URGE REABRIR EL CASO CEMIS

Enrique M. Illueca

ABOGADO Y SECRETARIO DE LA FUNDACION PANAMEÑA DE ETICA Y CIVISMO

La Fundación Panameña de Etica y Civismo, mediante nota dirigida a la Procuradora General de la Nación de fecha 7 de julio de 2009 y un Comunicado a la Nación de la misma fecha, persiste en su preocupación de salvaguardar el honor nacional mediante la acción penal contra los autores del bochornoso escándalo del CEMIS que explotó el 16 de enero de 2002 cuando el Legislador Carlos Afú desde una televisora local denunció que cierto número de legisladores, entre los cuales se encontraba el mismo Afú, habían recibido un soborno de 6 mil dólares a cambio de su voto para la aprobación del contrato-ley entre el Estado y el Consorcio San Lorenzo, por medio del cual se desarrollaría el Centro Multimodal Industrial y de Servicios (CEMIS), en Colón.

Los legisladores implicados al decir de Carlos Afú no recibirían únicamente 6 mil dólares, sino que como beneficiarios de este delictuoso soborno “se les iba a dar (en total) 20 mil dólares a cada uno por el voto afirmativo del CEMIS”.

Por virtud de tecnicismos legales inaceptables que resultan incomprensibles para la ciudadanía, las investigaciones y tramitación del caso CEMIS no han prosperado sin que se haya producido la requerida vigorosa acción penal del Ministerio público, cuya máxima figura es la Honorable Procuradora General de la Nación, Lic. Ana Matilde Gómez Ruiloba.

Panamá no puede ni debe marginarse del esfuerzo concertado de naciones del hemisferio para asegurarse de que quien ha cometido actos de corrupción desde el poder político, sea juzgado y castigado por sus repudiables actos como se señala singularmente en la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, que pasó a ser en nuestro país la Ley 42 de 1998, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción abierta a la firma en la ciudad mexicana de Mérida el 9 de diciembre de 2003.

En estas Convenciones se adoptaron líneas de acción conforme a las cuales Panamá, al igual que los Estados de la región, se comprometió a negar acogida tanto a los funcionarios corruptos como a los que los corrompen. El Estado panameño por tanto, no puede sustraerse del fomento de una cultura de rechazo de la corrupción ni de aliento a la impunidad, lo cual no armonizaría con la línea trazada recientemente por el Presidente de la República Ricardo Martinelli.

La reapertura del caso CEMIS está plenamente autorizada por las potestades de que está revestida ampliamente la Honorable Procuradora General de la Nación por los Artículos 217 incisos 4 y 219 inciso 1 de la Constitución Política vigente.

En apoyo de la reapertura por la cual abogamos, baste invocar el Catecismo Moral de Don Justo Arosemena, el teórico de la nacionalidad, quien decía que “lo que nos despedaza, lo que cancera el seno de la sociedad es la falta de moral pública” y que para combatir la inmoralidad potencial de gobernantes y legisladores formuló su histórico Catecismo de moral, en que destaca que las sanciones o motivos de los deberes morales son la conciencia y el honor, al tiempo que señalaba Don Justo que “el prevaricato de un legislador lo hace detestable y es el más grave de sus actos porque menoscaba la conciencia y el honor de la nación”.