“ESTOY CONSIDERADO POR el Estado chileno un delincuente por defender mi familia y mis tierras”, señala Waikilaj CadiN Calfunao, 25 años, miembro de la comunidad Juan Paillalef, en la IX Región, Araucanía, en una breve carta que nos hace llegar desde la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago, donde la guardia no nos permitió el ingreso por razones burocráticas. Con escasa diferencia, otros presos mapuche se pronuncian de la misma forma. José Huenchunao, uno de los fundadores de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), detenido el 20 de marzo pasado, fue condenado a diez años por haber participado -según los jueces- en la quema de un predio forestal.

“Las cárceles son un lugar de castigo que el Estado chileno y sus operadores políticos y judiciales han destinado a quienes luchan o representan al pueblo-nación mapuche”, escribió Huenchunao el 21 de marzo desde la prisión de Angol . Héctor Llaitul, 37 años, dirigente de la CAM, detenido el 21 de febrero bajo los mismos cargos que Huenchunao, inició una huelga de hambre para denunciar el montaje político-judicial en su contra. La mayor parte de los más de 20 presos mapuche han recurrido a huelga de hambre para denunciar su situación o para exigir el traslado a cárceles cercanas a sus comunidades.

Como casi todos los dirigentes mapuche, Llaitul hace hincapié en el problema de las forestales: “La Forestal Mininco junto a la hidroeléctrica ENDESA, uno de nuestros principales adversarios, han cambiado de política. Ya no se trata del mero uso de la violencia. Están diversificando la represión: estudian las zonas donde funcionan y disponen planes adaptados a cada zona (propaganda, cursos y otros), muchas veces financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo con el fin de crear un círculo de seguridad en torno a sus propiedades. Arman a los campesinos parceleros y a los clubes de caza y pesca para que formen comités de vigilancia (legales en Chile) con los que defenderse de los ‘malos vecinos’. Así intentan aislar a los luchadores” .

“Mi comunidad ha sido fuertemente reprimida puesto que todos los integrantes de mi familia están presos (mamá, papá, hermano, tía, etcétera)”, señala Calfunao en su carta, y describe cómo las tierras de su comunidad han sido “robadas” por las forestales y el Ministerio de Obras Públicas, robo avalado por los tribunales que no respetan “nuestro derecho consuetudinario y nuestras costumbres jurídicas”. Está acusado de secuestro por haber realizado un corte de ruta, de desórdenes públicos y destrucción de neumáticos de un camión forestal que trasladaba madera de la región mapuche. Cualquier actividad que realicen las comunidades para impedir que las forestales les sigan robando sus tierras, es incluida por el Estado chileno bajo la legislación “antiterrorista” heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

Pasteras en versión chilena

Llegando a Concepción, 500 kilómetros al sur de Santiago, el estrecho valle entre la cordillera andina y el Pacífico, surcado por cultivos frutales que convirtieron a Chile en un importante agroexportador, el paisaje comienza a modificarse abruptamente. Los cultivos forestales envuelven colinas y montes. Las autopistas mudan en caminos que serpentean montaña arriba y se pierden entre los pinos. De improviso, una densa y blanca humareda anuncia una papelera, rodeada siempre de inmensos y extensos cultivos verdes.

Lucio Cuenca, coordinador del Observatorio Latinoamericano de Conflitos Ambientales (OLCA, explica que el sector forestal crece a un ritmo superior al 6 % anual. “Entre 1975 y 1994 los cutivos se incrementaron un 57%”, añade. El sector forestal aporta algo más del 10% de las exportaciones; casi la mitad se dirigen a países asiáticos. Algo más de dos millones de hectáreas de plantaciones forestales se concentran entre las regiones V y X, tierras tradicionales de los mapuches. El pino abarca el 75% frente al 17 del eucaliptus. “Pero casi el 60% de la superficie plantada está en manos de tres grupos económicos”, asegura Cuenca.

Explicar semejante concentración de la propiedad requiere –como en casi todos los órdenes en este Chile hiper privatizado- echar una mirada a los años 70 y, muy en particular, al régimen de Pinochet. En los 60 y 70 los gobiernos demócratacristinos y socialista implementaron una reforma agraria que devolvió tierras a los mapuche y fomentó la creación de cooperativas campesinas, y el Estado participó activamente en la política forestal tanto en los cutivos como en el desarrollo de la industria.

