“DOCE SON LAS PERSONAS que fueron puestas a disposición del ministro instructor Antonio Castro, por su presunta participación en el atentado incendiario a tres camiones que prestaban servicios a la Forestal Arauco en la comuna de Lumaco el pasado 1 de diciembre. Encabeza la lista José Remigio Chureo” . Asi informaba el satélite regional de la cadena El Mercurio de la detención de campesinos mapuches de las comunidades de Pichilonkoyan y Pilinmapu, tras el atentado que redujo a cenizas tres camiones forestales y, con ello, hizo estallar ante la opinión pública nacional e internacional una situación de atropello, marginación y abuso contra el pueblo mapuche que las autoridades hubieran preferido mantener bajo la alfombra.

Se trató de una acción desesperada y extrema, reconocerían años más tarde algunos de sus protagonistas, pero no por ello carente de sentido. Todos los detenidos serían formalizados por el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuko, Antonio Castro en virtud de la Ley de Seguridad Interior del Estado, legislación de excepción que el gobierno aplicaría a partir de entonces de manera recurrente contra dirigentes y organizaciones mapuche. Experiencia tenía el magistrado en el uso de esta ley. El año 1992, la Corte Suprema de Santiago lo había designado ministro en visita para investigar una serie de ocupaciones de tierras que protagonizó la organización mapuche Consejo de Todas las Tierras (CTT) en la IX Región, 700 kilómetros al sur de la capital chilena.

Los mapuches, en el marco de las acciones continentales de protesta ante las celebraciones oficiales del Quinto Centenario, habían decidido ocupar una serie de latifundios agrícolas en las comunas de Lautaro, Vilcun y Temuco. Se trató de ocupaciones simbólicas, que buscaban llamar la atención de las autoridades respecto de dos situaciones que transitaban de la mano: la propiedad en manos ajenas de la tierra mapuche y el empobrecimiento de las comunidades. “Buscábamos dar cuenta de un problema histórico, no resuelto y que se agravó durante la dictadura militar de Pinochet”, señalaría tiempo después Aucan Huilcaman, lider de aquellas jornadas de protesta. Pero el gobierno chileno de la época no lo entendio así. Recién retornada la democracia al país y con una inestable solidez institucionalidad, observada de reojo desde los cuarteles militares aun bajo el mando del ex dictador, la administración de Patricio Aylwin decidio responder con dureza y ordenó el encarcelamiento de todos los manifestantes.

Un año más tarde, el ministro Antonio Castro dictaría condena de cárcel para 144 mapuches miembros del CTT, por los delitos de “usurpación de tierras” y “asociación ilícita”. Se trató, argumentaron los afectados, de una sentencia fuera de lugar y que evidenciaba una clara persecución política en contra de las comunidades. Prueba de ello habría sido la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que limitó su derecho a una adecuada defensa y elevó automáticamente las condenas. Esta sentencia llevó a la organización a presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado chileno por “graves violaciones” a los derechos humanos, acogida favorablemente y que obligó al gobierno a suscribir un acuerdo de reparación a favor de los mapuches. En el caso de Lumaco, Antonio Castro no sería el juez encargado de dictar sentencia de cárcel contra todos los detenidos. Lo impidió su jubilación del Poder Judicial a fines de 1997. Sin embargo, su negativa a reconocer legitimidad histórica alguna a las reivindicaciones mapuche trazó un derrotero de persecución y cárcel para las comunidades que persiste hasta nuestros días.

Han trascurrido 10 años de los sucesos de Lumaco y alrededor de 300 mapuches, hombres, mujeres, niños y ancianos, han pasado desde entonces por diversas cárceles chilenas. Más de diez ministros especiales y nueve Fiscalías Militares se han encargado de investigar acciones de protesta social enmarcadas en un conflicto que se agudiza año tras año y donde el reclamo por el territorio usurpado a las comunidades tras un siglo de ocupación chilena, sigue siendo el factor principal de confrontación. La cifra de personas sometidas a proceso en el mismo período se eleva por sobre las 500, según cifras de la organización Meli Witran Mapu de Santiago. En la actualidad, alrededor de 150 personas se encuentran sometidas a proceso por tribunales civiles y fiscalías militares por su participación en movilizaciones, ya sea en zonas urbanas o rurales. A esa cifra, se suman órdenes de detención vigentes contra una veintena de comuneros y 15 presos políticos recluidos en las cárceles de Traiguén, Lebu, Temuko, Lautaro y Angol, siete de ellos miembros de la organización Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y condenados en su mayoría por la Ley 18.314 sobre Conductas Terroristas, promulgada en tiempos de la dictadura militar de Pinochet con el claro objetivo de perseguir opositores políticos.

