Ganaderos
e indígenas hablan de “grupos guerrilleros”.
Infantería, tanquetas, helicópteros y paracaidistas, en
los combates de Ocosingo
Junio de 1993. Guillermo Correa
CHIAPAS.- Negada su presencia desde hace por lo menos cinco años, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República reconocieron indicios de que la guerrilla existe en Chiapas.
En un comunicado oficial, con fecha 31 de mayo pasado, la SDN reconoce: “Un grupo de individuos, en número indeterminado, que presumiblemente realizaba actividades ilegales”, atacó en dos ocasiones a personal militar destacamentado en esa entidad.
Detalla que se repelió la agresión y que el saldo de los enfrentamientos fue la muerte de un subteniente y un elemento de tropa; heridos un sargento y un cabo, y que, al responderse la agresión, “perdió la vida una persona civil no identificada”.
Los hechos, dice, se dieron sobre áreas despobladas del municipio de Ocosingo. Informa que el ejército detuvo a l0 individuos -ocho de ellos, indígenas tzeltales y dos guatemaltecos-, que “portaban 11 armas de fuego y cartuchos de diversos calibres. Detenidos, armamento y municiones -agrega el comunicado- fueron presentados y consignados ante el agente del Ministerio Público Federal”, de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Otro informe que lleva el sello de la PGR precisa que el enfrentamiento se dio en el ejido “Pataté Viejo”, donde los agresores “se encontraban pertrechados entre la selva” y “a quienes se les aseguró once armas de fuego de diversos calibres, cartuchos de calibre 22, radio civil, cartuchos calibre 410, apuntes y propaganda subversiva sobre táctica de guerrilla guatemalteca”.
El documento oficial consigna que la averiguación previa l22/1/993 se inició el 24 de mayo de l993, por los delitos de homicidio y lesiones calificadas, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y asociación delictuosa, en contra de los mexicanos Marcos Pérez Jiménez, Tiburcio Ruiz Lara, Manuel Clara Ruiz, Antonio López Jiménez, Nicolás Clara Ruiz, Melchor Jiménez López, Lázaro Pérez Lorenzo, y de los guatemaltecos Salvador Mateo Salvador y Andrés Salvador Antonio.
El 31 de mayo, el agente del Ministerio Público Federal amplió la acción penal y acusó a los detenidos en el penal de Cerro Hueco de dos nuevos delitos: “Traición a la patria y acopio de armas”, dictando el juez el auto de formal prisión “sin que exista imputación directa, pero es evidente que participaron”.
El Código Penal para el Distrito y Territorios Federales establece en su artículo l23, fracción III y VI, que comete el delito de “traición a la patria” quien: “Forme parte de grupos armados dirigidos o asesorados por extranjeros, organizados dentro o fuera del país, cuando tengan por finalidad atentar contra la independencia de la República, su soberanía, su libertad o su integridad territorial, o invadir el territorio nacional, aun cuando no exista declaración de guerra”. Además, que “tenga, en tiempos de paz o de guerra, relación o inteligencia con persona, grupo o gobierno extranjero, o le dé instrucciones, información o consejos, con objeto de guiar a una posible invasión del territorio nacional o de alterar la paz interior”.
De acuerdo con el expediente 4493, el agente del Ministerio Público Militar que hizo la denuncia es Hans Karl Hahne Arias; en tanto que el agente del Ministerio Público Federal es Fernando Saucedo Ramírez.
El responsable de la VII Región Militar es el general Miguel Ángel Godínez, exjefe del Estado Mayor Presidencial.
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Testimonios de autoridades civiles, dirigentes campesinos y de las poblaciones que habitan los ejidos en los que se realizó un gran operativo militar luego de los hechos sangrientos ocurridos el 22 de mayo pasado, acusan a elementos del Ejército Mexicano de haber “secuestrado” a los presuntos guerrilleros que, aseguran, sólo son unos “indígenas inocentes”.
