EL TENUE SOL DEL MEDIODÍA fue rápidamente eclipsado por las miles de sombras que convocan las cárceles. Y la de Traiguén no es diferente, aunque el fumante mate de la generosidad mapuche entibia de a poco la infinita tarde. Es que, a pesar de la injusta situación en la cual se encuentran, los lonkos Pascual Pichun de Temulemu y Aniceto Norin de Didaico, mantienen viva la llama de la esperanza y, por sobre todo, la fuerza para continuar la lucha por su libertad y la de su pueblo.

La mirada y la palabra de ambos reflejan ira y frustración, pero, al mismo tiempo, la absoluta convicción de la justeza de su bregar. La situación de los lonkos mapuches parecería increíble si no sucediera en Chile, parecería insólita si no se conociera la abyecta historia del pueblo mapuche en relación al Estado chileno. Claro, porque a pesar de haber sido perseguidos por la justicia chilena, haber sido absueltos y vueltos a detener y juzgar, la Corte Suprema en una increíble decisión, resuelve anular el último juicio que los afecta y, nuevamente, realizar todo el procedimiento penal, aunque los lonkos en la actualidad están ya cumpliendo una pena de 5 años y 1 día por supuesta “amenazas terrorista”.

El máximo tribunal anuló el fallo que, en noviembre del año pasado, absolvió a 8 integrantes de la Coordinadora Arauco–Malleco (CAM) del delito de “asociación ilícita terrorista”, por lo mismo, varias organizaciones de derechos humanos han expresado su desazón y crítica a las actuaciones del poder judicial chileno. Sebastián Brett, sociólogo e investigador para el Cono Sur de la organización internacional “Human Rights Watch” manifiesta su preocupación por la anulación del juicio anterior de Pichun y Norin, básicamente, porque la Corte Suprema falló que el tribunal oral de Temuco, que absolvió unánimemente a los acusados mapuche, no había fundamentado suficientemente sus razones para desestimar pruebas presentadas por la Fiscalía.

"Sobre este punto es importante señalar la opinión disidente del Ministro Milton Juica quien dijo que, según el Código Procesal Penal, la sentencia debe contener “una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados. Esto es lo esencial, se trata de convencer de la manera más certera cómo se establecieron los hechos o circunstancias, pero dicho rigor no puede ser igual respecto de aquellos que no pudieron ser probados". Creo que la opinión de Juica es un fiel reflejo del espíritu garantista del nuevo código. Es más, pienso que la doctrina aplicada ya dos veces por la Corte Suprema puede vulnerar la presunción de inocencia que es un fundamento básico del nuevo sistema de justicia. En segundo lugar, la Corte entró a calificar las pruebas presentadas en el juicio, asunto que compete únicamente al tribunal oral. Más grave aún, la Corte señaló textualmente que era “evidente que un análisis pormenorizado de la prueba rendida deberá conducir a una sentencia totalmente diferente”. Es poco menos que sugerir cómo el tribunal que debe escuchar las pruebas por segunda vez debe fallar”.

Esto último no hace sino refrendar la convicción de los lonkos de que, como indica Pascual Pichun, “da lo mismo lo que digamos o hagamos, ellos ya decidieron condenarnos, esto no es jurídico, sino político. Ya fuimos absueltos y después tuvimos otro juicio, fuimos a mostrar la cara, porque somos inocentes. Creímos en la justicia y nos equivocamos. De hecho, el segundo juicio fue peor que el primero, porque buscaron una manera de condenarnos, tenía que haber culpables y nos culparon a nosotros; era lo más fácil para ellos. Por eso digo que esto no es jurídico sino que político”. Efectivamente, si uno analiza, aunque sea someramente, los pormenores y algunos procedimientos del ultimo juicio no puede sino colegir que la legalidad huinka dista mucho de ser justa, especialmente si se recurre a la utilización de testigos protegidos o sin rostro.

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PORQUE AL NO PODER SER condenados por actos terroristas, en particular el incendio del fundo Nancahue en el año 2001, el Ministerio Público recurre a la figura de “amenaza terrorista” para mantener a Pascual Pichun y Aniceto Norin en la cárcel. Y, también en el juicio realizado en Temuko contra la Coordinadora Arauco-Malleco a fines del año pasado, el Estado utiliza a testigos protegidos para que, desde la impunidad de su privilegiada posición, declaren contra los 8 imputados en el juicio por “asociación terrorista”.

