Especial: Ampliación del Canal - Las razones del NO.

Las desiguales relaciones de los trabajadores

y la cúpula del Canal

Jorge E. Illueca

Ex presidente de la república

El Panamá América. 19 de junio de 2006

EN UNA NOTA de Juan O. Tamayo publicada en el Miami Herald el viernes 27 de septiembre del 2002 bajo el título "Una vía vulnerable - Temen un ataque en el Canal de Panamá", Tamayo señalaba que en casi cualquier conversación con expertos en antiterrorismo, "siempre se pone el ejemplo de que la bomba atómica que devastó Baltimore en la película "The Sum of All Fears" fue introducida de contrabando en Estados Unidos en un contenedor similar al millón de ellos que pasa todos los años en barcos por el Canal".

Al respecto hice el comentario de que frente a los riesgos apuntados, no había duda de que la probada lealtad, eficiencia, consagración y experiencia de nuestros trabajadores canaleros cobraba día a día una importancia que está más allá de toda exageración; pero que a la vez demandaba de la Administración del Canal un manejo igualitario, fluido, armónico, justo y transparente de las relaciones laborales (El Panamá América, septiembre 30 de 2002).

Hice presente entonces, como lo reitero ahora, que nuestra Constitución es clara y categórica, ya que dispone que la ACP debe cumplir con la obligación de mantener como mínimo, las condiciones y derechos laborales similares a los existentes el 31 de diciembre de 1999 cuando se puso fin a la administración norteamericana. (Artículo 322 antes 316, Constitución Política). Sin duda el Constituyente procuró anteponerse a cualquier posible crisis de confianza y de credibilidad al estipular que los conflictos laborales entre los trabajadores del Canal y la ACP debieran ser resueltos entre los trabajadores o los sindicatos y la ACP siguiendo los mecanismos de dirimencia establecidos. Me referí, además, a los fundados reclamos que entonces promulgaban las organizaciones sindicales y numerosos trabajadores del Canal, que merecían ser atendidos y resueltos en forma conciliadora y positiva, pero de los cuales muchos ahora subsisten.

Con relación a la condición jurídica, social y económica del sector laboral del Canal de Panamá, es impensable buscar consuelo en el pasado. Durante la existencia de la Zona del Canal bajo la administración del Canal por los Estados Unidos, exceptuando un corto período de transición, padecimos un régimen discriminatorio que se describió, con amarga simpleza, como "gold-roll" y "silver-roll".

Con la propuesta que en estos días es objeto de debates sobre la ampliación del Canal a través de un tercer juego de esclusas, la cuestión laboral cobra otras dimensiones. Han surgido inquietudes fundadas de que el suplemento importante de empleos que esa ampliación representaría, no beneficiaría al componente nacional de la planilla de la ACP. Se ha señalado que ese nuevo suplemento laboral podría estar, en buena proporción, formado por trabajadores extranjeros.

Sea lo que fuere, la "cuestión laboral" que está ostensiblemente contenida en la cuestión de la propuesta ampliación del Canal, le plantea a la nación panameña viejas y nuevas preocupaciones. De allí que resulte obvio y esencial a la vez, llamar la atención sobre lo que está en juego: el referéndum que podría ser, entre otras cosas, el encuentro del pueblo panameño con asuntos que le importan grandemente no sólo en cuanto al futuro del país en general sino en cuanto a la situación del sector laboral en la sociedad panameña.

En este escenario casi nadie dejará de percibir que la cultura de la excepcionalidad que ha cultivado en muchos aspectos de su gestión la Administración del Canal, tendrá la vida corta a causa justamente de la propuesta de ampliación. Estamos observando, a través del debate planteado y tendremos la ocasión de seguir observando, que el tema de la ampliación del Canal, y las posibles repercusiones socio-económicas del mencionado megaproyecto, están produciendo y seguirán produciendo un transvasamiento de cuestiones que hasta ahora la ACP ha manejado como si su administración se ejerciera en un país diferente, apartado del resto del territorio y de la población nacional. La responsabilidad de los administradores en toda empresa exige proteger las estructuras del sector laboral. Es inconcebible, por tanto, que en la Junta Directiva de la Autoridad del Canal no se haya incorporado un dirigente o representante del sector laboral ni por este gobierno ni por el gobierno anterior.

Por ahora, hay ciertas situaciones que han sido ya ventiladas públicamente por los reclamos de un sector laboral de la ACP, entre los cuales se mencionan la actitud de la cúpula de la ACP de no estar negociando de buena fe; el hostigamiento a trabajadores no profesionales del Canal; la persecución sindical a representantes exclusivos de los trabajadores no profesionales; la crueldad de no darle permanencia a buen número de trabajadores temporales con más de dos años de servicio; la necesidad de reactivar el Comité de Control de Riesgos, Salud Ocupacional y Ambiente; el desacato o falta de cumplimiento de los fallos de la Junta de Relaciones Laborales avalados por pronunciamientos de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, entre otras actuaciones sesgadas que afectan y lesionan las armónicas relaciones que deben existir en el ámbito de la vía interoceánica.

Como se puede apreciar los trabajadores no profesionales del Canal de Panamá manifiestan ya una larga lista de agravios, de reivindicaciones burladas y de aspiraciones escamoteadas. Sería un error pasar estas cuestiones por alto. Todo "mar de fondo" tiene un límite de base. Ni los personeros del poder público, ni la ciudadanía común de la que formamos parte, puede dejar de ver las semillas de tensión que están contenidas en las manifestaciones de malestar de un apreciable sector laboral de la ACP. No debe darse pie a que vuelva a haber en Panamá, en el seno de la población laboral del Canal, el sentimiento de que son un sector marginado, privado de derechos, ignorado en las decisiones de impacto nacional. Ello estaría en profunda e inadmisible contradicción con los anhelos y las esperanzas del pueblo panameño.