Dicen que los soldados han provocado “un clima de terror” en los ejidos de la selva donde “se han dedicado a amedrentar y saquear nuestras pertenencias”. Manifiestan, sin que ello haya sido desmentido por la SDN, que “desde helicópteros bombardean regiones selváticas montañosas” cercanas a su comunidad.
Las protestas han sido enviadas al presidente Carlos Salinas de Gortari, al secretario de Gobernación y exgobernador de Chiapas, Patrocinio González Garrido, al responsable de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Madrazo Cuéllar, y al gobierno interino de Elmar Séltzer Marselle.
Piden a todos ellos que “los militares devuelvan a los campesinos de Ocosingo”.
Según el ejército, desde el l4 de mayo pasado se encontraba en la zona “desarrollando prácticas de adiestramiento”. Las “agresiones” de las que resultaron muertos el oficial José Luis Vera de Jesús y el elemento de tropa Librado Santiz Gómez; y heridos Mauro García Martínez y Lucio Hernández Xolo, se dieron ocho días después.
Agrega que la persona civil muerta y no identificada “portaba un fusil mini-l4 calibre 223", y que “al proseguirse con la búsqueda del resto de los agresores, se produjo un segundo ataque, en el cual resultó herido un elemento de tropa, el que posteriormente falleció en el Hospital Central Militar, a donde fue evacuado” (sic).
La Unión de Uniones Ejidales y Sociedades Campesinas de Producción Rural cuenta, por su parte, que las violaciones a los derechos humanos se empezaron a dar desde las l0 de la mañana del 24 de mayo de l993, cuando los soldados llegaron al ejido Laguna del Carmen Pataté: “Reunieron en la cancha de basquetbol a toda la población, registraron las casas y después escogieron al azar a los ocho indígenas que hoy acusan de matar y herir a los ejércitos. Sabemos que esto constituye una violación total y una injusticia cometida contra nosotros, que ya de por sí tenemos demasiados problemas con nuestra pobreza para que todavía nos hagan esto”, denunció la organización.
Los indígenas tzeltales informaron que, al continuar las acciones militares del 83º Batallón de Infantería, con sede en San Cristóbal de las Casas, decenas de familias se refugiaron desde el 25 de mayo en la cabecera municipal de Ocosingo y que muchas más huyeron a la montaña.
Al día siguiente, “las entradas a Ocosingo y Altamirano amanecieron con retenes militares en los que todo transporte se registraba en busca de armas. Al mismo tiempo, más de 60 camiones llenos de soldados cercaron a los ejidos Venustiano Carranza, Morelia, El Chichón, La Garrucha y Pataté Viejo, entre otros”.
El 27 de mayo, dijo Lázaro Ruiz -uno de los dirigentes de la Unión que agrupa a más de 20.000 campesinos de la selva chiapaneca- arreció el despliegue militar. “Nuestros compañeros no saben bien si son bombas o no, pero han visto que los helicópteros dejan caer algo que al tocar el suelo hace explosión y levanta llamaradas”, expresó.
De acuerdo con Abelino Bonifaz Monterrosa, secretario municipal de Altamirano, un segundo enfrentamiento de “grandes dimensiones” se había llevado a cabo el 26 de mayo entre los presuntos guerrilleros y el ejército.
El tiroteo, confirmó el cuarto regidor Abelino López Cruz, comenzó desde las ocho de la mañana “en el centro del Volcán, ubicado en el ejido La Grandeza”.
Bonifaz Monterrosa: “Sabemos que en las 28 comunidades de Altamirano existen unas 300 personas armadas y que en Ocosingo, los militares detectaron campos de adiestramiento para guerrilleros”.
José Arnulfo Pérez, primer regidor de Altamirano, manifestó: “En las comunidades de La Grandeza y Belisario Domínguez, los militares se lanzaban de los helicópteros en paracaídas, y se regaron como papeles pequeños en esos ejidos, ubicados a unos 35 kilómetros de aquí”.