Cuenca explica lo sucedido bajo Pinochet: “Luego, la dictadura militar realizó una contrarreforma modificando tanto la propiedad como el uso de la tierra. En la segunda mitad de los 70, entre 1976 y 1979, el Estado traspasó a privados sus seis principales empresas del área: Celulosa Arauco, Celulosa Constitución, Forestal Arauco, Inforsa, Masisa y Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, que se vendieron a grupos empresariales a un 78% de su valor”.

El pinochetismo marca la diferencia: la industria forestal en Chile está en manos de dos grandes grupos empresarios nacionales, liderados por Anacleto Angelini y Eleodoro Matte. En el resto del continente la industria está en manos de grandes multinacionales europeas o estadounidenses. Es en este punto donde la nacionalidad de los propietarios no tiene la menor relevancia. En Chile, sólo el 7,5% de las plantaciones forestales está en manos de pequeños propietarios, en tanto el 66% pertenece a grandes propietarios que poseen un mínimo de mil hectáreas forestadas. Sólo el Grupo Angelini tiene 765 mil hectáreas, mientras el Grupo Matte supera el medio millón.

“Las regiones donde se desarrolla este lucrativo negocio –sigue Cuenca- se han convertido en las más pobres del país”. Mientras Angelini es uno de los seis hombres más ricos de América Latina, en las regiones VIII y IX la pobreza supera el 3%, el índice más alto del país. “Las ganancias no se reparten y nada queda en la región, salvo la sobreexplotación, la contaminación, la pérdida de diversidad biológica y cultural y, por supuesto, la pobreza”, remata el coordinador de OLCA.

Para los mapuche la expansión forestal es su muerte como pueblo. Cada año la frontera forestal se expande unas 50 mil hectáreas. Además de verse literalmente ahogados por los cultivos, comienzan a sentir escasez de agua, cambios en la flora y la fauna y la rápida desaparición del bosque nativo. Un informe del Banco Central asegura que en 25 años Chile se quedará sin bosque nativo. Todo indica, no obstante, que la expansión forestal es imparable.

Pese a las denuncias sobre el deterioro ambiental y social, por encima de la resistencia de decenas de comunidades mapuche pero ahora también de pescadores y agricultores, y aún por encima de análisis de organismos estatales que advierten los peligros de seguir desarrollando la industria forestal, para 2018 se duplicará la cantidad de madera disponible en 1995, según informa la Corporación de la Madera. Eso llevará de modo ineluctable a que se abran nuevas plantas de celulosa. Chile externaliza una serie de costos (laborales y ambientales) que le permiten producir la tonelada de celulosa a sólo 222 dólares, frente a los 344 de Canadá y los 349 de Suecia y Finlandia. Es el único argumento de peso.

El secreto de la resistencia

Es imposible comprender la realidad actual del pueblo mapuche sin remontarse a su historia. A diferencia de los otros grandes pueblos del continente, los mapuche consiguieron imponer su autonomía e independencia a la Corona española durante 260 años. Recién fueron doblegados a fines del siglo XIX por el Estado independiente de Chile. Esta notable excepción marca la historia de un pueblo que, desde muchos puntos de vista, ha acuñado suficientes diferencias con sus semejantes originarios como para impedir generalizar sus historias y realidades.

Se estima que a la llegada de los españoles había un millón de mapuche, concentrados sobre todo en la Araucanía (territorio entre Concepción y Valdivia). Era un pueblo de pescadores, cazadores y recolectores, se alimentaban en base a papa y porotos que cultivaban en claros de bosques, y al piñón de la araucaria, el gigantesco árbol que dominaba la geografía del sur. Aunque eran sedentarios no constituían pueblos; cada familia tenía autonomía territorial. La abundancia de recursos en tierras muy ricas es lo que permitió que existiera “una población muy superior a lo que un sistema económico preagrario podría abastecer”, sostiene José Bengoa, el principal historiador del pueblo mapuche .

