LOS MISMOS GRINGOS DE LA MASACRE DE LAS BANANERAS...

POR IGNACIO GÓMEZ G.

Descargar el barco Otterloo, en el puerto privado que tiene la bananera Chiquita Brands Internacional en Turbo, Colombia, no fue una maniobra complicada. Pero debería haberlo sido, porque Turbo no tiene muelle, pero sí todos los controles civiles, militares y navieros propios de una frontera marina; porque toda la región es emblema de la guerra contra la guerrilla y porque la carga incluía catorce contenedores, con 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos de 7.65 milímetros.

Para terminar de complicar las cosas, el barco llegó un viernes en la tarde, el 21 de noviembre de 2001, dos meses después de que el destinatario del embarque fuera públicamente incluido en la lista de 24 organizaciones a las que el presidente de los Estados Unidos, George Bush, les había declarado la guerra: las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. El Otterloo, ancló en aguas profundas del Golfo de Urabá, e inmediatamente Iturrios Marcel, un piloto panameño recién acreditado, reportó su llegada al DAS, con otros cinco tripulantes de su país y uno nicaragüense, y a la DIAN, con una carga de importación de veintitrés contenedores.

DE CAUCHO, LAS PELOTAS

El lunes siguiente, Henry Hernández y Herminio Martínez, los aforadores, abrieron y revisaron los nueve contenedores que estaban sobre la cubierta: un cargamento de pelotas de caucho, de peso inocuo, que comenzó a ser reembarcado por una grúa liviana en barcazas bananeras. Su visita, en conjunto con el DAS, dependía de la disponibilidad de las naves de la Chiquita Brands para llevarlos a bordo del Otterloo, un procedimiento extraordinario, pero aprobado en la licencia que la misma DIAN le otorgó en 1997 a la bananera para operar la única zona franca especial privada del país, que es su sistema de navegación fluvial entre las plantaciones y los transatlánticos refrigerados que distribuyen banano en todo el mundo.

Una vez terminados los controles marino y migratorio, los burócratas regresaron a tierra con la carga revisada y desembarcaron en la bodega de Chiquita Brands, donde concluyó el control aduanero. Chiquita envió entonces una grúa más sofisticada, capaz no sólo de levantar el embarque de armas, sino de maniobrar con los catorce contenedores entre las compuertas de la bodega del Otterloo, para descolgarlos sobre las barcazas y repetir el procedimiento de las pelotas. Allí permanecieron, las armas y las pelotas, otros cuatro días, mientras dos jóvenes de Medellín reclutaban a los camioneros que habrían de llevarlos hasta las faldas del Nudo de Paramillo.

Un año más tarde, Carlos Castaño presumiría en el periódico El Tiempo, que este había sido su “mejor gol” en la búsqueda de armas para su organización.

REVELACIÓN VOLUNTARIA

Hasta mayo del año pasado, aunque la opinión pública poco conocía sobre la bananera, casi todo estaba investigado en Estados Unidos y algunas cosas en Colombia. La Comisión de Cambios y Valores de Estados Unidos le impuso a Chiquita Brands una multa de 100.000 dólares, en octubre de 2001, por haber permitido que su filial colombiana, CI Banadex, hubiera sobornado a empleados de la DIAN para comprar su licencia aduanera y portuaria en Turbo; la OEA había publicado su informe sobre el Otterloo detallando responsabilidades de empleados públicos en Colombia, Nicaragua y Panamá y asegurando que Banadex le había entregado las armas a Castaño (sin aclarar, eso sí que Banadex era sólo el nombre local de la emblemática bananera de los Estados Unidos), y el DAS había capturado, entre otros, al gerente de operaciones de Chiquita Brands en Turbo, Giovanni Hurtado Torres, a quien la Fiscalía mantiene asegurado en prisión por terrorismo, en relación con un concierto para traficar armas para !las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC!.

