima en 35 mil el número de personas desplazadas en Chiapas por motivo del levantamiento armado, indicó la Cruz Roja Mexicana. Destacó que “sólo 18 mil 232 indígenas reciben atención en albergues; del resto no se conoce con precisión su ubicación”.
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan en Chiapas denunciaron la existencia de “una tercera fuerza armada, denominada guardias blancas, al servicio de particulares que detentan el control político y económico de la región”, y que “afectan a las personas que luchan por la defensa de sus derechos, sobre todo los relacionados con la tenencia de la tierra”.
Ante los representantes de la Comisión Estatal de Ganaderos, el gobernador Javier López Moreno leyó un mensaje en el que subrayó que en su administración no impulsará ninguna modificación al artículo 27 constitucional; ni habrá una política indiscriminada de compra de tierras para hacer frente a los agobios de hoy.
Unos 300 integrantes del Frente Cívico Mapaneco (FCM) incendiaron la alcaldía de Mapastepec, en la costa de Chiapas, luego de que policías de Seguridad Pública del estado los desalojaron “violentamente” de la carretera Panamericana, que habían bloqueado en demanda de que se integre un nuevo concejo municipal.
Grupos indígenas de la Coordinadora de Organizaciones Sociales Xi'Nich solicitaron en Palenque el retiro “urgente” de los retenes militares de esta zona “por violar los derechos humanos de los campesinos “, a la vez que denunciaron las irregularidades del sistema carcelario de Chiapas y la sobrexplotación de las comunidades étnicas con el Pronasol.
Con el fin de exigir autonomía y respeto a la cultura e identidad de los pueblos indígenas, 500 delegados de 22 comunidades de la mixteca poblana constituyeron el Movimiento Zapatista del Sur (MZS).
60 estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas efectuaron en silencio una marcha por la paz, los derechos humanos y la democracia en Chiapas y en todo México.
El gobierno mexicano presentó un informe ante la CIDH sobre los acontecimientos del conflicto chiapaneco en el que detalla sus esfuerzos y en particular las actividades de la CNDH. Miguel Ángel González Félix, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Héctor Dávalos, de la CNDH, presentaron su informe sobre los acontecimientos en Chiapas y la situación de los derechos humanos.
Indicaron que, hasta el momento, existen dos etapas del conflicto: “la primera, la aparición sorpresiva del EZLN en el terreno político-militar, en la cual el gobierno mexicano se concentró en detener la ofensiva militar y resguardar a la población civil e instalaciones estratégicas, según estipula la Constitución”. En la segunda etapa, “el gobierno busca una estrategia de negociación basada en hechos que atienda, entre otras cosas, los rezagos socioeconómicos en la zona”.
12 de febrero.
El nuncio apostólico, Girolamo Prigione consideró “positiva” la labor del obispo de San Cristóbal de las Casas, en favor de la pacificación de Los Altos de Chiapas.
Habitantes del municipio de Las Margaritas llegaron en caravana de vehículos a San Cristóbal, y en el parque central de este municipio efectuaron un mitin en el que demandaron la renuncia del edil margaritense, Romeo Suárez Culebro.
Más de 10 mil maestros chiapanecos exigieron aumento salarial “del 100 por ciento” y pago completo de salarios a los docentes que han trabajado en las comunidades indígenas de la entidad e hicieron público su “respaldo total” a las demandas del EZLN.
Un centenar de campesino e indígenas del municipio de Las Margaritas realizaron un mitin frente al Congreso del estado, en donde demandaron “se investigue” al presidente municipal Romero Suárez Culebro, a quien acusan de corrupción y hostigamiento a la población, instigando al enfrentamiento entre los refugiados por el conflicto armado y los habitantes de la cabecera municipal.
Desde el inicio del conflicto en Chiapas, la reacción del gobierno ha sido “una cadena de transgresiones al orden jurídico, cuyo quebrantamiento tuvo el efecto multiplicador de violar las garantías constitucionales de la generalidad de la población civil, y propició la violación de los derechos humanos de individuos y grupos”, sostienen las organizaciones no gubernamentales (ONG), en el Informe preliminar sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas, que consta de 32 cuartillas y que entregaron ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el texto se indica que el gobierno federal “transgredió” siete artículos constitucionales: 1, 11, 16, 29, 122, 129 y 76.
Este informe fue entregado a la CIDH, perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), por la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, Centro de los Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos.
