EN DECISIÓN DIVIDIDA, los jueces de la segunda sala del Tribunal Oral en lo Penal, Aner Padi-lla, Ester Valencia y Héctor Hinojosa, fundamentaron el veredicto: la Fiscalía no logró acreditar la existencia de una organización, que al amparo de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), haya realizado actos de violencia en distintas comunas de la Novena Región durante los años 2001y 2002, como lo planteó la acusación encabezada por el fiscal regional subrogante Sergio Moya. Expresamente señalaron que "pese a los diez u once meses destinados a investigar a la autodenominada CAM no se logró comprobar fehacientemente la existencia de un colectivo que reuniera los requisitos que la ley exige para estimar configurado el delito de asociación ilícita".

Otro considerando de suma importancia dice relación con el supuesto carácter terrorista de las acciones en las cuales habrían estado involucrados los acusados. La magistrado Ester Valencia, encargada de la redacción del fallo, señaló que no correspondía "entrar a apreciar si ellos tienen o no el carácter de terroristas; por lo demás, cabe tener presente que cualquier definición de terrorismo que se quiera enunciar debe necesariamente contener el concepto de desprecio por la vida humana, propia o ajena, concepto que no resulta del contenido de los hechos que se relataron en la audiencia.

El sorpresivo e inesperado fallo fue el resultado de más de tres semanas de largas audiencias llevadas a cabo en Temuco, que incluyeron -por parte de la Fiscalía del Ministerio Público- los testimonios de empresarios como Osvaldo Carvajal, Juan Agustín Figueroa y Jorge Luchsinger, además de la participación de los polémicos "testigos sin rostro". Lo que sigue es un reporte especial desde Temuco con parte de lo acontecido en este emblemático proceso penal contra importantes dirigentes del movimiento mapuche en Gulumapu.

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A VECES, CUANDO UNO CAMINA por entre la escarcha invernal y la pobreza de una comunidad mapuche, cuesta entender la razón del racismo chileno contra un pueblo que solo desea vivir en paz. De la misma manera, cuesta vislumbrar, entre la pulcritud y la placidez de la sala 4A del Tribunal Oral en lo Penal de Temuko, la increíble injusticia que se está cometiendo contra comuneros mapuche que simplemente luchan por sus derechos básicos como pueblo originario. Claro, porque todos ellos ya fueron absueltos en noviembre del año pasado por la misma causa cuando el tribunal consideró que no existían pruebas para acusar a los procesados de "asociación ilícita terrorista".

No obstante aquello, ante una apelación de la Fiscalía, la Corte Suprema dictaminó la anulación del proceso y ordenó realizar un nuevo juicio lo cual significa que los procesados inocentes debieron someterse, una vez más, a las acusaciones y testimonios de fiscales del Ministerio Público y una miríada de testigos para probar la existencia de una asociación ilícita terrorista. Ello, a pesar que los tres magistrados del proceso original, Oscar Viñuela, Leopoldo Vera y Luis Torres, resolvieron que los imputados no pertenecían a una asociación ilícita terrorista. Pero da lo mismo, el Estado chileno, a través de la Corte Suprema, no solo anuló el juicio anterior, sino que dejó claramente establecido que el nuevo juicio “deberá conducir a una sentencia totalmente diferente, y respecto de algunos o todos los acusados”.

Es decir, los mapuche deben ser condenados pero, como señala José Martínez, abogado de la Defensoría Pública, “no existe facultad legal para ello, de hecho, al juez le está vedado manifestar una expresión de voluntad particular, solo la voluntad de la ley”. Por lo demás, “mucho más contacto directo con la prueba tienen los jueces del tribunal de Temuko que la que tienen los jueces del tribunal superior. En el juicio anterior hubo un mes completo de pruebas con audiencias muy largas, sin embargo, el tribunal superior no analizó más de dos horas del registro de audio de ese proceso, por eso es que tenemos confianza en que los jueces no se dejen influir por este tipo de consideraciones”.

