SERÍA UN NUEVO GOLPE periodístico. Uno más en la polémica carrera de la periodista Paula Afani, responsable de sacar a la luz pública bullados casos de espionaje, tráfico de influencias y corrupción que remecieron hace unos años el escenario político chileno. En su última investigación, Afani denunció que el gobierno, a través del Ministerio del Interior, habría ordenado a la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial (JIPOL) recabar antecedentes sobre las actividades del empresario y candidato presidencial de RN, Sebastián Piñera, en la isla de Chiloé, situación irregular que la profesional no dudó en calificar como un grave caso de "espionaje político".

El reportaje, publicado en primera plana de la sección Reportajes del diario El Mercurio y titulado "Piñera en la Mira", cuenta que a través de un requerimiento de la Jefatura de la Policía Civil chilena, se instruyó a un reducido equipo de detectives de la Brigada de Inteligencia Policial de Puerto Montt (BIP), para que recopilaran información acerca de la compra de tierras realizada por Piñera en la isla grande de Chiloé. Según Afani, los agentes habrían tenido como principal misión recabar antecedentes sobre la polémica compra de 115 mil hectáreas de tierras realizada en la isla por Piñera en diciembre de 2004.

Sin embargo, la publicación del informe "confidencial" de los agentes en las propias páginas de El Mercurio, dejó al descubierto no un nuevo caso de espionaje político contra Sebastian Piñera, sino más bien un "operativo" de inteligencia policial destinado a recabar antecedentes sobre el movimiento mapuche en dicha zona, sus comunidades, dirigentes y los eventuales conflictos territoriales que pudieran afectar en un futuro al empresario chileno, quien se convirtió en dueño del 15% de la isla de Chiloé tras desembolsar US$ 6 millones por las tierras del magnate estadounidense Jeremiah Henderson, este último denunciado por el Consejo de Caciques de Chiloé como un histórico "usurpador" de tierras indígenas.

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LA POLÉMICA SURGIDA POR LA fallida "bomba política" de Paula Afani, obligó al propio gobierno a reconocer el trasfondo étnico del operativo policial. El primero en afrontar los cuestionamientos fue el vocero de Gobierno, Osvaldo Puccio, quien si bien reconoció ayer domingo la existencia del documento de inteligencia, descartó de plano una investigación contra el candidato de la centroderecha. "Aquí -sentenció el ministro- no hay una investigación a Sebastián Piñera de ninguna naturaleza". Consultado respecto de los reales alcances del operativo, Puccio reconoció que en "forma regular" la policía civil chilena "elabora informes", para prever situaciones complejas en el ámbito social, económico, étnico y político en la zona sur del país.

"Es Investigaciones la que cumple sus funciones de prever los conflictos", señaló Puccio y -en ese marco- analizó la situación de conflictividad en la Décima Región, debido a que "hay comunidades que estaban en desacuerdo con la adquisición de tierras de esa magnitud". En la misma dirección, el subdirector operativo de Investigaciones, Fernando Ilabaca, añadió que desde 2003 realizan "monitoreos" constantes al conflicto de las regiones Octava, Novena y Décima ante las demandas de tierras de comunidades y organizaciones sociales y políticas del pueblo mapuche.

"Esta labor busca anticiparse a hechos delictivos o alteraciones al orden público que pudieren afectar la tranquilidad ciudadana en las ya citadas regiones, como asimismo, en ese marco, trimestralmente tienen lugar reuniones de análisis a las que concurren diversas autoridades nacionales y regionales", señaló Ilabaca, quien adelantó además la realización de una urgente "investigación interna" en la institución policial por la gravedad de la filtración del informe de inteligencia, lo que fue refrendado hoy lunes por el subsecretario de Investigaciones, Lincoyán Zepeda.

En conversación con el diario de Cooperativa, Zepeda indicó que "se va a iniciar de inmediato una investigación porque (...) este es un documento reservado. No debió haber sido conocido por la opinión pública, no tenía esa finalidad de que se conociera por los medios de comunicación". Lincoyán declaró que "deberá identificarse quiénes son los responsables de que este documento haya sido sustraído de las oficinas de la policía y dado a conocer a través de un medio de comunicación". Fuentes policiales indicaron ayer que la Unidad de Contrainteligencia de la institución sería la encargada de iniciar una investigación interna para detectar el origen de la "filtración".

