Chiapas, a un paso de la guerrilla, advierte el Episcopado Mexicano

A un año de gobierno del general Absalón Castellanos Domínguez, Chiapas se debate entre la violencia institucionalizada, represiva, del Estado y la que surge de la desesperada y legítima defensa de su población, principalmente indígena, por los agobios de la miseria, del hambre y de la represión que se multiplican.
Tierra de paradoja, donde su abundante riqueza contrasta con la dura realidad: el empobrecimiento del minifundio, comunidades indígenas despojadas, desnutridas, con desempleo y víctimas de un gobierno “absolutista” que, con su política de mano dura, lejos de aliviar, agrava los problemas. Por todo esto, Chiapas, a juicio del Episcopado Mexicano, se encuentra a un paso de la guerrilla, “no por la presencia de los refugiados guatemaltecos, pero sí por la injusticia que se agudiza”.

Tal advertencia fue hecha desde el 13 de abril pasado por el obispo auxiliar de Tuxtla Gutiérrez, Felipe Aguirre Franco, quien recalcó, durante una conferencia en la ciudad de México, que la situación en la entidad es muy comprometida y que del tratamiento que se le dé a esta situación “depende nuestro futuro”.
Un mes antes, seis senadores, integrantes de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Sur de la República, visitaron la entidad para analizar la realidad de la región. En su informe confidencial presentado al presidente Miguel de la Madrid, advierten que “para preservar la soberanía nacional, en los límites de Chiapas y Guatemala, se debe construir un muro de justicia y libertad”.

Porque “no queremos exagerar el riesgo actual, ya que de inmediato no se advierten inquietudes sobre la estabilidad política y social de la región; pero sí pueden, tomando en cuenta la forma de explotación que hemos comentado, llegar a traducirse en el origen de problemas verdaderamente serios”.
Y es que la explotación no tiene límites y, de hecho, la esclavitud de mexicanos y guatemaltecos se da en todo su esplendor en las fincas chiapanecas. Así lo comprobaron los senadores Miguel Borge Martín, Guadalupe Gómez de Anaya, Patrocinio González Blanco Garrido, Salvador Neme Castillo, Heladio Ramírez López y Héctor Vázquez Paredes. En su informe destacan:

“En la región de Los Altos, que tiene como centro comercial a San Cristóbal de las Casas, habitan unas 300,000 personas de condición indígena; existe la más alta densidad de población, la agricultura más precaria y las más altas manifestaciones de marginación e injusticia, que se apoyan en la ignorancia y en el alcoholismo, y hay unos 30,000 o 40,000 minifundios con menos de media hectárea de temporal cada uno. De allí salen miles de jornaleros, a veces desde muy temprana edad, a las diversas labores agrícolas del café y el plátano que se desarrollan en la sierra de Soconusco y en la costa.

“Allí la demanda de mano de obra es muy alta porque los cultivos de plátano y café son los que requieren de mayor número de jornadas asalariadas para su producción. Se estima que las necesidades de jornaleros para las medianas y grandes fincas de café va de 81,000 a 111,000 peones, de los cuales se calcula que 30,000 viven en Los Altos de Chiapas, de 45,000 a 75,000 son guatemaltecos, según la época, y 6,000 son de la propia región del Soconusco.

“Los jornaleros indígenas -mexicanos y guatemaltecos- son reclutados por enganchadores y tienen que viajar a veces durante varios días de camino para llegar a sus lugares de trabajo. Se comprometen por lo regular a contratos de 8 semanas como mínimo para tener derecho al viaje de regreso, ya que por períodos más cortos o aún en caso de enfermedad que los incapacite, ellos mismos deben cubrir sus gastos por este concepto.”

El enganche de trabajadores es un sistema bien organizado y opera con regularidad, no sólo durante la época de cosecha, sino todo el año, para asegurar la fuerza de trabajo que requieren las fincas. Los enganchadores, que pueden ser empleados de las fincas o comisionistas, son los responsables de administrar el dinero que les suministran los finqueros.

“El enganchador recibe, por trasladar y mantener un peón proveniente de Los Altos de Chiapas, unos 450 pesos, una vez colocado en las fincas del Soconusco, en tanto que por uno guatemalteco obtiene entre 50 y 80 pesos.”