Un miembro del 24 regimiento de Caballería Motorizado -que pidió el anonimato-, con sede en Comitán: “Se tiene conocimiento de que en Altamirano y Ocosingo, se han detectado seis campos de adiestramiento para guerrilleros y que en varios tiroteos han caído heridos tanto militares como presuntos subversivos”.
Para el primero de junio, las versiones de los campesinos indicaban que los perseguidos estaban ocultos en una cueva de la región; que más de 2.000 soldados participaban en el operativo con camiones especiales y hasta tanquetas y que uno de los campamentos militares fue instalado en el edificio del pozo petrolero Nazareth, enclavado en la Selva Lacandona.
El despliegue militar que ocupó varios días la nota principal de los diarios más importantes de la entidad, nunca fue desmentida por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ni siquiera cuando los representantes estudiantiles de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas manifestaron el 31 de mayo, en conferencia de prensa, su “indignación por los bombardeos militares a la población civil en los municipios de Ocosingo y Altamirano con el pretexto del surgimiento de grupos guerrilleros en la zona”.
Al dirigirse hacia el lugar de los hechos, el reportero constató la fuerte movilización militar que todavía se daba el 2 de junio pasado. Rumbo a Altamirano, los vehículos de guerra pasaban llenos de efectivos militares, alimentos y agua.
En el retén instalado a la entrada de la cabecera municipal, los soldados, como hormigas, surgían de sus “chompas” -tiendas de campaña- confundiéndose con el color verde del bosque. En breve plática, su jefe expresó que la mayoría es gente joven, pero que él cuenta con 24 años de servicio.
-¿Dónde le gusta más estar: aquí, o allá con los guerrilleros?
-Donde sea, aquí no es de que nos guste. Me acusarían de desertor, que es peor que traidor a la patria.
-¿Dicen que son como dos mil soldados?
-¿Dos mil? Nombre, somos un chingo.
-¿Van para varios días?
-Sí.
-¿Le ha tocado antes algo igual?
-No, nunca.
Agregó: “Pobrecito del subteniente, apenas tenía tres meses de haber acabado su carrera en el Colegio Militar”.
Octavio López Rodríguez, campesino del ejido Candelaria: “Lo de los grupos guerrilleros tiene más de un año. Vienen de allá abajo, de Guatemala. Dicen que no debe haber pobres, que todo debe ser colectivo. Que si yo tengo una vaca y la vendo, debo repartir a todos. Y no, nosotros no estamos de acuerdo. Pa’mí lo mejor es lo individual.
Por Comitán hemos visto un hombre altísimo que anda con ellos, ni siquiera cabe en el camión. Siempre trae vigilancia. Parece gringo, pero ya hasta tojolobal habla.
Algunos compas dicen que hay cuevas con un chingo de armas. Cómo estará la situación que hasta pueblos enteros, como el Guadalupe Victoria, se enfrentan entre sí, los que están a favor y los que no.”
-¿Tienen miedo?
-A nosotros no nos pasa nada. Somos del PRI y de la CNC. No hay ningún temor.
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Para los ricos ganaderos de esta zona de Las Cañadas, ubicada en la Selva Lacandona, el ejército se tardó años en intervenir contra los “guerrilleros que tienen asolada a la región”.
Ningún empacho tienen en confesar que ellos solicitaron la intervención militar. Culpan de todos sus males al obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, al que califican de “viejo rojillo enmohecido”. Y afirman que, desde hace años, han pedido su expulsión al delegado apostólico, el representante papal, Jerónimo Prigione.
Pero los indios asentados aquí, defienden al obispo; rechazan ser guerrilleros y sostienen que “eso sólo es un pretexto para exterminarnos y que los poderosos lo sean más al convertirse en dueños de todo el lugar”, que comprende alrededor de 360.000 hectáreas.
La situación se define por la existencia de unos cuantos “ricachones” y miles de campesinos miserables.
Los primeros hasta corrido hicieron a don Samuel:
Un veinticinco de enero
a San Cristóbal llegó
un maldito guerrillero
que de obispo se vistió.