“Se trata de una clara política de criminalización de la demanda social mapuche”, señala el sociólogo Eduardo Mella, investigador del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y autor de un revelador estudio al respecto publicado recientemente por LOM. Para Mella, el estado chileno ha reducido el conflicto mapuche a un plano meramente judicial, cuyas consecuencias mas inmediatas y dramáticas en algunos casos han sido, “por una parte, la estigmatización del mapuche, a quien se le ha sindicado como agresor, violento y terrorista, y, por otra parte, la legitimación del Estado para exacerbar su potestad punitiva y restablecer el control social en el territorio mapuche”. A juicio del investigador, “la justicia ha sido la institución del estado más impermeable a los cambios generados por procesos políticos de mayor reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Chile”, situación que se mantendría inalterable desde el retorno de la democracia al país. Ello pese a la puesta en marcha, el año 2001, de la publicitada Reforma Procesal Penal, en los hechos más “garantista” que el decimonómico e inquisidor sistema que lo correspondió reemplazar, pero que en el caso mapuche ha implicado –paradojicamente- un incremento en la persecución penal, según denuncian diversas organizaciones y constatan organismos de derechos humanos.

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¿SON LOS TRIBUNALES DE justicia los responsables de que a 17 años de retornada la democracia al país se incremente la represión hacia el Pueblo Mapuche? “Claramente la responsabilidad final corresponde al estado y a los gobiernos de la Concertación”. Es lo que señala José Aylwin, abogado y co-director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas. Para este destacado promotor de los derechos indígenas, desde el retorno de la democracia al país ha existido una “política dual” en el tratamiento del conflicto mapuche-chileno, política que se habría acrecentado durante la administración de Ricardo Lagos. “Cuando uno analiza, por ejemplo, el periodo de Ricardo Lagos se puede afirmar que hubo una política dual, del garrote y la zanahoria como se señala comúnmente”, indica. Todo ello con el objetivo de proteger la verdadera apuesta de los gobiernos de la Concertación, “relacionada con la inclusión de los territorios indígenas a la economia global, lo que se manifiesta en el respaldo irrestricto del estado, incluso en la ejecución por parte de organismos públicos, de proyectos que buscan insertar a los territorios indígenas en este mercado global. Siempre entendiendo estos territorios como fuente de recursos naturales a ser explotados, extraidos y vendidos a los mercados internacionales”, subraya Aylwin.

Esta apuesta central del gobierno sería –a juicio del abogado- la responsable de la implementación en Chile de medidas represivas que el Relator de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, denominó tras su visita el año 2003 como “políticas de criminalización”. El Relator describió los detalles de las causas penales abiertas contra dirigentes y activistas mapuche, expresando su preocupación por la celebración del juicio en virtud de la legislación Antiterrorista y en el fuero militar de responsables de actos de protesta violenta “independientemente de la gravedad de los hechos en que hubieran estado involucrados, en lo que se refiere al respeto de su derecho a un proceso debido” . “Esto se grafica –agrega Aylwin- en la política de persecución judicial de la cual el estado se hace parte y para la cual recurre a legislación de estados de excepción, la mas grave de las cuales es la Ley Antiterrorista, y en acciones de represión violenta en contra de comunidades y dirigentes, violando derechos básicos de las personas, como la integridad física, la libertad, el derecho a desplazamiento e incluso el derecho a la vida en algunos casos, como fue el asesinato del joven mapuche Alex Lemun... Esa creo yo es la gran tensión de los gobiernos de la Concertación y que persiste de cierta forma en el trasfondo del conflicto existente entre el pueblo mapuche y el estado chileno”.