Pero , el Departamento de Comunicaciones Corporativas de Chiquita Brands Internacional, en Cincinnati, Ohio, envió un comunicado de prensa que de inmediato hizo caer sus acciones el 23% en la bolsa de valores de Nueva York: se afirmaba que la subsidiaria colombiana (Banadex) le había hecho pagos a una organización terrorista.
Según su único comunicado de prensa sobre la materia, “la revelación voluntaria a la Fiscalía norteamericana fue hecha porque las directivas de la empresa se dieron cuenta de que esos grupos han sido definidos como organización terrorista extranjera ante la ley de los Estados Unidos, que convierte en un crimen el apoyo a una organización de este tipo. Después de esta revelación voluntaria, el Departamento de Justicia asumió la investigación y la empresa está colaborando con ésta”.

COHABITACIONES

Chiquita Brands asegura que “la única razón que la compañía tuvo para someterse a estos pagos para proteger a sus empleados fue el riesgo que representaba para su seguridad si ello no se hacía”. Es decir, una extorsión a favor de un grupo terrorista colombiano, pero Colombia tiene tres.

El primero de ellos, las FARC-EP, había dejado de ser la organización criminal dominante en la zona mucho antes, desde que, junto con la construcción de la infraestructura aduanera de Chiquita Brands, se estableciera en ella la XVII Brigada del Ejército, a cargo en su época crucial del general Rito Alejo del Río, y su derrota en el Urabá antioqueño era un triunfo que militarmente reivindicaban, por un lado el hoy presidente Álvaro Uribe con su política de Pacificación de Urabá, desde la gobernación de Antioquia, y, por el otro, Carlos Castaño Gil, como comandante y fundador de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, que para entonces era una especie de “cuerpo elite” de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

A través de la infraestructura aduanera de Chiquita Brands en Turbo, se mueve el 15% de las exportaciones del país, pues la bananera norteamericana no sólo posee el 45% de hectáreas de banano de la zona, sino que se proclama dueña de la navegación en los canales que unen a todas las plantaciones y sólo su flota de barcazas está en capacidad de recoger las cosechas empacadas y transportarlas hasta alta mar del golfo, en donde sólo pueden ser embarcadas en barcos refrigerados de Chiquita Brands. Es decir, que a pesar de la existencia de algunos productores independientes, la bananera tenía control absoluto de toda la actividad económica de la zona, de manera muy similar a como lo tuvo en Ciénaga, Magdalena, en los años veinte, cuando la gran masacre.

Como la cohabitación de la bananera y los paramilitares era tan evidente en Urabá, las organizaciones internacionales de derechos humanos plantearon su preocupación ante los investigadores norteamericanos y fue la Comisión de Cambios y Valores (SEC, por su nombre en inglés), la que inició un examen riguroso de los libros de contabilidad de la bananera en busca de presuntos pagos ilegales. En 1998, hicieron su descubrimiento: una “donación marina” que no tenía ningún soporte. Al cabo de tres años, la SEC concluyó que tal pago había sido destinado a funcionarios de la DIAN, y la empresa en Cincinnati aceptó pagar una multa por no vigilar las actuaciones de su filial colombiana, a cambio de que cesara el procedimiento sancionatorio de la SEC.

Aunque el caso fue denunciado ante la DIAN en 1998, la directora, Fanny Kerztman, ordenó el archivo definitivo de la investigación, por considerar que la denuncia de soborno era infundada. Pero los hallazgos de la investigación interna mostraban un extraño cambio de parecer, coincidente con las fechas en las que se registraron los pagos de la “donación marina”. Inicialmente, en octubre de 1996, la DIAN conceptuó que no se podía acceder a la licencia solicitada por Chiquita, porque su bodega no cumplía con los requisitos y la DIAN no tenía naves propias para revisar la mercancía en alta mar; pero en febrero de 1997, la DIAN consideró que las exportaciones de Chiquita eran fundamentales para la economía nacional (en medio de la “Crisis del 8.000”) y que por ello su solicitud ameritaba una autorización especial.
La Fiscalía recibió la misma denuncia en 1998, pero radicó el proceso ante un Juez Penal Municipal de Turbo y en cabeza de la United Fruit Company (nombre que Chiquita tenía en 1927, durante la masacre de las bananeras del Magdalena) y, por supuesto, todavía no ha encontrado ninguna evidencia.

