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SON LOS DESCENDIENTES del lonko Maricahuín, a quien la corona española reconoció sus tierras en la ribera norte del canal de Chacao a fines del siglo XVII, título “realengo” que el Estado chileno ratificó en 1826, en el histórico tratado de Tantauko. Poco durarían los “gestos”, señala el dirigente y vocero de la comunidad Pepiükelen, Francisco Vera Millaquén, uno de los últimos dirigentes (mapuches del sur) de un territorio hoy en manos ajenas. “El Estado violó los tratados, desconoció acuerdos y todo este sector que provenía del tronco Maricahuín pasó a manos del Fisco a comienzos del siglo XX. De todo el territorio que existía, que era una propiedad de 44 mil hectáreas, ni el 20 por ciento está en poder de los mapuches”, dice el dirigente. Pargua es una pequeña localidad costera de la parte norte del canal de Chacao y punto obligado de tránsito hacia y desde la isla grande de Chiloé, debido a su embarcadero de transbordadores. Ubicada a menos de una hora de Puerto Montt, su población bordea las tres mil personas, cifra que se ha duplicado en los últimos años. Desde comienzos de los años 90, Pargua ha sido el lugar elegido por empresas salmoneras para instalar allí gigantescas plantas, lo que ha significado el arribo de cientos de trabajadores de empresas subcontratistas. “Se están levantando aquí unas dos o tres plantas cada cinco años”, señala Vera. Un promedio revelador de la situación que los aqueja hoy como comunidad y por lo cual impulsan una demanda contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comunidad Pepiükelen está compuesta por ocho familias. Para llegar hasta sus tierras es necesario bordear altos cercos electrificados coronados con alambre de púa levantados por las empresas para delimitar el perímetro de sus plantas. Un escenario propio de bases militares más que de industrias que -según señalan autoridades regionales- sólo traerían “trabajo y bienestar” para la población. Las familias de Pepiükelen se encuentran -literalmente- acorraladas por las salmoneras y sus plantas de alimentos. Gigantes de la industria salmonera como Aqua Chile, Multiexport y Mainstream, más otras prestadoras de servicio como Ecofeed, BioMar, Alitec y Danisco han tomado por asalto el sector debido a su estratégica ubicación geográfica. Punto terminal continental de la Ruta 5, Pargua ofrece una excelente disposición de insumos y buenas alternativas de rutas marítimas. “Y autoridades con manga ancha para hacer y deshacer”, agrega Vera. Al costado oeste de Pepiükelen se emplaza la planta de alimentos del holding holandés Nutreco. También la planta procesadora de Algas Danisco, de capitales daneses, instalada en la zona a comienzos de los 90, “cuando la legislación ambiental brillaba por su ausencia”, señala Vera Millaquén. Al costado este, en tanto, se yergue imponente la planta de alimentos de BioMar, también de capitales daneses. Como si fuera poco, en agosto de 2006 la empresa Los Fiordos inició la construcción de su propia planta a escasos 50 metros de las viviendas, en tierras demandadas por la comunidad, lo que terminó por colmar la paciencia de todos. “Esa gente empezó a trabajar el 27 de marzo de 2006. En mayo nosotros presentamos un recurso de protección. Una orden de no innovar dictada por la Corte de Apelaciones paralizó las obras casi cinco meses. El 25 de octubre reanudaron las faenas, una vez que la Corte rechazó el recurso”, relata Francisco Vera. “Ellos volvieron a las faenas estando pendiente una apelación en la Corte Suprema. Hicimos presente esta situación pero la Suprema ni se pronunció. Simplemente rechazó el recurso por extemporáneo”, señala el dirigente. Por ello y por los atropellos acumulados en más de un siglo de continuo despojo, el 6 de febrero la comunidad denunció al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por no frenar el avance de la industria salmonera sobre su territorio y los graves impactos socioambientales que esa actividad provoca en su entorno. La presentación fue realizada por el abogado Diego Carrasco y patrocinada por el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, con sede en Temuco. La denuncia es la antesala para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo con potestad para dictar sentencia condenatoria.