Bien conocen los resultados de esta “tensión” los dirigentes y miembros de la Comunidad Juan Paillalef de Cunco, en su mayoria integrantes de la familia Cadin-Calfunao. Encarcelados y condenados por oponerse a los trabajos de una empresa privada de electricidad en sus tierras comunitarias, la lonko Juana Calfunao y gran parte de su grupo familiar han debido soportar un lago período en la cárcel pública de Temuco, asi como ser víctimas de numerosos procesamientos paralelos ante la actitud desafiante y orgullosa asumida por ellos en tribunales. Su dramática situación, que ha sido denunciada en el exterior por Amnistía Internacional y la Organización Mundial contra la Tortura, entre otros organismos, llevó a que el pasado 7 de agosto la dirigenta y su hermana Luisa dieran inicio a una huelga de hambre al interior del penal en Temuko.

“El Poder Judicial y El Ministerio Público se han encargado de criminalizar nuestra lucha por lo que varios de nuestros hermanos en la actualidad están cumpliendo condenas en distintas cárceles, acusados incluso de actos terroristas, con la aplicación de penas y multas a favor de las transnacionales que invaden nuestros territorios ancestrales... Los mapuches estamos cansados de tanta persecución, amedrentamiento y hostigamiento, si lo que quieren es matarnos, ¡¡mátennos!!, pero háganlo de frente y a cara descubierta y no amparándose en una institución del estado y en sus leyes tiranas e injustas”, señalaron al momento de anunciar una huelga que se prolongó por mas de un mes y que finalizó ante el grave deterioro de salud de ambas hermanas y la nula respuesta del gobierno a sus demandas.

Por estos días, otra huelga de hambre intenta llamar la atención de la comunidad nacional e internacional respecto de la situación mapuche. Desde el pasado 10 de octubre, los presos políticos mapuches, José Huenchunao, Jaime Marileo, Héctor Llaitul, José Millalén y Patricia Troncoso, iniciaron un ayuno de caracter indefinido en pos de dos objetivos: "libertad inmediata de todos los presos politicos mapuches" y "el fin de la militarización de las comunidades en conflicto". "La huelga de hambre es una decisión colectiva asumida por los presos de Angol. Es una medida extrema, porque sabemos que afecta y traerá consecuencias en nuestra salud, pero es una forma que históricamente han utilizado los presos políticos para dar a conocer su situación", señala José Huenchunao, uno de los líderes más reconocidos del Pueblo Mapuche y quien cumple condena a 10 años de prisión por “incendio terrorista”. "En cada procesamiento y condena han existido montajes judiciales. El gobierno eso lo sabe, porque ha estado detrás de cada proceso judicial en contra nuestra. Ellos han decidido a quien perseguir, porque asi contienen los planteamientos políticos y territoriales del Pueblo Mapuche", agrega.

José Huenchunao esta condenado, al igual que Patricia Troncoso y Jaime Marileo, bajo la Ley Antiterrorista 18.314 como autor de un incendio que afectó al fundo Poluco-Pidenco, ubicado en Ercilla y de propiedad de empresa Forestal Mininco, en diciembre del año 2001. Junto a ellos fueron condenados otros ocho comuneros, dos de los cuales cumplen condena en las cárceles de Victoria y Vilcún, respectivamente, y otros aún permanecen "clandestinos". Para dicho juicio declararon mas de 100 testigos protegidos (sin rostro), en un proceso plagado de irregularidades, que comenzaron con la remosión, por parte de la Corte Suprema, de la jueza que sustanciaba la causa al rechazar la calificación del delito que se imputaba a los mapuche como “terrorista”. La misma magistrado habia rechazado en un inicio del proceso el uso de testigos anónimos, sin embargo, tras su alejamiento forzado del caso, la Fiscalía logró que estos prestaran testimonio, destinando incluso un total de 20 millones de pesos para su protección. Finalizado el juicio y tras la presentación de una denuncia internacional por parte de la defensa de los mapuches, el caso “Poluco Pidenco” fue acogido a tramitación por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.

