JILMA AGUILAR

UNIVERSITARIOS SE PELEARON POR EL ESTATUTO

EL SIGLO

Aunque se dice que la trifulca a varillazos que ocurrió en la noche del jueves entre miembros de los grupos de izquierda, Unión de Estudiantes Revolucionarios (UER) y el Bloque Popular Universitario (BPU) de la Universidad de Panamá, que dejó unos 10 heridos, se debe a viejas diferencias, la situación parece ir más allá.

Y es que, según el dirigente René Bracho, del grupo Pensamiento Acción Transformadora (PAT), el conflicto se remonta a las protestas del pasado 9 de mayo, que motivaron una serie de sanciones, como fue la expulsión por un año de dos estudiantes.

El Bloque Popular Universitario y el Frente Estudiantil Revolucionario (FER 29) apoyan las sanciones. Para Bracho, esto se debe a que ambas agrupaciones son leales al rector Gustavo García de Paredes, quien “impone mecanismos para sancionar a los dirigentes de los grupos adversos a través del artículo 327, del nuevo estatuto de la Universidad”.

Pero ¿qué plantea este artículo? Establece que todo aquel estudiante que se compruebe haya organizado, convocado o participado de alguna protesta podrá ser sujeto de un proceso sumarísimo, lo que quiere decir que se sanciona al estudiante automáticamente sin previa investigación.

Lo anterior es negado por el rector, quien asegura que el enfrentamiento no se debió a ninguna discusión de artículo alguno, sino a diferencias que existen entre los grupos, que no han podido solucionar a través del diálogo.

Ronaldo Ortiz, del Frente Estudiantil Revolucionario, tiene otra versión de los hechos. El dirigente niega que su grupo tenga vínculos con la rectoría e indicó que por principios no pueden exigir sanciones para estos grupos, porque su grupo también protesta.

Pero dejó claro que hay que valorar situaciones, como las del 9 de mayo, cuando el vandalismo se apoderó de las protestas y si sus dirigentes permiten que hayan “vándalos o ladrones” dentro de sus agrupaciones, desde luego que cabe una sanción ejemplar, porque no se puede permitir la entrada de “delincuentes” a la lucha.

Lo cierto es que luego del incidente, García de Paredes designó una comisión para que investigue el caso y advirtió sanciones.

Explicó que los cambios al estatuto apenas se están discutiendo en el Consejo General Universitario y para su aprobación se necesitan, al menos, 72 votos de 80 de los miembros de dicho consejo.

Tras este incidente, las facultades de Humanidades y Comunicación Social, permanecieron cerradas ayer. Se espera que las clases se normalicen el próximo lunes.