SEGÚN LA REVISTA FORBES, entre los años 2003 y 2004, el magnate italo-chileno Anacleto Angelini Fabri aumentó su fortuna personal de US$ 1.400 millones a US$ 2.500 millones. Este inmigrante italiano, llegado a Chile en la década de los ’50 “con una mano delante y otra atrás”, según lo confesara a la “Revista del Domingo” del Diario El Mercurio, dos o tres años atrás casi duplicó su fortuna personal, basada en los negocios del petróleo, la pesca y el rubro forestal. Sin embargo, Angelini no es el único empresario que ganó tamaña fortuna: Andrónico Luksic (de origen croata) y Eliodoro Matte (chairman del Grupo económico conocido como “La Papelera”) ganaron más que Angelini en el mismo período: Andrónico Luksic de U$1.300 a U$3.400 millones y Eliodoro Matte de U$ 1.300 a U$ 2.800 millones, según Forbes, información citada por el Diario La Tercera, el 27 de febrero del año 2004.

Entonces, tres chilenos, ciudadanos de un país con algo más de 15 millones de habitantes, de los cuales un 80% son analfabetos funcionales, con dos tercios de su territorio improductivo o inexplotado, con una pobreza que alcanza a más de la mitad de su población, según el economista Marcel Claude, fueron capaces de ganar tanto como el hombre más rico de la tierra y ciudadano de la primera potencia mundial, Bill Gates, dueño de Microsoft. ¿Cómo es posible aquello? La respuesta es simple: porque esas fortunas adquiridas por Angelini, Luksic y Matte son las que generan las leyes laborales rigen en nuestro país, son el producto de la explotación desquiciada de nuestra naturaleza que permiten nuestras débiles normas ambientales. Son posibles estas ganancias porque tenemos el sindicalismo que tenemos, poderes del Estado corruptos, servicios estatales inútiles, fiscalización inexistente. Porque somos, en definitiva, el país neoliberal por excelencia, donde se han materializado los programas económicos más inhumanos creados por la propia humanidad y que son intolerables en cualquier otro país.

Angelini, Luksic y Matte son la terna de empresarios chilenos que mejor a usufructuado de las facilidades que nuestro pueblo entrega a cualquiera que lo quiera explotar de la manera más inescrupulosa, especialmente bajo los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia. Mientras un obrero chileno gana apenas $3.000 (unos US$5) por cada día de trabajo en virtud a un Sueldo Mínimo Legal que el Parlamento chileno demoró 5 minutos en aprobar en forma unánime cuando le fue propuesto, Angelini, Luksic y Matte ganan un millón de veces más. Es decir, ganaron lo que un obrero chileno obtendría si trabajara 8 millones de horas diarias durante 6 millones de días a la semana. Esta irracionalidad probablemente pueda explicarse al investigar un poco de la historia económica de Angelini y de ése mismo análisis quizás surjan elementos clarificantes acerca de los resultados que obtendremos como país si seguimos inmersos en estas “Gobernabilidad” y “Estabilidad Política y Social”, las mismas de las que han empezado a deshacerse otros pueblos latinoamericanos.

*

A DIFERENCIA DE SUS compañeros de “terna”, Anacleto Angelini es quien dirige personalmente su imperio económico, administrado como un holding encabezado por COPEC. Todas las decisiones estratégicas del holding se toman tras consultas y evaluaciones que se discuten con Angelini, como lo ha reconocido el Gerente General de CELCO, Alejandro Pérez, quien llegó a convertirse en la mano derecha de Angelini desplazando al histórico hombre de confianza del empresario, Felipe Lamarca, quien hasta hace poco se desempeñaba como presidente de Copec. Lamarca fue, además, presidente de la Sofofa durante varios años. “No hay aspecto estratégico de nuestro desarrollo que no esté muy extensivamente conversado con don Anacleto Angelini”, declaró el gerente al Diario La Tercera el 15 de Agosto de 2004. En otras palabras, en el Imperio de Angelini no se mueve ni una sola hoja sin que él magnate lo sepa.