Dicha práctica ha sido criticada y rechazada por diversos organismos y, en particular, por el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Human Rights Watch que, en un informe conjunto emitido en octubre de 2004, señalan categóricamente que “el uso de testigos cuya identidad se oculta al acusado y sus abogados defensores limita seriamente el alcance de la defensa, y aumenta el riesgo de condenas impugnables. Estos testigos comparecen en el tribunal detrás de biombos que impiden que los vean los acusados, sus abogados o el público. En el juicio contra Pascual Pichún, Aniceto Norín y Patricia Troncoso, los testigos ocultos hablaron a través de micrófonos que distorsionaban la voz. En principio, el uso de testigos no identificables es una limitación inaceptable del derecho a la defensa. Es particularmente grave si las pruebas que presentan son cruciales para la acusación y una condena pudiera depender de ellas”.

Es más, “los organismos internacionales de derechos humanos han expresado la opinión de que el uso de testigos anónimos viola las normas internacionales con respecto al debido proceso”. El recurso a dichos testigos se ha convertido en práctica habitual en la persecución del pueblo mapuche y es parte integral de la Ley Antiterrorista; estas personas son pagadas y protegidas por la policía transformándose en la principal evidencia aportada por los fiscales en los juicios contra dirigentes y comuneros mapuche. Es, sin duda, lo acaecido en los juicios de Poluco Pidenco en la comuna de Ercilla donde se involucró a miembros de la CAM, y de Nancahue y San Gregorio en Traiguen donde se acusó a los lonkos Pichun y Norin.

La verdad, sostiene Pichún con la mirada fija en el ardiente mate, es que “no hay justicia en Chile, por un momento pensamos que los jueces iban a ser transparentes, pero quedó muy claro que esto es más política que otra cosa. Los llamados testigos sin rostro son todos testigos comprados, todos mienten, se ponen nerviosos, se contradicen, pero nada importa, porque los tribunales nos tienen condenados de antemano. Como lo harán ahora con el nuevo juicio que ordenó la Suprema. El Ministerio publico tiene una persona presa sin cargos, porque yo nunca he participado en nada”.

Pero, está meridianamente diáfano que, como afirma categórico Aniceto Norin, “el que tiene el poder hace lo que quiere, había más de 140 testigos protegidos o descubiertos, da lo mismo, porque todos mienten. Los fiscales incorporaron nuevas pruebas en el segundo juicio, aunque eso no es legal, pero no aceptaron nuevas pruebas nuestras”. En el marco de un sistema jurídico sin garantías para la adecuada defensa, no deja de ser inaudito que uno de los testigos presentado por el Ministerio Público para condenar a los lonko de Temulemu y Didaico, fuera virtualmente ciego y sordo. Es que el nuevo testigo presentado dio origen a una situación tragicómica que, lamentablemente, devino en la condena de gente inocente que en la actualidad pasa luengos días y noches en prisión sin que a nadie realmente le importe el uso de testigos falsos.

Esta es, entonces, la dimensión trágica de la situación, pero también existe aquella dimensión hilarante que, incluso hoy recuerda con cierto desdén Pascual Pichun; claro – dice – “da risa y rabia que nos condenen por un testigo que ni siquiera nos conoce, de hecho, le preguntaron al testigo si conocía a los acusados y no nos encontró en la sala ¡Estábamos ahí mismo! Lo único que dijo fue que nos parecíamos a Caupolican”. La confirmación de lo señalado por Pichun proviene del lonko de Didaico, Aniceto Norin, quien manifiesta que “al testigo falso lo trataron de preparar bien, pero igual se contradijo, declaró que solo ve a 2 metros de distancia, pero de acuerdo a su propio testimonio las supuestas personas que quemaron la casa del fundo Nancahue pasaron a mas de 4 metros, que llevaban un bidón, iban encapuchados y con escopetas. Nombró mucha gente, pero ¿ Cómo los reconoció si iban encapuchados? Él dice que los reconoció por la forma de hablar, pero casi no escucha, es más, el propio fiscal le tuvo que colocar un audífono para que pudiera escuchar lo que se le preguntaba en el tribunal”.