Se declaró comunista
con metralleta en la mano
predicando como artista
y convenciendo al cristiano.
Los ganaderos cantan también:
El campesino cansado
no tiene estabilidad
por promesas del malvado
que a la tumba llegará.
De conflicto el infierno está
porque allí no lo quisieron,
comunismo quiso allá
y eso no le permitieron.
Y de plano no se miden al rimar:
Ni que lo quemaran vivo
pagaría su delincuencia,
fue un guerrillero activo,
mujeriego y sinvergüenza.
Ya con ésta me despido
maldiciendo a Samuel,
a los campesinos pido
que no se junten con él.
Los ganaderos de Chiapas le han puesto precio a la cabeza del obispo Samuel Ruiz. Se quejan de atropellos en su contra. Han grabado conversaciones de campesinos por radio y recogido volantes en los que tratan de demostrar la existencia de la guerrilla en Chiapas. Y en cartas enviadas al presidente Carlos Salinas de Gortari y al ejército han solicitado desde hace años “la protección militar”. Por eso aplauden las “maniobras antiguerrilleras” de los últimos días en la selva de la entidad.
Una de ellas tiene fecha del 26 de septiembre de l992 y está firmada por Consuelo Albores Alfonzo. Dice: “Sr. Presidente, reciba un afectuoso saludo del Consejo para la Integración de la Mujer que solicita su intervención, para nuestro municipio y cabecera municipal (Altamirano), ya que nos encontramos amenazados por campesinos que se encuentran organizados para, en forma violenta, expulsarnos a todos de nuestros hogares, pues se creen dueños de las tierras desde hace 500 años.
Las mujeres y los niños están sumamente alarmados. Por tal razón los habitantes de este municipio están evacuando. Le manifestamos que estamos unidos pequeños propietarios y ejidatarios. El grupo que amenaza es la minoría: es de otro partido y están dirigidos por algunos del clero.
Suplicamos nuevamente que su intervención sea oportuna, ya que tienen programado antes del l2 de Octubre cometer su fechoría. Por su intervención, quedamos muy agradecidos.”
Sus denuncias son contra la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), la Alianza Campesina Independiente Emiliano Zapata (ANCIEZ), la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI), la Unión de Uniones (ARICS), el párroco de Simojovel (Joel Padrón), las religiosas del convento y hospital de San Carlos y, entre otros más, el obispo Samuel Ruiz.
Como acciones guerrilleras mencionan que en febrero de l987 fue quemada y saqueada la casa de Mariano Santiz Gómez, posteriormente asesinado, en el predio “Puerto Rico”; en septiembre del mismo año fueron “golpeados a culatazos” los propietarios del terreno El Golfo, y que el 24 de agosto a José Morales Santiz “le cortaron las orejas, la nariz, los testículos y la lengua, y luego lo quemaron y tiraron al río”.
En mayo de l99l, dicen, fue secuestrado Rodolfo García, al que gente del ejido El Carrizal robó y destruyó su rancho. Aseguran que igual pasó en ese año con Angelina Franco Montes de Oca, Ausencia Martínez Alcazary, Ernesto y Tony Ortega y miembros del ejido Tomás Münzer.
La relación, girada entonces al gobernador José Patrocinio González Blanco Garrido -actual Secretario de Gobernación- asegura que el 23 de agosto de l991 fue asesinado el propietario de los predios El Nacimiento y Acapulco, Ernesto Ortega Gómez; balaceados diversos automóviles que circulaban por la carretera, y que “los atacantes estaban uniformados de color azul como se les ha visto en otras acciones a los grupos de El Carrizal (OCEZ), según averiguación previa 249/991".
Todas las denuncias -la lista es numerosa-, de los ganaderos y pequeños propietarios “víctimas” dan el número de la averiguación previa correspondiente. Hablan de otros secuestros, asesinatos y amenazas de muerte, de robos y quemas de ranchos, y, sobre todo, de “impunidad”.