El origen de su fortuna, sin embargo, es el mismo de las fortunas de Luksic y Matte: la adquisición de empresas del estado a precios de saqueo, cuyas ventas inició la Dictadura Militar (1973-1989). En efecto, fue con el proceso de privatizaciones de empresas del Estado que Anacleto Angelini inició la construcción de su imperio. En noviembre de 1985 adquirió el 14% de las acciones que el Estado (bajo Dictadura) conservaba de COPEC, tras una primera etapa de privatización que dejó en manos del ya extinto Grupo Cruzat-Larraín el control de COPEC. En 1986, Cruzat-Larraín decidió retirarse de COPEC y vendió todas sus acciones a Angelini. De esa manera, bajo el control de Angelini quedó no sólo la distribuidora de combustibles, sino también Celulosa Arauco y Constitución (CELCO) y Forestal Arauco, que también habían sido propiedad del Estado hasta 1979.

En el rubro pesquero, Angelini había creado, entre 1953 y 1956, las Pesqueras INDO y EPERVA, consolidando su presencia en esta rama de la producción en 1977, cuando adquirió el 70% de Pesquera Iquique a la estatal CORFO. Este naciente imperio pesquero fue la plataforma usada por Angelini para acceder a los nuevos negocios creados por la dictadura de Pinochet para consolidar el Modelo Capitalista Neo-liberal en el área financiera: la AFP SUMMA y la Compañía de Seguros de Vida “El Roble”, fundadas en los años ’80, tienen su matriz en las compañías pesqueras propiedad de Angelini. En suma, bajo la dictadura de Pinochet y su proceso de saqueo al Estado (que eufemísticamente se llamó “capitalismo popular”) Angelini obtuvo la infraestructura necesaria para convertirse en el hombre más poderoso de Chile, en el "Jefe de Jefes".

Pero fue bajo el paraguas del régimen de post-dictadura que Angelini logró acceder a las materias primas que hicieron operativa la infraestructura que adquirió bajo Pinochet. Así, parlamentarios representantes del oficialismo (“Concertación”) y de la oposición de Derecha (“Alianza por Chile”) tuvieron, desde 1990 en adelante, un vínculo laboral o financiero con el empresario italo-chileno. Presidentes de Partidos Políticos, del Senado y hasta un ex Candidato presidencial, además de los mencionados parlamentarios, todos relacionados con Angelini, han influido poderosamente en la generación de leyes acordes con los más grandes intereses de Angelini, particularmente para sus negocios en las áreas forestal y pesquero.

Nunca Angelini ganó más dinero que bajo los Gobiernos de la Concertación, puesto que en estos Gobiernos su poderosa red de influencias en el Ejecutivo y en el Parlamento, Angelini hizo funcional a sus intereses todo el aparato estatal. Las nuevas normas relativas a la explotación de recursos pesqueros, por ejemplo, fueron modeladas según las necesidades y aspiraciones de Angelini, el principal empresario pesquero chileno. De igual manera, las negociaciones del Acuerdo Comercial entre Chile y la Unión Europea en el ámbito pesquero.

Los organismos reguladores o fiscalizadores de la gestión ambiental de las empresas (todos ellos bajo dirección de funcionarios “de exclusiva confianza del Presidente de la República”) han sido obsecuentes y particularmente tolerantes con graves eventos de contaminación ambiental protagonizados por las empresas de Angelini. Las condiciones laborales que también enfrentan los trabajadores de Angelini sólo son una demostración de la habilidad del "Jefe de Jefes" para manejar a favor propio el régimen de subempleo que ha consagrado el régimen neoliberal de post-dictadura encabezado por el presidente Ricardo Lagos.

