Especial: Ampliación del Canal - Las razones del NO.

Manifiesto del Partido del Pueblo

“El Proyecto de Ampliación de la A.C.P. es antinacional y Neo-liberal"

Hoy la nación panameña experimenta una polarización ante el proyecto de la ACP sobre el tercer juego de esclusas.Como resultado de un largo camino recorrido, la Autoridad del Canal, en uso de sus facultades constitucionales y legales, propuso su proyecto de ampliación de las dimensiones de la vía acuática, divulgado como el tercer juego de esclusas.Siguiendo el curso normativo formal, la ACP presentó su propuesta al Poder Ejecutivo para su examen y aprobación como proyecto de gobierno y así poderlo enviar a la Asamblea de Diputados para ratificarlo o rechazarlo, desenlace del cual depende la celebración del Referéndum obligatorio para una decisión final. En ese recorrido, el proyecto está ahora en la instancia de la Asamblea donde no se le puede modificar absolutamente nada y si se le ratifica pasará a la fase de Referéndum.

Por todo lo que ha hecho, el ejecutivo y la ACP, desde que el Presidente anuncio la Ampliación del Canal en abril de este año, podemos establecer que el método optado para la discusión del proyecto ha sido amañado, violando el ejercicio de la democracia y el derecho de auto-determinación popular, cuyo propósito ha sido impedir que las masas puedan opinar desde sus diversos intereses y deliberar para que ese proyecto de ampliación sea realmente una decisión soberana de la nación.Se han utilizado prácticas subliminales; de sugestión; de seducción; han abundado los sofismas y paralogismos; todo con el mismo fin: evitar que se conozca la verdadera relación saqueadora del Canal sobre nuestros recursos naturales, ineludibles para su funcionamiento, y ocultar la responsabilidad que, por ley y moral patriótica, les toca a los dirigentes del Estado y de la Autoridad del Canal.La campaña organizada oficialmente son monólogos de mercadeo de los funcionarios, donde se omite el debate y solo se va a oír y preguntar.Todo esto es la táctica gubernamental para conseguir el SI para el proyecto que en realidad es el proyecto de la ACP.

El proyecto de la ACP, partiendo de la premisa de que la reorganización económica, integradora del mundo ha generado una nueva demanda, objetiva, sobre el Canal de Panamá, en cantidad y calidad, ha propuesto un proyecto de ampliación de la capacidad del actual Canal.Las obras que abarcan esa ampliación, solo se ubican en lo que es la vía acuática.Pero, la realización de esas obras afectan amplios recursos naturales que son propiedad del pueblo panameño, sin que la ACP se sienta responsable por las implicaciones e impactos que la toma de ellos le cabe.Según su argumento, ella esta relevada de esa responsabilidad.Esta actitud viola la Constitución Nacional que declara al Canal “patrimonio inalienable de la Nación panameña”.Esa inalienabilidad del canal según las leyes 19 y 21 de junio y julio de 1997 respectivamente,la define como la prohibición “de vender, ceder, hipotecar, ni de ningún otro modo, gravado o enajenado”.

Esas dos leyes determinan el contenido del concepto “Canal”,comola vía acuática, fondeaderos, atracaderos y entradas; tierras y aguas marítimas, lacustres y fluviales; esclusas; represas auxiliares; diques y estructuras de control de aguas”.No obstante el proyecto de ampliación de la ACP se arroga el derecho de enajenar el agua de la Cuenca hidrográfica que está bajo su responsabilidad y administración.

El peaje solo cubre el uso del agua para tener derecho a tránsito, pero no cubre el volumen de agua consumida que es la materia prima para el esclusaje necesario de ese tránsito.Como materia prima tiene un valor incorporado por el valor agregado que crea el colectivo social que habita el área del Canal (territorio de la antigua Zona del Canal) de diversa manera para mantener y preservar el agua suficiente para garantizar los tránsitos.Esa agua, durante toda la existencia del Canal, fue usurpada por el régimen colonialista-militar impuesto por los norteamericanos y todavía la Autoridad panameña, se empeña en prorrogar esa enajenación de manera indefinida.Se demuestra con esa actitud e intención,el carácter sumiso de los autores del proyecto que rehuyen su responsabilidad de defender los intereses nacionales ante aquellos intereses externos, que han amasado sus riquezas a base del despojo de nuestro recurso hidrográficos y ante los panameños privilegiados que han medrado con las rentas que producen los peajes, negando e interfiriendo su distribución para el desarrollo socio-nacional.

