EL PASADO 17 DE DICIEMBRE, el Tribunal Superior de Justicia del Chubut ordenó la suspensión por seis meses del Juez de Instrucción de Esquel, José Oscar Colabelli, y la conformación de un jury de enjuiciamiento por “presunto desconocimiento del derecho” en su figura. El Tribunal, conformado por el Dr. José Luis Pasutti y los Dres. Miguel Angel Castillo, José María Ferreyra de Las Casas y los diputados provinciales Dres. José Antonio Karamarco y Carlos Relly, señaló que “a partir de la formación de causa, la Ley del Tribunal de Enjuiciamiento otorga un plazo de seis meses para tomar una decisión respecto del juez, lo que significa que antes del 17 de junio del próximo año tiene que haber una resolución en ese sentido… hemos fijado además como fecha de la próxima reunión el día 11 de febrero del año entrante. Fijamos esta fecha en particular para que hayan transcurrido los 30 días que tienen las partes para aportar la prueba y ahí vamos a fijar la fecha de la audiencia pública (juicio oral y público) que se va a llevar a cabo en atención a los hechos denunciados".

Demás esta decir que nunca, en la historia chubutense, los atropellos contra los mapuche habían motivado un jury (juicio) de enjuiciamiento a un magistrado. En marzo de 2003, Colabelli ordenó un brutal desalojo policial de la familia mapuche Fermín – de la comunidad Vuelta del Río – sin tomar en cuenta un dictamen de la Fiscalía que desestimaba la existencia del delito de usurpación de tierras. Poco antes, a principios de octubre de 2002, el mismo juez había dictado el desalojo cautelar de la familia Curiñanco Nahuelquir de tierras en poder de la transnacional textil Benetton. Por esta razón la noticia fue recibida con manifiesta alegría por las comunidades.

“La noticia nos alegra, alimenta nuestra esperanza de que Colabelli finalmente sea separado de su cargo, de ese lugar de privilegio desde donde decidía qué era justo y que injusto”, destacó la Organización de Comunidades Mapuche Tehuelche 11 de Octubre a través de un comunicado. “Ayer no se pronunciaron las instituciones winkas, sino que fue la lucha de nuestros hermanos y hermanas mapuche y no mapuche la que se pronunció en Rawson. Es decir, fue nuestra lucha. Y estamos seguros de que mientras caminemos y construyamos juntos seremos nosotros los que nos pronunciemos, a pesar de los obstáculos que siempre llegarán desde lo más rancio de la sociedad winka”, señaló la 11 de Octubre. "Este es un hecho inédito e histórico", señaló por su parte a la prensa el doctor Gustavo Macayo, abogado de la familia Fermín del paraje Vuelta del Río, al conocer la determinación del tribunal.

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LA RESISTENCIA DE LA comunidad Vuelta del Río y de otras comunidades y organizaciones impidieron la consumación del atropello y lograron que toda la región se pronunciara al respecto. Incluso la Iglesia Católica, que se ha mantenido al margen en otros conflictos, advirtió a través de un documento de la Comisión Diocesana del Obispado de Comodoro Rivadavia que la situación sufrida por la familia Fermín era “uno de los penosos ejemplos de violación del marco legal existente”. Esas declaraciones sorprendieron no sólo por la abierta posición tomada por la institución religiosa sino también porque Colabelli es un destacado miembro de la grey, y en el Colegio Salesiano de Esquel coordina grupos de catequesis.

Durante nueve meses se realizaron en la región diferentes acciones en torno al conflicto, desde la elección de Vuelta del Río como sede del I Parlamento Mapuche en Chubut hasta la ocupación simultánea, en julio, de los Tribunales de Esquel y la Casa de la Provincia en Buenos Aires – que también comprendía los reclamos de otras comunidades –. Sin duda, la primera ocupación de los Tribunales de Esquel el 20 de marzo indicó cuan devaluada estaba la imagen del juez Colabelli y el sistema judicial argentino. Ese día miembros de la comunidad Vuelta del Río acompañados por organizaciones y comunidades mapuche y pobladores de la región ocuparon la sede judicial durante 18 horas. El grupo de ‘ocupantes’ llegó al lugar acompañado por alrededor de 7 mil personas que marchaban por el No a la Mina y esa tarde – entre cánticos e insultos - sitiaron el edificio durante un cuarto de hora.

Durante más de una década la Organización de Comunidades Mapuche Tehuelche “11 de Octubre” cuestionó el rol desarrollado por los funcionarios del Poder Judicial en numerosos conflictos: Futa Huau, Huisca Antieco, Mariano Epulef, Prane. A la persistencia en las denuncias y en el trabajo de fortalecimiento de la identidad mapuche en ese rincón del Wallmapu, se sumó el camino abierto por la lucha contra las corporaciones mineras, eso permitió el clima de cuestionamiento al Poder Judicial que existe hoy en Esquel y sus alrededores. Clima que en los últimos meses se tradujo en movilizaciones en las que confluyeron diferentes sectores de la sociedad argentina y comunidades y organizaciones mapuche.

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A PRINCIPIOS DE OCTUBRE de 2002 el juez Colabelli dictó el desalojo cautelar de la familia Curiñanco Nahuelquir de tierras en poder de la transnacional textil Benetton. En aquella oportunidad la Policía del Chubut desarmó la vivienda, secuestró animales y herramientas y expulsó a quienes se habían instalado en el lote Santa Rosa. Las 535 hectáreas - poco más, poco menos - fueron cautelarmente restituidas a la Compañía de Tierras del Sud Americano, representante de Benetton en la Argentina y que posee aproximadamente 900 mil hectáreas.

