Nuevos desafíos e impactos sobre Oyambre

La nueva etapa en el Parque Natural de Oyambre no ha podido tener mejor comienzo para seguir profundizando en los desafíos a la seguridad jurídica y ambiental que forman parte del PORN recientemente aprobado:
En primer lugar, por el reinicio ilegal de las obras de la variante de Oyambre que se encuentran paralizadas cautelarmente por un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria pero que, durante estas Navidades, han continuado con nuevos movimientos de tierra y la colocación de varios tubos de fibrocemento en la zona húmeda de Los Llaos degradando, aún más, la excepcional mancha de carrizal y salcera que lo que necesitan es el desmantelamiento inmediato de los rellenos realizados, la regeneración hidrológica-forestal, la supresión de los vertidos y la recuperación de los terrenos privatizados en su entorno, el restablecimiento de la conexión ambiental con el borde litoral y la recuperación integral de la marisma.
En segundo lugar, por el empecinamiento en no desarrollar los trazados alternativos a la variante y de conexión con la carretera Barreda-La Revilla desde Zapedo, Los Llaos y Gerra, mucho más baratas y respetuosas ambientalmente, siguiendo la red de caminos rurales que borde por el norte el camping Rodero y apurando las mejoras de los ejes viarios perpendiculares a la costa, incluyendo la creación de aparcamientos retranqueados de la primera línea de playa y sumergidos en el paisaje, como las mejores soluciones para resolver los problemas de estacionamiento y circulación de vehículos en la zona. En tercer lugar, por la reposición de estacados y líneas de alambradas en el perímetro del campo de dunas ocupado por el Golf de Oyambre, depositando residuos en la misma playa, invadiendo la franja marítimo-terrestre, e impidiendo el libre tránsito a las personas .
En cuarto lugar, por la inhibición de la Consejería de Desarrollo Rural y la Dirección del Parque en hacer cumplir la sentencia judicial firme de reposición del conjunto del sistema dunar ocupado por el campo de golf a su estado natural, independientemente de la aceleración o los acuerdos necesarios para devolverlo a la titularidad pública, rehabilitar la torre de ballenas y desmantelar el dique de entrada. En quinto lugar, por actuar en las mismas y escondidas fechas, sobre la desembocadura del arroyo Merón, el sistema dunar y la zona húmeda adyacente afectada por las obras de la carretera, desafiando, de igual forma, el auto de paralización de las obras.
En sexto lugar, por haber iniciado las obras del macroaparcamiento de La Barquera sin haber respondido a las denuncias y alegaciones para buscar otras alternativas, desarrollar un Plan de Movilidad en el interior de la trama urbana de la villa de San Vicente, contrarrestar el hacinamiento urbanístico de su entorno con mayores exigencias de retranqueos y servidumbres, y aprovechar los márgenes de la N-634 en aquellos tramos con mayor capacidad de inmersión en los horizontes naturales, rurales y urbanos.
Todo ello independientemente de las flagrantes contradicciones de un PORN que definitivamente ha dejado en el limbo los plazos y las financiaciones concretas del área de influencia socioeconómica con los regímenes concretos de subvenciones, ayudas y compensaciones públicas y privadas, de las Áreas de Regeneración Ambiental y Paisajística “Santa Marina, el Monte Corona…“, de la vuelta a la titularidad pública de los terrenos ocupados ilegalmente en la desembocadura del arroyo de Los Llaos, del desmantelamiento de los Elementos de Régimen Singular “pabellón Polideportivo, Almacén de Butano, el camping del Rosal, las marismas de Pombo y Rubín, el propio campo de golf de Oyambre…“, la demolición de las viviendas de La Argolla, de la descentralización de los Centros de Información e Interpretación, de la dotación de plantillas estables y con convocatorias públicas en igualdad de condiciones, y de programas de dinamización y desarrollo sostenible de los tejidos productivos locales. Una situación que pondremos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente y del propio Tribunal de Justicia de Cantabria para que abran los expedientes sancionadores que correspondan, depuren las responsabilidades técnicas y políticas en que hayan incurrido empresas y Administración, y adopten las medidas pertinentes para evitar o corregir las agresiones que han venido produciéndose.
Extraido de Tablón de anuncios de Cabezón de la Sal.