La revisión de los procesos penales de indígenas presos en diferentes cárceles del estado, mejorar las condiciones de vida de los internos y la demanda de espacios de reclusión para mujeres y menores son algunos planteamientos formulados al gobierno de Chiapas por la Coordinadora de Organizaciones Sociales Xi'Nich.
A pesar de que la Sedena aseguró en un comunicado que el número de desplazados en Altamirano era sólo de 412, los datos que maneja la Mesa de Atención instalada por la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Justicia de Chiapas y el gobierno estatal, aseguró que hasta el viernes eran más de mil 100 las personas que han huido de la zona de conflicto.
Desde el martes de la semana pasada, decenas de habitantes de Altamirano han organizado tres marchas por las calles del pueblo en favor de la paz, pero en medio de sus consignas y peticiones se encuentra una constante: la expulsión de las monjas de la orden de las hermanas de la caridad de San Vicente de Paul, quienes desde 1976 se instalaron en el pueblo para atender en un pequeño hospital a los indígenas y campesinos tojolabales y tzeltales.
La Sedena informó que ente las principales causas del éxodo de habitantes de varias comunidades indígenas de Los Altos de Chiapas hacia las ciudades y poblaciones de mayor importancia, destaca el hecho de que éstos han sido despojados de sus animales, cosechas y propiedades, además que son constantemente hostigados, al negarse a formar parte de los grupos armados.
800 indígenas mayos de Sonora realizaron en Hermosillo un plantón y una asamblea permanente por la paz en Chiapas, además de que solicitaron solución al rezago agrario, reparto de tierra para mil 500 familias solicitantes y atención a sus demandas para mejorar su bienestar social.
Día 13.
Dirigentes otomíes del Valle del Mezquital, en Hidalgo, advirtieron a la presidenta de la Comisión Nacional de Desarrollo Integral y Justicia Para los Pueblos Indígenas, Beatriz Paredes, que si el gobierno no responde a sus demandas “podría darse otro Chiapas” en la entidad hidalguense, ante la extrema pobreza que prevalece en las comunidades. A su vez mujeres otomíes del municipio de Amealco, Querétaro, realizaron una manifestación frente al palacio de gobierno en la capital del estado, donde acordaron enviar una comisión a Chiapas para expresar, de manera directa, su solidaridad con el EZLN. Mientras tanto, indígenas de la etnia náhuatl de Xoxocotla, Morelos, hicieron un llamado de solidaridad con el EZLN, porque sus demandas “son las que enarbolamos todos los indios de México”.
La PGR inició la investigación de las denuncias presentadas por la Sedena, sobre el despojo de tierras y otros bienes de cerca de 20 mil habitantes de municipios del estado de Chiapas que se encuentran en la zona del conflicto armado.
Tercera parte.
CRONOLOGÍA, TERCERA PARTE.
14 de febrero.
El conflicto armado de Chiapas “se ha desvirtuado ante la opinión pública”, opinó la Comisión de Ganaderos de dicha entidad, porque han sido calificados de “terratenientes, latifundistas, acaparadores y explotadores”, por lo cual ha recaído sobre ellos “la animadversión de la sociedad y el propio gobierno”.
Cerca de 400 integrantes de la Coordinadora Ciudadana por la Paz y la Dignidad Nacional realizaron una marcha silenciosa por la zona turística de Acapulco, en apoyo al proceso de paz con justicia y democracia para Chiapas.
Todo grupo armado de oposición -como el EZLN- debe vincularse con normas humanitarias mínimas, como el respetar la vida y la seguridad de los civiles y tratar humanamente a los prisioneros, considera Amnistía Internacional (AI), y rechaza totalmente la toma de rehenes como arma de lucha.
La Sedena se deslindó de cualquier responsabilidad por la muerte de tres personas, cuyos cadáveres fueron encontrados en el ejido Morelia, en Chiapas, y aclaró que Sebastián Santíz López y Severiano y Hermelindo Santíz Gómez nunca fueron detenidos por soldados, dado que el 7 de enero no había presencia militar en ese ejido.
El gobernador Javier López Moreno escuchó en San Cristóbal, como petición del único orador, representante de las 74 comunidades rurales: “que se vayan los chilangos y los jipis que se dicen antigobiernistas, que dejen de estar hablando por nosotros”.
El obispo Samuel Ruiz García dijo en su homilía que el indígena est pidiendo que se abra la sociedad a la participación de todos, “que se haga expresión concreta y creíble en los comicios de este año 1994".