Empero, es indudable que los mapuche procesados ya hace tiempo dejaron de creer en la justicia chilena, tanto así que solo seis de ellos permanecen detenidos o a disposición del tribunal, los remanentes diez optaron por la clandestinidad, toda vez que de modo recurrente han visto vulnerados sus derechos. Claro, es que todo el aparataje institucional chileno ha sido utilizado para reprimirlos y por eso, refrenda José Martínez, “los presos mapuche desconfían de la justicia, porque en el caso de los lonko Pascual Pichun de Temulemu y Aniceto Norin de Didaico, es su cuarto juicio por básicamente los mismos hechos. En el caso de Patricia Troncoso es su quinto juicio. En Chile no existe ninguna persona que haya pasado por esto y es difícil que se de la misma situación en muchos años y por eso comprendo la visión de los detenidos, porque a pesar de haber sido siempre absueltos siguen presos y ahora enfrentan penas muy altas. Además, solo 1% de los juicios orales es anulado”.

Entonces cabe la pregunta: ¿Qué posibilidad tenían los comuneros mapuche de obtener un juicio justo? Ninguna, de acuerdo a Juan Pichún, hijo del lonko de Temulemu, de hecho, irrespectivamente de la debilidad de las pruebas, “lo más probable es que haya condena, a lo mejor no los años que están pidiendo los fiscales, porque en un año eleccionario el gobierno va a tratar de dejar contentos a todas las partes cuidando el voto mapuche; pero lo que está claro es que los lonko van a seguir presos, porque ya están cumpliendo una condena de 5 años. Lo que enfurece es que “si un senador como Jorge Lavandero no va a la cárcel, porque según la jueza las cárceles no sirven para la rehabilitación de los presos, claramente demuestra que aquí hay discriminación y categorizacion de personas. La gente de la clase media o alta no va a la cárcel, pero los mapuche y la gente más marginada de la sociedad si”.

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Y ESTÁ CLARO QUE EL ESTADO está decidido a hacer con los mapuche lo que no ha sido capaz de hacer con los militares responsables de violaciones a los derechos humanos: encarcelarlos. Para ello, no ha trepidado en recurrir a la Ley Antiterrorista dictada durante la dictadura verificándose, en los hechos, una desproporción absoluta entre supuestos delitos, la legislación utilizada y las penas solicitadas. De hecho, Roberto Garretón, representante para América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado que se cataloga como terroristas “actos de protesta o demanda social relacionados con la defensa de sus legítimos derechos sobre sus tierras ancestrales, derechos que han sido además reconocidos por las normas internacionales y los organismos internacionales de derechos humanos”.

Es más, en un encuentro con organizaciones mapuche realizada en Temuko, Garretón señaló que “si es que hay delitos en el juicio que se está desarrollando actualmente estos no son terroristas, pero es claro que existe una gran carga de agresividad hacia los mapuche”. Agresividad nutrida de un racismo enfermizo de parte del Estado chileno que ha servido de instrumento ideológico y político para, como sostiene José Nain, dirigente del Consejo de Todas las Tierras, agenciar “la politización y criminalizacion de la legitima demanda de los mapuche. Hemos sido objeto de la violación de nuestros derechos humanos”. Por lo demás, parecería una obviedad – si no estuviéramos en Chile – que las recuperaciones de tierras y el contenido social que ello conlleva, nada tiene de terrorista.

En nuestro país, en todos los años del denominado conflicto mapuche, no ha habido un solo empresario forestal o agricultor muerto, siendo la única víctima de los últimos años el joven mapuche Alex Lemun asesinado por el mayor de Carabineros Marcos Treuer quien, por supuesto, se encuentra en libertad. Sin embargo, en los tribunales de Temuko se encuentran acusados de terroristas seis comuneros mapuche, pero terroristas son los militares chilenos que asesinaron, violaron e hicieron desaparecer a millares de personas; terroristas son los soldados estadounidenses en Irak y Afghanistan que diariamente matan a civiles inocentes denominando a aquellos cuerpos mutilados como daños colaterales.

