Boletín BUSCANDO CAMINO

Editorial

LA UNIVERSIDAD DE ESPALDAS AL PAÍS

Panamá sigue viviendo una ola de protestas que tienen su razón de ser en un sinfín de demandas originadas en insatisfacciones de larga data. Escuelas contaminadas por fibra de vidrio y en condiciones ruinosas, comunidades sin agua potable, caminos y puentes deteriorados, insoportables situaciones de violencia e inseguridad pública, hidroeléctricas y proyectos mineros que atentan contra el ambiente y los pobladores de esos lugares, son tan solo algunos de los reclamos que ponen semana tras semana a las poblaciones en pie de lucha.

A ello se une una carestía de la vida nunca antes conocida, un sistema de transporte inhumano y una vialidad colapsada. Además se sienten venir peores días, con anuncios como la pretensión de vender las acciones estatales de las empresas privatizadas, a contrapelo de un sentir popular claramente en desacuerdo con mantener dichas privatizaciones, que no dejan de generar un alza continua de los precios de los servicios que brindan.

Esos malos augurios también incluyen el anteproyecto de ley de sistema único de salud que, al recargar en las finanzas de la Caja de Seguro Social la atención que por mandato constitucional le corresponde al Estado, disminuiría aún más la calidad de los servicios dispensados, propiciando la eventual quiebra de la Caja para justificar la privatización de sus activos financieros y la denominada “externalización” de sus servicios de atención médica.

Los tranques de calle por parte de la ciudadanía se han convertido en la manera habitual como se reclama la atención de unas autoridades cuya indolencia solamente es sacudida por tales acciones. Así, de un confín a otro, la población sufre la represión de los antimotines, ante la inexistencia de oídos prestos a escuchar sus reclamos.

El viernes 9 de mayo, una acción pacífica de protesta de estudiantes universitarios es reprimida sin el menor tapujo por las fuerzas policiales, que utilizan incluso un tipo no identificado de granadas, una de las cuales impacta al estudiante de sociología Marx Norambuena, provocándole una peligrosa y grave herida que le inhabilita uno de sus brazos. Los medios de comunicación social clamaron por medidas… …contra los que protestaban, aludiendo a inexistentes daños provocados al patrimonio universitario.

La respuesta de las autoridades universitarias ante tal agresión fue ponerse del lado del gobierno que cada vez más enfrenta con la represión las justas protestas que sacuden el país. Cerraron la universidad, expulsaron por un año a los estudiantes Martín Castillo y John Hughes, de Sociología y Comunicación Social respectivamente, además de sentar el nefasto precedente de amonestar a quienes habían convocado la protesta, todo ello sin atenerse al debido proceso que se enseña en las propias aulas universitarias.

La actuación bochornosa por parte del Consejo Académico de nuestra primera casa de estudios superiores contra sus propios estudiantes, solamente encuentra explicación en los intereses de quienes lucran de su presupuesto, y por ello, se ven compelidos(as) a apagar la llama de la rebeldía en un año preelectoral como el que cursa, en contraprestación al gobierno que le suministra los fondos.

Otro debería ser el papel de nuestra primera casa de estudios superiores. Tomemos el caso del transporte público. La universidad cuenta con el recurso docente para haber ofrecido un dictamen a la sociedad sobre la alternativa más conveniente de solución, y entonces haber convocado un movimiento a escala nacional que impulsara dicha propuesta.

Nada de eso ha pasado. Cuando se produce alguna que otra declaración crítica de parte de la Administración, no se ve acompañada de esfuerzos por generar una amplia movilización social, comenzando por la propia universidad, que permita lograr los objetivos que se enuncian. No existen asambleas universitarias que debatan y decidan acometer el impulso de soluciones a los graves problemas nacionales. Si eso fuera así, seguramente la juventud universitaria no tendría que recurrir a tranques para hacerse escuchar. Por el contrario, lo que prima en la actual Administración es el inmovilismo y la inercia acomodaticia.

La actuación de las autoridades universitarias tiene ribetes aún más graves. Al condenar la protesta estudiantil, está condenando al amplio movimiento social que está sacudiendo el país, poniéndose contra el mismo y legitimando, con las medidas represivas adoptadas contra sus estudiantes, que el Estado continúe reprimiendo de la misma manera contra comunidades, escuelas y cualquier otra acción contestataria. Es decir, las autoridades universitarias se han colocado del lado de quienes buscan criminalizar la protesta social.

Pero no sólo han sido las autoridades universitarias. Recientemente, el conjunto de fuerzas populares, por encima de cualquiera diferencia, salimos a defender al dirigente sindical Saúl Méndez de la patraña represiva que le habían montado. Contrario a tal proceder, grupos estudiantiles universitarios, que hacen parte de FRENADESO, votaron a favor de las sanciones en el Consejo Académico, favoreciendo, desde su sectarismo, al gobierno que antagonizan.

No existen dos bandos, los estudiantes y la policía, que cometieron excesos. Marx Norambuena es la prueba de ello. La resistencia a la represión policial es legitima, y por ello hay que atajar lo que ya se está volviendo cotidiano, tanto así que ya ni reparan en rociar con gas pimienta a niños(as) de escuelas primarias.

Detener la mano represiva de la Administración Universitaria es una tarea ciudadana de primer orden, como parte de la lucha por evitar el amordazamiento progresivo al que se intenta someter a la Casa de Méndez Pereira, en especial al movimiento estudiantil universitario independiente de todo compromiso que no sea la defensa intransigente de las más legítimas causas populares. Esa tarea comienza por la propia universidad, posiblemente desde el impulso de espacios de participación que puedan recuperar la tradición de nutridas asambleas universitarias en las que se adopten las iniciativas que permitan hacerle justicia a los estudiantes sancionados.