En la misma línea de lo argumentado por el vocero de gobierno, Zepeda reiteró que el documento en cuestión "obedece a informes que se elaboran periódicamente respecto de distintas situaciones en el país que pudieran afectar el orden interno y esto está indudablemente relacionado con la situación de los pueblos indígenas en el sur del país con el fin de anticipar eventuales escenarios conflictivos". Es decir, formarían parte de un trabajo de inteligencia y seguimiento de organizaciones mapuches, potenciales protagonistas de "focos de conflicto social y político" en la convulsionada zona sur de Chile.

Según Zepeda, los hechos denunciados en la publicación corresponderían a operativos de rutina, propios del trabajo de prevención de actividades delictuales impulsado por la institución policial y los cuales por la naturaleza propia de su ejecución, no serían de conocimiento público. En este sentido, el operativo de la Brigada de Inteligencia Policial de Puerto Montt se ajustaría a los procedimientos propios de la policía civil, similares a otros llevados a cabo en la VIII y IX Región -esta vez con mandato judicial- en contra de organizaciones y comunidades mapuches contrarias a la política indígena del gobierno y al arribo a sus tierras ancestrales de empresas transnacionales.

Este sería el caso de la denominada "Operación Paciencia", desarrollada durante el año 2002 en las provincias de Malleco y Cautín por parte de un Equipo Especial de oficiales y funcionarios del Sección de Investigaciones Policiales (SIP), encabezado por el Mayor de Carabineros Hernando Hevia Hinojosa, actual asesor de Inteligencia de la Novena Zona de Carabineros. La "Operación Paciencia" estuvo dirigida contra la organización mapuche Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) e implicó seguimientos, filmaciones, interceptaciones telefónicas e inclusive monitoreo electrónico por más de siete meses a dirigentes y miembros de dicha agrupación autonomista.

Las labores encargadas al equipo del mayor Hevia culminaron el 4 de diciembre, cuando tras un coordinado operativo encabezado en Temuco por el teniente de Carabineros Marcelo Lobos Riquelme, Jefe en esta ciudad de la Patrulla de Acciones Especiales (PAE), fueron detenidos 16 miembros de dicha organización mapuche, los cuales tras ser encarcelados y acusados por el Ministerio Público de "asociación ilícita terrorista", fueron finalmente dejados en libertad sin cargos el pasado 27 de julio por los magistrados del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco.

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CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2005, mediante el requerimiento Nº 7, desde la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial (JIPOL) -que depende del director general de Investigaciones, quien a su vez reporta directamente al Ministro del Interior, Francisco Vidal-, se instruyó a un reducido equipo de agentes policiales para recopilar el máximo de información sobre las comunidades mapuche-huilliches, sus organizaciones, dirigentes y reclamaciones territoriales, todo ello tras la compra de 115 mil hectáreas en la isla de Chiloé por parte de Sebastián Piñera al magnate norteamericano Jeremiah Henderson.

Las tierras adquiridas por el ex timonel de Renovación Nacional y actual candidato a la Presidencia de Chile, suman en total más de 140 mil hectáreas "de verdes bosques y fauna autóctona como coipos, pudúes y un refugio de ballenas azules". Con este negocio, de acuerdo a las apreciaciones de los investigadores de inteligencia, "el empresario Sr. Piñera se ha hecho acreedor del 15 por ciento de la totalidad de la isla de Chiloé", lo que podría desembocar en serios conflictos territoriales con comunidades mapuche-huilliches, ya que -según señala el documento- "este grupo pretende presentar una férrea oposición si es que este último (Piñera) desea ejercer absolutamente su derecho de dominio;".

Cumpliendo con el mandato de sus superiores en Santiago, la Brigada de Inteligencia Policial (BIP) de Puerto Montt debió elaborar un informe detallado con la información recopilada sobre las comunidades mapuche-williche de Chiloé, sus principales organizaciones, dirigentes públicos e inclusive un catastro con las familias asentadas en los sectores aledaños al predio comprado el año 2004 por Piñera al suroeste de la ciudad de Quellón. El informe fue fechado el 8 de marzo de 2005, bajo la firma del inspector Claudio Vargas y remitido a la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial (JIPOL) "para su conocimiento y fines pertinentes".