Los senadores explican en su informe que la proporción de extranjeros en las plantaciones visitadas normalmente excede el 50%. En principio siempre existe la posibilidad de sustituir a un trabajador mexicano por uno extranjero (guatemalteco por regla general), que “dada su condición de ilegal no está en condiciones de reclamar los derechos que nuestra Constitución y nuestras leyes establecen”. Esta es la situación general que prevalece en alrededor de 300 fincas cafetaleras, que en el período de mayor actividad, durante la cosecha, dan empleo a poco más de 100,000 jornaleros, considerando 350 por finca, en promedio.

Pero la Constitución también es letra muerta para los mexicanos, como lo comprobó la comisión en sus diálogos con las comunidades indígenas de San Juan Chamula y Tenejapa. En este último lugar “se escucharon unas veinte intervenciones de indígenas tzeltales, quiénes relataron, en tono de denuncia, las difíciles condiciones de trabajo, alimentación y hospedaje que padecen; los precarios ingresos que reciben por su trabajo y las irregularidades con que muchas veces se hace el pago.

“Su inconformidad -que después se constató a visitar varias fincas- por su ración de comida, que consiste en una taza de frijoles y cinco tortillas que se les da dos veces al día. Nos dijeron que dormían en obscuros galerones, sobre tablas, prácticamente sin los servicios elementales y en condiciones de total falta de higiene y la más absoluta promiscuidad.

“Se recogió -dicen los senadores- con sus denuncias la realidad lastimosa de la queja y nos llevamos de esa reunión hondas inquietudes y preocupaciones.”

En su recorrido por Chiapas, visitaron, además, los campos de refugiados guatemaltecos de La Sombra, Las Hamacas y Las Delicias. Y refieren que la parte más difícil del problema se da por la incertidumbre de la población chiapaneca respecto a la duración que puede llegar a tener la permanencia de los guatemaltecos, ya que en un principio fue manifiesta la hospitalidad para con ellos, pero ahora, cuando los hay con más de un año de residencia en territorio nacional, “los locales empiezan a preocuparse por la competencia que representaría sobre la posesión de la tierra -que es la base de su propia subsistencia-, la regularización de los asentamientos actualmente provisionales.”

Fue en esta ocasión cuando durante una plática con el gobernador, general Absalón Castellanos, “nos dijo que ya había recibido inquietudes de la población local en ese sentido, por lo que desaconsejaba que el problema tratara de resolverse con la permanencia de los refugiados en territorio de Chiapas”.

Y en sus sugerencias para resolver la problemática, los legisladores advirtieron la necesidad de contar con un plan que dé respuesta eficaz a demandas que no deben ser objeto de paliativos o soluciones coyunturales, sino de un enfoque estructural que contemple simultáneamente los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales.

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Fue así como se anunció, el 12 de mayo de 1983, la panacea tan anhelada: El Plan Chiapas. Elaborado por el gobierno federal y el local, el documento contiene un conjunto de estrategias para evitar la centroamericanización de la entidad.

Reconocido como el “plan especial de mayor interés para la Federación”, tiene el propósito fundamental de elevar aceleradamente las condiciones de vida de los chiapanecos, así como reforzar su integración social y cultural. Se prometió, para ello, una derrama económica en la entidad, durante 1983, de 94,897 millones de pesos.

“El Plan Chiapas -se dijo- no será la vía para la transferencia indiscriminada de mayores recursos federales al estado o para una distribución improductiva de los apoyos financieros, sino un plan con sólidas bases políticas para aprovechar, en beneficio de los sectores mayoritarios del estado, los recursos existentes y para potenciar su expansión económica.”

Pero no ha funcionado del todo bien y hasta el momento, para las comunidades indígenas principales beneficiarias, el Plan Chiapas, por lo menos durante este año, fracasó.

Investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, que realizan trabajos de campo en la entidad, dirigentes indígenas y de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), dicen que es notoria la ausencia de obras, sobre todo en los primeros cuatro meses del año; que el programa caminero brilla por su ausencia; que el Instituto Nacional Indigenistas (INI) no ha hecho nada por los indios y que, por si fuero poco, ha trascendido en la entidad que ni siquiera se han acabado obras inconclusas de períodos anteriores.

Afirman también que el gobierno ha reconocido que la propiedad agraria se encuentra pulverizada por los repartos ya efectuados y por el crecimiento de la población rural.

