VÍCTOR ANCALAF SIEMPRE FUE considerado uno de los "duros" del conflicto mapuche. Corría el año 1998 y las primeras ocupaciones de fundos forestales y enfrentamientos con las fuerzas policiales sorprendían al gobierno de Eduardo Frei y a una opinión pública castrada en su memoria histórica. A diario, nuevas y masivas movilizaciones mapuches se sucedían en diversos puntos del Gulumapu, amenazando "el estado de derecho y la propiedad privada en vastas zonas del sur", según editorializaba escandalizado por aquellos días El Mercurio, vocero del sector empresarial chileno. Y a la cabeza de estas acciones, dos jóvenes y desconocidos dirigentes de nombres José Huenchunao Mariñan y Víctor Ancalaf Llaupe.

A fines de los noventa, el fracaso de las políticas indigenistas post dictadura, caracterizadas por la burocrática y a ratos improductiva implementación de la Ley Indígena 19.253, hacían cundir el descontento a nivel de comunidades mapuche. Esperanzadas en que el nuevo escenario político significase una mejora en sus difíciles condiciones de vida y, principalmente, trajera consigo reparaciones a la expoliación territorial sufrida tras décadas de atropellos, hacia el año 1997 el panorama era francamente desalentador. Desde el retorno de la democracia el año 1990, escasas hectáreas de tierras usurpadas habían logrado ser restituidas a sus legítimos dueños, centrándose más bien el trabajo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en atender aspectos culturales o meramente folclóricos de estas demandas y reivindicaciones.

Como contrapunto, el avance de las transnacionales se había incrementado de manera implacable en diversos puntos del Gulumapu. Proyectos como la Represa Ralko, la Carretera de la Costa, la Planta de Celulosa Arauco en Mehuin y el By-Pass de Temuko, por nombrar solo los más emblemáticos, dejaban el publicitado artículo 13 de la flamante legislación indígena -en teoría encargado de "proteger" las tierras de las comunidades al declarar que no podrían ser enajenadas, embargadas, grabadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas mapuche- como un triste saludo a la bandera.

Los costos del progreso, se esgrimía con inusitada sangre fría por aquellos años. Más aún tratándose de una Concertación de Partidos de gobierno que de buena gana aceptó no solo administrar el modelo económico neoliberal heredado de la dictadura militar de Pinochet, sino que además se comprometió con su definitiva profundización. Ante este escenario de promesas incumplidas, acuerdos olvidados y burocracia indigenista, las comunidades simplemente se cansaron de esperar y decidieron pasar a la acción.

Y el descontento acumulado estalló en diciembre del año 1997 en las cercanías del poblado de Lumako, cuando un grupo de comuneros atacó un comboy maderero de la empresa Forestal Bosques Arauco, propiedad del magnate italo-chileno Anacleto Angelini, exigiendo la restitución inmediata de poco más de 3 mil hectáreas de territorio usurpado. No más listas de espera, no más burocracia indigenista, no más doble estándar pareció ser el mensaje lanzado -junto a los cócteles incendiarios-por los miembros de las comunidades Pichilonkoyan y Pilinmapu responsables de la acción, identificadas a partir de entonces por el gobierno y sus organismos de seguridad como "zonas en conflicto" territorial.

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BASTÓ QUE LA ACCIÓN DE LUMAKO estallara en las pantallas de los principales medios de comunicación del país, para que otras comunidades decidieran seguir el ejemplo y nuevas acciones se repitieran en Tirúa, Traiguén, Collipulli y Los Alamos. Del espontaneismo a la coordinación, restaba solo un paso. Y este se dio en diciembre del año siguiente en la localidad de Tranaquepe, Arauko, cuando tras la realización de un masivo encuentro de comunidades nace la Coordinadora Mapuche Arauko-Malleko (CAM), organización de base liderada por un colectivo de lonko tradicionales y encabezada de manera pública por dos jóvenes y hasta entonces desconocidos werkenes: José Huenchunao, por las comunidades de Arauko, y Víctor Ancalaf, por las comunidades de Malleko.