Tres indígenas tzeltales de la comunidad de El Mash, municipio de Oxchuc, fueron “golpeados” por nativos simpatizantes del alcalde priísta Emilio Gómez Santís, con el argumento de que “son zapatistas”, denunciaron las víctimas.
Fuente: esta sección fue elaborada con información proporcionada por Servicios Informativos Procesados, A.C. (SIPRO).
LOS ACTORES Y LOS HECHOS.
Versión estenográfica de las palabras del general Antonio Riviello, secretario de la Defensa Nacional de México, durante la ceremonia del 81 aniversario de la Marcha de la Lealtad, 9 de febrero de 1994. Esta versión fue tomada de La Jornada.
Sr. Lic. Carlos Salinas de Gortari, Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fueras Armadas; CC. representantes de los Poderes Legislativo y Judicial; CC. secretarios de Estado; Compañeros de armas; Señoras y señores; Jóvenes aquí presentes:.
Permítanme antes que nada y desde aquí, ante la presencia del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, rendir un homenaje a nuestros soldados que ofrecieron su vida por la causa de la nación.
Lo hago extensivo, como lo ha hecho el Presidente de la República, a todo el personal militar desplegado en la región chiapaneca, por su entrega y por su espíritu de servicio que nos permite, como un solo hombre, enfrentar las circunstancias del deber constitucional.
Así, a través de los hechos, los pueblos dicen cómo es su presente.
Al transformarse en principios y valores troquelan causa y porvenir; es cuando coinciden principios, axiología y realidad que las sociedades maduran, se consolidan y progresan en armonía.
México cree en la lealtad, la practica y la reconoce como valor que unifica y cohesiona. Por eso conmemora hoy con su Ejército la actuación de los cadetes que acompañaron al presidente Madero el 9 de febrero de 1913. Son acciones de lealtad como ésas, señales históricas que nos ayudan a transitar sin tropiezos en el rumbo que quiere y tiene la nación.
No es la lealtad un valor privativo de los soldados de México; lo celebramos hoy en recordación justa de la manera gallarda y firme con que la aplicaron soldados de la República acompañando a un Presidente valiente, amagado por intereses de toda laya, de genealogías externas y locales.
La lealtad en México es un valor que campea en los núcleos fundamentales del país. Se da en las familias, en el trabajo, en las instituciones, en los partidos, en los negocios, en la amistad y en los centros de estudio; fusiona a los hombres las ideas y los hechos; siempre est a prueba, pero no se extingue ni se agota al ejercerla, se retroalimenta y transmite de lugar a lugar y de generación en generación.
Se celebra hoy porque México quiere y requiere de soldados fieles a la misión que les ha encomendado. Deposita en sus manos las armas y la salvaguarda de su soberanía porque confía en su lealtad. Ese es el significado de esta ceremonia cívica. La sociedad nos dice: “Sabemos de la lealtad de los soldados de la República”, y aquellos que tenemos el honor de portar el uniforme militar reiteramos nuestra palabra de estricto cumplimiento a ese deseo colectivo.
Esa es la razón de la causa, y la causa de la razón militar.
La lealtad como origen, forma y compromiso. Por lealtad el soldado existe, por lealtad el soldado se prepara y se esmera, por lealtad vive y se realiza, por lealtad está dispuesto a morir.
Nadie, ni los hombres ni los pueblos están ciento por ciento vacunados, inmunizados contra la incertidumbre, el titubeo o la claudicación. Por eso es que estas convocatorias rituales tienen un valor didáctico y de reformulación en la sociedad.
Valores como el de la lealtad no son ni deben ser conmutables ni trastocables; siempre surgen, siempre han de surgir voces de confusión o de menosprecio. ¡México es fuerte, es una nación probada y viable, grande en su pasado, infinita en su porvenir!. Sabemos ser todos los días confiables. Fuerzas Armadas del México cotidiano que levanta con su esfuerzo un futuro de justicia y de paz. Muchos nos ayuda y nos fortalece la confianza de la República.
Hemos sentido el respeto, el apoyo y el afecto del pueblo mexicano.
Hay quienes quisieran distanciarnos del pueblo. ¡Imposible, somos uno y lo mismo! ¡Basta ver el rostro, la piel, el pensamiento y el corazón de cada soldado para ver que somos pueblo, que somos México, igual que el resto de la patria!. Basta ver los uniformes militares cuando surge la inundación, el incendio o el sacudimiento telúrico; lo mismo en el desastre que en la custodia, día y noche, de las instalaciones estratégicas. No somos ni más ni menos que el resto de los mexicanos que trabajan duro por su país.
