El estimado de costos del tercerjuego de esclusas, hecho por la ACP, fue asesorado por Parsons Brinkerhoff International (pagina # 7 de la propuesta de la ACP), que son, cito a la ACP, “consultores especializados en estimación de costos”; asumo que mencionan a esta empresa en esta parte de la propuesta para darle una imagen de prestigio al cálculo de costos.  Lo que no huele bien aquí es que esta empresa tiene problemas con el FBI en los EE.UU. por aparentes prácticas de estafa y fraude al fisco del Tío Sam.

Carlos E. Rangel Martín

¿Quién ó quienes fueron los responsables de escogerla para participar en la ampliación de nuestro canal?

Lo que todo panameño debe saber de la Parsons-Brinckerhoff

La propuesta de ampliación de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es un cheque en blanco no sólo a los directivos de la ACP y al gobierno actual, sino a la compañía constructora Parsons-Brinckerhoff Internacional (PB); y debemos recordar que el cheque en blanco otorgado a Phillipe Bunau-Varilla resultó en el tratado de 1903.

Los ingenieros panameños de la ACP participaron ardua y encomiablemente en la preparación de los estimados relacionados con los dragados y movimientos de tierra del proyecto de ampliación; pero ellos no tienen experiencia en la construcción de esclusas, de modo que los “diseños y estimados conceptuales” de las esclusas y las tinas, que son la parte más costosa del proyecto, las dejaron en manos de la PB.

La PB, por su parte, recientemente se ha visto envuelta en varios contratos donde engañaron al público y al gobierno, para luego beneficiarse directamente de los sobre-costos de los proyectos, lo que automáticamente pone en duda la exactitud de sus estimados conceptuales para la ampliación.

Uno de estos proyectos controversiales fue contratado por la Autoridad de Tránsito Metropolitano (MTA, por su nombre en inglés) de Los Ángeles, California, que dio como resultado un hundimiento de una media milla de diámetro y hasta 28 metros de profundidad en el Boulevard Hollywood de esa ciudad en el año 1995.

Pero sin duda el más conocido de dichos proyectos fue contratado por la Autoridad de Carreteras de Peaje de Massachussets, que deseaba la construcción de un conjunto de túneles, apodado “Big Dig” (“Gran Excavación”), bajo la ciudad de Boston, donde resultaron cientos de filtraciones de agua de todos los tamaños, donde un tramo del techo se desplomó, causándole la muerte a una mujer costarricense y donde el costo de la obra es casi seis veces el estimado original.

Tara Servatius es una periodista que ha ganado más de dos docenas de premios como columnista e investigadora, quien, después de que PB construyó un proyecto de transporte público que terminó costando el doble de lo presupuestado en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, comenzó a estudiar cómo esta gigantesca empresa transnacional así opera frecuentemente.

Según esta periodista, en el siglo pasado PB construyó notables obras públicas en los EE.UU., pero con el tiempo ha desarrollado la habilidad de manipular a las juntas gubernamentales que la supervisan y de negociar contratos abiertos y ambiguos que hacen difícil despedirla ó hacerla responsable de lo que salga mal en sus proyectos.

No fue nada sorprendente, pues, que en 1994 una investigación del diario Los Angeles Times revelara que varios subcontratistas, abogados y otras empresas asociadas a la PB donaron un total de más de $500,000.00 a las campañas de algunos funcionarios gubernamentales escogidos por elección y que estaban relacionados al proyecto de la MTA.

El problema para deshacerse de esta compañía, que incluso cobra adicionalmente por reparar sus propios errores, estriba en que son pocas las compañías que trabajan en proyectos de gran magnitud y, considerando los contratos ambiguos que ella negocia, la batalla legal para despedirla extendería demasiado las fechas de terminación de los proyectos.

Además, por ejemplo, la MTA resultó blanco de miles de demandas por más de $1,000 millones por daños y perjuicios por parte de terceros, por lo que, si despedía a la PB, cuyas deficiencias en la construcción había originado las demandas, se le debilitaba y complicaba su propia defensa en los tribunales.

Un detalle sumamente alarmante es que, según el sitio Web de la PB, esta compañía ya está preparando todos los documentos de la licitación relacionada a la ampliación; a lo que cabe preguntarle a los directivos de la ACP: ¿Por qué no se han hecho públicos los contratos que se han firmado con esta compañía, para que los panameños los conozcamos y podamos opinar al respecto?

Ciertamente que Phillipe Bunau-Varilla nos hizo una mala jugada a principios del siglo pasado, pero, afortunadamente, la organización que se encargó de la construcción original del Canal de Panamá fue el Cuerpo de Ingenieros, que es una institución con un alto sentido de la ética profesional, mientras que la reputación que la PB ha acumulado en los últimos quince años prácticamente equivale a un record policivo.

De modo que la ACP también debe aclarar: ¿Por qué no se investigó a esta compañía? y, si se investigó, ¿Quién ó quienes fueron los responsables de escogerla para participar en la ampliación de nuestro canal?

De no hacerse aclaraciones y correcciones adecuadas, será evidente que, detrás del escogimiento de la PB, hay la intención de que la ampliación del Canal de Panamá resulte lo más costosa posible, para que mayor y más duradera sea la desviación de las ganancias potenciales del canal, que le pertenecen al pueblo, para aumentar las ganancias de la PB, las comisiones de algunos funcionarios públicos y los dividendos de dueños de bancos que presten dineros para terminar la obra, aún cuando con ello nuevamente se sacrifique al pueblo panameño, igual como aconteció en 1903.

El autor es Jubilado del Cuerpo de Ingenieros