Según informes de la Secretaría de Reforma Agraria de la entidad, existen a la fecha 58,000 demandantes de tierra, que han sido manipulados por partidos políticos de oposición y por el clero progresista. Reconoce invasiones en cerca de 500 predios de propiedad particular, a los que considera problemas de orden social.

Durante el primer año de gobierno del general Absalón Castellanos, dicen los investigadores y las organizaciones, se han registrado más de cien desalojos, siempre en forma violenta y ante la presencia de autoridades agrarias, elementos de seguridad y agentes del ministerio público.

Prueba de ello es que los indígenas temen al camino que ha delineado la política del gobernador, el que va de la milpa a la cárcel, así como desde los cinturones de miseria que rodean a San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y otras importantes ciudades chiapanecas.

Un estudio del Instituto de Asesoría Antropológica para la Región Maya, A.C. (INAREMAC), revela que los indígenas, al huir de la represión, fundan sus “villas miseria” para, con el miedo a cuestas, mendigar por las bellas mansiones cercanas al Periférico Norte, “todas ellas residencias veraniegas, cuyos dueños son científicos, pilotos de Alas del Socorro Instituto Lingüístico de Verano (ILV) o funcionarios estatales de alto rango que llegan en helicóptero.

“Empezaron como siempre: un trajín de chamulas clavando costeras, de la noche a la mañana. Poco a poco se traza el lote, la leña se dispone por debajo del alero, se construye una cocina, se va poblando el corral con guajolotes, nacen huertas familiares.

“Y luego, todo cambia otra vez: se levantan viviendas de bloque de cemento, al diseño arrabalesco, al parecer con asesoría evangélica pues, en la colonia Mazariegos, ocho tienen el mismísimo modelo. Todo lo chamula, de la arquitectura, ha desaparecido: ni patio, ni corredor sino la monotonía de los malos barrios de clases bajas de los arrabales feos.”

No obstante todo lo anterior, el gobernador chiapaneco abunda en optimismo al prometer y presumir supuestas acciones que desmiente la dramática realidad de su entidad. Porque, inmersos en la intranquilidad social y en la pobreza crónica, los indígenas chiapanecos han escrito al presidente Miguel de la Madrid.

Tal es el caso de los habitantes de la selva lacandona, cerca de 10,000 indígenas que poco a poco son despojados de sus terrenos ubicados en 40,000 hectáreas, y todo a causa de una resolución presidencial, firmada el 6 de marzo de 1972 por Luis Echeverría, en la que se pretende entregar 614,000 hectáreas a tan sólo 66 familias de lacandones.
Una de las últimas misivas a la Presidencia de la República fue enviada el 29 de junio de 1983. El motivo: “una camioneta de tres toneladas llena de policías judiciales y otra con caribes (llamados lacandones) amedrentaron con armas subametralladoras a las mujeres y los niños. Saquearon nuestro poblado, Nuevo Progreso, con apoyo y conocimiento de las autoridades estatales.

“Le suplicamos -dicen al presidente MMH- considerarnos víctimas de desastre, pues lo hemos perdido todo menos la vida. Si nos reubica podemos trabajar, pero mientras no tengamos tierra y siembra, jamás sobreviviremos.”

Los suscritos, 43 familias, se encuentran refugiadas, desde entonces y provisionalmente, en el poblado Nuevo Ojo de Agua, Ocosingo, y para el despojo de sus tierras no contó el haberlas trabajado por 12 años. Así lo advierte Antonio Peñate Arce, que en nombre de los afectados pide justicia. Ayuda inmediata porque “donde estamos refugiados no pueden hospedarnos más que provisionalmente. Pero no tenemos a dónde ir ni en qué transportar a nuestras mujeres”.

La carta, recibida en la Presidencia el 9 de agosto de este año, aún espera respuesta. Y también los habitantes de las poblaciones de El Chamizal y Flor de Cacao, que desde 1981 han sufrido similares expulsiones.

Otro caso es el del poblado Nuevo Potiajá, ubicado en Palenque, donde también han sido amenazados de desalojo, sin importar los 11 años de su estancia. La razón: Manuel, Víctor y “Joselito” Huerta y el presidente del poblado Once de Julio, José Vázquez Alegría, que “es manipulado por el Instituto Lingüístico de Verano -ILV-, quieren apoderarse de sus terrenos”.

