IVÁN W. DE LA CRUZ

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INCOHERENTE

Cuando el presidente Ernesto Pérez B. defendía, en su momento, la desafortunada medida de aumentar a sumas insustentables los salarios de los funcionarios públicos de mayor jerarquía, explicaba demagógicamente que eran personas muy talentosas, a las que de no ajustarles el salario podrían ser atraídas irremediablemente por la empresa privada, impidiendo que el país recibiera grandes beneficios por su gran desempeño. Esta impúdica decisión mantenida por los gobiernos subsiguientes ha causado mucho daño. Dichos funcionarios ni fueron ni han sido muy talentosos y competentes en su desempeño, tampoco hemos visto que hayan sido asediados por la empresa privada para que pasen a engrosar sus planillas.

A pesar de los exorbitantes e injustificables salarios que devengan los funcionarios de los principales órganos e instituciones del Estado desde hace una década, en mi opinión, ha habido un espantoso empeoramiento en la administración y manejo de los bienes patrimoniales y la riqueza nacional que nos pertenece a todos. Desde mi punto de vista, Panamá se encuentra desde hace años en un proceso autodestructivo que se ha agravado escandalosamente durante la actual administración PRD. De decisiones, medidas políticas, firmas y ejecución de contratos públicos que señalan una inexcusable posición política antihistórica y antinacional, de remate a precios irrisorios de nuestros bienes patrimoniales y negociados malsanos con nuestra riqueza nacional de manera inmisericorde.

Todos los días nos desayunamos con noticias en las queda en evidencia que lo que menos les preocupa a nuestros funcionarios es proteger y asegurar el justo rendimiento de nuestros recursos y riquezas en beneficio de las amplias mayorías del pueblo panameño.

Por ejemplo, permitir que empresas monopólicas como las que administran los corredores norte y sur, las de energía eléctrica y telefonía apliquen, a su antojo y mejor beneficio, las tarifas leoninas que actualmente cobran al pueblo panameño raya en lo que podría denominarse "un crimen contra la economía nacional". Increíblemente, para el mes de julio de 2008 se amenaza con aplicar otro incremento injustificable en la tarifa eléctrica. No se justifica que esas empresas que obtienen grandes ganancias, que paga salarios por cientos de miles de dólares al año a sus ejecutivos más importantes, sigan saqueando más a los ciudadanos de este país.

También es inaceptable la nueva medida adoptada por la ACP en relación al proyecto de la ampliación del Canal, según la cual "las variaciones de precios del acero, del cemento y el diésel serán costeadas por la ACP (léase pueblo panameño), porque las propuestas de los consorcios pre-calificados podrían venir infladas en forma irreal". Esto no puede ser más injustificable, aberrante y antipatriótico.

La Asamblea Nacional también nos sorprende con una nueva ley que establece cambios en el uso de suelos del área revertida, lo que permitirá una espantosa especulación y el enriquecimiento desmedido de unos pocos, en perjuicio de las grandes mayorías de panameños. Pareciera que esta gente no tiene conciencia nacional. Tanta sangre derramada y sacrificio del pueblo por la soberanía en el área del Canal, para que cuatro pelagatos legislen de esta forma tan antipatriótica.

Tengo la esperanza de que algún día, más temprano que tarde, tengamos nuevos gobernantes con dignidad nacional, que legislen, investiguen y se aseguren de sancionar y penalizar toda esta vagabundería que destruye nuestro país.

*El autor es profesional jubilado

La Prensa