Otras cartas dirigidas a la Presidencia de la República, copias de las cuales tiene Proceso, señalan que los campesinos “quieren desconocer la existencia de autoridades legítimas como la que usted (Carlos Salinas de Gortari) representa”.
En todas ellas, los ricos de la zona siempre piden “que usted nos ayude mandándonos a los soldados para que les quiten los rifles y las pistolas con las cuales nos amenazan, ya que somos personas que queremos vivir en paz”.
Su carta fuerte, no obstante, es un “Comunicado Guerrillero” que, dirigido “Al Pueblo de México”, circula en la región.
“Hermanos, hermanas, camaradas: Protegiéndonos, cientos y miles de ciudadanos reciben, reparten, leen y discuten con entusiasmo e interés este comunicado, reafirmando una verdad que, como secreto a voces, sacude la conciencia de todos los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional.
La lucha armada revolucionaria, la lucha guerrillera ¡existe y se consolida en nuestra Patria! fortaleciendo la esperanza de que la revolución traicionada de l9l0-l9l7, lejos de frustrar, ilustró con nuevas enseñanzas.
Hoy, para lograr el triunfo de la nueva revolución emprendida por el pueblo mexicano, es necesario: un partido histórico de vanguardia, un ejército del pueblo, un poderoso movimiento político de masas, ¡una ideología proletaria, un lineamiento político, una metodología de construcción revolucionaria y una estrategia general que contemple como vía fundamental de la revolución la lucha armada revolucionaria! y, en torno a ella, todas las formas de combate que surjan de nuestro pueblo.”
El volante, entregado a Proceso por los ganaderos y parvifundistas de la región, hace mención de Morelos, Flores Magón, Villa, Zapata, Héctor Fladio Hernández Castillo y Lucio Cabañas Barrientos, “caídos en combate contra el Ejército Mexicano”.
Destaca que “las causas que dan origen y motivan el desarrollo de la lucha armada revolucionaria en nuestro país, se han agudizado”. Pide “responder a la violencia ejercida por el gobierno mexicano en contra del pueblo”. Resalta “la miseria en que vive la mayoría”. Llama a “la toma del poder político, la instauración de la dictadura del proletariado y la construcción del socialismo”.
Manifiesta, en sus cuatro hojas, que “los síntomas de un estallido social y revolucionario maduran y se expresan en el descontento y la rebeldía de un pueblo sediento de justicia y libertad”.
El documento tiene fecha de marzo l991. Lo avalan el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) y el Partido de los Pobres (PDLP). Los ganaderos dicen que desde entonces, “quizás desde antes, se adoctrina a los indios de la región”.
José Luis Aguilar Espinoza, presidente de la Asociación Ganadera local de Altamirano: “Desde el 91 fue una comisión de todo el estado para hablar con Prigione para que el Papa Juan Pablo quite al obispo Samuel Ruiz. Dijo que lo iba a estudiar”.
En entrevista grabada, afirma que la región está olvidada del gobierno. A ello achaca los problemas de la violencia. Dice que aquí el Pronasol se siente muy poco.
-Los de Unión de Uniones dicen que luchan por un mejor nivel de vida de los campesinos. Pero eso es mentira, sólo el parapeto, atrás lo que quieren es apoderarse de nuestras tierras”, dice.
-¿Y la presencia del ejército que según viene a ayudar a la población?
-Eso también es un disfraz. Nosotros pedimos su presencia contra estos grupos de delincuentes. Bueno, es que se decidió; lo malo es que se tardaron demasiado.
Lo que no aceptan los ganaderos y pequeños propietarios de esta zona de la Selva Lacandona es que, de acuerdo con los ejidatarios y comuneros indios a los que consideran sus enemigos, ellos “desde siempre han tenido grupos paramilitares que saquean, queman, destruyen pueblos y violan a nuestras mujeres”.
La verdad, dicen los indígenas, es los ricos no quieren saber nada de organización. “Por años nos han explotado. En sus fincas cafetaleras, todavía gozan del derecho de pernada. Hacen de las mujeres lo que quieren. Y al que se niega a trabajar, como por Chiapas no pasó la revolución, lo cuelgan de los pulgares hasta que se muere.
