Especial: Ampliación del Canal - Las razones del NO.

La tortuosa ruta del referéndum

Jorge E. Illueca
EX PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Panamá América 17/07/ 2006

EL DIARIO "Panamá América" dio a conocer el miércoles pasado que como resultado de su encuesta "Termómetro", el 75% de los encuestados opinan que "El proceso de consulta en la Asamblea Nacional sobre la ampliación del Canal no ha llenado las expectativas ciudadanas" (Panamá América, 12 de julio de 2006, página A9, "Usted Decide").

Debo confesar que mi opinión es la misma y que para mí es motivo de genuina satisfacción confirmar esta significativa coincidencia con un núcleo importante de la opinión ciudadana. Desde otra perspectiva participo del criterio de que igualmente las actuaciones del Órgano Ejecutivo, del Legislativo y de la Autoridad del Canal están lejos de llenar las expectativas ciudadanas. Basta mencionar sobre el particular, el manejo apresurado y desarticulado del proyecto de ley con el cual los dos principales Órganos del Estado pretenden cumplir con la tramitación de la propuesta de construcción de un tercer juego de esclusas que deberá ser sometida a referéndum nacional, que no podrá celebrarse antes de los tres meses siguientes a la aprobación legislativa. (Párrafo tercero, Artículo 325 Constitución Política).

Claro está que en el manejo del problema del Canal el país reclama el juego limpio por el cual hemos venido clamando como elemento indispensable para la paz social. A manera de ejemplo del tipo de situaciones a que nos referimos y para que el público juzgue sobre los niveles de seriedad y de ética pertinentes, se puede presentar como caso ilustrativo el intercambio que se produjo en la mañana del viernes 24 de marzo de 2006, en el programa radial de Mayín Correa en KW Continente en la entrevista que ésta le hizo al Ing. Jorge L. Quijano, Director del Departamento de Operaciones Marítimas de la Autoridad del Canal, quien aceptó ser cierto en esa fecha que se premiaría a los empleados de la ACP que promovieran su propuesta. Desde luego esta acción de la ACP es una iniciativa anticipada de la campaña que a favor del voto afirmativo en el referéndum ha sido autorizada por el Artículo 11 del Proyecto de Ley propuesto por el Consejo de Gabinete para ser ley de la República.

Sin entrar a considerar la sustancia de la propuesta de la ACP y del Ejecutivo sobre el tercer juego de esclusas la cual adolece de ostensibles vicios de inconstitucionalidad, la conducta de la ACP está permeada de procederes antidemocráticos, desarrollados al margen de la ley. Tal es el caso, por ejemplo, de la noticia titulada "ACP quiere "comprar conciencias" "aparecida en la página 46 del diario "Crítica" del miércoles 12 de julio de 2006. La noticia proveniente de Chiriquí señala que "los funcionarios de la ACP que realizan giras por diferentes partes del país, están tratando de "comprar conciencias" para la aprobación de la expansión de la vía interoceánica, según denunció el Sub-Secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, Jaime Caballero". El cargo escandalosamente grave que se le hace a los funcionarios de la ACP es el de que están entregando cheques como "apoyo" a dirigentes populares del sector comarcal de la provincia de Chiriquí que según la noticia "El individuo de la ACP que daba estos apoyos decía que les estaba dando la mano, pero esperaba que no lo traicionaran. Y ¿por qué menciona la palabra traición? "agrega el denunciante" porque al momento que ellos están comprando conciencias, saben que no tienen nada seguro. Caballero apuntó que el gobierno tiene premura para realizar el referéndum para la expansión del Canal lo más pronto posible, pero no van a poder calar en el pueblo que está bastante claro de que el proyecto es negativo. Sin embargo, la campaña millonaria en los medios continúa".

Cae en el dominio de lo contradictorio que se haya dicho y repetido que el referéndum no se efectuará antes de que se lleve a cabo un amplio debate y que ahora estemos presenciando que al debate se le está dando una velocidad maratónica tanto por el Ejecutivo, como por el Legislativo, quienes en un brevísimo tiempo, sin precedentes, han aprobado en Consejo de Gabinete la propuesta de la ACP, han convocado a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias para someterla a su aprobación, dentro del marco de una exposición de motivos y de un proyecto de ley intocable, sometido a primer debate por la Comisión de Asuntos del Canal y calificado de "deficiente", ha sido retirado por el Ejecutivo, vuelto a presentar al Legislativo con una nueva exposición de motivos y un proyecto de ley reformulado; aprobado sin cambios ni ajustes ni alteración alguna por el Legislativo, sin ninguna disidencia, en primer debate, en segundo debate y en tercer debate y enviado para su sanción al Ejecutivo con fecha para el referéndum fijada anticipadamente en el proyecto por el Ejecutivo, negándole ofensivamente al Legislativo el ejercicio de sus atribuciones constitucionales.

Cae en el dominio del abuso de poder con la connivencia de los Diputados de los partidos del gobierno y de la oposición esta nueva instancia de la partidocracia que se puso de manifiesto en el mes de julio de 2004, cuando los partidos del gobierno y de la oposición actuando de consenso reformaron el Artículo 319 de la Carta Magna que pasó a ser el Artículo 325 de la Constitución vigente, que hace nugatorio el referéndum, ya que en la disposición constitucional la ACP excluye del referéndum los contratos multimillonarios que alcanzarán cifras colosales en el proceso de la ejecución del megaproyecto.

La citada disposición constitucional quedó redactada artificiosamente para reconocerle a la ACP potestades propias de un Estado soberano distinto a la República de Panamá. No obstante, tal pretensión está en conflicto con la voluntad soberana del pueblo panameño que no renunciará jamás a sus reivindicaciones, habida cuenta además de que las pretensiones de la Autoridad del Canal no pueden prevalecer sobre las disposiciones constitucionales de mayor jerarquía que consagran que el Canal de Panamá es patrimonio inalienable de la nación panameña.