¿Cómo puede el Estado chileno comparar, aunque sea solo de manera implícita, sin vergüenza alguna, a los luchadores sociales mapuche con Pinochet u Osama Bin Laden ? Es que, expresa, Roberto Garretón, hasta el momento, “el Estado chileno ha hecho oídos sordos a las recomendaciones de organismos internacionales en relación a este proceso", por lo tanto, el gobierno de la Concertación continúa presentando querellas contra la justicia basado en la ley anti terrorista, ley “repudiada por todos los demócratas durante la dictadura de Pinochet”.

Aún así, el Ministerio Publico, encabezado por el fiscal regional subrogante, Sergio Moya, sostuvo la hipótesis de la existencia de un grupo terrorista que actúa al amparo de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), pero que no fue parte de la CAM, no obstante, el defensor de los comuneros mapuche, José Martínez, mantiene que “no existe ninguna agrupación distinta a la CAM, además la Coordinadora nació y opera en la octava Región, por lo tanto no es competencia de este tribunal, sino que del juzgado de Cañete donde, por lo demás, esta organización ya está siendo investigada. Para la Defensa está claro que ninguno de los imputados presentes pertenece a la CAM o a algún otro grupo que, en todo caso, no existe. Además, los actos atribuidos no tienen carácter terrorista”.

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CLARAMENTE LA LEGÍTIMA LUCHA del Pueblo Mapuche por sus derechos históricos no tiene ni ha tenido nunca carácter terrorista, sin embargo, la Fiscalía intentó a través de un centenar de testigos de crear precisamente esa impresión. No obstante aquello, los acusados ya fueron absueltos en una primera oportunidad por la debilidad de las pruebas presentadas y ahora no hubo ningún testimonio creíble que fundamentara la posibilidad de un fallo diferente. Es más, entre los testigos – donde se contaban empresarios forestales, agricultores, dueños o administradores de fundos, guardias forestales, carabineros y peritos caligráficos, entre otros – fueron claras las contradicciones e imprecisiones, la vaguedad y generalidad de sus dichos.

De hecho, la percepción general fue, acorde al abogado José Martínez, que “las declaraciones de testigos eran vagas e imprecisas y no se refieren sino de modo muy general a que existiría una organización, algo que está en el ambiente; que se dice o se comenta la existencia de una organización determinada”. De hecho, Ricardo Rathgeb, técnico agrícola y administrador de los fundos La Bendición y el Porvenir en la zona de Chol Chol, declaró expresamente: “traté de leer un poco acerca de esta Coordinadora”. Ello no es muy distinto al testimonio de Domingo Luis Llaupe encargado del Programa de Alerta Temprana de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) al señalar que la “CAM es una organización que nació repentinamente para recuperar el territorio por medio de la violencia. No sé más, solo por la prensa”.

En la misma línea son las aseveraciones de Miguel Sagredo, agricultor del fundo San Gregorio, de la comuna de Lumako quien manifestó que “la Coordinadora tenía asesoría de personas externas muy bien organizadas”, sin embargo, al ser contra interrogado por la Defensoría admitió que solo “se de la CAM por lo que dice la prensa, la televisión”. Pero, quizás, lo más grave es la falta de veracidad del testigo pues, como sostiene la Defensa, “el testigo declaró aquí que Pascual Pichún - uno de los acusados - lo había amenazado pero no lo declaró antes en juicio a Pichún en septiembre del 2003 en Angol en el juicio por amenaza terrorista e incendio”.

Además de las contradicciones e inconsistencias señaladas, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas ha presentado querellas por falso testimonio contra varios testigos. Uno de ellos es el guardia forestal y Jefe de la Brigada Patrimonial de la empresa Forestal Mininco, Gustavo Aranela Salazar quien en el juicio anterior donde todos los comuneros fueron absueltos declaró reconocer a Jorge Huaquin Antinao – uno de los acusados - en un video presentado como prueba por la Fiscalía. Aranela identificó a Huaquin y precisó lugar y fecha donde ocurrieron incidentes y donde, supuestamente, se encontraba Huaquin, sin embargo en esos momentos Jorge Huaquin se hallaba preso en la cárcel de Imperial.

