Especial: Ampliación del Canal - Las razones del NO.

Ley funesta en las esclusas

Humberto E. Ricord

CONSTITUCIONALISTA

Panamá América. 19-07-2006

El pasado viernes, la Asamblea Nacional aprobó el segundo proyecto de Ley relativa al referéndum sobre la aprobación de las nuevas esclusas en el Canal, propuesta por la Autoridad de la vía acuática.

El segundo proyecto ahora aprobado se debió a que el primero, que presentó el Ejecutivo a la Asamblea, en su docena de artículos, recogía serios errores que ese Ejecutivo hubo de aceptar (velisnolis, quieras o no quieras), pues sus innegables defectos lo anulaban. Pero la aprobación de la mayoría perredista concluida el viernes último, no significa, en modo alguno, que la ley sea perfecta. Por el contrario, obedece a las presiones conjuntas de la Autoridad del Canal y del Gobierno vigente, para lograr dicho pupitrazo.

En buen romance, la ley que regirá el referéndum es una improvisación muy favorable a los propósitos que engendraron, constitucionalmente (decir, en la última reforma de la Carta Magna), la idea de que la Autoridad gobiernista del Canal fuese la autora de una "Propuesta de Construcción de un Tercer Juego de Esclusas", amañada a los objetivos pensados cuando se aprobó la última reforma constitucional, hace un par de años, más o menos.

La introducción, años atrás, en la Carta Magna panameña, de un Título relativo al Canal, inició el plan "jurídico" de que el funcionamiento del Canal, en manos de los gobiernos panameños, respondiera a los conocidos intereses sectarios de la "Plutocracia Partidista de la Oligarquía", llevada a las cláusulas de la Carta Magna desde hace cierto tiempo. Ahora que esa plutocracia controla el Canal de Panamá se abre la puerta para que el manejo canalero del paso de barcos, quede totalmente aquí como posesión de grandes intereses económicos y politiqueros. Nuestra memoria está recordando la propaganda sesgada que inició desde el año 2000 la ACP, al entregar los Estados Unidos el Canal de Panamá, con su fanfarria multimillonaria, en la que la ACP no hace información, sino encendida propaganda a sus espectaculares logros (los de la ACP), sobre todo en el sentido de que ha entregado mucho dinero que los Estados Unidos al Gobierno panameño, en un siglo. Pero no explica dicha "propaganda" que ello se debe al aumento de peajes por parte de la administradora panameña canalera, ("aumentos moderados", según se dice), repactados por la agrupación de usuarios del Canal, que ahora tiene la categoría legal de Asesora de la Autoridad canalera, mancuerna que conoce muy bien la comunidad de intereses que están en las bases de sus "entendimientos". Norteamérica siempre manejó el Canal como parte de su dominio militar en nuestro Istmo, y desde 1914 (al iniciarse el funcionamiento del Canal norteamericano), estableció peajes siempre bajos, a favor de la gran industria norteamericana que pasaba y pasa sus productos por el Canal.

Ahora la situación brevemente descrita se ha perfeccionado mucho más, con la reforma constitucional ad-hoc que convierte a la Autoridad del Canal de Panamá en una empresa jurídica panameña, con todos los superpoderes, ya consignados en la Carta Magna y en la ley reglamentaria de la ACP, cuando se le ha ubicado en una situación de mayor poder jurídico que los Órganos del Estado, Ejecutivo y Legislativo, ya que es la Autoridad la que elabora su "Propuesta de Construcción Canalera", y los dos Órganos mencionados, que constitucionalmente, en ciertos artículos, tienen una categoría más alta que la de la Autoridad, están limitados a "aprobar o rechazar" la propuesta de la genial Autoridad.

Claro que el referéndum ahora "santifica la fiesta", con una ley tan estrafalaria y perjudicial al pueblo panameño, como la que se acaba de aprobar, pese a sus bellezas, pues si el primer proyecto de ley era tan deficiente que tuvo que ser "retirado" de la Asamblea, la celeridad con que se le sustituyó (de viernes a lunes) es una prueba contundente de sus favoritismos, entre los cuales brilla la "Papeleta Única", tanto para el Sí como para el No, que trata de confundir a los ciegos, pues no se dice en la ley, si una y otra palabras serán de colores diferentes, como sería lo adecuado; o mejor, que fuesen dos papeletas, una con el Sí y otra con el No, pero de colores distintos, para evitar el "paquetazo" de los ciertos.

Una recomendación final. Señores panameños, no se olviden de que Convenios Internacionales reglamentan los "referendos", como máximas expresiones democráticas, con garantías para los pueblos en los que la "democracia" no pasa de ser más que una bella realidad, pero designada por una palabra malsonante. ¿Se olvidó nuestra Asamblea de tan lujosa y democrática reglamentación internacional?