Esta sociedad de cazadores-guerreros, donde la familia era la única institución social permanente agrupada en torno a caciques o loncos, era bien diferente de las sociedades indígenas que encontraron los españoles en América. Entre 1546 y 1598 los mapuche resistieron con éxito a los españoles. En 1554 Pedro Valdivia, Capitán General de la Conquista, fue derrotado por el cacique Lautaro cerca de Cañete, hecho prisionero y muerto por “haber querido esclavizarnos”.

Pese a las epidemias de tifus y viruela, que se cobraron un tercio de la población mapuche, una segunda y otra tercera generación de caciques resistieron con éxito las nuevas embestidas de los colonizadores. En 1598 cambió el curso de la guerra. La superioridad militar de los mapuche, que se convirtieron en grandes jinetes y tenían más caballos que los ejércitos españoles, puso a los conquistadores a la defensiva. Destruyeron todas las ciudades españolas al sur del Bío Bío, entre ellas Valdivia y Villarrica, que recién fue refundada 283 años después luego de la “pacificación de la Araucanía”.

Una tensa paz se instaló en la “frontera”. El 6 de enero de 1641 se reunieron por primera vez españoles y mapuche en el Parlamento de Quilín: se reconoce la frontera en el Bío Bío y la independencia mapuche, pero éstos dejarían predicar a los misioneros y devolvieron a los prisioneros. El Parlamento de Negrete, en 1726, reguló el comercio que era fuente de conflictos y los mapuche se comprometieron a defender a la Corona española contra los criollos.

¿Cómo explicar esta peculiaridad mapuche? Diversos historiadores y antropólogos, entre ellos Bengoa, coinciden en que “a diferencia de los incas y mexicanos, que poseían gobiernos centralizados y divisiones políticas internas, los mapuches poseían una estructura social no jerarquizada. En la situación mexicana y andina, el conquistador golpeó el centro del poder político y, al conquistarlo, aseguró el dominio del Imperio. En el caso mapuche esto no era posible, ya que su sometimiento pasaba por el de cada una de las miles de familias independientes” . De paso, habría que agregar que el predominio de esta cultura explica también la enorme dificultad con que cuenta el movimiento mapuche para construir organizaciones unitarias y representativas.

Hacia el siglo XVII, influenciada por la Colonia que había difundido la ganadería extensiva, la sociedad mapuche se fue convirtiendo en una economía ganadera mercantil que controlaba uno de los territorios más extensos poseído por un grupo étnico en América del Sur: se habían expandido hacia las pampas y llegaban hasta lo que hoy es la provincia de Buenos Aires. Esta nueva economía fortaleció el papel de los loncos y generó relaciones de subordinación social que los mapuches no habían conocido. “La mayor concentración de ganado en algunos loncos /i>y la necesidad de contar con dirigentes que negociaran con el poder colonial, intensificó la jerarquización social y la centralización del poder político”, señala el historiador Gabriel Salazar.

La economía minera de la nueva república independiente necesitó, luego de la crisis de 1857, extender la producción agrícola. A partir de 1862 el ejército comenzó a ocupar la Araucanía. Hasta 1881, en que los mapuche fueron definitivamente derrotados, se desató una guerra de exterminio. Tras la derrota los mapuche fueron confinados en “reducciones”: de los 10 millones de hectáreas que controlaban pasaron al medio millón, siendo el resto de sus tierras rematadas por el Estado a privados. Así se convirtieron en agricultores pobres forzados a cambiar sus costumbres, formas de producción y normas jurídicas.

¿Quiénes son los salvajes?

Unos cien kilómetros al sur de Concepción, el pequeño pueblo de Cañete es uno de los nudos del conflicto mapuche: en la Navidad de 1553 los mapuche destruyeron el fuerte Tucapel construido por Pedro de Valdivia, y lo ejecutaron. Cinco años después el gran cacique Caupolicán fue llevado a suplicio en la plaza que hoy lleva su nombre, donde se alzan imponentes figuras de madera en homenaje de su pueblo. En esa misma plaza, una mañana lluviosa de abril se concentraron unos 200 mapuche y estudiantes para pedir la libertad de José Huenchunao, detenido semanas atrás como parte de una ofensiva del Estado que llevó a prisión a los principales dirigentes de la CAM, entre ellos Héctor Llaitul y José Llanquileo.

