Migración ratifica la orden de expulsión al cooperante español.

Luego de tres meses de demora, en los que se han irrespetado los plazos establecidos por la Ley y ni siquiera se ha querido renovar el carnet de trámite a los afectados, la Dirección Nacional de Migración ha emitido una resolución con fecha de 27 de Febrero en la que se dan tres meses de plazo al cooperante español Francisco Aperador, a su esposa e hijos para que “culmine su misión” en el país y “abandone el territorio nacional”.

En Diciembre pasado, Migración había emitido una resolución (11,036) ordenando su salida de Panamá en un plazo de tres días por razones de “Seguridad Interna del Estado”. La contestación a la solicitud de reconsideración que se presentó entonces se ha recibido este 11 de Marzo. En ella, luego de revocar la resolución de Diciembre, se repiten los argumentos relacionados con el artículo 36 del Decreto Ley 16, que aluden a la Seguridad y el Orden Público. Finalmente se presenta como un acto de consideración hacia la Iglesia Católica la concesión de una prórroga por tres meses en su permiso de Visitante Temporal para que “culmine su misión en la República de Panamá”. ( Ver Resolución No. 1200 )

La Oficina Nacional de Pastoral Social–Cáritas considera que la Dirección de Migración y el Consejo de Seguridad Nacional han dejado esperar unos meses para que en los medios de comunicación bajara el perfil del problema y entonces reafirmarse en sus acciones de hostigamiento y presión. Debemos recordar que el trabajo directo que Francisco Aperador realiza forma parte de las actividades que Cáritas Panamá desarrolla en el acompañamiento a la Coordinadora Campesina contra los Embalses, organización que se opone a los proyectos de inundación que trata de imponer la Autoridad del Canal de Panamá.

Las autoridades de migración siguen sin explicar por qué consideran esta labor como una amenaza a la Seguridad de Estado, razón por la cual se pretende expulsar a Francisco. Al igual que hicimos en Diciembre, denunciamos que esta actuación irregular y arbitraria constituye una amenaza al trabajo socio pastoral y socio político que realizamos como Iglesia en defensa del derecho del campesinado a la vida y a la tierra en la que los hermanos y hermanas campesinas han vivido, trabajado y cuidado como don entregado por el Creador desde hace varias generaciones. 

Si la ACP y el Gobierno Nacional, por intermedio de migración, pretenden con estas y otras acciones acallar la voz crítica que resulta incómoda para sus pretensiones. Si este hostigamiento se hace a instituciones de Iglesia, ¿qué garantías podemos esperar que tengan los campesinos amenazados?, ¿qué garantías podemos esperar del mencionado referéndum sobre la Ampliación del Canal?

Golpeando a Pastoral Social–Cáritas, los señores del poder, preparan las condiciones para arremeter contra el campesinado organizado cuya resistencia no les ha permitido cumplir con la decisión de desplazar comunidades y proceder a inundar.

Como equipo nacional de Pastoral Social-Cáritas Panamá reafirmamos nuestra opción por la defensa de la vida y el acompañamiento a la organización campesina.

CON TODO RESPETO Y CON EL DERECHO QUE NOS ASISTE, EXIGIMOS:

1. Que se detengan las acciones de la Dirección de Migración encaminadas a la expulsión de Francisco Aperador.

2. Que se detengan las acciones dirigidas por la Autoridad del Canal de Panamá y por el Gobierno Nacional destinadas a silenciar de manera oscura, la legítima oposición a un proyecto que sólo va a traer destrucción y desolación a miles de campesinos empobrecidos y al pueblo panameño en general.

3. Que se respete la labor de evangelización y pastoral social que desarrollan los equipos misioneros, sacerdotes e instituciones eclesiales, entre las que se encuentra Pastoral Social– Cáritas Panamá, en la que ocupa su principal prioridad, la lucha por la justicia social y el caminar junto a los grupos empobrecidos.

4. Que el Gobierno Nacional y la Autoridad del Canal de Panamá busquen caminos legítimos y transparentes para el desarrollo de sus planes, con el respeto que merece la soberanía de pueblo panameño, consagrada en la Constitución de la República.

NUEVAMENTE SOLICITAMOS LA SOLIDARIDAD

A todas las comunidades eclesiales, grupos, movimientos y organizaciones sociales que han compartido el caminar con Pastoral Social–Cáritas a expresar su solidaridad, exigiendo asimismo al Gobierno Nacional y a la ACP, respeto a los valores democráticos y a la legalidad vigente de la cual tendrían que ser los principales garantes.

Es deber cristiano optar por la verdad y la justicia, conscientes de las incomprensiones, amenazas y persecuciones que esta opción supone. Rogamos al Dios de la Vida, que este esfuerzo que hacemos cada año durante la Cuaresma para dar pasos firmes en nuestra disponibilidad total a su voluntad, nos provea de la valentía para testimoniar con obras de justicia, que queremos resucitar con Él.