No es la primera huelga que protagonizan los presos en la cárcel de Angol. El primer semestre del año 2006, Patricia Troncoso y Jaime Marileo mantuvieron una huelga que se prolongó por 63 días, en demanda de la revisión de sus condenas. Si bien el senador Alajandro Navarro (parlamentario socialista de gobierno) tramitó en el Congreso un proyecto de ley de amnistía para ellos y otros mapuches condenados por Ley Antiterrorista, el esfuerzo de los prisioneros fue en vano, debido a que el Congreso rechazó finalmente dicha salida al conflicto. La propuesta de amnistía presentada por el senador Navarro se basaba en un Informe del propio Relator Rodolfo Stavenhagen, dado a conocer en abril del 2004. En dicho informe, Stavenhagen recomendaba al estado chileno una “amnistía general” a los procesados y condenados en el marco del conflicto. Además recomendaba que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas. No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos (“amenaza terrorista”, “asociación delictuosa”) a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas (…). La puesta en práctica de la reforma procesal penal deberá tomar en cuenta las normas internacionales en materia de protección de los derechos humanos, incluyendo el debido proceso de todos los imputados indígenas por motivo de actividades de defensa o protesta social” . Huelga destacar que gran parte de estas recomendaciones han sido desatendidas por el gobierno.

Y es que el gobierno suele afirmar que en Chile no hay presos políticos mapuches, sino únicamente presos encarcelados en aplicación de las leyes penales ordinarias. Lo señaló la presidenta Bachelet tras una gira a Europa en junio de 2007, cuando diversas manifestaciones le reprocharon en diversas capitales la criminalización de la protesta social mapuche. “En Europa hay una mirada equivocada. Nosotros no tenemos prisioneros políticos en Chile. Los presos mapuches son personas que buscaron una manera de solucionar las cosas que no es la democrática ni la pacífica. Cometieron delitos, incendiaron propiedades”, argumentó la Mandataria en la segunda jornada de su primera visita de Estado a Suiza, durante una conferencia de prensa junto a la presidenta helvética, Micheline Calmy-Rey. Sin embargo, continuos informes de organismos internacionales de derechos humanos demuestran precisamente que existe una persecución contra lideres y organizaciones mapuches; que se han aplicando legislaciones propias de estados de excepción en contra de ciudadanos mapuches (Ley de Seguridad Interior del Estado; Ley sobre Conductas Terroristas; y ciudadanos civiles enjuiciados por la Justicia Militar); y que el origen del conflicto dice relación con demandas y reividicaciones territoriales, políticas, culturales y económicas no resueltas por el estado chileno en más de un siglo de ocupación militar y colonización del territorio mapuche.

"El gobierno debe pronunciarse. No debe seguir negando y debe reconocer la existencia de los presos políticos mapuches... que diga de una vez cuál es su voluntad política, porque de lo contrario tendrá que cargar con el peso de no haber podido resolver un problema real del Pueblo Mapuche", sostiene desde la cárcel de Angol, José Huenchunao. Paradoja de la democracia chilena, todo esto sucede mientras la Concertación de gobierno y la Alianza por Chile (oposición) debaten en el Congreso Nacional un nuevo proyecto de ley que pretende reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas del país, demanda pendiente desde el fin de la dictadura. Sin embargo, organizaciones mapuche han alertado que se trataría de un proyecto de reconocimiento alejado por completo de los estándares de derechos indígenas hoy vigentes a nivel internacional. Lejos de reconocer derechos al territorio y sus recursos naturales, al consentimiento previo, libre e informado en caso de megaproyectos, a la autodeterminación en materia de sus asuntos internos y locales, la administración de Michelle Bachelet negocia por estos días con la derecha un proyecto que solo reconoce el “carácter multicultural de la Nacion chilena”, causando la indignación de los líderes indígenas.