En la minuta, identificada con el Nº 14, los agentes de inteligencia describen cómo se generó la venta y se hace una reseña histórica de la posesión de las tierras en la isla. La propiedad adquirida por el empresario derechista, según se describe, incluye, entre otros, "los fundos Inio Quilanlar (82.650 hectáreas), Asasao (21.570 hectáreas), resto de Yaldad (3.860 hectáreas) y Coldila (3.996 hectáreas)". En el informe se señala que de las indagaciones realizadas se desprende que estas tierras "antes de Piñera eran de propiedad del magnate norteamericano Jaremiah Henderson, quien dividió los terrenos de 122.649 hectáreas aproximadamente en siete predios, de los cuales Piñera adquirió cinco de ellos".

De acuerdo con los antecedentes recopilados por los agentes de inteligencia policial, "de las alrededor de 500 familias indígenas que existen en Chiloé, al menos seis de ellas se relacionan con los terrenos adquiridos por el empresario Sebastián Piñera al magnate norteamericano Jeremías Henderson. Se trata de 40 familias de Yaldad, especificamente en la comunidad de Cocauque, Colonia Yungay, donde se encuentran las comunidades de Huequetrumao, Huequetrumao Alto y Huaipulli, con 60 familias; en Asasao se encuentra Piedra Blanca, con 75 familias y Tweo con 50 familias. La mayoría de estas comunidades se encuentra amparada por el Consejo General de Caciques de Chiloé, cuya sede se encuentra ubicada a 54 km. de distancia de Castro (camino a Quellón)", detalla el informe de inteligencia.

Particularmente sobre el Consejo de Caciques, organización relacionada directa o indirectamente con las tierras de Piñera, se señala que este grupo "pretende presentar una férrea oposición si es que este último (Piñera) desea ejercer absolutamente su derecho de dominio; es decir, si es que les exige a los indígenas abandonar las tierras que actualmente se encuentran bajo la posesión de éstos". El informe agrega que "según lo recabado por personal de esta Brigada Especializada, los argumentos esgrimidos por la comunidad indígena para no entregar las tierras al empresario en cuestión, se basan en los "títulos realengos" entregados en 1823 a los huilliches por la Corona Española los que, según ellos, constituyen documentos probatorios de posesión territorial.

Las indagaciones encargadas a los detectives arrojaron que "la principal demanda huilliche, cual es la reivindicación de los territorios por parte del Estado chileno, se viene dando desde hace varios años a la fecha" y que estas familias indígenas "dicen mantener guardados otros documentos de orígenes ancestrales que los habilitan como legítimos propietarios y poseedores de las tierras". Asimismo, el equipo investigador informó al mando superior que existe una porción de tierras mapuches en conflicto con el empresario, que se refiere principalmente a las localidades de Inío, Tweo, Yaldad y Colonia Yungay, que en su totalidad involucran a más de 200 familias.

"Todas estas comunidades -señala el informe policial- están ligadas al Consejo General de Caciques, presidida por el Lonko Mayor, Carlos Lincomán Lincomán; asistido por el Huerquén del Consejo de Caciques, Manuel Rauque Huenteo (estudiante de Periodismo de la Universidad Arcis de Castro); y el antropólogo y profesor de la Universidad Arcis de Castro, Manuel Muñoz Millalonco. A los anteriores se agregan la Directora de la Conadi, María Elena Huenchor; el Arzobispo de Ancud, Monseñor Juan Luis Ysern de Arce y un grupo de abogados de diferentes ciudades (Castro, Puerto Montt, Osorno, Santiago, etc.)".

Las mismas indagaciones realizadas en Chiloé por los detectives, vertidas en el informe, concluyen que "conforme a la convicción de la comunidad indígena asentada en el lugar que hoy es de propiedad del empresario Sebastián Piñera, existiría una confrontación de títulos (títulos realengos y títulos legales), sobre los cuales debería primar, según ellos, los títulos realengos, puesto que serían elevados a la calidad de tratados internacionales (Tratado de Tantauco)", detallan los agentes enviados por la jefatura de la policía civil.

En el mismo contexto, los agentes encubiertos tomaron conocimiento que el Arzobispo de Ancud, "en una ceremonia simbólica habría sido nombrado "Williche Honoris Causa" por su férrea defensa a los derechos de los huilliches de la zona, quien inclusive habría viajado a la República de España para hacer llegar a la corona española una copia del tratado y los otros antecedentes ya mencionados, con el claro objetivo de que dichas autoridades hagan "lobby" sobre el estado chileno, para acceder a las demandas ya planteadas".