Cuatro meses después se produjo el fallido desalojo cautelar de la familia Fermín. En este caso el lote en conflicto –el número 134– no sería restituido a una corporación italiana sino al terrateniente local Vicente El Khazen. Pero en esos días en que la oposición a la minería lograba sus picos más altos de movilización trascendió que geólogos de la Universidad Nacional de la Patagonia ‘San Juan Bosco’ habían realizado estudios en la zona y afirmaban que las tierras reclamadas por El Khazen eran ricas en metales, piedras preciosas y semipreciosas.

Un trascendido dio pie a otro trascendido y en la ciudad de Esquel, con menos de 30 mil habitantes, comenzó a reseñarse la biografía del Juez de Instrucción y su familia. Así se supo que el doctor José Colabelli era casado con la docente Gladys Carla Rossi, señora que pertenece a una familia tradicional de la zona. Su padre fue vicecónsul italiano en Esquel y ella heredó esa función, como si se tratase de una dinastía. Su cargo es honorario pero el uso discrecional de los fondos recibidos del Estado italiano – becas, etc. – ha causado malestar dentro de la colectividad en la región. Ella depende del Consulado General Italiano de Bahía Blanca, que coordina las representaciones itálicas en la Patagonia. Una de las debilidades de la señora Rossi parece ser la minería, desde 1999 es titular de la mina de cuarzo – en carácter de manifestación – Carla I, ubicada en el paraje Piedra Parada, Departamento Cushamen (expediente Nº 13.399 de la Dirección General de Minas y Geología de la provincia de Chubut), a no más de 100 km del lote en conflicto.

El militante ecologista Javier Rodríguez Pardo, integrante del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH), fue quien primero difundió la información sobre los intereses mineros de la esposa del Juez de Instrucción. En una nota escrita pocos días después del desalojo –y publicada en diversos medios de la región– Pardo afirmó: “No podemos evitar la superposición de estos hechos .Un juez que tiene inclinación por la minería, que el domingo 23 de marzo en el plebiscito en torno a la mina de oro Cordón Esquel votó a favor del emprendimiento, en oposición al 80 % de un pueblo que no quiere la minería; que intenta expulsar a la Comunidad Mapuche de Vuelta del Río escondiendo otros motivos de El Khazen y tal vez propios, no puede menos que permitirme la sospecha de quien es juez y parte”.

A pesar de las sospechas de Rodríguez Pardo y de miles de personas el juez Colabelli no se sintió inhabilitado para intervenir en las causas Fermín/El Khazen, que estaría salpicada por intereses mineros, y Curiñanco Nahuelquir/CTSA, en la que está involucrada una corporación italiana. Tampoco sus colegas dieron mayor importancia a los intereses personales del magistrado... Algunos vecinos hablaban de la corporación judicial. Sin embargo, pareciera que por fin le ha llegado también su hora de enfrentar a la “justicia”. Hoy, a la posible destitución de Colabelli, se suman el compromiso del nuevo gobierno provincial de atender las demandas mapuche y el viaje a Esquel de representantes del holding Benetton para intentar un acuerdo con la familia Curiñanco Nahuelquir. Tres hechos que más allá de sus derivaciones muestran que el Pueblo Mapuche ha dejado de ser invisible para los sectores dominantes del poder local.

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LEJOS ESTABA DE IMAGINAR don Mauricio Fermín, un mapuche de pura cepa que a los 80 años iba a causar tanto revuelo al lograr el histórico enjuiciamiento del juez José Carlos Colabelli. El con su esposa, hijos y nietos vive en el lote 134 de lo que se denomina la comunidad mapuche de Vuelta del Río, cerca de Cushamen, en plena zona cordillerana. Allí, en una casa de adobe pero bien cuidada pasa los días entre montaña y ríos. Muy cerca de la casa hizo corrales para criar animales domésticos. Y junto a su familia siembra el campo a pala y rastrillo, de eso se alimentan.

Entre el 15 y el 16 de marzo de 2003, don Fermín y su familia fueron visitados por dos decenas de policías. Pero no fue una visita cordial: iban con una orden de desalojo por un juicio iniciado por un comerciante de la zona cordillerana llamado José El Khazen.. La familia resistió la violencia policial. Y contó con el apoyo de vecinos amigos. El día 15 la policía regresó a Cushamen a contar su fracaso. Pero el juez José Colabelli insistió. Nueva orden de desalojo y otra vez los agentes golpeando las paredes de barro de la casa de don Mauricio. Nueva resistencia y esta vez los policías no quisieron utilizar la fuerza. Volvieron cargando un nuevo fracaso.

En la zona de Vuelta del Río viven 25 familias, en total 120 personas. Son descendientes de mapuche y habitan esas tierras desde 1899. El doctor Gustavo Macayo dice que ya tienen la posesión y que cuando el comerciante compraba nadie le avisaba sobre la existencia de los mapuche. Pero la lucha de los Fermín y de todo Vuelta del Río tuvo sus frutos. Como se sabe el Superior Tribunal de Justicia decidió suspender al juez de instrucción de Esquel José Colabelli.. El magistrado fue suspendido por haber elevado a la instancia de juicio la causa penal "Vuelta del Río", pese a que la Fiscalía había pedido el sobreseimiento de los imputados del presunto delito de "Usurpación de Tierras". La Fiscalía actuante sostenía que no había delito, pese a lo cual el juez siguió adelante. Hoy, debe atenerse a las consecuencias / Azkintuwe

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