Somos un Ejército a favor de la paz; somos un Ejército para tener paz. Creemos en las leyes, las obedecemos y acatamos órdenes.
La disciplina es nuestro designio.
En este mismo escenario, en 1989, señalábamos que México, en el transcurso de su vida independiente, siempre se ha visto amenazado por fuerzas externas e internas, unas con presiones hegemónicas y afanes intervencionistas; las otras, contraviniendo a la voluntad mayoritaria de los mexicanos en su anhelo de vivir en paz.
Cuando eso sucede, la Constitución General de la República es clara en la responsabilidad que asigna al Ejército. Hoy, a ello obedece nuestra presencia cuando surgen dificultades. A nadie debe extrañar; por eso estamos. Para eso han existido todos los Ejércitos del mundo cuando tienen conciencia de servir a su patria y a su pueblo.
Ciertamente, el Ejército fue llamado para intervenir en el conflicto de Chiapas. Su intervención se ajusta rigurosamente a las normas jurídicas que rigen su funcionamiento y a las normas ticas que inspiran su servicio. Su intervención es legal, legítima y necesaria. Actuamos para garantizar la seguridad interior, restituyendo el orden contra una violencia que, todos sabemos, no fue desatada por nosotros.
Nadie debe olvidar, y debe repetirse cuantas veces sea necesario, que el Ejército Mexicano fue atacado por el grupo transgresor. Este le declaró la guerra y atacaron a sus miembros y sus instalaciones. Fuimos los agredidos.
No actuamos por cuenta propia, sino subordinados al orden constitucional y estamos en Chiapas para mantener el orden constitucional que a la nación se ha dado y los mexicanos así lo requieren.
En el conflicto de Chiapas la posición del Ejército Mexicano es congruente con sus mejores tradiciones: lealtad al Presidente de la República y a la Constitución; garante del orden interno y, por lo tanto de la soberanía nacional, y por clara conciencia de nuestros orígenes, apoyo a una solución del conflicto que evite el enfrentamiento.
Hemos apoyado el esfuerzo de paz y la reconciliación. Nosotros somos de una sola pieza. Tenemos un origen popular y queremos entrañablemente a México.
Somos el Ejército de una sociedad madura y sana, a la que nunca le han de faltar problemas, pero que sabe superarlos.
Contamos con un mando que ha sabido actuar con prudencia y firmeza, sin apocamiento, pero sin excesos. Tenemos, en el presidente Salinas de Gortari un buen Comandante y un gran líder social.
De lejos y de cerca se movieron las manos de la provocación.
Encontraron la respuesta del di logo, la concordia y de la cohesión nacional. Nadie puede justificar que se use la violencia y se tomen las armas para reclamar soluciones.
No se debe pretender glorificar a quienes recurrieron a la violencia, pues si la confrontación se acercase a quienes la exaltan, lo primero que harán será solicitar a la autoridad su protección y abrigo.
Cuando está de por medio la paz social, el fin no justifica los medios, mucho menos los medios violentos. Nadie niega insuficiencias, pero México ha crecido, ha mejorado, con sacrificios y en paz. Así llegaremos al próximo siglo.
El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana cumplen su parte.
Tenemos fe en México. Nos alienta que México y nuestro Presidente tengan fe en nosotros.
Muchas gracias.
Ultima parte.
NOTICIAS DE LAS ONG'S .
Informe preliminar en la CIDH.
Ante el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su 85º periodo de sesiones en Washington, fue presentado el Informe Preliminar de los Organismos No Gubernamentales sobre la situación en Chiapas, donde se anota que la “reacción del gobierno federal al inicio del conflicto presentó una serie de transgresiones al orden jurídico constitucional, cuyo quebrantamiento tuvo el efecto multiplicador de violar a su vez las garantías constitucionales de la generalidad de la población civil y, posteriormente, dar lugar específicamente, en plena vigencia de la Constitución, a violaciones a los derechos humanos de individuos y grupos en lo particular”.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C., el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, A.C., y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todos”, solicitaron, con carácter de urgente, una audiencia a la CIDH de la OEA, a fin presentar el informe de la situación que se ha presentado en Chiapas a raíz del conflicto armado.
En el texto, que consta de 32 cuartillas, se indica que el gobierno federal mexicano en su respuesta al conflicto trasgredió siete artículos constitucionales: el 1º, 11, 16, 29, 76, 122 y 129.