Pero existe otro cúmulo de contradicciones que los fiscales, los jueces, y ahora la Corte Suprema, ignoraron a fin de condenar a los lonkos de Traiguén, de otra manera no se entiende que aquel testigo declarara – como indica Pichun – que “la casa del fundo Nancahue se quemara a las 12 del día y después señale que en realidad se quemó en la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana. Que primero diga que estaba en el fundo buscando chanchos que se le habían perdido y después diga que estaba en su casa, ubicada a 3 kilómetros de distancia del fundo, y que desde ahí vio a gente que quemaba la casa patronal. ¿Pero como puede ver desde allá si ni siquiera nos puede reconocer a dos metros de distancia? ¡¿Cómo pudo ver a tres kilómetros de distancia?! Lo concreto es que los fiscales no tenían pruebas y toda la acusación es injusta, por lo mismo, ahora con la anulación del juicio por parte de la Suprema, no existe ninguna posibilidad de un juicio justo. La anulación del juicio es ridícula, fuimos absueltos, salimos libres ¿Y saben por qué? Por la sencilla razón de que somos inocentes".

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SIN EMBARGO LA INOCENCIA o incluso la presunción de inocencia, pareciera no existir en el marco del denominado conflicto mapuche, porque el Estado chileno hace ya tiempo ha adoptado una clara política de criminalización del movimiento que en poco o nada difiere de las tácticas utilizadas por la dictadura militar contra sus oponentes. Entonces, las posibilidades de un nuevo juicio justo son nulas o, como sostiene Sebastián Brett, es posible argumentar que “ya recibieron un juicio justo y fueron absueltos".

"Creo que se respetó el debido proceso salvo en algunos aspectos como el uso de testigos sin rostro cuya identidad es desconocida por los acusados, un procedimiento que objetamos porque vulnera los derechos de la defensa. En todo caso, para el tribunal las pruebas presentadas por estos testigos tenían poca credibilidad. Ahora el nuevo tribunal tendrá que escuchar estos testigos de nuevo, y la Corte Suprema ya ha dado una opinión que su reconsideración, entre otras pruebas, debería conducir a una sentencia distinta a la primera. En estas condiciones, y conociendo lo que pasó con el segundo juicio a los lonkos, uno debe ser bastante pesimista en cuanto a que el tribunal pueda fallar con total independencia y confianza en sus conclusiones, sean lo que sean”, señala.

Este pesimismo es compartido por ambos lonkos que, desde la lobreguez de la cárcel, expresan su convicción de “que nos van a condenar igual, y aunque sea mínima la condena no es justo, de hecho, nos pueden condenar hasta 15 años por algo que no hicimos. Por eso, muchas cosas tenemos en nuestro pensamiento, tienen que unirse afuera, tienen que hacer algo, porque el juicio se aproxima; si no hay movimiento de apoyo nos van a condenar nuevamente. Los hermanos tienen que comprometerse, ahora somos nosotros, pero después van a venir otros hermanos condenados. La solidaridad y el apoyo tienen que ser concretos y reales, no solo promesas, muchos dicen que están con los presos, pero no nos vienen a ver. Los peñi y lamngen en Angol hicieron huelga de hambre y no sacaron nada, porque no hubo gran apoyo afuera y porque el Estado chileno se ríe de los mapuche, no le importa lo que hacemos y solo buscan destruirnos, nos acusan de terroristas, porque queremos recuperar nuestra tierra, pero los terroristas son ellos que nos han querido destruir. Juan Agustín Figueroa, dueño del fundo Nancahue y uno de los principales acusadores e instigadores de la utilización de la Ley Antiterrorista en contra del pueblo mapuche, nos trató de delincuentes y nadie dijo nada. Es cosa de mirar nuestra historia para ver quienes son los delincuentes y terroristas”.

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Y CLARO, UNA LIGERA MIRADA a la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, y otros pueblos originarios, define dicha relación en términos de dominación y violencia, racismo y discriminación, expoliación y usurpación. Es decir, una translúcida relación de terror sistemático destinado a la destrucción cultural y física de los pueblos indígenas o, en el mejor de los casos, la asimilación de éstos a la sociedad chilena. Uno de los instrumentos utilizados por el Estado y gobiernos de distinto tipo ha sido la legislación indígena y, también, leyes dirigidas a dividir, neutralizar y destruir al movimiento mapuche organizado.

A ello apunta la Ley Antiterrorista la cual, según Brett de Human Rights Watch, “facilita la persecución del delito y restringe los derechos procesales de los acusados. Esa es su racionalización y es por eso que deben utilizarse solamente en casos de extrema gravedad. Un experto en la materia, A.P. Schmid, ha calificado el terrorismo como el equivalente de un crimen de guerra cometido en tiempo de paz. Los delitos terroristas son gravísimos, comparables a violaciones graves a los derechos humanos (recordemos que la Constitución los califica explícitamente de esta manera). La mayoría de los hechos por los cuales los mapuche han sido acusados son delitos contra la propiedad. Después de diez años de este conflicto la única víctima fatal es un mapuche muerto por un policía. El gobierno mismo ha reconocido que no hay terrorismo en Chile. El uso de la legislación antiterrorista no es solamente una respuesta exagerada y un abuso del poder del Estado contra los más débiles, también vulnera su derecho a un juicio con todas las garantías procesales".