“La demanda se justifica porque en
Chile no hemos sido escuchados ni por los organismos públicos con
competencia ambiental, que fueron los que aprobaron el proyecto de Los
Fiordos, ni tampoco por los tribunales, donde hemos llegado a lo más
alto, la Corte Suprema”, argumenta Vera. “Lo que estamos reclamando es
el derecho a la vida por cuanto esta empresa no solamente genera ruidos
y olores a metros de nuestras viviendas, sino que además estamos viendo
cómo se están secando nuestras tierras producto de las excavaciones que
hizo la empresa y los desvíos de los cauces naturales de agua provocados
con la venia de las autoridades”, subraya el dirigente. Destacan en esta industria los capitales noruegos y daneses que arriban en su mayoría escapando de las leyes ambientales y laborales que limitan su accionar en Europa. Stolt Sea Farm, Fjord Seafoof y la gigante Marine Harvest -la salmonera más grande del mundo- encabezan esta legión extranjera en la X Región. Le siguen la estatal noruega Mainstream Chile y capitales locales agrupados en la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, más conocida como SalmonChile. Los Fiordos, empresa hoy en conflicto con los mapuches de Pepiükelen, per- tenece al grupo noruego Agrosuper, que elabora productos a base de salmón -SuperSalmón- y tiene fuerte presencia en la industria alimenticia a través de SuperCerdo, SuperPollo, Sopraval, SuperFruti y La Crianza. Antes del arribo de estas empresas, Pargua estuvo ligada a la pesca artesanal y a la extracción de mariscos. Hacia 1975, el entonces pequeño caserío adquirió importancia debido a la comercialización del erizo. Fue este recurso el que posibilitó el arribo de un importante número de personas desde la zona norte, que se dedicaron a la extracción de este recurso, cuenta Vera, dos de cuyos hermanos aún hoy se dedican a la pesca artesanal lejos de Pargua. “Ellos tuvieron que emigrar, aquí las empresas han destruido la pesca artesanal. Al colocar las jaulas de salmones, el otro pescado natural empezó a desaparecer y la gente que trabajaba en la pesca también”, sentencia. Y no sólo en la pesca. “También se ha afectado la agricultura y el cultivo de papa, que era tradicional de nuestras familias”, agrega Manuel Vera, hermano del dirigente y quien reconoce “sobrevivir” con lo poco que produce su parcela. “Las jaulas de criadero en el mar mataron la pesca y las plantas de alimentos y procesadoras han destruido la agricultura. Ya es muy difícil producir, hay contaminación, la tierra se está secando, muriendo… Los Fiordos significa la muerte de mi campo”, subraya el comunero. “Lo que está generándose con las salmoneras es que de aquí a diez o quince años habrá un desequilibrio ecológico enorme, un daño ambiental irreparable”, subraya su hermano Francisco.
Las familias de Pepiükelen saben que
la industria salmonera, todavía en expansión, no será eterna. “Todas
estas plantas y sus proyectos tienen un período de vida útil de treinta
años. La pregunta que hemos hecho a las autoridades es si ellos se han
puesto a pensar qué va a pasar después, de qué va a vivir la gente.
Porque las tierras colindantes con estas industrias quedan prácticamente
estériles, no aptas para el cultivo”, señala Francisco Vera. “Acá
llegaron muchas balsas, muchos criaderos de salmón, hoy ya está tan
contaminado que se están retirando hacia Aysén. Mucha gente está
notificada: si quiere seguir en su pega, va a tener que irse a Aysén. Lo
mismo ocurrirá con las plantas de alimentos. Aquí sólo dejarán
contaminación y pobreza”, indica el dirigente. En 1994 comenzaron los litigios de las familias con la empresa Long Beach que había adquirido el terreno para produ- cir harina y aceite de pescado. “Era un terreno que no tenía comunicación con el camino porque estaba encerrado por tres costados por la comunidad y el otro lado daba a la playa. Ellos negociaron una servidumbre de paso y finalmente la familia Millaquén Cares les dio la pasada. Primero a Long Beach y luego, a la empresa Los Fiordos”. Francisco Vera lo recuerda con indignación. Se trató de miembros de su propia familia, “hoy encumbrados algunos en altas esferas de la burocracia indígena estatal”, según señala. Así se refiere a su primo Jorge Millaquén Mercado, quien fuera jefe de gabinete de Jaime Andrade, ex subsecretario de Mideplan. Hoy es jefe de gabinete de Alberto Parra Salinas, director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). No está claro el traspaso a la empresa Los Fiordos. Como las tierras indígenas no pueden ser vendidas a no indígenas, este traspaso se habría concretado a través de una permuta viciada, denuncia el dirigente. “Tenemos antecedentes de que en agosto ellos iniciaron trámites en Conadi para la permuta de esos terrenos indígenas por terrenos que Los Fiordos compraron para ellos. Hemos pedido a la Conadi que nos aclare este asunto que sería de suma gravedad, pero no hemos tenido respuesta. Si así fuera, el procedimiento sería inmoral porque dos miembros de esa familia trabajan en la Conadi, que es el organismo de gobierno que debe proteger las tierras indígenas y no actuar como corredora de propiedades de las salmoneras”, afirma. “Hace poco hablamos con el nuevo director, Alberto Parra, quien dijo que él no conocía el caso porque llevaba sólo dos meses en el cargo. Para nosotros no tiene excusa, la información ha estado en Conadi desde hace mucho tiempo”, afirma Vera. Los miembros de la comunidad esperan que la justicia internacional pueda reparar lo que tribunales chilenos han pasado por alto. “La Contraloría dijo el año pasado que la aprobación del proyecto Los Fiordos no se ajustó a la ley y normativa ambientales. Lo mismo ocurre con la ley indígena, que dice que los pueblos indígenas son patrimonio de la nación y que por tanto sus derechos deben ser resguardados y protegidos”, enfatiza Vera Millaquén. “Esperamos que se puedan cumplir las leyes. No confiamos en la justicia chilena. Tampoco en el gobierno, porque están coludidos con las empresas. Es cosa de ver cómo algunas autoridades han pasado del sector público a ejecutivos de las salmoneras”, ironiza el dirigente, recordando el caso de Raúl Arteaga, ex jefe del departamento de recursos naturales de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama). Arteaga era jefe del organismo encargado de velar por la biodiversidad. Hoy es parte del staff de SalmonChile / Azkintuwe
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