"El gobierno chileno, actuando una vez más de espaldas a los pueblos indígenas que habitamos este país, ha enviado un proyecto de ley para supuestamente otorgarnos un reconocimiento constitucional. La Presidenta ha actuado sin intentar ningún mecanismo de consulta para recoger la voluntad de nuestros pueblos, en cuanto a los términos del texto legal. En ello, como en otros asuntos relativos a nuestros pueblos, la Presidenta ha actuado muy mal asesorada. Todos sabemos que una redacción contraria a nuestros derechos nos significará no un beneficio, sino una nueva medida de opresión material y cultural", señala desde Santiago el consejero José Llancapán, de la gubernamental Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y destacado dirigente mapuche urbano. El dirigente destaca que el reconocimiento constitucional demandado por el pueblo mapuche "dista de los proyectos que permiten mantener un régimen racista dentro de una envoltura distractora y engañosa... la propuesta gubernamental es enviada al parlamento en los momentos mismos en que el gobierno envía nuevos contingentes policiales a reforzar el estado de amedrentamiento contra el Pueblo Mapuche y mientras hay comunidades que están siendo amenazadas de expropiación de terrenos ancestrales, a fin de realizar megaproyectos", denuncia.

"Los textos sobre reconocimiento constitucional que han presentados los gobiernos de la Concertación todos se han orientados a limitar y disminuir los derechos tangibles e intangibles de los Pueblos Indígenas y en segundo lugar han sido inconsultos con los destinatarios, cuestión que transgrede el derecho Internacional... A la luz de los artículos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la nueva iniciativa del gobierno está transgrediendo absolutamente todo el espíritu y la norma de derecho internacional que declara y protege los derechos de los Pueblos Indígenas", subraya por su parte, Aucán Huilcamán, lider de la organización Consejo de Todas las Tierras y uno de los principales representantes del Pueblo Mapuche ante los foros y grupos de trabajo de la Organización de Naciones Unidas.

Pero estas críticas mapuches parecieran no incomodar al gobierno. Tampoco le parecieran inquitar los inumerables informes y recomendaciones que organismos internacionales periódicamente realizan a La Moneda para “enmendar” el rumbo de su contradictoria política indígena. A los ya tradicionales y críticos informes de IGWIA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (FIDH), se han sumado en los últimos años las “reconmendaciones” de diversos Comités de las Naciones Unidas. Este 2007, tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité de los Derechos del Niño -instancias que supervigilan el cumplimiento de los Pactos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile- dieron a conocer sus recomendaciones expresando “especial preocupación y alerta frente a la vulneración de derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado de Chile”.

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LA MIRADA DE LOS COMITÉS del principal organismo internacional no solo alertan en la actualidad sobre casos de persecusión penal y violación de garantías procesales. En un hecho sin precedentes, a fines de agosto de 2007, el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de las Naciones Unidas en Ginebra acogió una denuncia por “racismo y discriminación socio-ambiental” a causa de vertederos y plantas químicas de aguas servidas que operan en territorio mapuche, acción presentada por comunidades afectadas y diversas organizaciones. Al respecto, el CEDR solicitó oficialmente al estado chileno entregar un informe al 30 de noviembre de 2007, además de oficiar a las autoridades a dar cuenta de su actuar ante la Sesión de Comisionados en marzo del 2008. La denuncia informa de la vulneración de una serie de derechos garantizados en la Convención y que afectan a distintas comunidades mapuche, cuyos miembros son discriminados por la política pública del Estado y las políticas económicas del sector privado. En efecto, “proyectos de inversión privados y públicos han facilitado la construcción de diversas plantas de tratamiento primario químico de aguas servidas afectando a numerosas comunidades y un total de 28 vertederos para procesar los desechos de la región, que no cumplen con estándares mínimos de calidad y de tecnología para permitir un adecuado resguardo del medio ambiente y la salud de la personas en su entorno”, señala, Alfredo Seguel, vocero de la agrupación Konapewman.

Otra denuncia que involucra a una compañia privada y que acaba de ser acogida por un organismo internacional es aquella presentada por la Comunidad Mapuche-Williche Pepiukelen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, por “riesgo de desplazamiento y migración forzada de sus miembros” debido a la instalación de una factoría productora de alimentos para salmones del Holding Agrosuper en la localidad de Pargua, al sur de Puerto Montt, X región de Chile. Esta es una de las primeras ocasiones en que la CIDH interviene en un conflicto en que las acciones de compañías privadas atentan contra los derechos humanos de comunidades indígenas, indica el abogado patrocinador de la causa, Diego Carrasco, del Observatorio de Control Interamericano de los Derechos de los y las Migrantes (OCIM). La presentación en esta Comisión, es la antesala para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene potestad de dictar sentencia condenatoria contra los Estados del continente.