La ceremonia "simbólica" mencionada por los agentes se desarrolló el pasado 30 de abril, día en que la comunidad local participó masivamente de la última eucaristía de monseñor Juan Luis Ysern como pastor de la diócesis chilota, realizada en el Gimnasio Fiscal de Castro. Hasta dicho lugar llegaron comunidades mapuche-williche de los más diversos lugares como Linao, Ancud, Queilen, Chacao, Aysén y Melinka para despedir al Arzobispo, quien ese día firmó su renuncia para remitirla al Papa Benedicto XVI, tras cumplir 75 años. Tal como lo atestigua el informe de los agentes, Ysern se destacó por más de 30 años por su férrea defensa de los derechos de las comunidades, actuando como mediador entre el gobierno y las comunidades en varios conflictos de tierras.

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EL PREDIO ADQUIRIDO POR EL empresario chileno en la parte sur-oriental de la Isla Grande de Chiloé tiene su particular historia. Historia de despojos legales que se han repetido de manera constante en diversos periodos históricos. La primera vez que públicamente se supo que Sebastián Piñera estaba intentando emular al magnate Douglas Tompkins -propietario del Parque Pumalín de 300 mil hectáreas, al sur de Hornopirén- fue el 21 de diciembre de 2003. Es decir, casi quince meses antes que la JIPOL comenzara con su investigación hacia las comunidades y organizaciones mapuches. Posteriormente, en octubre de 2004, Piñera reconoció que "desde hace tiempo" había llegado a un acuerdo con Jeremiah Henderson, acuerdo que se concretó finalmente a mediados de diciembre del año pasado, cuando canceló los US$ 6 millones que implicó la transacción.

Las tierras hoy en disputa pertenecieron desde tiempos históricos a parcialidades mapuche-huilliches. Sin embargo, hacia el año 1923 gran parte del predio figura a nombre de la Sociedad Anónima Explotadora de Chiloé. Décadas más tarde, en 1968, fueron adquiridas por el conde francés Timoleon de la Taille, quien intentó explotarlas forestalmente, pero lo inaccesible y accidentado del terreno impidió su proyecto. En 1997, el magnate norteamericano Jeremiah Henderson adquirió las tierras con la idea de explotar el bosque nativo. Tampoco tuvo suerte en sus planes y apostó a que el boom del turismo aventura le permitiese vender parcelado el predio. Sin embargo, a poco andar canceló el proyecto y decidió -asesorado por Douglas Tompkins- aceptar finalmente la millonaria oferta que le hiciera el empresario chileno.

El predio adquirido por el abanderado presidencial es un verdadero paraíso natural. En la zona oeste, cuenta con 80 mil hectáreas de bosque virgen siempre verde poblado de alerces, mañío, coigüe, tepu, canelo, olivillo y ciprés de las guaitecas. Además existe una fauna rica en especies autóctonas, destacándose la presencia de pudúes, cisnes, coipos, monitos del monte y loberías. En la zona también hay una serie de lagunas y lagos, ríos, quebradas, humedales y al menos 100 kilómetros de costa. Pero no solo eso. Con las bellezas naturales del futuro parque conviven familias mapuche-huilliches que reclaman desde hace décadas sus derechos de propiedad sobre aquellas tierras.

Se estima que son más de 60 las familias mapuche-huilliches que reclaman pertenencia de las tierras adquiridas por el candidato presidencial, en base a los títulos "realengos" entregados a sus antepasados por la corona española, cuando Chiloé aún no formaba parte de Chile, y ratificados por el estado chileno en el Tratado de Tantauco, celebrado el año 1826. En la mayoría de los casos las familias residen sin títulos de dominio. Otros sectores del predio son reclamados por las comunidades de Waipulli, Weketrumao y Weketrumao Alto, Yaldad, Incopulli y Cocauque, algunas de ellas agrupadas en la Federación de Comunidades Huilliches -vinculada al gobierno- y la mayoría en el Consejo de Caciques del Buta Huapi Chilwe, esta última organización víctima de la investigación de los agentes policiales.

