LA FRONTERA DEL ABUSO

Paco Gómez Nadal

La Prensa

Hay muchas Panamás, como hay múltiples rostros escondidos detrás de cada uno de nosotros. La Panamá de la ciudad capital es endogámica, algo ombliguista y monopoliza casi todos los debates excluyendo al llamado “interior” (sigo buscando el exterior) de cualquier espacio político o ciudadano.

Solo cuando el virus hanta hace de las suyas o cuando una comunidad corta la interamericana se escucha el rumor de las provincias. En esta exclusión interiorana también hay categorías y en uno de sus últimos escalones está Darién, donde no tienen ni carretera que cortar para llamar la atención y exigir la existencia que la Constitución, en teoría, les reconoce en igualdad de condiciones.

Quizá por eso, los abusos se pueden dar sin que haya denuncias o contrapesos. Los medios de comunicación se desplazan en excursión a Darién cuando un decomiso de drogas o un desastre natural hace del viaje una aventura rentable. Sin embargo, en la vasta provincia viven personas, panameños y panameñas que a veces sienten que no lo son, seres humanos desconocidos y estigmatizados por la mirada periodística de las secciones “judiciales” e invisibilizados ante el resto de sus conciudadanos.

Esta realidad la conozco y la constato cada vez que vuelvo a Jaqué y sus alrededores, en esa frontera caliente y recalentada –no sé muy bien con qué intenciones– donde los policías de fronteras juegan a ser “Rambos” en un ejercicio más militar que policial y con un peligro cierto a la soberanía nacional por la entrada de patrulleras colombianas e incluso estadounidenses.

En Cocalito, último poblado panameño antes de la frontera con Colombia sobre el Pacífico, la semana pasada tuve que presenciar cómo decenas de hombres armados hasta los dientes duermen bajo las casas de los indígenas de esta comunidad, cómo la escuela, recién construida y jamás dotada, estaba rodeada de policías con sus armas largas de reglamento, que duermen o comen junto a sus pertrechos mientras los niños y niñas tratan de aprender algo constructivo de un maestro que vive en condiciones tan precarias que entran dudas de si es un empleado del Estado o un voluntario sacrificado con alma de faquir.

Nada más llegar, los agentes interrogan al ciudadano de visita como si fuera un sospechoso por pisar estas tierras y cualquier cuestionamiento se convierte para ellos en ofensa. Pero el tema se torna complicado cuando se cuestiona a los oficiales por estar mezclados de esta manera con la población civil en una zona de conflicto armado. Hablarle a estos “Rambos” de derechos humanos o de convenios internacionales es como dialogar con una pared de concreto, explicarles que están utilizando a la población civil como escudos humanos es imposible, y cuando se les dice que para los menores esa convivencia con armas y municiones es perniciosa la respuesta es: “ellos saben más que nosotros de esto”. Es decir, si los niños saben más de armas y de guerra que los policías, mejor les dejamos la seguridad a ellos. Otra de las respuestas, no menos preocupante es: “Nosotros sabemos lo que hacemos y además estamos coordinados con la inteligencia de Estados Unidos”. No coment.

La situación de Cocalito, con una población atemorizada y que no reclama por miedo a ser señalada de colaboradora de la guerrilla, se repite en comunidades de río como Biroquerá o en el mismo Jaqué, donde no patrullan policías normales que inspiren confianza sino militares que se hacen llamar policías, que dan miedo y hacen del paisaje algo amenazador para cualquiera que no esté acostumbrado –y que terrible es que alguien se acostumbre a esto–.

Así empezaron las cosas en Colombia y ya sabemos en qué andan ahora. La actitud del Servicio Nacional de Fronteras logra el rechazo de los civiles y crea un caldo de cultivo para una sociedad violenta y desestructurada. Mientras, la droga sigue pasando frente a estas costas y la guerrilla sigue agazapada en estas montañas. Las víctimas, los civiles panameños, son dobles víctimas: de la violencia y el temor por la situación de la frontera, y ahora e su propio Estado que los trata como sospechosos o, cuando menos, como ciudadanos de tercera. Mala siembra para el futuro en esas prodigiosas tierras de Darién.