Internacional

Pilar Lozano

ELPAIS.com

Sin inmutarse, como si nada, Manuel Córdoba, 120 o cara cortada, como se le conocía en el mundo paramilitar, afirmó ante un fiscal: "Mi gente pudo haber matado unas 15.000 personas". Es sólo una de las espeluznantes confesiones que han hecho los paramilitares desmovilizados en el marco de la Ley de Justicia y Paz que cumple ya cuatro años.

La suma de crímenes pasa de 27.000 y las víctimas ascienden a 40.000. La confesión ha llevado a la ubicación de 1.997 fosas donde se han encontrado restos de 2.439 personas, según las cifras que presentó el fiscal general, Mario Iguarán, el jueves.

Ha salido a la luz que estos hombres ?se desmovilizaron más de 30.000? recibían entrenamiento con métodos sofisticados: descuartizaron, jugaron al fútbol con las cabezas de sus víctimas, utilizaron hornos crematorios para borrar el rastro de sus crímenes incinerando los cadáveres y utilizaron serpientes para matar. "Nadie creía que lo que ha pasado fuera de tal magnitud y hubiera llegado a tal grado de barbarie", confesó a EL PAÍS Luis González, el fiscal que tiene en sus manos este complejo y polémico proceso.

A cambio de confesar su responsabilidad, entregar sus bienes y la reparación, la ley les condena a penas de un máximo de 8 años. "Parece poco, pero en definitiva es un acto mínimo de justicia", aceptó Iguarán. Casi 3.000 paramilitares se han acogido a la ley para obtener los beneficios. De ellos, 600 se han presentado ante los fiscales voluntariamente y 1.200 están perdidos ya que se inscribieron en los resgitros pero nadie sabe dónde están.

La confesión ha servido para alimentar la parapolítica ?así se bautizó el escándalo por el maridaje de estos sanguinarios grupos con la clase dirigente?, que ha involucrado a 209 políticos, entre ellos 120 alcaldes, y a 140 militares, la mayoría de alto rango. Se les acusa de haber ayudado a coordinar las matanzas.

Gustavo Gallón miembro de la ONG Comisión Colombiana de Juristas coloca en la lista de aciertos de la ley de víctimas el haber destapado esta "olla podrida", pero a la vez critica que no se haya actuado decididamente a partir de esas confesiones. "Mientras no se llegue al fondo sobre la responsabilidad de estas personas, muchos encumbrados en altas posiciones de la sociedad y el Estado, el futuro es incierto", afirmó. Para él, el país sigue sentado "sobre un polvorín". Durante 20 años los paras, con la disculpa de enfrentarse a la guerrilla, mataron a sindicalistas, líderes sociales y campesinos.

Las víctimas, silenciadas mediante el temor durante años, han perdido el miedo a hablar y han contado su historia. Más de 20.000 han asistido a las versiones libres. María, de 21 años, fue varias veces a escuchar a Don Berna, uno de los nueve jefes paramilitares extraditados el año pasado a Estados Unidos. Un día, por fin, pudo dialogar con él. Salió temblorosa, con las manos heladas. Obtuvo la respuesta a la pregunta que le carcomía desde que tenía 12 años. ¿Por qué mataron a su padre? Supo que lo confundieron con un guerrillero, la misma disculpa que han dado a muchas muertes. No todas han tenido esa suerte. O los paramilitares dicen haber confundido en la memoria hechos y datos, o, como le ocurrió a Gloria, la respuesta quedó en el aire con la extradición de Don Berna. Él le había prometido que la siguiente vez le contaría donde estaba enterrado Carlos Emilio, el hijo desaparecido.

Para Gallón las extradiciones son un "ultraje a las víctimas, la negación de uno de sus derechos fundamentales: el acceso a la verdad". El fiscal González reconoce que resulta difícil articular la coordinación para adelantar las diligencias con los que hoy están en cárceles estadounidenses. Sólo se ha dictado una sentencia, y la inmensa mayoría de los desmovilizados quedaron libres, sin mediar una investigación judicial.