"El gobierno ha dicho recientemente, en respuesta al informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los indígenas, que propone revisar la Ley Antiterrorista. El gobierno y la Fiscalía no deben iniciar este tipo de juicio en el futuro, y deben cambiar la ley para que tampoco lo pueda hacer otra persona. Esperamos que el gobierno demuestre buena fe en este sentido al desistirse de la acusación por terrorismo en el segundo juicio que ha de celebrarse ahora en el caso de los absueltos por asociación ilícita terrorista”, añade.

Es que, incluso las más elementales definiciones de terrorismo no calzan con la naturaleza de las acciones realizadas por el pueblo mapuche en el contexto de sus reivindicaciones de tierra o territoriales. El uso de la violencia extrema, la amenaza, el miedo y las repercusiones sociales y psicológicas de una acción de carácter terrorista no se condicen en modo alguno con las acciones reivindicativas del pueblo mapuche en los últimos ocho años. Las recuperaciones de tierras, la autodefensa ante la agresión policial y diversos grados de control territorial ejercidos por el pueblo mapuche en algunas comunidades nada tienen que ver con el terror y, menos aún, con el terrorismo.

No existe ni ha existido la aplicación de la violencia destructiva, el recurso al terror o la histeria colectiva; es más, los principales afectados por la violencia han sido los comuneros mapuche cuyos hogares y comunidades han sido allanados una y otra vez por ingentes fuerzas policiales. Norin lo tiene muy claro, porque aquí – dice – “nos han colocado muchos nombres: terroristas, delincuentes, extremistas, pero aquí ni siquiera hay conflicto, solo reivindicación del territorio que nos corresponde, lo que nos robaron. Los huinka lo nombran conflicto, pero es solo reivindicación. Los terroristas son ellos, allanan las comunidades, llegan golpeando, pegándoles a niños y mujeres, echan las casas abajo. Las armas nuestras siempre son las boleadoras, las piedras para defendernos y ellos llegan armados con tanquetas, helicópteros, escopetas”.

A pesar de la evidente asimetría de esta lucha, el Estado continúa usando los mismos métodos y medios de la dictadura para intentar doblegar la resistencia del movimiento mapuche. Pero, irrespectivamente de lo que digan, señala Aniceto Norin, “nunca hemos sido terroristas, es más, en el juicio que nos hicieron fue la primera vez que veo como se hace una bomba molotov y otros artefactos explosivos más poderosos, porque lo mostraron en un video”. Aún así, “nos acusaron de estar vinculados a la ETA y a las FARC, incluso fueron a ver un campo en Nahuelbuta donde, supuestamente, nos entrenábamos. Todo es tan absurdo que hasta los guardias aquí en la cárcel saben que las acusaciones son falsas”. Lo que pasa, y de eso poca duda cabe, es que, como plantea Pascual Pichun, “detrás de todo esto está Figueroa, esto no es jurídico, sino político y, por lo mismo, este no es problema solo nuestro sino que de todo el pueblo mapuche”.

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ES UN PROBLEMA QUE ATAÑE a todo el pueblo mapuche y, por cierto, a toda la sociedad chilena, porque no es posible que un país que se autodenomina democrático sea regido por un gobierno que recurre a la Ley Antiterrorista que, en los hechos, como señala Roberto Garretón, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, coloca “al mismo nivel al lonko Pascual Pichun y a Bin Laden”. Lo anterior no constituye solo un despropósito, sino que es lisa y llanamente una barbaridad. No obstante, nuevamente los lonkos están siendo investigados por “supuestas amenazas terroristas” con motivo de una carta presuntamente firmada por ellos y publicada en un medio electrónico de la región de la Araucanía.