El salto de Víctor Ancalaf a la primera plana de la figuración pública había ocurrido, sin embargo, unos pocos meses antes. Fue a comienzos del año 1998, cuando increpó duramente al entonces Presidente Eduardo Freí Ruiz-Tagle durante su visita oficial a la sureña localidad de Mininco, sorprendiendo tanto al propio mandatario como a la numerosa prensa que formaba parte de su comitiva. En dicha ocasión y en momentos en que el Presidente Frei leía su discurso ante la multitud reunida en la Plaza de Armas del poblado, un grupo aproximado de 15 mapuche se tomó el estrado, boicoteando el acto con consignas alusivas a la recuperación de sus tierras y a la acción depredadora de las transnacionales.

"Los mapuche llevamos cientos de años habitando estas tierras y hoy estamos arrinconados, empobrecidos y marginalizados por la llegada de empresas transnacionales que no respetan nuestros derechos y por un gobierno chileno, demócrata según se dice, que trabaja codo a codo con estos usurpadores", señaló Ancalaf ante la multitud reunida. Y luego, mirando directamente a los ojos al primer mandatario, lanzaría una advertencia que lo convertiría al día siguiente en titular obligado de los principales diarios. "Frei, no se te olvide que estás en territorio mapuche", le grito el dirigente en su en su cara al presidente chileno, quien solo atinó a huir del lugar protegido por su todavía sorprendida escolta de seguridad.

Inmediatamente tras esta acción, las comunidades declararon Collipulli como "zona en conflicto" y, acto seguido, comenzaron a ocupar uno por uno emblemáticos fundos de Forestal Mininco, propiedad del magnate chileno Eliodoro Matte. Esto los llevó a establecer relaciones de apoyo con otras comunidades en lucha y, en diciembre de 1998, ser parte fundamental en la fundación de la Coordinadora Arauko-Malleko (CAM). De allí, ya nada los detuvo y en febrero del año 1999 Ancalaf volvía a figurar en las primeras planas de los diarios al participar -esta vez bajo el alero de la CAM- de la prolongada ocupación del Fundo Santa Rosa de Colpi de Forestal Mininco por parte de comunidades de Temulemu, El Pantano y Didaiko en la comuna de Traiguén.

La estrategia de la Coordinadora tuvo éxito. El tema mapuche volvió a ocupar las primeras planas y las pantallas, como no sucedía desde la polémica conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América. Entonces era el werkén Aucán Huilcaman quien, con verbo encendido, llamaba a construir sin permiso el ansiado "País Mapuche". Una década más tarde, era Ancalaf quien -junto a José Huenchunao- arengaba a las comunidades, ejerciendo su rol de werken y participando activamente de las recuperaciones de tierras impulsadas en distintos puntos de la zona sur del país por dicho referente autonomista.

Esta participación en las movilizaciones, un discurso radical y la especial preocupación que los organismos de seguridad manifestaban sobre su carismática figura, transformaron rápidamente a Ancalaf en un verdadero mito. Una especie de guerrero, que contrastaba en su accionar rebelde con la diplomacia y los buenos modales del líder del Consejo de Todas las Tierras, su referente dirigencial y público más cercano. Operó a favor de esta imagen su figura de rudo dirigente campesino, alejado de cualquier orientación política winka, y conocedor como pocos del sentir y la dinámica interna de las comunidades, las mismas que durante gran parte del año 1999 le posibilitaron burlar cotidianamente la acción de los organismo policiales, actuando como un efectivo manto de protección a su favor.

Entre los años 1998 y 2000, Ancalaf apoyó personalmente ocupaciones de fundos forestales en distintas zonas geográficas del Gulumapu, impulsando entre las comunidades la ocupación efectiva de predios como vía de presionar al gobierno y a las empresas foresta-les para su devolución. Ocupar, resistir y producir, eran sus consignas. Producto de estas acciones políticas, Ancalaf fue acusado de delitos contra el orden público y daños a la propiedad privada en reiteradas ocasiones, sin que se pudieran probar sin embargo -en muchos de esos casos- tales cargos por parte de los tribunales de justicia chilenos.