Nosotros lo único que deseamos es vivir mejor, pero se espantan al saber que queremos salir de la esclavitud. No aceptan que los indios podemos, organizados, hacer producir la tierra, sin ningún ánimo de molestar. También somos seres humanos ¿o no?”
De la existencia de grupos subversivos, todas las organizaciones acusadas dicen que, si hay, ellos no son. “La verdad es que eso sólo es un argumento que utilizan porque las cosas ya no pueden ser como antes”.
Y en todo caso, afirman, como dice el periódico El Tiempo, de San Cristóbal de las Casas: “Si todos sabemos que la miseria produce guerrilla, valdría la pena, entonces, que Solidaridad y no el Ejército combatiera realmente la pobreza”.
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Miguel Ángel de los Santos Cruz, abogado defensor de los indios acusados de “traición a la patria”, dice a Proceso: “Sorprende bastante cómo el ejército puede acusar a estas personas de los delitos que les imputa, cuando con sólo una revisión muy por encima de los expedientes revela que los indígenas ni siquiera tienen idea de lo que sucedió”.
Convencido está de que “definitivamente no son guerrilleros”. Revela que el caso es muy débil y mal armado por las autoridades militares, porque existen muchas contradicciones. Pero reconoce que, sin embargo, “el problema, más que jurídico, es político”.
La solución para que haya justicia y los tzeltales logren su libertad, únicamente se puede hacer “con la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Aunque su intervención, que ya se ha demandado, no se presenta debido, quizás, a que hay presión de las máximas autoridades militares”.
De cualquier manera -afirma- vamos a hacer lo que se pueda. Recurrir, incluso al amparo. La justicia federal debe protegerlos. Aún con eso, confiesa, no se pueden abrigar muchas esperanzas.
Acusa que la agrupación Abogados de Minessota -defensores de los derechos humanos a nivel internacional-, interesados en el caso, estuvieron en Chiapas y que “ni siquiera les dejaron ver el expediente”.
De los Santos Cruz narra que el 28 de mayo se dictó auto de formal prisión a cinco de los acusados, y que al resto los dejaban en libertad con sujeción a proceso. “Nada más que el agente del Ministerio Público Federal pidió una ampliación para agregar a los delitos de asociación delictuosa, portación de armas, homicidio y lesiones, el de traición a la patria, con la finalidad de fundirlos en la cárcel”.
Comenta: “No sé cuál es la intención del ejército, si amedrentar a toda la población, fabricar culpables de los homicidios o qué”.
No se explica tampoco por qué la Comisión de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, que preside el obispo Samuel Ruiz, ha guardado silencio, cuando en otros casos, no tan graves, siempre está presente para defender a los indígenas.
Y mientras los hechos causaron preocupación el 1 de junio en la Cámara de Diputados, donde el diputado del PRD, Jorge Moscoso, pidió que se investigaran los hechos, el gobernador Elmar Séltzer Marselle declaró que la labor del ejército en Chiapas es “digna de aplaudirse” y que en el estado “reina la paz y tranquilidad”.
Ese día, la VII Región Militar dio por terminadas sus maniobras en la selva donde, según el informe, se decomisaron 37 armas, l.643 cartuchos de diferente calibre y se destruyeron cuatro plantíos de mariguana.
El boletín militar asegura que los soldados sólo se dedicaron a realizar “acciones de labor social”. Enumeró 2.196 consultas médicas, 387 consultas dentales, 561 cortes de pelo; trabajos de albañilería, carpintería, electricidad y de pintura; 47 pequeñas cirugías, l92 inyecciones aplicadas y hasta 48 pláticas sobre “prevención del cólera”.
Al enterarse del informe militar, habitantes de la zona negaron que se les haya proporcionado esa ayuda social. Y acusaron que la presencia de los soldados no había desaparecido del lugar.
Fuente: Proceso. 5 de Junio de 1993