De acuerdo con informes de la Unión Quipict Ta Lecubtusel, el responsable directo de las agresiones que padecen otras 32 comunidades que se encuentran a lo largo de la brecha lacandona, es el presidente estatal del PRI, Manuel de la Torre, quien durante el sexenio anterior se desempeño como subdelegado de la Reforma Agraria y cuyo interés primordial es “seguir enriqueciéndose con la tala de los bosques de la región”.

En la zona, dice Marín Rubio López, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, habitan principalmente tzotziles y choles que han huido desde hace 25 años de la explotación que prevalece en el norte y en Los Altos de Chiapas. Inclusive se crearon para ellos, en 1976, dos nuevos centros de población, el de Manuel Velasco Suárez y el de Luis Echeverría, pero resulta que ahora los quieren sacar a causa del peligro que advierte el gobierno por su cercanía con la frontera de Guatemala. “A ello responde el Plan Chiapas que hasta la fecha no se ha podido implementar en la región”.

Para las comunidades indígenas chiapanecas sólo hay una realidad en este primer año de gobierno del general Absalón Castellanos Domínguez: mayor miseria, acompañada siempre con la represión a consecuencia de la defensa de su tierra. Si con Juan Sabines imperó un “populismo sangriento”, el gobierno actual es formalmente “absolutista”. No hay diálogo, dicen, y prueba de ello fue la marcha de 27 días que realizaron el pasado octubre indígenas de la entidad hacia el Palacio Nacional, en la Ciudad de México (Proceso 363).

La caminata en ninguna forma conmovió al gobernador que, por la repercusión internacional que tuvo la manifestación, debió aceptar el diálogo y prometer soluciones que no han sido inmediatas. Meses antes había destacado su entidad por el secuestro que sufrió el asesor de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, Genaro Domínguez.

Sin embargo, los tzeltales, en otra carta al Presidente, denuncian que “el baño de sangre no ha concluido y el Dios de la Guerra en el estado de Chiapas no ha cesado de hostilizar a todos los indígenas, y así, no es ajeno a la persecución de los indios de Bachajón, a quiénes se les ha dividido y el gobernador, junto con la CNC (Confederación Nacional Campesina) ha ordenado a la policía la captura de los más distinguidos dirigentes que pugnan por una organización independiente y a los cuales, absurdamente, se les acusa de asesinato”.


Los nativos de Monte Líbano, en el municipio de Ocosingo, acusan a los extranjeros Herbert Stacpoole Lasso y
Enrique S. Lewels, entre otros, de “destrozar siembras y destruir nuestras casas para poder sacar la caoba que nos pertenece”. Relatan:

“Difícil y desigual ha sido la lucha, los ricos con su dinero han comprado autoridades de todos tamaños y nosotros sólo gritando que tenemos la razón. Nuestro pueblo ha sufrido la furia de terratenientes y caciques. Por primera vez en el año de 1976: nuestras casas y siembras fueron destruidas, quemadas, y nosotros perseguidos. Necios para no morir de hambre, las reedificamos para volver a sufrir lo mismo en noviembre de 1979. Una vez más, el 3 de abril de 1982 en que aprovechando la obscuridad de las cenizas del volcán Chichón que arrasó con los pueblos zoques, a nosotros nos destruían los policías, los guardias blancas y los propios terratenientes que, armados con metralletas y maquinaria, acabaron, como ha sucedido posteriormente, con todas nuestras pertenencias.”

Cansados de luchar y de denunciar ante la opinión pública su situación, los tzeltales advierten que se organizan, incluso con otros pueblos del país, para ser fuertes y anteponerse a los ricos. “Dura y amarga ha sido la experiencia pero hemos aprendido: lo que no hagamos por nosotros no lo hará nadie, y estamos dispuestos a luchar por recobrar nuestras tierras”.

Lo mismo sostienen ya los choles, tojolabales, catchiquiles, mochos y mayas de la selva lacandona que, junto con la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), han realizado huelgas de hambre para exigir la libertad de sus presos políticos. La última de ellas se llevó a cabo el pasado 29 de noviembre, por la libertad de Victórico Hernández, Agustín de la Torre y Gustavo Zárate, que se encuentran recluidos en el penal de Cerro Hueco, de Tuxtla Gutiérrez.

Y pese a todo, no hay visos de solución. Por el contrario, denuncia la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), los terratenientes, principalmente de Simojovel, contratan pistoleros y se arman como nunca en espera de una revancha por las denuncias de los indígenas que tanto los han molestado, lo mismo que al gobernador.