Traducción de Sandra Mirna
Hace pocas semanas, oficiales de la policía boliviana se acercaron a generales de las Fuerzas Armadas de Bolivia (FAB) investigando su disposición para dar un golpe de Estado, entre ambas fuerzas. Uno de los militares claves para el éxito del golpe se negó a participar e informó al Presidente. Siguen los preparativos sin él. Y siguen los anuncios en la radio que elogian al "ejército patriótico que mató al Che Guevara y la subversión".
Los militares nunca dan un golpe de Estado en el aire, me dijo hace siete años el amigo, General Alberto Mueller Rojas, hoy día, miembro del Estado Mayor Presidencial de Hugo Chávez. Es esta lógica que se observa desarrollar actualmente en Bolivia. Todo un bloque conspirativo compuesto por diferentes fuerzas sociales y estatales trabaja aceleradamente para acabar con el Presidente Evo Morales.
Los prefectos (gobernadores) de los Estados energéticos y separatistas Beni, Pando, Santa Cruz de la Sierra y Tarija, promueven la conformación de los llamados "Comités Civiles", que son las cabezas de lanza de la subversión política visible. Tanto los prefectos como los comités cívicos han entrado en franca rebelión contra el gobierno constitucional de Evo Morales, al declarar que "no acatarán la Constitución Política del Estado emergente de la Asamblea Constituyente, en caso de que esta no sea aprobada en todos sus artículos por los dos tercios de votos" de los constituyentes. Advierten avanzar en las "autonomías departamentales", si no se cumple esa condición suya.
Cuentan, por supuesto, con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ---tan reaccionaria y corrupta como sus demás homólogos burgueses en el mundo--- que le proporciona a la insubordinación planeeada la apología del delito.
Ante la reciente declaración de la Asamblea Constituyente de considerarse "originaria, plenipotenciaria y funcional", es decir, no restringida en su construcción del nuevo Estado por la normatividad existente, los magistrados sostienen la posición de los prefectos facciosos. Dictaminan que según el derecho constitucional el poder de la Asamblea Constituyente no es "originario-fundacional" sino "derivado-reformador" y, por lo tanto, sometido a la legislación vigente que exige los tercios de los votos.
Los comités civiles cuentan con el financiamiento de sectores empresariales y la colaboración de altos oficiales de la policía, por ejemplo, coroneles. Sus actos son inflados y promulgados por los medios de comunicación privada, muchas veces con los patrones de la propaganda fascista. Algunos de los más importantes medios están en manos de magnates capitalistas con fuertes inversiones agrícolas en las provincias separatistas y que temen la reforma agrícola del gobierno.
En lo social, las asociaciones de padres de familia ---generalmente reaccionarias y controladas por la Iglesia--- en alianza con sectores del magisterio y los colegios y universiidades privadas promueven paros, bloqueos y manifestaciones contra el gobierno. Sectores energéticos tratan de generar escasez de diesel y gasolina, a fin de producir malestar entre la población.
Al igual que en Chile, los transportistas tienen la función de quebrar la economía y la paz pública con un paro nacional, convocado para el inicio de la próxima semana, con la intención de hacer confluir todos los sectores anti-gubernamentales en un gran frente desestabilizador. Refiriéndose explícitamente al paro subversivo de los transportistas chilenos contra Salvador Allende (1972), financiado por la CIA estadounidense, Evo Morales calificó hace dos días al paro boliviano como un paro "ideológico": "Es la lucha del poder", dijo el líder popular y dejó claro lo que está en juego: "o los grupos gamonales (elite, H.D.) , o los movimientos populares".
A este frente desestabilizador amenaza asociarse la Central Obrera Boliviana (COB), que ---aprovechando el enfrentamiento armado entre cooperativistas y asalariados mineros en Huanuni, Departamento de Potosí, que hha dejado alrededor de quince muertos y sesenta heridos--- está tomando una posición antagónica frente al gobierno.
El conflicto de Huanuni es de origen económico. Se produjo por el intento de unos cuatro mil cooperativistas mineros, cercanos al Ministro de Minería Walter Villarroel, de quedarse con la explotación de la más rica mina de estaño de Bolivia, Possokoni, expulsando de manera violenta a unos mil mineros asalariados de la empresa estatal COMIBOL. El Estado fue tomado por sorpresa. Ante la disyuntiva de matar a mineros con las Fuerzas Armadas, por una parte, o de ser acusado de "negligencia y ausencia del Estado", por otra, pasaron 36 horas que se convirtieron en una mina de oro propagandística y política para la derecha. Esta aprovechó al máximo su hegemonía en los medios de comunicación y, muy semejante a la manipulación mediática durante los días del golpe de Estado en Venezuela, ha golpeado incesantemente al gobierno.
En Bolivia se sigue minuciosamente el manual de la subversión estadounidense. La máquina facciosa es lubricada con dinero, patrones propagandísticos y programación política por el imperialismo estadounidense que después del 11 de septiembre, 2001 puso a Evo Morales en la lista de posibles terroristas que usan las fuerzas de seguridad de Estados Unidos para rastrear a los terroristas.
Los cómplices de la Unión Europea y las transnacionales energéticas complementan la falange subversiva. "BP-Tony", Primer Ministro británico y agente político de la British Petroleum, ha sugerido a las empresas energéticas del Reino Unido que no inviertan en el gas de Bolivia.