La autoridad del Canal tiene jurisdicción administrativa, operativa, y en el funcionamiento, conservación, mantenimiento, mejoramiento y modernización del Canal.Entendiendo que el Canal es un complejo de recursos nacionales, en obediencia a la ley 19, no puede limitar la ampliación solo a la vía acuática.Tiene una responsabilidad directa que abarca un espacio más amplio que será afectado con las obras de ampliación de la vía acuática y que la obliga a añadir otras obras.La Autoridad del Canal tiene asimismo responsabilidades de administración, mantenimiento, uso y conservación del recurso hídrico en toda la Cuenca hidrográfica del Canal.En este aspecto hace sinergia con otros organismos gubernamentales, pero bajo su dirección.

La estrechez del enfoque del proyecto de la ampliación de la ACP, en que limita su responsabilidad a las 4 obras que aumenten la capacidad de la vía acuática, es una flagrante omisión de sus facultades y poderes que el Estado delegó en ella para, desde este recurso económico, impulsar el desarrollo nacional.La ACP como instrumento estatal, por norma jurídica, institucional y política esta obligada a proceder dentro de la alícuota que le corresponde en ese desarrollo, siguiendo losparámetros que ha trazado el cumplimiento del Tratado del Canal en 1999.En virtud de él, nuestro país liberó todo nuestro territorio nacionalizó, el Canal, y nos zafamos de las garras del Pentágono, el verdadero poder en el Canal.Cambió radicalmente la base material de nuestra nación.

La propuesta de la ACP ignora esta realidad, procediendo como si estuviera presente el amo colonial.Su patrón sigue siendo la de fetichizar la posición geográfica y el Canal,ante los cuales hay que doblegar la nación y sacrificar al pueblo panameño.

Esta obsolescencia del criterio que preside el Proyecto, lleva a ver la ampliación como un gran negocio de intereses externos y de minorías internas exclusivas.El proyecto además de antinacional es neoliberal,al magnificar las bondades mercantiles y rentistas de la posición geográfica y el Canal, no solo reduciendo sino ignorando el significado y el papel que esos factores transitistas deben jugar como motor en la producción nacional y en el elevamiento de la riqueza social con sentido de justicia social.

El Proyecto prescinde abiertamente de obligaciones específicas asignadas en el Plan General de la ley 21 de 1997 y que están relacionadas con los temas de las áreas ambientales, producción rural, producción industrial y generación de empleos, viviendas y áreas de desarrollo compatibles con el Canal. Todos estos componentes tienen que ser el contexto de la construcción del tercer juego de esclusas y especificar respuestas proporcionales consonas con su coyuntura. Tergiversa el señalamiento preciso, expreso, en el concepto de uso de suelo, que obliga “el puente norte de las esclusas de Gatún que deberá construirse conjuntamente con el proyecto del tercer juego de esclusas”.De la misma manera, se plantea utilizar el sistema vial existente como acceso al área y a lo largo del lago Gatún y proveer derecho de vía de las carreteras y los enlaces con el nuevo puente de Gatún (tercer puente).El proyecto desvía su obligación al plantear solo un estudio y posterga su construcción para después de la construcción del tercer juego de esclusas.¡Tremenda jugada de tontos!.

El proyecto pasa por alto dos problemas fundamentales: la negación del mercado que genera el tránsito canalero para la producción nacional y el relacionado al consumo de agua necesaria para el funcionamiento del esclusaje de la vía acuática y que no se paga.

En el primer caso, en la alícuota de la Autoridad para el desarrollo nacional,esta obligada a crear infraestructura para abrir ese mercado a la producción nacional.