Sin embargo, más allá de los estereotipos y de las imágenes míticas levantadas principalmente por los medios de comunicación, Ancalaf siempre se consideró un sencillo dirigente de base, un padre de familia que luchaba en último caso por el futuro de sus cinco pequeños hijos, un dirigente que gustaba planificar personalmente las movilizaciones y alejado por completo de cualquier pretensión de poder al interior del movimiento mapuche. Por el contrario, crítico de la dirigencia mapuche de su tiempo, "que hacen política desde las ONGs", según ironizaba, Ancalaf se consideraba un dirigente en terreno, un luchador comprometido con las comunidades que lideraba y gustaba de predicar ante sus pares con el ejemplo.

Esto último quedó claro en marzo del año 2000. En momentos en que arreciaba en su contra la búsqueda de los organismos policiales, decide de manera sorpresiva liderar personalmente una inédita ocupación del Juzgado de Collipulli. La acción, desarrollada junto a otros 30 comuneros que coparon sin resistencia todas las dependencias del edificio y transmitida por los noticieros en vivo y en directo a todo el país, buscaba sacar a la luz pública una situación que el gobierno se esmeraba en mantener hasta entonces oculta: la real situación de prolongado encarcelamiento que afectaba a varios dirigentes y miembros de las comunidades en conflicto y que según Ancalaf, debían ser reivindicados como "presos políticos" de la democracia chilena.

Tras esta acción que finalizó con la entrega pacífica de las dependencias judiciales, Ancalaf sería detenido junto a la totalidad de los manifestantes, acusado de "desórdenes" y de "secuestrar" al ministro de la Corte de Apelaciones de Temuko, Lenin Lillo, magistrado que se encontraba casualmente de visita en el edificio al momento de producirse la insólita ocupación. Después de permanecer más de 5 meses recluido en la Cárcel de Temuko, tanto Ancalaf como el resto de los manifestantes recuperaron su libertad, siendo sin embargo la mayoría condenados años más tarde por desacato a la autoridad y secuestro.

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DOS AGITADOS AÑOS DE movilizaciones ininterrumpidas, la efectiva acción de los organismos policiales contra la cúpula dirigencial, las actuaciones asistencialistas del propio gobierno y un prolongado período en la cárcel, cambiarían la visión del dirigente respecto del escenario de conflicto que estaban enfrentando. De persistir con las ocupaciones y los enfrentamientos, el destino de la organización y sus miembros sería la cárcel, presagiaba Ancalaf. Por tanto, había llegado la hora de aceptar los ofrecimientos de diálogo del gobierno y atreverse a explorar la vía de la negociación. En resumidas cuentas, una tregua tras la rebelión.

Sin embargo, esto no era tan simple. Mientras Ancalaf proponía aceptar el diálogo allí donde las posibilidades de recuperar los predios por vías institucionales fueran reales, otro sector, liderado por Huenchunao y mucho más radical, rechazaba de plano tal posibilidad. Es así como a comienzos del año 2001, Ancalaf junto a otros dirigentes decide abandonar definitivamente las filas de la organización que dos años atrás había ayudado a fundar. La imposibilidad de aunar criterios y la visión crítica que el dirigente comienza a manifestar en torno al "voluntarismo" de las acciones de la CAM, sentenciaron su alejamiento. De su relación con Huenchunao, no quedaría ni siquiera el saludo, confidencian hoy sus más cercanos.

Una vez separado de las filas de la CAM, la nueva visión del dirigente lo lleva a apoyar decididamente las negociaciones establecidas por los dirigentes de la zona de Collipulli con la entonces Ministra de Mideplan, Alejandra Krauss. El pragmatismo le daría sus frutos. A comienzos del año 2002, dichas comunidades logran la firma de un histórico acuerdo con el gobierno, que involucraba la devolución de más de 3.000 hectáreas de tierras usurpadas por forestales y latifundistas a las comunidades en conflicto de dicho sector. Entre los fundos contemplados en el acuerdo figuraban los emblemáticos Rucañanko y San Jorge de Forestal Mininco, además de los fundos Granaderos, Pemulemu y Ginebra, propiedad de latifundistas particulares y que eran reclamados desde hace décadas por las comunidades sin resultado alguno.