Esta es la política que ya practica Petrobrás, la transnacional brasileña-internacional, cuya actitud depredadora y neocolonial frente a Bolivia y los demás países latinoamericanos, hace palidecer el comportamiento de algunas otras transnacionales occidentales; política neocolonial que requiere urgentemente la organización de un boicot de todos sus productos en toda América Latina, para quebrar a su parasitaria tecnocracia chovinista, igual a la de PdVSA antes del gobirno bolivariano.
Todos quieren remover al "indio" Evo que perturba los negocios, al igual que al "negro" Chávez en Venezuela. Para Chávez, después del golpe militar fracasado, el medio de "remoción" seleccionado es el veneno o el accidente. En Bolivia, los gamonales y sus padrinos imperiales coinciden en que un golpe militar podría ser el medio adecuado. Solo que un golpe militar, como dice el amigo Mueller Rojas, no se puede dar en el "vacío". Lo que vemos en Bolivia es el intento de la derecha mundial, de llenar este vacío.
Hoy, más que nunca, la Revolución boliviana necesita nuestra solidaridad mundial.
Las autoridades de la Asamblea del Pueblo Guarani Itika Guasu (Bolivia), presente en uno de los territorios donde mas activa esta Repsol YPF en Bolivia, se reuniran el lunes 9 de octubre con la empresa, para demandar 20 millones de dolares de compensacion por los daños de la empresa en 10 años de explotacion.
Les proponemos demostrar nuestro apoyo a las demandas del Pueblo Guarani firmando y reenviando la nota de prensa (abajo) a las siguientes direcciones electronicas de Repsol (con copia "oculta" a repsolmata@moviments.net):
responsabilidadcorporativa@repsolypf.com
inversores@repsolypf.com
Tambien, se puede pegar la nota de prensa en el sitio web de Repsol:
http://www.repsolypf.com/esp/herramientas/contactenos/principal/principal.as p?Nivel=1
La idea es que un maximo de correos electronicos lleguen a Repsol antes de la reunion con los guaranis
Les tomara medio minuto! Gracias! Campaña Repsol 2006, Contrajunta de Afectad@s NOTA DE PRENSA
Sociedad civil internacional manifiesta su apoyo a la demanda de los Guaraníes de Bolivia de 20 millones de dólares de compensación por los daños ocasionados por Repsol en 10 años
El próximo 9 de octubre de 2006 la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) del Territorio Itika Guasu se reúne con representantes de Repsol YPF para que la empresa compense económicamente los impactos que ha generado en los últimos 10 años por la explotación del Campo Margarita. Se estima que este campo petrolífero ubicado a orillas del río Pilcomayo alberga reservas de 13,4 trillones de pies cúbicos de gas y varios millones de barriles de petróleo. La organización guaraní realizó monitoreos ambientales de las operaciones de Repsol sistematizados en seis informes que fueron presentados tanto a la empresa como a las autoridades estatales competentes. En mayo de 2006, se publicó junto a las ONGs bolivianas CERDET y CEADES el informe donde se detallan tanto los impactos ambientales como los atropellos de la petrolera a las comunidades vecinas.
Entre los impactos citados se destaca la erosión de suelos, el ruido, así como la sobreexplotación y contaminación de aguas superficiales. Estos hechos condujeron a una inspección gubernamental liderada por el Viceministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente Juan Carlos Iporre y el Presidente de YPFB Jorge Alvarado, realizada el 18 de mayo de 2006. Las conclusiones del informe de visita de campo apuntan un trabajo negligente por parte de Repsol en la construcción del Gasoducto que une los pozos del campo Margarita con el Gasoducto Yacuiba Río Grande. Este ducto atraviesa el Parque Nacional Serranía de Aguaragüe, generando erosión en muchos puntos del recorrido, debido a que no existe un mantenimiento periódico ni trabajos correctivos de los efectos de la erosión, mostrando la falta de seriedad de la empresa en lo que respecta al mantenimiento de instalación de ductos. Además, la comisión gubernamental visitó un lugar llamado Ivoca, considerado como un territorio sagrado por los guaraníes. Fue utilizado para el establecimiento temporal de un campamento de Repsol YPF, que actualmente ha sido desmontado, quedando las ruinas de las paredes de ladrillo así como letrinas llenas utilizadas por el personal que trabajó en el campamento. Fuentes guaraníes del Territorio Comunitario de Origen compararon este hecho como si nosotros fuéramos a orinar en el templo del Vaticano. Así, denuncian que Repsol a ofendido la espiritualidad guaraní y que su accionar pone en peligro su cultura. Por otro lado, todavía no han sido indemnizados los familiares de un joven de 17 años que murió atropellado por un coche de la empresa en año pasado.
Frente a todos estos impactos, la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu exige a Repsol el financiamiento de un Plan de Desarrollo Guaraní, valorado en 20 millones de dólares y que será discutido el próximo 9 de octubre de 2006. Organizaciones y ciudadan@s de diferentes países del continente americano y europeo se solidarizan con los guaraníes, apoyando su reclamo y denunciando la impunidad de acción de la empresa Repsol en los territorios indígenas afectados por sus operaciones.
Como sociedad civil internacional, mantenemos una mirada vigilante sobre la urgente y necesaria toma de responsabilidad por parte de Repsol ante los impactos sociales, culturales y ambientales producidos en el territorio guaraní. Además, subrayamos nuestra solidaridad con las reivindicaciones de este Pueblo.