Panamá, Año VII, No. 170 |
3 al 17 de febrero de 2008 |
SUSANA A. SERRACÍN LEZCANO*POR NUESTROS RÍOS, SUS COMUNIDADES Y EL DERECHO A LA VIDA DIGNALa Prensa La biodiversidad es más que naturaleza. Es el "seguro de vida biológico del ser humano", que hace posible el ciclo de los alimentos, del agua, la producción de aire limpio y biomasa y la regulación de sistema climático. Sorprendentemente, el Parque Internacional La Amistad (PILA), una de las regiones con mayor endemismo y biodiversidad del planeta y reconocido a nivel internacional como área núcleo de la Reserva de la Biosfera La Amistad (parte del Corredor Biológico Mesoamericano y Patrimonio de la Humanidad por Unesco), sufre la embestida de proyectos hidroeléctricos e infraestructuras en territorios naso y ngöbe, ubicados en el bosque protector Palo Seco, en violación a los más elementales principios de respeto a la vida, la equidad y a la libre determinación de los pueblos. La experiencia internacional revela que la producción minera y la construcción de represas son los proyectos de "desarrollo" que más muertes y asesinatos han causado en el mundo y que, en esos casos, los pueblos indígenas han llevado la peor parte. En México, a causa de la construcción de la represa Miguel Alemán, se incendiaron las viviendas de 21 mil indígenas mazatecos. La represa Kariba, en Zambia y Zimbawe, desplazó a 57 mil indígenas tonga. El Gobierno envió tropas para reprimir a quienes no querían mudarse. En 1978, la policía mató a cuatro personas al disparar contra una movilización anti reasentamiento en la represa Candil, en India. En la presa Chixoy en Guatemala, uno de los supervivientes relató que habían dado muerte a su mujer y a sus hijos en su presencia. La respuesta ante la pregunta "¿A dónde quieren que vayamos?", fueron los disparos, la policía llegó a Río Negro y mató a siete personas; los cuerpos de dos líderes indígenas fueron mutilados. En el año 2000, indígenas emberá–katío de Colombia pidieron asilo político a la Embajada de España, después del asesinato de uno de sus líderes debido a la oposición a la represa Urrá. Estas historias se repiten a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. En Panamá, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) transgrede el principio y prostituye el concepto de desarrollo sostenible, ya que con subterfugios legales aprueba estudios de impacto ambiental irregulares y condicionados, otorga concesiones en áreas protegidas y permite actividades e infraestructuras contrarias al mejoramiento y conservación ecológica de esta frágil zona, generando profundas heridas sociales y ambientales. Autoridades locales de la provincia de Bocas del Toro y empresarios, con el uso de represión policial y abuso de poder, irrumpen en esa joya ambiental, violando los derechos humanos, persiguiendo, encarcelando ilegalmente y acosando a indígenas para "sanear" el área y permitir el avance de las obras de la hidroeléctrica Chan 75. Hombres, mujeres, niños y niñas sufren de violencia y despojo, como si de un Estado gamonal se tratara, sumado a un sistema judicial y administrativo en ocasiones inaccesibles y hostiles para estas personas, en su gran mayoría de baja escolaridad, analfabetas y/o usuarios de otro idioma, el naso o el ngöbe. A estas comunidades vulnerables ni siquiera se les permite brindar su consentimiento libre e informado, siendo presas constantes de la incertidumbre y el temor por su futuro. Desconocer la experiencia internacional es un error. Evitemos derramamientos de sangre y actuemos de manera firme en la defensa de una institucionalidad jurídica verdaderamente humana que enfoque adecuadamente la política ambiental y social, que diseñe con rigurosidad científica la política energética del país. No le demos la espalda al ambiente con nuestra inacción y no perdamos nuestros más valiosos recursos por el afán de lucro desmedido de unos cuantos, frente a un modelo de desarrollo antiético e injusto que excluye a los seres humanos y que además es sacrílego con la naturaleza. *La autora es abogada ambientalista |