Considerando a funcionarios públicos de los años de post-dictadura (1990 en adelante), la red de influencias políticas de Angelini, tanto al interior de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado como en servicios públicos, se puede graficar con los siguientes nombres:

Andrés Zaldívar Larraín, Senador (Democracia Cristiana, DC), Ex-Presidente del Senado, Ex Candidato Presidencial Democracia Cristiana (1999), accionista de Pesquera EPERVA (COPEC, Angelini) y principal promotor de Ley de Pesca (“Ley Corta”) del año 2001; Adolfo Zaldívar Larraín, Senador (DC), Presidente de la DC (2.002 en adelante), Accionista de Pesquera EPERVA y ex empleado de Angelini; Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Senador por Valdivia (DC), Ex Presidente de la República, accionista de Sigdo Koppers (SK), empresa contratista de CELCO y Promotor de proyecto Planta de Celulosa “Valdivia”, construida por SK; Alberto Etchegaray, militante Demócrata Cristiano (DC), Ex Ministro de la Vivienda (Aylwin, 1990-1994), Director de CELCO (1994-2004) y Presidente Directorio de CELCO (2004); Jorge Vives, militante Demócrata Cristiano (DC), Ex Gobernador Provincia de Valdivia (X Región), Intendente X Región y principal promotor Proyecto de Planta Celulosa “Valdivia” de CELCO; Rabindranath Quinteros, militante socialista, Ex Intendente X Región, Alcalde de Puerto Montt (X Región), en su rol de Intendente y Presidente COREMA-X Región, aprobó Estudio de Impacto Ambieltal (EIA) de Planta de Celulosa “Valdivia” de CELCO; Pablo Daud, Jefe Unidad de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA, 2003 – 2004), Gerente Corporativo de Medioambiente de CELCO (2005); Jaime Tohá, militante socialista. Intendente VIII Región, principal promotor de Proyecto Celulosa “Itata” (CELCO), presidió COREMA – VIII Región que aprobó el proyecto “Itata”.

*

EN LOS PRIMEROS AÑOS del nuevo milenio, Empresas COPEC ha liderado el ranking de ganancias de las empresas que operan en Chile, superando, incluso, a la transnacional minera BHP Billiton que explota el yacimiento cuprífero “La Escondida” (Antofagasta, II Región). En este conglomerado de empresas que constituye a COPEC, Celulosa Arauco (CELCO) aporta con el 79% de activos consolidados y con el 73% de las ganancias obtenidas por el holding, según cifras del año 2003 de la Superintendencia de Valores y Seguros (En Diario “La Tercera”, 31 de marzo de 2004). De acuerdo a estas, Empresas COPEC obtuvo utilidades por $ 332.000 millones (unos US$ 520 millones) de los cuales $ 242.650 millones corresponden a utilidades de CELCO (en Diario “La Tercera”, 18 de mayo de 2004).

Tal es el peso del área forestal dentro del patrimonio de Angelini y ello es el resultado no sólo del incremento del precio de la celulosa (principal producto exportado por CELCO) en los mercados mundiales, sino de las facilidades ambientales, laborales y tributarias que Angelini ha generado a través de su red de influencias, particularmente en los 15 años de régimen de pos-Dictadura, para la eficiente operación de sus numerosas empresas del sector forestal. Las empresas que Angelini posee en el área forestal son las siguientes: Celulosa Arauco y Constitución (CELCO), Industrias Forestales (INFOR), Aserraderos CHOLGUAN, Paneles Arauco, Maderas TRUPAN, Bosques Arauco, Maderas Cholguán, Arauco Woods (EEUU), Forestal CELCO, Forestal Arauco, Forestal Chile, Forestal Valdivia, Forestal Cholguán, Forestal Los Lagos, esta última adquirida a Xstrata (Suiza) en enero del 2005.

Las utilidades -en millones de pesos- obtenidas por Celulosa Arauco (CELCO) entre los años 1990 y 2003, son 1990 (30.809), 1994 (70.311), 2002 (183.083) y 2003 (242.650), según publicó el Diario “La Tercera” el 15 Agosto de 2004. Como se aprecia en las cifras, la principal empresa de Angelini ha aumentado sus ganancias 8 veces en 14 años. La magnitud del imperio forestal de Angelini y las extraordinarias ganancias que produce, ciertamente son concordantes con las facilidades que obtiene de un Estado Capitalista Neo-liberal como el chileno. Cuando Pinochet declaró, en los años ’80, que “hay que proteger a los ricos”, describió el sentido del Modelo Económico que instalaba su sangrienta dictadura. Y Angelini ha sido protegido como correspondía por quienes, desde 1990 en adelante, se han consagrado a la administración de un modelo económico que se sustenta en las violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la explotación de la mano de obra y de la naturaleza y en la corrupción.