Durante las negociaciones con la ministra Alejandra Krauss, sus ex compañeros de la CAM acusaron públicamente al dirigente de "trabajar" para las autoridades de gobierno. Ancalaf dolido en su orgullo pero fiel a sus principios, prefirió guardar silencio y dejar que fueran sus acciones las que hablaran por él. Es así como paralelo al proceso de negociación con las autoridades, se comprometió activamente entre los años 2002 y 2003 en la defensa del territorio pehuenche amenazado por la construcción de represas hidroeléctricas en la zona del Alto Bio-Bio, proyecto impulsado por la transnacional Endesa-España con la venia cómplice del gobierno chileno.

Por este apoyo a la lucha de las hermanas Nicolasa y Berta Quintreman, Ancalaf fue acusado de "atentados terroristas" en contra de maquinarias e instalaciones de la multinacional y arrestado en noviembre del año 2002 tras un violento operativo desarrollado por agentes de civil de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOLCAR) en Temuko. Desde esa fecha, el dirigente permanece recluido en el Módulo de Presos Políticos de la cárcel El Manzano de Concepción. El pasado 22 de noviembre, la Corte Suprema de Santiago ratificó su condena a 5 años de cárcel dictada por el ministro en visita de Concepción Diego Simpertigue, en un proceso plagado de irregularidades y basado en la legislación antiterrorista creada por el régimen de Pinochet. Paradójicamente, la misma ley que tiene hoy tras la rejas o clandestinos a sus ex compañeros de la CAM.

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A DIFERENCIA DE OTROS dirigentes, pertenecientes a familias de larga trayectoria en el quehacer político y herederos -según se declaran- de un particular "linaje" de mando, hacia fines de los noventa Ancalaf era, al interior del movimiento mapuche- un perfecto desconocido. Miembro de una comunidad lafkenche que perdió sus tierras producto del maremoto del 60' en Nehuentue, gran parte de su infancia transcurrió como allegado en los fundos donde su padre lograba encontrar trabajo y eventual cobijo para su extendida familia. De esta forma llegaría en su juventud a Collipulli, zona donde contraería matrimonio y forjaría un curriculum de hábil conductor de maquinaria agrícola, al servicio de fundos y campos del sector.

Y es que a pesar de ser orgulloso nieto de lonko y de machi, para este dirigente, representante sin duda de una nueva generación de líderes, su identidad o el trabajo político no era algo que le llamará poderosamente la atención en aquellos años. Prueba de ello -nos confiesa- sería su breve participación en las filas de la religión mormona, a fines de los años ochenta, credo religioso al que llegó persiguiendo a su actual esposa y no precisamente buscando la salvación eterna, según recuerda hoy entre risas. Sin embargo, su identidad mapuche lo perseguía y ya en los noventa, sólo cuando los dirigentes de la recién creada Asociación Comunal Mapuche se fijaron en él y lo invitaron a participar de su organización, Ancalaf lograría dimensionar la importancia de su origen.

Hoy resulta paradójico, pero fueron las propias autoridades, a través de la compra de tierras de CONADI, quienes posibilitaron que Ancalaf y su familia se establecieran definitivamente en la zona de Collipulli. El Fundo San Jorge, de hermosos parajes y bien cuidados potreros agrícolas, es hoy quizás la compra de tierras que más dolores de cabeza le ha traído al gobierno. Y es que comprado con millonarios fondos gubernamentales para ser traspasado a esta familia "sin tierra", rápidamente el lugar, rebautizado como "Comunidad Choin Lafkenche", se transformaría en el centro de operaciones de un ambicioso plan que Ancalaf y otros dirigentes venían madurando hacia tiempo: la recuperación de varios fundos aledaños al ex San Jorge para beneficio de un grupo de comunidades de la comuna.

Su posición geográfica resultaba estratégica y Ancalaf lo sabía. Rodeado de latifundistas particulares de impronunciable apellido alemán y empresas forestales como Mininco, Volterra y Millalemu, las comunidades desde hace décadas habían debido malvivir con la pobreza extrema y hostiles vecinos asentados en territorios que desde siempre reclamaron sin respuesta. Ahora, con la llegada de los Ancalaf a la zona, una esperanzadora cabeza de playa parecía ganar posición en el corazón mismo del territorio adversario. Y con este objetivo comenzaron a organizarse. Luego vendría la protesta ante Eduardo Frei, la formación de la CAM a fines del año 1998 y su nombramiento como werken. Y después, todo lo demás / Azkintuwe

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