Cuando la marcha se disuelve luego de recorrer cinco cuadras rodeada de un amplio dispositivo antidisturbios, los lonkos Jorge y Fernando Fren nos acercan hasta su comunidad. A poca distancia de uno de los tantos pueblos de la zona, en una especie de claro entre los pinos, un puñado de casas precarias forman la comunidad Pablo Quintriqueo, “un indígena españolizado que vivó en esta región hacia el 1800”, explica Mari, asistente social mapuche que vive en Concepción. Para sorpresa de quien ha visitado comunidades andinas o mayas, está integrada por apenas siete familias y se formó hace sólo ocho años; la pequeña huerta al fondo de las casas no puede abastecer a más de 30 comuneros.

Haciendo circular un mate, explican. Las familias habían emigrado a Concepción y dejaron los predios de sus ancestros en los que habían nacido y vivido hasta hace una década. Mari se casó con un winka (blanco), tiene dos hijos y un buen trabajo. Muchos, como Héctor Llaitul ahora preso en el penal de Angol, se graduaron en los noventa en la Universidad de Concepción y luego crearon organizaciones en defensa de sus tierras y comunidades. Cuando las forestales avanzaron sobre sus tierras, retornaron para defenderlas. “En total son 1.600 hectáreas en disputa sólo en esta comunidad con la empresa Forestal Bosques Arauco”, aseguran.

No resulta sencillo comprender la realidad mapuche. El lonko Jorge, 35 años, uno de los más jóvenes del grupo, da una pista al señalar que “el proyecto de reestructuración del pueblo mapuche pasa por recuperar el territorio”. De ello puede deducirse que los mapuche viven un período que otros pueblos indígenas del continente atravesaron hace medio siglo, cuando aseguraron la recuperación y el control de tierras y territorios que les habían pertenecido desde que tienen memoria. En segundo lugar, todo indica que la derrota mapuche es aún demasiado cercana (apenas un siglo) frente a los tres o cinco siglos que pasaron desde la irrupción de los españoles o la derrota de Túpac Amaru, según la cronología que se prefiera. La memoria de la pérdida de la independencia mapuche aún está muy fresca, y ese puede ser el motivo de una tendencia que se repite en una y otra conversación: a diferencia de aymaras, quechuas y mayas, los mapuche se colocan en una posición de víctimas que, no por ser justa, resulta incómoda.

José Huenchunao asegura que las comunidades viven una nueva situación por la desesperación existente. Y lanza una advertencia que no parece desmesurada: “Si esta administración política, si los actores de la sociedad civil no toman en cuenta nuestra situación, estamos a las puertas de que los conflictos que se han dado en forma aislada, se reproduzcan con mayor fuerza y de forma más coordinada. Esto puede ser mucho más grave, puede tener un costo mucho mayor para esta sociedad que devolver ciertas cantidades de tierra, que son el mínimo que las comunidades están reclamando” .

Para los chilenos del “más abajo” no resulta evidente que la democracia electoral haya mejorado de sus vidas. “La estrategia política de la Concertación, a lo largo de sus 16 años de gobierno, ha estado orientada por el ‘cambio político y social mínimo” y la ampliación y profundización del capitalismo neoliberal en todas las esferas de la sociedad. La administración concertacionista ha gobernado más al mercado que a la sociedad, acentuando con ello la pésima distribución del ingreso, y llevando a la sociedad chilena a convertirse en la segunda sociedad más desigual –detrás de Brasil- del continente latinoamericano”, sostiene el politólogo Gómez Leytón .

Pero hay síntomas claros de que el tiempo de la Concertación se está agotando. Es posible, además, que la apreciación de Huenchunao sea cierta. La larga resistencia del pueblo mapuche no sólo no se ha apagado sino que renace una y otra vez pese a la represión. Sin embargo, en los últimos años al sur del Bío-Bío no son sólo los mapuche los que resisten el modelo neoliberal salvaje. Los pescadores artesanales de Mehuin y los agricultores que ven contaminadas sus aguas ya han realizado varias protestas. A principios de mayo las Fuerzas Especiales de Carabineros dieron muerte a un obrero forestal, Rodrigo Cisternas, que participaba en una huelga por aumento de salarios en Curanilahue. Quizá este hecho represente el comienzo del fin de la Concertación.

