LEOPOLDO SANTAMARÍA

¿SISTEMA ÚNICO?...

“El enemigo más temible de la democracia es la demagogia”, Alfred Croiset.

El ciudadano presidente, afirmó, categóricamente: "No hay, no existe, ni habrá en los miembros de la Mesa de Salud y mía como presidente la intención de privatizar el sistema de salud".

La contraparte, sin embargo, sostiene que el proyecto de ley para un Sistema Único lo que busca es privatizar los servicios públicos de salud. Aunque el debate de los problemas nacionales no es práctica distintiva del régimen "democrático" vigente, me permito formular unas breves consideraciones.

En el documento: Panamá, Perfil del Sistema de Servicios de Salud, del 2 de noviembre de 1998, en la página 3, se consigna: "En la actualidad se realizan estudios técnicos para desarrollar la capacidad del Ministerio de Salud en las nuevas funciones y responsabilidades en el marco del proceso de privatización”. Y más adelante, en la misma página, aparece este otro texto: "Para el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, el nuevo modelo de atención propone una organización descentralizada y desconcentrada. Cara al futuro se considera realizar compras de servicios al sector privado, el cual está constituido en el país por clínicas y hospitales que operan con capital privado y bajo régimen de la empresa privada”.

En agosto del 2001, el entonces director general de la Caja de Seguro Social, supuestamente férreo adversario de la privatización, y el ministro de Salud firmaron un Convenio de Coordinación Institucional, en el cual, específicamente en el acápite 1.5, referente a Convenios o Acuerdos de Gestión para la provisión de servicios se establece:

"Las opciones para estos acuerdos deberán mantenerse en el ámbito de lo público-público, y/o público-privado, por ejemplo la compra de servicios a las ONG's y otros proveedores de servicios". Y en el acápite 2.2 sobre Equipo Básico de Salud plantean la figura de: "equipos básicos itinerantes que no estarán adscritos administrativamente a una instalación local de salud específica". Lo cual, en palabras llanas significa que el citado convenio le permite comprar servicios a clínicas u hospitales privados y aún más, reducir personal médico y contratarlos en grupos que puedan desplazarse de un lugar a otro a dispensar tales servicios sin que alguna institución asuma tales “costos”.

En la edición del 18 de marzo del 2004, del diario El Panamá América, el entonces candidato de la "oposición" aseguró estar dispuesto a asumir el costo político por salvar la Caja de Seguro Social…., “y aunque dijo tener una fórmula financiera, se negó a revelar los detalles de ésta"….; obvio, el riesgo de perder las elecciones exigía esa y muchas otras reservas, porque de haber manifestado su disposición a convertir en leyes de la República las "recomendaciones" de las instituciones financieras internacionales, por lo menos nos habríamos ahorrado catorce docenas de comisiones inoperantes e innumerables viajes de consulta al centro del poder hegemónico; pero como observara Jan Dehn, refiriéndose al proceso electoral: "aunque sus enfoques de gobierno son diferentes ninguno de los cuatro candidatos representa un desastre para el mercado financiero".

En la página 10 del mamotreto: "Borrador de Anteproyecto de Ley para la transformación del Sistema Público de Salud", aparece un parágrafo transitorio que dice: "….durante el primer año de su aplicación se podrán externalizar estos servicios para la satisfacción de la demanda"... Sin embargo, el documento que mejor revela las protervas intenciones de las instituciones financieras internacionales y de sus cómplices "nacionales", es la "Carta de Política de Desarrollo", enviada al Banco Mundial por el Gobierno de Panamá el 8 de septiembre de 2006, donde se afirma claramente: "También el Estado cuenta con activos que potencialmente pueden ayudar a reducir la deuda. Por consiguiente, se están evaluando alternativas y estudios, incluyendo la posibilidad de venta, concesión y apertura al sector privado en ciertas actividades actualmente reservadas al Estado". Lo que falta por vender debe ser poco y como el tiempo se agota, están desesperados por vender al sector privado el 49% de las acciones de Cable & Wireless; de modo que el proyecto de marras es más de lo mismo, continuar "externalizando", "concesionando" barbarismos para disfrazar la privatización, del agua, la basura, las carreteras, los puentes, y hasta del aire; ¿aceptaremos tanto abuso?, ¿seremos masoquistas irredimibles? ¿Usted qué opina?