En dicha epístola se manifiesta que "desde hoy el señor Figueroa se transforma en nuestro primer enemigo y peor vecino de la historia y llamamos a todos los luchadores a enfrentar y vencer esta epidemia de la zona como es Figueroa y a luchar contra él desde el último rincón de nuestra Wallmapu hasta derrotarlo". El Ministerio Público designó al fiscal regional subrogante, Sergio Moya, para investigar el caso, pero, para muchos – incluso al interior de la Concertación – es evidente que aquí no solo no hay amenazas - sino que, lo más importante, se aprecia la mano de Figueroa. El diputado socialista Alejandro Navarro declaró que el ex ministro de Agricultura y miembro del Tribunal Constitucional “es el verdadero victimario y no una víctima, pues abusando de su derecho a la acción, utilizó la Ley Antiterrorista, luego anuló el fallo, utilizando las brechas y resquicios de la reforma que él bien conoce como profesor de derecho procesal de la Universidad de Chile. Si la carta es realmente de ellos, los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín no han cometido un nuevo delito de amenazas, sino sólo hecho uso de su derecho de libertad de expresión”.

Es en este contexto que Navarro califica a Figueroa de “terrorista jurídico”, porque “ha logrado pervertir el uso de la ley a favor de su espíritu de venganza”. Es el mismo argumento de los lonko que indican categóricamente que “aquí se acepta todo lo que dice Figueroa, nosotros tenemos la fuerza, tenemos el newen, pero Figueroa es parte del poder”. Por eso, dice Norin, “el habla de que los mapuche debemos reciclarnos, no le importamos ni a él ni a nadie”. “Aquí hay persecución política, señala Pichun, por reclamar el derecho a la tierra se nos contaminó el agua, murieron los animales, porque las empresas forestales destruyen todo. Pero el territorio es nuestro, no de los empresarios o del gobierno. Lo quitaron por la fuerza, incluso tengo mapas, documentos que confirman que es nuestro, hasta esta cárcel es mía, es nuestro territorio. Ningún mapuche antiguo ha dejado de luchar por su territorio. Nos robaron ellos y ahora nos dicen terroristas”.

Por ello es que el senador Alberto Espina de la derechista Renovación Nacional, manifiesta su regocijo por la decisión de la Corte Suprema de anular el juicio de los lonko expresando que “detrás de cada acto terrorista se alejan las posibilidades de inversión privada en la región”. En otras palabras, su preocupación no está, obviamente, con los mapuche y su aniquilamiento como pueblo, no está en la destrucción del bosque nativo ni en sus derechos ancestrales como pueblo originario. Su única preocupación radica en la estabilidad social para la adecuada inversión privada y la operación de capitales nacionales o foráneos en territorio mapuche.

Es lo que plantea Juan Pichun Collonao, el joven hijo del lonko de la comunidad de Temulemu, al sostener que “detrás de las querellas y enjuiciamientos están Figueroa, la Forestal Mininco, el Ministerio de Justicia, está toda la maquinaria del poder. Al gobierno no le preocupa resolver el tema mapuche, sino que frenar la lucha y las reivindicaciones de tierra, que se garanticen las inversiones forestales y el funcionamiento de las empresas multinacionales en territorio mapuche. En el Puelmapu (Argentina) se repite la misma historia: allá está Benetton, acá Figueroa, allá las empresas petroleras, acá las forestales. Por eso decimos que este es un tema político y no judicial, porque si fuera solo jurídico no habría ningún peñi preso, habrían sido todos absueltos por falta de pruebas", señala.

Y prosigue. "Es el sistema capitalista antihumano que nos están imponiendo lo que tenemos que denunciar y contra lo que tenemos que luchar, hoy los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Y Juan Agustín Figueroa es parte de este sistema, dueño de fundo y parte del poder, el se ha transformado en perseguidor del pueblo mapuche y se ha embarcado en una lucha personal contra la familia Pichun Collonao y quiere por todos los medios acabar con nosotros. Hoy tenemos a nuestro padre en la cárcel, dos hermanos clandestinos y a mí me han procesado varias veces. Acá nos han allanado muchas veces y los niños han estado presentes, también las mujeres y los ancianos", denuncia.

"Siempre, en todo, ha estado presente la familia Figueroa, en el sentido de que han declarado en contra nuestra: Rafael Insunza, administrador del fundo y sobrino de Figueroa testificó en contra nuestra acusándonos de levantar una guerrilla rural; también lo hizo su madre Aida Figueroa y, por supuesto, el ex ministro. Por todo lo anterior, difícilmente se puede creer en la justicia chilena y por eso vamos a presentar nuestro caso en todos los espacios que se nos den a nivel internacional, en todos los organismos que trabajan por la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, porque aquí en Chile se han agotado todos los espacios, el gobierno no nos toma en cuenta”. Es que al gobierno no le importan los mapuche, es nuestro pensamiento, dicen los lonkos que, a pesar de todo y contra todo, continúan desde la cárcel su lucha, porque es su territorio, su pueblo, su vida / Azkintuwe

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