Un tribunal campesino acusa a Castellanos de político etnocida
Jorge Enrique Hernández
VENUSTIANO CARRANZA, CHIS.- El gobierno del general Absalón Castellanos Domínguez fue enjuiciado la semana pasada por un tribunal campesino que, a base de testimonios y denuncias, lo acusó de encabezar una política etnocida contra más de 800.000 indígenas chiapanecos. Escritores, investigadores, dirigentes políticos de la oposición, del magisterio y de organizaciones obrero-campesinas, constituidos en “gran jurado”, resolvieron “exigir justicia y castigo a los responsables de los asesinatos y encarcelamientos ilegales que se repiten en la entidad”.
“Yo no tengo más que una sensación de vergüenza de no poder frenar el exterminio de indígenas que se comete en el estado. Es un etnocidio que lleva 500 años y no concluye, pero lo peor es que muchos de esos criminales andan sueltos”, declaró a Proceso el escritor Juan Bañuelos Canona, Premio Chiapas 1984 y uno de los participantes en el tribunal organizado por la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) y el Frente Nacional contra la Represión.
Durante el 31 de julio y el 1º de agosto, este pueblo tzotzil, localizado a dos horas de la capital del estado, se convirtió en un foro popular contra la injusticia: entre lamentos, tristeza y lágrimas, cerca de un centenar de sobrevivientes de matanzas y encarcelamientos, hijos madres y esposas de comuneros asesinados o secuestrados, hicieron que todos los presentes en el patio de la Casa del Pueblo, sede del tribunal campesino, escucharan relatos verídicos.
Recordando a Bartolomé Martínez Villatoro, comisariado ejidal asesinado en 1975, su anciana madre, María Villatoro, expresó: “A diez años de la muerte de mi hijo, todavía siguen matando a los compañeros. Como él, todos pelean por su tierra, pero el PRI, la CNC, la Secretaría de Reforma Agraria y los terratenientes nos impiden existir”.
Adolfo Ordóñez manifestó: “Los del gobierno están en contra de los indios. El 6 de octubre de 1984 emboscaron y mataron, en Paraíso Grijalva, a seis chamacos y compañeros comuneros. Nosotros pudimos sobrevivir a los balazos porque después de ser heridos fuimos cubiertos por los cuerpos de los muertos. Después de balacearnos, todavía subieron los asesinos a la redila del camión donde estábamos amontonados y a los que se encontraban encima de nosotros, se les remató con el tiro de gracia”.
“Yo reconocí a Bartolomé Gómez Mendoza, pistolero de la CNC. Fue él quien encabezó a los asesinos. Recibí tres tiros de escopeta y sólo me acordaba de pedirle al Santo Señor del Pozo que me amparara”, agregó Julio López, otro de los campesinos que rindieron testimonio.
El Tribunal Campesino estuvo integrado, entre otros, por el exdirector de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Gilberto López y Rivas; Leopoldo de Gyves, dirigente de la COCEI; Rosalía Teniza, asesora de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); el escritor Armando Bartra y los líderes magisteriales Hernán Villatoro Barrios y Enrique Melgar Ruiz.
Durante el foro se destacó que tan sólo esta comunidad ha sufrido el asesinato de 25 comuneros, decenas de presos políticos y 209 órdenes de aprehensión. La comunidad tzotzil de Venustiano Carranza es una de las más reprimidas en el estado de Chiapas. La lucha de la OCEZ lleva 20 años y es por recuperar 3.184 hectáreas que se encuentran en poder de caciques de la región, como David Manzur y Sócrates Castellano. Tampoco se les ha indemnizado por la expropiación de 2,500 hectáreas, por la Comisión Federal de Electricidad.
El acto concluyó con una marcha campesina, la tarde del jueves 1. El Premio Chiapas 1984 hizo un llamado a escritores y a intelectuales para solidarizarse con la lucha campesina. Reiteró que el monto de su premio lo donará a la diócesis de San Cristóbal para ayudar a los indígenas; Leopoldo de Gyves destacó que lo que sucede en la entidad “es una muestra de la política antipopular del gobierno”.
Fuente: Proceso. 3 de agosto de 1985