En esta oportunidad, sin duda alertado por la presentación de una querella en su contra por el delito de falso testimonio, Aranela declaró que “no vi en hechos concretos ni a José Llanca ni a Jorge Huaquin", pero mantuvo su actitud hostil y arrogante ante el tribunal, negándose a contestar preguntas de la Defensoría Pública. Cabe señalar que los guardias forestales y las empresas de seguridad contratadas por las empresas del rubro, han sido reiteradamente acusados por los mapuche de constituir organizaciones paramilitares destinadas a reprimir al pueblo mapuche y han realizado golpizas y secuestros de comuneros, incluidos niños y ancianas.

De suma gravedad es, también, el uso de testigos secretos o sin rostro que desempeñan un rol clave en la condena de los imputados; dichos testigos protegidos, indica Martínez, “son contrarios a un estado de derecho, por lo demás su justificación en doctrina es también bastante cuestionada. Es solo excepcionalmente legitimada en caso de riesgo serio, manifiesto y comprobado de un ataque en contra de la vida o integridad personal del testigo. Esto no existe aquí. Ni siquiera en redacción original de ley antiterrorista se contemplaba, de hecho, se facultaba a personal de la CNI para detener a sospechosos de conductas terroristas sin autorización judicial, pero nunca se privó a la defensa de conocer nombre de testigo”.

Además, a los testigos se les paga, pero, aún así, en esta oportunidad el testigo protegido Nª 26, un guardabosques en el área de Chol-Chol desde 1998 – cubierto por un biombo para preservar su identidad- fue incapaz de declarar nada que no fueran generalidades en relación a la Coordinadora Arauco- Malleco o algunos de los acusados, afirmando que “gente del sector me contaba que llegaba gente extraña, gente de afuera que pertenecía a la Coordinadora, pero yo nunca vi una persona de afuera”.

A pesar que nadie parece haber visto nada y que los acusados: los lonko Pascual Pichun y Aniceto Norin, Jorge Huaquin, Marcelo Quintrileo, José Llanca y Patricia Troncoso no tienen participación alguna en los delitos que se les atribuye, la percepción generalizada siempre fue que igualmente se les condenaría por asociación ilícita terrorista, pues, como expresa Audiel Millapi, dirigente de la Coordinación de Identidades Territoriales, “este es un juicio político y no jurídico, el gobierno no ha querido entender la demanda del pueblo mapuche, los problemas con las forestales que invaden nuestro territorio y cambian el ecosistema, matan los árboles, montañas, humedales. Es que históricamente seguimos siendo invadidos, es una invasión ideológica, cultural y económica que se relaciona con un racismo extremo por parte del Estado chileno y de los latifundistas y empresarios forestales también”.

Racismo que llevó al empresario de origen suizo, Jorge Luchsinger, propietario del Fundo Santa Margarita y testigo de la Fiscalía, a aseverar que “el mapuche es depredador, torcido, desleal y abusador”. Parece mentira, pero es verdad, como también parece mentira, pero es verdad, que en democracia se recurra a la Ley Antiterrorista para reprimir la justa demanda territorial y política del pueblo mapuche.

Entonces, a pesar de que, finalmente el tribunal temukense resolvió absolver a los comuneros mapuche de la acusación por asociación ilícita, aún persisten la voluntad política del gobierno de reprimir al pueblo mapuche, quedando en entredicho, además, la decisión de la Corte Suprema que intentó obligar a los jueces locales a condenar a los mapuche. Pero, lo más importante y que no debe olvidarse, es que los comuneros continúan presos, y lo están producto de juicios espurios y manipulados como el que acaba de finalizar en Temuko / Azkintuwe

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