Durante más de 40 días, los obreros de Bosques Arauco, propiedad del Grupo Angelini ubicada en la región Bío Bío, realizaron una huelga a la que se sumaron los tres sindicatos que representan a siete mil trabajadores. Como la empresa había acumulado ganancias del 40% los obreros reclamaron un aumento de salarios de similar porcentaje. Luego de largas e inútiles negociaciones volvieron a la huelga. Rodearon la planta donde la empresa había concentrado sus tres turnos para desbaratar la huelga. “Al ver que Carabineros se divertían destruyendo sus vehículos, se defendieron usando maquinaria pesada, ante lo cual las fuerzas de Carabineros asesinaron a balazos a uno de los huelguistas y dejaron a otros gravemente heridos”, señala un comunicado del Movimiento por la Asamblea del Pueblo .

En los últimos meses, el gobierno de Michelle Bachelet ha abierto demasiados frentes. Al conflicto con el pueblo mapuche se suma la protesta estudiantil contra la ley de educación que el año pasado provocó manifestaciones de cientos de miles de jóvenes. A comienzos de este año se desató un conflicto aún no resuelto a raíz de la reestructuración del transporte público en Santiago, ya que la puesta en marcha del Transantiago perjudica a los sectores populares. Ahora se suma la muerte de un obrero en una región caliente. Es posible que, como ya sucedió en otros países de la región, la población chilena haya comenzado a dar vuelta la página del neoliberalismo salvaje.

La democracia contra los mapuche

Un ministro de Pinochet se ufanaba diciendo que “en Chile no hay indígenas, son todos chilenos”. En consecuencia la dictadura dictó decretos para terminar con las excepciones legales hacia los mapuche e introducir el concepto de propiedad individual de sus tierras. Pero “al privarse al pueblo mapuche de su reconocimiento como tal, la identidad étnica se reforzó”, apunta Gabriel Salazar, reciente ganador del Premio Nacional de Historia.

A comienzos de los 80 se registró una “explosión social” del pueblo mapuche en respuesta a los decretos de 1979 que permitieron la división de más 460 mil hectáreas de tierras indígenas. “La división –apunta Salazar- no respetó espacios que siempre se consideraron comunes y que eran fundamentales para la reproducción material y cultural del pueblo mapuche, tales como áreas destinadas a bosques, pastizales y ceremonias religiosas. El aumento de la población, unido a lo reducido de su territorio, contribuyó a ‘vaciar’ las comunidades de su gente y su cultura”.

La democracia tampoco fue generosa con el pueblo mapuche. Si la dictadura quería terminar con ellos, apostando a su conversión de indios en campesinos, con del gobierno de la Concertación (a partir de 1990) se abrieron nuevas expectativas. El presidente Patricio Aylwin generó espacios y comprometió su apoyo a una ley que se debatió en el Parlamento. Sin embargo, a diferencia de los sucedido en otros países del continente, en 1992 el Parlamento rechazó el Convenio 169 de la OIT y el reconocimiento constitucional de los mapuches como pueblo, tal como promovían las Naciones Unidas.

Actualmente “el mundo indígena rural es parte constituyente de la pobreza estructural de Chile”, asegura Salazar. En 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9,2 hectáreas aunque el Estado sostenía que necesitaban 50 hectáreas para vivir “dignamente”. Entre 1979 y 1986 a cada familia le correspondían 5,3 hectáreas, superficie que en la actualidad se reduce a sólo 3 hectáreas de tierra por familia. Bajo las dictadura los mapuche perdieron 200 de las 300 mil hectáreas que aún conservaban. El avance de las forestales y la hidroeléctricas sobre sus tierras, provocan un aumento exponencial de la pobreza y de la emigración.

Desesperadas, muchas comunidades invaden tierras apropiadas por las empresas forestales por lo que son acusadas de “terrorismo”. La Ley Aniterrorista de la dictadura sigue siendo aplicada a las comunidades por quemas de plantaciones, cortes de rutas y desacato a los Carabineros. Actualmente existen decenas de organizaciones mapuche que oscilan entre la colaboración con las autoridades y la autonomía militante, destacando el nacimiento de nuevos grupos de carácter urbano, en particular en Santiago, donde reside más del 40 por ciento del millón de mapuches que viven en Chile según el censo de 1992 / Azkintuwe

* Gentileza de www.lavaca.org

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