En el segundo caso, los volúmenes de agua que hoy usa el Canal y que se incrementará con el tercer juego de esclusas, ya no es infinita sino finita,para lo cual hay que racionalizarla.Toda la extensa población de la Cuenca hidrográfica y su futuro incremento acelerado, tiene que acopiar esfuerzo, de muy diversa manera,para conservar la cantidad y calidad de agua necesaria.Esto se convierte en valor agregado social.Al entregar gratuitamente esa agua convertida en materia prima para el Canal, como vector del trabajo social,en realidad, lo que se esta practicando como una gran injusticia social, es el trabajo social no remunerado.El agua que necesita el Canal será cada día más cultivada y por tanto el pueblo debe reclamar su pago, que no esta incluida en los peajes, pues allí esta la legitima fuente de la riqueza nacional.

Es de celebrarse el hecho de que se ha ido generalizando el interés por el concepto y reivindicación del Desarrollo Nacional.Pero,fuerzas interesadas pretenden confundir al pueblo, con insertar ese desarrollo en la circunstancia de la construcción del tercer juego de esclusas para convencer de su inviabilidad.Ese intento es una trampa,de la que se vale el Ejecutivo para posponer esa discusión para después del Referéndum.La exigencia que hace el Partido del Pueblo es que la ACP,por norma jurídica y legal ypor lo que se le ha puesto en sus manos,tiene deberes compartidos, muy precisos, y que no puede omitir en un plan integral de Desarrollo Nacional.Este Desarrollo Nacional es un Plan Estratégico.Esa parte que le toca en la Estrategia de desarrollo esta consignada en el Plan General de la ley 21 de 1997.En la coyuntura de la construcción del tercer juego de esclusas,hay otras obras de infraestructura de impacto nacional que esta obligada a realizar, a presupuestar y ejecutar.Esta omisión es la que exigimos que se incluya en el proyecto de ampliación,para lo cual hay que cobrar el agua y no solo su uso, como es el peaje.

El Partido del Pueblo es consciente de la necesidad objetiva de la ampliación, ante lo cual sobra la especulación y la suposición anti-científica.Pero, el Partido del Pueblo adversa el proyecto de la ACP por unilateral, por su falta de correspondencia con el auténtico interés nacional, a partir del cumplimiento del Tratado del Canal y por neo-liberal, al someter la ampliación a las leyes ciegas del mercado, excluyendo su proyección socio-nacional.

Así mismo, rechazamos los métodos anti-democráticos empleados por funcionarios que, obedientemente y a veces con cinismo, han promovido ese proyecto contrario al interés nacional.

LademostraciónmásclaraqueelEjecutivohadadodeseguirel camino anti- democrático en el propósito de la ampliación del canal, en connivencia con la A.C.P., ha sido la maniobra del retiro de la Asamblea para devolverlo al Gabinete para que lo modifique, conforme a la diversidad de señalamientos expuestos en las audiencias convocadas por la Comisión del Canal, para darle primer debate. Inicialmente este gesto aparentaba ser positivo, aplaudido por muchos sectores, incluyendo a los del NO. Pero, lo que resultó fue una jugarreta politiquera en la que se dió un paso atrás, para dar dos hacia adelante en la dirección del proyecto anti–nacional de la A.C.P. La forma en que el gabinete “reformó” el proyecto en pocas horas, en el mismo día de su recepción, es una muestra palpable de la falta de responsabilidad y muy poca seriedad, en el tratamiento de un tema en el cual está contenido el futuro de nuestra nación y los intereses más profundos de nuestro pueblo. Realmente esto se ha reducido a una chicana del ejecutivo.

La ampliación es viable porque los intereses económicos existen para su realización.Lo que aun no se ha logrado es su factibilidad pues el principal sujeto que es el pueblo panameño, tiene serias dudas de sus bondades.Por los métodos reprobables se podría lograr el SI pero, eso no garantiza la factibilidad panameña, que a lo largo de un siglo demostró que el Tratado Hay-Bunau Barilla tampoco era factible e impuso su abrogación.

Abajo el proyecto de la ACP.

Ampliación pero, como parte del Desarrollo Nacional legitimo, adecuado a nuestra realidad liberadora.

Coordinador General del Partido del Pueblo.

Ciudad de Panamá, 10 de julio de 2006.