Las operaciones del Imperio Forestal de Angelini y sus consecuencias sociales, laborales y ambientales son una demostración de las aseveraciones anteriores. Angelini posee un total de 638.000 hectáreas plantadas en Chile y otras 120.000 en Argentina y Uruguay. Estas inmensas propiedades han sido obtenidas gracias a la directa intervención del estado y su política de “protección a los ricos”. En efecto, el Decreto Ley 701 de 1974, promulgado por la dictadura militar y que tenía una vigencia de 20 años, otorgó fuertes subsidios a las plantaciones industriales de pino y eucaliptus que realizaba el sector privado. El decreto en cuestión establecía, entre sus principales disposiciones:

a) Una bonificación, por una sola vez, del 75% de los costos de forestación, administración, poda y manejo (cosecha) en cada superficie forestada incluida en un Plan de Manejo, certificado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y realizada en suelos calificados como “de aptitud forestal”, calificación también a cargo de CONAF;

b) Eximir, a los propietarios de plantaciones acogidas al D.L. 701, de la obligación de la Declaración de Renta para ningún efecto tributario en los años previos a la cosecha; eximir, a los terrenos acogidos al D.L. 701, del impuesto Territorial, Impuesto a las Herencias y a otros impuestos sobre las ganancias producidas por la cosecha en las plantaciones subsidiadas. En síntesis, el inversionista, aún vendiendo su cosecha a costo de producción, ganaba siempre 4 veces más de lo invertido . La ganancia se la proveía el Estado vía subsidios. No es de extrañar, entonces, que la tasa de las plantaciones de bosques artificiales (fundamentalmente de Pinus radiata y Eucaliptus sp) fuera a ritmo acelerado durante todo el período de vigencia del D.L. 701.

Las cifras de plantaciones de Pinus radiata realizada en el quinquenio 1960-1964 demuestran una escasa participación de privados (43.197 hectáreas del sector estatal y 0 hectareas del sector privado). Estas cifras cambiarían radicalmente en el quinquenio 1975-1979 (84.187 hectáreas del sector estatal y 243.952 hectáreas del sector privado), incrementándose en el quinquenio 1990-1994 (0 hectáreas sector estatal y 353.066 hectáreas sector privado), según datos del estudio “Evaluación de resultados de la aplicación del D.L. 701 de 1974”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) el año 1998.

Los reconstituidos latifundios forestales no dudaron, además, en proceder a la tala irracional de los bosques nativos entre las VI y X Regiones, principalmente, para ocupar los suelos con monocultivos forestales. De esa manera, tras el fin de la dictadura, las evaluaciones y catastros acerca del estado y la cantidad de Bosque Nativo fueron lapidarias: sustituciones irracionales, tala rasa (y consecuente erosión), pérdidas de hábitats de especies silvestres, peligro de extinción en flora nativa, etc. El “impacto ambiental” de la dictadura en el recurso forestal nativo, según un catastro hecho por la Comisión Nacional para el Medioambiente (CONAMA) en 1991, que no incluye la contaminación hídrica, no deja lugar a dudas: Empobrecimiento, erosión y degradación de los suelos, destrucción del Bosque Nativo, destrucción del hábitat de fauna silvestre con problemas de conservación, deterioro del Bosque Nativo por uso irracional, escasez de especies forestales nativas por falta de poblamiento, pérdida de paisajes por reforestación con monocultivos (CONAMA, 1991: Problemas Ambientales de la Región del Bío Bío (VIII Región).

