Gobierno argentino estatizará los fondos de pensión privados

 El Gobierno de Argentina anunció este martes que impulsará una reforma legal para traspasar los 98.000 millones de pesos (30.600 millones de dólares) administrados por entidades privadas al sistema estatal de jubilaciones. La reforma, que es respaldada por los sindicatos y rechazada por la oposición, implicará el fin del sistema de retiro por capitalización creado en 1994, con 9,5 millones de afiliados, que han perdido 5.000 millones de dólares en estos 14 años.

Prensa Web YVKE (Patricia Rivas)

Miércoles, 22 de Oct de 2008.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, firmó el proyecto de ley que enviará al Parlamento para concretar esta reforma, tras lo cual ofreció un discurso en el que hizo una fuerte defensa del rol de intervención del Estado para resguardar el futuro de los trabajadores.

El plan oficial supone el traspaso al Estado de la cartera de fondos gestionada por las administradoras de fondos de jubilación y pensión (AFJP), que asciende a 98.000 millones de pesos (unos 30.600 millones de dólares).

De aprobarse en el Parlamento, la reforma implicará el fin del sistema de retiro por capitalización creado en 1994 y en el que actualmente operan diez compañías controladas por bancos y aseguradoras de capitales europeos, estadounidenses y argentinos, con 9,5 millones de afiliados.

"Escucho decir que el Gobierno quiere hacerse de una caja. Nunca hemos especulado a la hora de tomar decisiones, más allá de mantener el superávit fiscal. Sí pensamos en la Constitución, que dice que es el Estado el que debe garantizar las jubilaciones", afirmó Fernández.

Fin de un saqueo y un sistema fracasado
El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Amado Boudou, sostuvo que la propuesta oficial viene a "dar por terminado el experimento fracasado del régimen de capitalización".

El funcionario consideró que el sistema de las AFJP "fue un error fenomenal que le costó muy caro a la sociedad argentina", ya que constituyó un "saqueo" por el que el Estado se endeudó en 100.000 millones de dólares y pagó altas tasas de interés a las administradoras por sus tenencias en títulos públicos.

La rentabilidad de los fondos administrados por las AFJP cayó un 20 por ciento en el último año "y seguirá dando pérdidas en el futuro" al compás de la crisis financiera global.

Entre el pasado septiembre y el mismo mes del año anterior, las AFJP han perdido un 2,8 por ciento. En estos 14 años los afiliados a la jubilación privada han perdido 5.000 millones de dólares, mientras que los bancos y aseguradoras dueños de las administradoras ganaron 12.000 millones por comisiones excesivas.

Seguridad Social garantizará pensiones
Boudou dijo que, mientras en EE.UU. y Europa el Estado se dedica a rescatar bancos, en Argentina "el Gobierno ha decido rescatar a los trabajadores y a los jubilados para que tengan un futuro seguro".

Si se aprueba el proyecto, los fondos provenientes del sistema privado pasarán a las arcas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que administra ya los aportes de unos cinco millones de trabajadores adheridos al sistema de jubilación estatal, y que paga pensiones a unos cinco millones de retirados.

La caja estatal, además, se nutrirá anualmente con unos 15.000 millones de pesos (4.630 millones de dólares) que los trabajadores aportan actualmente al sistema privado.

La Anses también se hará cargo del pago a las 445.514 personas que cobran su retiro a través del sistema privado y que en un 77 por ciento no alcanzan a la jubilación mínima, que es de 689 pesos (212,6 dólares) mensuales, por debajo de la cesta básica de alimentos y servicios que marca la línea de pobreza y que el mes pasado fue de 970 pesos (300 dólares).

Orígenes (controlada por la holandesa ING Insurance), Met (de la estadounidense Metropolitan Life) y Consolidar (del grupo español BBVA) son las principales firmas afectadas, ya que entre las tres acaparan el 47 por ciento de las afiliaciones al régimen de capitalización. También operan en el mercado otras firmas controladas por sindicatos, asociaciones profesionales y cooperativistas de Argentina (Arauca, Unidos, Futura, Previsol y Profesión+Auge); Máxima, del grupo inglés HSBC, y Nación, del estatal Banco Nación de Argentina.

El anuncio oficial ha puesto en alerta a los 11.000 empleados del sector, cuyos representantes sindicales anunciaron que reclamarán al Gobierno por la "violencia" de la reforma y el golpe de muerte a su fuente laboral, pese al apoyo de las centrales gremiales a la iniciativa del Ejecutivo.

Boudou garantizó que esos trabajadores serán incorporados a la Anses.

La reacción también fue adversa en los mercados, con caídas generalizadas en la Bolsa de Buenos Aires y particularmente notables para los papeles del sector bancarios -con retrocesos de hasta el 21%- y pérdidas también para los bonos públicos argentinos (-7%).

La oposición rechazó la iniciativa oficial por considerarla "un robo" y un "saqueo del dinero de los jubilados", tal como la calificó la líder de la Coalición Cívica y ex candidata presidencial Elisa Carrió.

Gestoras privadas patalean
La Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (UAFJP) de Argentina, que agrupa a las entidades privadas que gestionan pensiones en el país, denunció que el anuncio de la estatalización de estas prestaciones desalienta la inversión en el país.

El presidente de la UAFJP, Sebastián Palla, defendió la gestión privada de los fondos, rechazó los cuestionamientos sobre su funcionamiento y subrayó que el régimen "está bajo celosa regulación y control".

Palla afirmó que el proyecto de ley del Gobierno "no tiene una visión de largo plazo, sino que está basado en un hecho coyuntural, que es la crisis de los mercados financieros", mientras que los fondos de la AFJP son "de largo plazo, para un contexto de reglas estables".

A su juicio, en un contexto en el que la inversión es una de las mayores necesidades y desafíos de política económica, la medida "genera un contexto que desalienta la inversión en Argentina".

La medida gubernamental, añadió en un comunicado divulgado en Buenos Aires, es "inconsistente" con la reforma propuesta hace un año, cuando el Gobierno y el sector privado coincidieron en la bondad de ley que permitió a los argentinos elegir entre un sistema público de pensiones y otro privado.

Se calcula que las diez Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) del país, entre ellas compañías de capital español, estadounidense y holandés, recaudan entre 13.000 y 15.000 millones de pesos (unos 4.032 a 4.687 millones de dólares).

Las AFJP cuentan con unos 9,5 millones de afiliados, acumulan unos 98.000 millones de pesos (30.000 millones de dólares), de los cuales el 55 por ciento están colocados en bonos públicos y un 14 por ciento en acciones y activos privados, que han sido castigados por la crisis internacional.

Una parte de las inversiones de la jubilación privada son Préstamos Garantizados con fuertes vencimientos el año próximo y el resto son bonos a largo plazo (35 a 40 años) del millonario canje de 2005, con el que Argentina salió del cese de pagos de 2001, el mayor de la historia.