Panamá, Año VIII, No. 212
8 al 21 de marzo de 2009

SUMARIO

Nacional
Editorial
  Partidocracia y narcopolítica
  Miguel Antonio Bernal
    Un fallo inesperado
  Luis Rubén Paz Mollah
    El debate de los burgomaestres
  Juan Jované
    Educación
  Marco A. Gandásegui, hijo
    Candidatos sin plan de gobierno
  Fernando Cebamanos
    Otro sistema de salud
  Ariel Rodríguez V.
    Ampliación del Canal y dudas razonables
  Julián Alfonso Clarós Morris
    ¿Cómo elegir un buen Presidente?
  Paco Gómez Nadal
    Pequeño homenaje a la grandeza
  Franklin Castrellón
    Privilegios injustificados
  Ignacio Iriberri
    De plan de gobierno por el cambio, al descubierto
Internacional
  Gerardo Arreola
    Cuba: Dirigentes reconocen sus "errores"
  Guillermo Almeyra
    Cuba: permítanme discrepar
  David Brooks
    Wall Street huele cada vez más a podrido
  David Brooks
    Bush preparaba un virtual estado de excepción
  Yolanda Monge
    EEUU revisa los abusos de la era Bush
  Yuma Gómez-Cornejo
    Colombia marcha contra los falsos positivos
  Immanuel Wallerstein
    Guadalupe: oscura clave de la crisis mundial
Pensamiento Critico
  Patricia Tubella
    El legado del estalinismo
  Carlo Frabetti
    Cuba: política y dignidad
  Ángel Guerra Cabrera
    La crisis y los estallidos sociales
  Ignacio Ramonet
    La explosión del desempleo

Boletín BUSCANDO CAMINO

 

UN FALLO INESPERADO

Miguel Antonio Bernal

CANDIDATO A ALCALDE DE LA CAPITAL

La alevosía de poner en duda la legitimidad de nuestra candidatura a la Alcaldía, en base a leguleyadas y con el silencio cómplice de "dirigencias" que se dicen democráticas, confrontó la reacción ciudadana que abrió las puertas de un fallo -para mí-, inesperado.

La jugarreta, que tuvo como guionistas al sector de la maleantería del PRD, presidido por Martin Torrijos, la partidocracia y los padrinos políticos de sus candidatos a la Alcaldía, quienes buscan seguir impidiendo el derecho democrático de los ciudadanos independientes de poder ser postulados y el derecho de los partidos a endosar candidaturas independientes, no pudo alcanzar su propósito.
La Fiscalía Electoral solicitó durante su vista, el rechazo a la impugnación solicitada, "a fin de procurar el respeto a nuestra norma constitucional legal y demás reglamentaciones respectivas".
Los licenciados Hernán García y Rolando Villalaz, actuando como apoderados del Partido Unión Patriótica y de mi persona, respectivamente, dejaron claramente establecido que lo actuado para la postulación de nuestra candidatura independiente a la Alcaldía, por el partido Unión Patriótica, cumplió lo ordenado por los Estatutos de Unión Patriótica, y descartaron, durante la audiencia, que la postulación se haya efectuado en violación a los mismos o a las normas del Código Electoral, enfatizando que lo actuado por dicho partido, siempre tuvo sustento legal.

Al ordenar los magistrados del Tribunal Electoral, "que se MANTENGA la postulación de Miguel Antonio Bernal al cargo de Alcalde del Distrito de Panamá por el Partido Unión Patriótica", producen no solamente un fallo inesperado, sino que confirman -y por ende se obligan- en el mismo que: "El Tribunal Electoral se crea para garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio y (que) el Derecho Electoral está para garantizar la democracia como sistema de gobierno que da credibilidad y legitimidad a la representación popular para la consolidación de nuestro Estado de Derecho".

Nos corresponde, entonces, a nosotros todos, como ciudadanos, conocer, velar y profundizar, con dignidad, nuestros derechos políticos y evitar que la anterior sentencia no sea letra muerta en ningún momento y que la obligación del cumplimiento de la misma para todos los ciudadanos, sea permanente, dentro y fuera de la esfera de lo electoral.

En su fallo inesperado, también afirman los magistrados algo que, además de fundamental debemos divulgar y velar por su aplicación real: "Los derechos políticos como derechos humanos fundamentales de primera generación, están evolucionando de acuerdo a las corrientes modernas, en dirección de su universalización, cuestionando cualquier limitación (de iure o de facto) que restrinja la participación política y aboliendo normas de exclusión, incluso la de los independientes; por ello, la ética democrática impone valores a la política haciéndola más pluralista, participativa, inclusiva y competitiva, y es dentro de este marco conceptual que procede nuestro razonamiento".

(mabernal@sinfo.net)