EKAINA/JUNIO

Por desgracia miles de familias vascas están condenadas a la miseria al sufrir situaciones de pobreza y/o tener dificultades para llegar a fin de mes y ver cubiertas sus más necesidades básicas; por eso, diferentes plataformas contra la exclusión social y por los derechos sociales, suspendemos la gestión, en materia social, del Gobierno Vasco y, por lo tanto, le entregaremos varias calabazas en el registro de la Delegación del Gobierno Vasco en Bilbao.

Con esta acción simbólica se querían exigir compromisos concretos a las administraciones vascas para erradicar la pobreza que subyace en nuestra sociedad. Así, y según datos oficiales:

•    80.011 personas se encuentran desempleadas, un 10% más que hace un año.

•    Un total de 53.600 hogares de la CAV, un 4,9%, no dispone de los ingresos mensuales suficientes para afrontar los gastos habituales y 63.794 hogares vascos, un 5’9%, se encuentran con problemas para adquirir alimentos, usan ropa de segunda mano, no disponen de calefacción, deben vender patrimonio para hacer frente a necesidades básicas y tienen dificultades para cumplir sus pagos. Además, 134.400 familias, 12’5% del total de familias vascas, viven al límite al no poder afrontar los gastos extraordinarios que le pudieran surgir.

•    145.000 jóvenes vascos no pueden emanciparse por la precariedad laboral y el alto precio de la vivienda.  De hecho, un 11,5% de la población vasca asegura que quiere formar un hogar independiente y no puede hacerlo acuciada por unos problemas económicos que se antojan insalvables, a pesar de que tres de cada cuatro afectados tienen un empleo.

Con este acto queremos pedir un mayor compromiso al Gobierno Vasco en la lucha contra la pobreza y denunciar la decisión de recortar las prestaciones sociales básicas emprendida por la Viceconsejería de Inserción Social del Gobierno Vasco. En el Anteproyecto de Ley para reformar la actual Ley contra la Exclusión Social se contemplan una serie de recortes en la Renta Básica y las Ayudas de Emergencia Social (AES) que perciben 50.000 familias debido a que carecen de ingresos suficientes para vivir en condiciones dignas. Así,

1.    Las familias con un trabajo en precario verán que sólo pueden complementar sus salarios bajos un límite de años y después se les suspenderá el cobro de la ayuda social a la que tuvieran derecho aunque sigan trabajando con contratos en precario y sueldos bajos. Hecho que no se produce con la actual Ley contra la exclusión social.

2.    Se implanta que a lo largo de toda una vida sólo se pueda cobrar un límite de años las ayudas para el alquiler de vivienda o intereses y amortización de préstamos y para el disfrute y mantenimiento de la vivienda. Cosa que no ocurre en la actualidad.

3.    Las familias que perciban un complemento para sufragar los gastos de alquiler o crédito hipotecario no podrán solicitar ayudas para gastos de educación e inserción laboral o la atención sanitaria no cubierta por Osakidetza cuando en la actualidad sí pueden.

Todas estas medidas son un claro retroceso en comparación a la legislación actual donde el único límite que se establecía era la permanencia, o no, de la situación de precariedad económica que motivó la concesión de las prestaciones sociales. Además, los recursos económicos necesarios para la financiación de otras medidas contempladas en este Anteproyecto  se retraerán de las cuantías consignadas para las AES. Esto provocará la "minorización" de las AES y que derechos básicos como la vivienda o la atención sanitaria y la formación se queden sin cubrir para la mayoría de solicitantes de las AES.

A todo lo anterior habría que añadir el brutal recorte, con respecto a la actual ley, al limitar, en cualquiera de los tipos de garantías de ingresos, el ahorro máximo de que puede disponer una familia a 12 veces la RB (poco más de 7.000 euros) que le pudiera corresponder a la unidad familiar solicitante de la prestación. En la actualidad el tope máximo de ahorro está en 48 veces la RB que pudiera corresponder. Esta nueva redacción de la Ley perjudica seriamente a las familias con trabajos en precario, o que se queden de forma puntual en paro, y que se vean en una situación de necesidad.

Además, esta nueva normativa va en contra de la conciliación laboral, familiar y personal, ya que no se puede cobrar una ayuda y acogerte a una excedencia por cuidado familiares.

PLATAFORMAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL y POR LOS DERECHOS SOCIALES:
Asambleas de Parados y Paradas de Barakaldo y Sestao, Argilan, Berri-Otxoak y Danok Lan. 23/6/08

Diferentes colectivos sociales de Barakaldo desarrollaremos el próximo 20 de enero un Encuentro Solidario para exigir UNOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES MÁS JUSTOS Y SOLIDARIOS para el año 2008. Con este

acto se pedirá a la corporación municipal que garantice los fondos económicos suficientes para atender a todas las familias solicitantes de una ayuda social.

Debemos recordar que el pasado año 2007 237 familias no pudieron acceder a la ayuda social que habían solicitado a la corporación fabril "por falta de presupuesto", cuando el ayuntamiento ha gastado 3

millones de euros en "actos de propaganda y protocolo".

Para anunciar este acto se distribuirán 27.000 hojas informativas por el municipio y se colocarán 2.100 carteles en todos los portales de la localidad.