Asimismo durante la audiencia solicitada por los organismos no gubernamentales se apuntó que, pese a la suspensión de las hostilidades que se pueda mantener entre las partes en conflicto, permanece la amenaza de “una tercera fuerza armada en la región”, constituida por “las guardias blancas, pistoleros de los finqueros, que al cobijo de la autoridad han causado grandes injusticias, sufrimientos y violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas de Chiapas”.
Los organismos no gubernamentales señalan en su informe que existe inconstitucionalidad en la participación del Ejército Mexicano, así como en el cerco militar establecido en la zona del conflicto y que se ha atentado contra la población civil con los ataques a reos indiscriminados, en los que ha habido bombardeos, ametrallamientos y lanzamiento de cohetes.
Asimismo indican que la Procuraduría General de la República promovió la acusación indiscriminada en perjuicio de la población civil, que hay discriminación en la entrega de alimentos a la población en las zonas afectadas por el conflicto y un clima de hostigamiento e intimidación (amenazas de muerte y ataques directos) a los miembros de la prensa y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Los organismos de la Red informaron que han recibido denuncias en las que se han visto involucradas 208 personas, 143 de las cuales presumiblemente han sido víctimas de abusos por parte del Ejército Mexicano. Estas denuncias abarcan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y desapariciones. Aseguraron que todas las detenciones fueron realizadas sin mandato judicial por el Ejército y algunas autoridades municipales; las torturas y tratos degradantes en contra de los detenidos, dijeron, fueron realizados por miembros del Ejército para obtener confesiones de pertenencia al EZLN.
“Todas las acciones del Ejército, inclusive las que resultaron en perjuicio de los derechos humanos, significaron una ilegal suspensión de facto de las garantías individuales, contraviniendo la Constitución”, apuntaron los organismos no gubernamentales.
Más adelante, en el capítulo referido a la Ley de Amnistía del Informe Preliminar presentado a la CIDH, se expresa que “otro gran motivo de preocupación para los organismos no gubernamentales defensores de los derechos humanos, es el intencional efecto de autoperdón que el gobierno se concedió e imprimió en el texto de la Ley de Amnistía”, del 22 de enero.
DIRECTORIO DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS .
Organismos de derechos humanos que pueden proporcionar información sobre el conflicto en Chiapas:.
Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (CDHFBC). 5 de Febrero No. 6, Col. Centro Apdo. Postal 178 29200 San Cristóbal de las Casas, Chis. Tel: (91-967) 835-48 y 831-36. Fax: (91-967) 835-51 Correo electrónico: Internet cdh-bcasas@laneta.apc.org .
CHILTAK, A.C. Flavio Paniagua No. 20 B Barrio del Cerrillo Apdo. Postal 179 29220 San Cristóbal de las Casas, Chis. Tel y Fax: (91-967) 838-68 Correo electrónico: Internet chiltak@laneta.apc.org
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria, O.P.”, A.C. (CDHFV) Odontología No. 35, Col. Copilco-Universidad 04360 México, D.F. Tel: 659-67-97 y 659-97-02 ext. 277 Fax: 659-38-23 Correo electrónico: Internet cdh-fvitoria@laneta.apc.org
Comisión Nacional de Derechos Humanos Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice 10200 México, D.F. Tel: 687-54-83 y 682-20-14 Fax: 669-40-76 .
Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos” Potágoras No. 736, 3er piso. Col. Narvarte 03020 México, D.F. Tel. 687-5483 y 659-6797. Fax: 669-4076.
Servicios Informativos Procesados, A.C. (SIPRO) Prosperidad No. 31, Col. Escandón 11800 México, D.F. Tel y Fax: 277-47-91 Correo electrónico: Internet sipro@laneta.apc.org
DIRECTORIO .
Coordinadora del Programa de Comunicación de la AMDH: Ma. Yolanda Arguello. Coordinador del Boletín Especial: Rodolfo Casillas R.
Corrección de estilo: León Téllez. Formación: Óscar Zamora; Equipo de redacción: Ana Laura Correa, Laura de Cisneros y León Téllez.
Correo electrónico: Miguel Acosta V.
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Academia Mexicana de Derechos Humanos, A.C.
Filosofía y Letras # 88. Col. Copilco Universidad.
04360 México D.F.
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de Peacenet, carnet.mexnews .
Fuente: Academia Mexicana de Derechos Humanos, A.C.