GAVIRIA PREMIA LA CORRUPCIÓN

La búsqueda de Chiquita Brands en www.google.com nos remite inmediatamente a la investigación abierta en su contra por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pero hasta su confesión pública, nos remitía a la serie “Revelados los secretos de Chiquita Brands” del periodista investigador Mike Gallagher, secretos dados a la Bolsa de Valores de Nueva York y a los archivos de la bananera en la Comisión de Valores de Estados Unidos: Es decir, la multa por sobornar en Colombia, de cuya investigación se desistió durante el gobierno de César Gaviria.

Pero el 15 de abril del 2004, el expresidente colombiano volvió a tener su encuentro con la bananera. Esa noche, el ex presidente colombiano, por aquel tiempo, secretario general de la OEA, fue el encargado de explicar por qué a la Fundación para Las Américas le parece que Chiquita Brands merecía el premio de “responsabilidad social contra la pobreza y la corrupción”. Dos años antes, como secretario de la OEA, el mismo César Gaviria había ordenado la creación de una comisión para investigar el escándalo por el contrabando de armas del Otterloo que Castaño aseguró haber recibido y, en su reporte final, se advertía que “las armas llegaron a las bodegas de una empresa colombiana en Turbo llamadas Banadex y desde allí fueron enviadas a Carlos Castaño”. “No tenía ni idea de que Banadex es la filial de Chiquita en Colombia. Yo no tengo por qué saberlo todo”, le dijo César Gaviria a la revista Cromos, cuando le preguntó sobre este último incidente.

UN HOMBRE CLAVE

Volvamos al caso del Oterloo. Reynaldo Escobar es el hombre clave de la multinacional en Colombia. Es una especie de zar del banano de Urabá, que trabaja desde su oficina contigua a las barracas del comando general de la IV Brigada del Ejército en Medellín. Su voz fue positivamente identificada como la del ejecutivo colombiano que le explicó a Robert Olson, presidente jurídico de Chiquita Brands en Cincinnati, que el soborno de 1996, por 30.000 dólares, resultaba rentable porque les ahorraría más de un millón de dólares al año en gastos aduaneros. Aunque el compromiso de la multinacional con la SEC fue poner en cintura a la filial colombiana y prescindir del personal responsable, Reynaldo Escobar seguía de presidente de Banandex, la filial de Chiquita Brands, cuando las armas de Castaño pasaron por sus barcazas, muelles y bodegas, y cuando, de acuerdo con su declaración de mayo, le pagaron a una de las organizaciones terroristas definidas por el Departamento de Estado. !Escobar, quien no contesta su teléfono de casa ni de oficina, no está requerido por la justicia.

Pero en el pabellón N° 3 de la Cárcel Nacional Modelo se encuentra desde el 4 de agosto de 2003 el gerente de operaciones de Chiquita Brands en Turbo, Giovanni Hurtado Torres. Sus subalternos, al igual que los aduaneros Hernández y Martínez (que también están presos), aseguran que Hurtado les había ordenado tener un cuidado especial con la carga del Otterloo, porque así lo habían ordenado sus jefes.

El movimiento de máquinas es el que compromete más seriamente al ejecutivo de Chiquita Brands. Como la carga declarada eran pelotas de caucho, no era necesario mover grúas con torres para sacarla del Otterloo, como lo hizo Giovanni Hurtado, ni tampoco montacargas de alta capacidad para montarla en los camiones que se la llevaron a Castaño. Pero sólo su testimonio, que aún no es conocido, puede implicar o salvar a la bananera en el lío judicial. Es decir, a Hurtado le corresponde decir en la investigación judicial cuáles eran las órdenes superiores que había recibido para atender al Oterloo y su carga.

Por el momento la investigación de la Fiscalía norteamericana sólo tiene en cuenta la existencia del pago por extorsión. Pero, según Chiquita Brands, “el Departamento de Justicia nos informó que está evaluando el papel desempeñado por la compañía y algunos de sus empleados”.