La carta oficial del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, señala que han solicitado información adicional y actualizada al Estado de Chile respecto a “medidas que han tomado las autoridades para proteger a los miembros de la Comunidad Pepiukelen”. La Comisión Interamericana también exige explicación acerca del “estado de las investigaciones iniciadas a raíz de las denuncias efectuadas por los miembros de la comunidad sobre distintas amenazas y actos de hostigamiento que habrían sufrido”. La importancia de esta resolución, señala el abogado Carrasco, “es que la CIDH interviene en un caso que se trata de ocupación de territorio ancestral por parte de empresas privadas; y se trata de inversiones privadas y no estatales como había ocurrido en casos anteriores”.

En este escenario, sorpresa e indignación provocan en diversos sectores mapuches los intentos de la Presidenta Michelle Bachellet por alcanzar uno de los tres sillones latinoamericanos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para el período 2008-2010, donde compite con Brasil y Argentina. A juicio de Francisco Vera Millaquén, werken de la comunidad Pepiukelen, “Chile no califica hoy para formar parte del Consejo, principalmente porque los gobiernos de la Concertación no han cumplido estos derechos en su propio país. Primero porque no se han respetado los derechos humanos de los pueblos originarios, y en segundo lugar, porque no se han respetado las recomendaciones del Relator Especial ni de los distintos Comités en cuanto a estos temas”. Ello acontece mientras se acrecientan los allanamientos policiales en Temucuicui, comuna de Ercilla, donde a diario niños, ancianos, jóvenes y mujeres deben convivir con un verdadero “escenario de guerra”, según denuncian dirigentes desde la clandestinidad.

Es la politica de criminalización de la demanda territorial mapuche, la misma que extendió sus brazos hasta la comunidad Rukañanco la madrugada del pasado 30 de agosto, cuando hasta la cordillera de Nahuelbuta arribaron un centenar de efectivos policiales para detener al lonko Ivan Llanquileo Antileo, vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco y sindicado por el Ministerio Público como “nuevo líder” de dicho referente mapuche. Llanquileo fue detenido en un operativo policial con tintes de incursión militar contrainsurgente, ello con la complicidad de diversos medios de prensa que saludaron la detención del “peligroso terrorista”, omitiendo su cargo de autoridad tradicional de la comunidad Juana Millahual y su historial como ferreo opositor a millonarios proyectos de extracción minera en la zona del lago Lleu Lleu, estos últimos impulsados por los empresarios Jaime Troncoso Sáez, Benedicto Melin Paillali y el dueño de Minera Santa Bárbara, Leonardo Farkas Klein.

Formalizado por su presunta responsabilidad en un ataque armado a dos helicópteros de Forestal Mininco y “tenencia de arma prohibida” (un fusil de guerra M-16 con abundante munición fue encontrado por la policia a más de 2 kilómetros de su hogar, un claro “montaje” para su familia), Llanquileo terminó dos meses recluido en la cárcel El Manzano de Concepción, desde donde explicó las razones de su arresto. “Me detienen por defender los lineamientos de la legítima resistencia y reconstrucción de la Nación Mapuche a través, principalmente, del control territorial que llevamos adelante las comunidades en lucha. Esta es la razón de fondo por la que he sido perseguido políticamente y en innumerables ocasiones violentado con allanamientos e intentos de detención. Pero quiero dejar en claro que con esto no me amedrentarán en mi condición de lonko y weichafe ”, subrayó. De esta forma, Llanquileo se transformó en el séptimo dirigente de la CAM encarcelado bajo la administración Bachelet. “Del nuevo trato o aquella nueva relación prometida en los discursos de campaña, nada en absoluto”, denuncian los líderes mapuches. Y es que tal como resume Aylwin, “no existe –en la actual administración- una intencionalidad de generar transformaciones profundas que pongan en riesgo o en peligro la apuesta de la Concertación de seguir en una senda de apertura de mercado, de seguir en este esfuerzo de incorporar a los indígenas y sus territorios en un modelo de desarrollo, no demandado por ellos en lo absoluto y aun en contra de su voluntad”
 / AZ

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