Si bien Piñera ha destacado desde el año 2003 sus intenciones de crear una "reserva natural" en Chiloé, la desconfianza de las comunidades es creciente, debido a los intereses comerciales del empresario y las potencialidades del ecoturismo a gran escala en dicha zona del territorio mapuche. Un secreto a voces es que en una segunda etapa, el proyecto contemplaría construir en la costa sur del predio, lodges de pesca deportiva y una marina para yates y veleros. Además, estaría entre sus planes construir una zona de restoranes especializados en productos del mar, hoteles y un gran parque marino que albergaría ballenas azules y lobos marinos, todo ello con fines netamente "comerciales", según denuncian las comunidades.

Según la Fundación Terram, el proyecto de Piñera contempla transformar gran parte de las tierras adquiridas en un gran Parque de Eco turístico, al estilo del Parque Yellowstone, en Estados Unidos, que año tras año recibe millones de visitantes de todo el mundo. El proyecto del empresario contemplaría recibir -en un inicio- a cerca de 100 mil visitantes al año. Un sector correspondería a un corredor de unos 50 kilómetros que conectará los lugares más atractivos de la isla con el corazón del parque, donde se instalará un completo centro de servicios para el visitante, con cabañas y lugares de camping. En una segunda etapa se incorporarían deportes aventura, como escalada y canotaje.

Por otro lado, conocidos son los vínculos que mantiene Piñera con el empresario y multimillonario Anacleto Angelini, magnate italo-chileno radicado de hace décadas en el país y uno de los principales "depredadores" de los recursos naturales a través de sus pesqueras, forestales y petroleras, según denuncian organizaciones mapuches y ecologistas. Angelini -conocido en Italia como el "emperatore de Chile"- controla cerca de 1.000.000 de hectáreas a través de la empresa Forestal Bosques Arauco, que ha sido denunciada por su enorme poder destructivo del bosque nativo y por protagonizar numerosos conflictos territoriales con comunidades mapuche en las regiones VIII y IX. Hoy, dirigentes mapuche-huilliches no descartan que a través de Piñera, Angelini pretenda expandir sus dominios en el negocio de las plantaciones forestales a la isla de Chiloé.

“A Piñera sólo le conocemos su postura política y no sus obras como para desconfiar de él, pero si tuviéramos que apelar a las experiencias del pasado, nosotros desconfiamos en general de la gente con mucho poder económico, porque no sólo nos han pasado a llevar 100 veces sino que 1.000 y una vez, por eso hay una cierta precaución con este tema”, señaló -en entrevista con Azkintuwe en mayo de 2004- Sergio Cuyul, coordinador de la Federación de Comunidades Huilliche. Según Cuyul, las comunidades tienen “todos los papeles en mano y ellos (las autoridades) nunca los han considerado, porque la gente de las comunidades no sabe hasta dónde llegan sus terrenos".

El Consejo General de Caciques, por su parte, asegura que Sebastián Piñera en la zona simplemente ha comprado un "problema". El antropólogo y asesor de esta entidad, Manuel Muñoz Millalonco, asegura que los williche tienen una posición clara y que el hecho que cambie la propiedad de los terrenos, no modifica en nada los derechos "ancestrales, históricos y patrimoniales" de las comunidades. Muñoz explicó a El Llanquihue que si bien hay un dominio legal, existe un dominio desde la perspectiva de los derechos legítimos de las comunidades. "En el mismo Tratado de Tantauco se resguardan los derechos de las comunidades williche ", recordó.

Muñoz Millalonco recordó que estos derechos están vigentes desde el punto de vista del derecho internacional. "Eso, cualquier persona que compra esas tierras, tiene que tenerlo presente", aseveró. "Si Henderson vendió, fue precisamente porque compró un problema", insistió. Muñoz recalcó que el problema territorial subsiste más allá de quién haya comprado. "Hay una legitimidad que es incuestionable", aseguró. El asesor descartó que el objetivo final de Piñera -el turístico y ecológico- cambie en algo la posición de reclamo territorial de los williche .

"El Estado siempre nos ha pedido que delimitemos los predios, pero ese es un trabajo enorme, cuesta mucho dinero. Sin embargo, a las empresas grandes nadie les pide eso, entonces ahí hay un síntoma de discriminación”, agrega por su parte Cuyul. Consultado respecto de los planes de Sebastián Piñera en la zona, Cuyul fue enfático en señalar que las comunidades tomarían todas las medidas necesarias en el caso que el proyecto significase una violación a sus derechos ancestrales de propiedad. “Si nos pasan a llevar nuevamente, tenemos pensado recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hacer justicia con esto y para que se acabe el racismo”, sentenció / Azkintuwe

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