Como veremos en la Segunda Parte de “Angelini: El Jefe de Jefes”, la degradación ambiental por efecto del desarrollo de la industria forestal no se ha detenido ni ha aminorado su ritmo, sino que se ha profundizado y acelerado. Y en todo este proceso iniciado por la Dictadura, no sólo el Bosque Nativo ha sido agredido por la codicia de los empresarios forestales. El territorio ocupado por las empresas forestales es, además, el territorio histórico del Pueblo Mapuche. La dictadura redujo el territorio mapuche a su mínima expresión e introdujo el valor de la “propiedad privada” en un sistema ancestral comunitario. La subdivisión de las pocas tierras que lograron mantener los mapuches aceleró la pauperización de dicho pueblo hasta llegar al estado actual: los peores indicadores sociales se encuentran allí donde hay más mapuches, en la IX Región de La Araucanía.

El fin de la dictadura y su reemplazo por un régimen electo no cumplió las expectativas del Pueblo Mapuche: se mantuvo el latifundio forestal, se mantuvo el Modelo Económico que era el autor intelectual del despojo final iniciado por la Dictadura, se mantuvo la pobreza y el Estado como “protector de los ricos”. La primera reivindicación activa de los mapuches se produce en 1992 y el naciente “Estado democrático” reaccionó tal como lo hacía la dictadura: con represión, con sanciones penales y con una negación de la existencia del Pueblo Mapuche. La represión policial y judicial y la negación de la existencia de Pueblos Originarios en Chile han sido una constante en la actitud de todos los Gobiernos de post-dictadura.

Los beneficiados con esta política racista y violenta han sido las forestales, principalmente, cuyos patrimonios se han más que duplicado en algo más de una década, a contrapelo de la cada vez mayor pauperización de las comunidades mapuches. El Estado chileno de post-dictadura, aplicando leyes que generó el régimen militar, no ha trepidado en cometer torturas, asesinatos, implementar juicios fraudulentos y poner a disposición de las forestales a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, así como a sus órganos de inteligencia, como “La Oficina” o la ANI.

Los Intendentes Regionales de las zonas con mayor actividad reivindicativa mapuche (VIII y IX Regiones) no han dudado en acusar por infracciones a las leyes represivas de Pinochet a los dirigentes de organizaciones mapuches; los lonkos (autoridades tradicionales de las comunidades) han sido permanentemente perseguidos, detenidos arbitrariamente, torturados o secuestrados sus familiares; Carabineros han ingresado (asociados a patrullas de guardias privados de las forestales) a las comunidades para destruir ganado, plantaciones, envenenar el agua de los pozos destinados al consumo humano, han vertido pesticidas sobre las tierras cultivables de las comunidades, han destruido o robado los símbolos religiosos de los mapuches y han usado camiones, helicópteros, camionetas y hasta avionetas proporcionadas por las empresas forestales para reprimir a las comunidades que reivindican territorios ancestrales, hoy en manos de empresas forestales como Bosques Arauco S.A, propiedad de Angelini.

Si alguien tiene derecho a dudar en este país acerca del carácter democrático de los gobiernos de post-dictadura, esos son los mapuches. Tortura y exclusión, represión e indiferencia, pobreza y usurpación, todo aquello que era propio de la dictadura, lo viven hoy los mapuches y lo han experimentado en los últimos 15 años. Todo ello, para hacer más rico a los Angelini y a los Matte, a los Schmidheiny (Suizo, MASISA S.A.) y a los japoneses de AnChile, para que Chile conozca y sienta orgullo de tener a sus empresarios en las listas de Forbes, para que los noticieros y los periódicos se solacen hablando de cómo crece el país, mientras siguen ocultando la pobreza y la violencia sobre las que se construyen tamañas fortunas. La destrucción ambiental tolerada por los Gobiernos de la Concertación y sus patéticas oficinas de fiscalización, así como la corrupción, también son herramientas con las que Angelini mueve al Aparato del Estado en su favor, un Estado donde él es "Jefe de Jefes" / Azkintuwe

<< VOLVER