"ESTÁBAMOS RECUPERANDO UNA tierra cuando llegó Guido Barría con su cuñado. Nosotros fuimos a ver que pasaba y yo iba adelante. Al llegar donde él le pregunté que porque estaba desarmando el cerco. Barría venía en su jeep y pasó por el lado mío. Luego paró y sin que yo le dijera nada más, se bajó, me disparó y luego se dio a la fuga”. El entrecortado y nervioso relato de Alejandra Cayul Llevilao (Ver Imagen), joven integrante de la comunidad Lof Mapu del sector Pedregoso de Lonquimay, da clara cuenta de la situación más difícil que le ha tocado vivir en sus cortos veinte años. Pero más allá de la implicancias personales que le está significando el haber sido baleada por el ex alcalde y concejal democratacristiano de la cordillerana comuna, el grave incidente ha sacado a la luz un nuevo conflicto de tierras entre colonos chilenos y comunidades pewenche, los cuales sólo aparecían en los medios cada vez que la agenda noticiosa se trasladaba a la zona de Ralko.

Tal como relata Alejandra, los hechos se generaron el 6 de junio cuando la comunidad Lof Mapu hizo frente a la actitud del político DC, que junto a otros familiares destruía un cerco que habían instalado días antes los comuneros. Tras ser interpelado por su actitud, Guido Barría Oyarzún disparó a quemarropa contra el grupo de pewenche, hiriendo en la clavícula y comprometiendo el pulmón derecho de Alejandra Cayul, quien rápidamente fue trasladada hasta el Servicio de Urgencia del Hospital de Victoria por sus familiares.

A pesar de la gravedad de los hechos y la denuncia de la comunidad, Barría sólo permaneció dos días detenido. Por el contrario, el 14 de junio, tras su liberación y producto de una orden emanada del Tribunal de Garantía de Curacautín, un fuerte contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros procedió violentamente al retiro del cerco instalado por los comuneros para delimitar sus tierras, generando un nuevo enfrentamiento que finalizó –como siempre en estos casos- con varios pewenche heridos, tres de ellos (Samuel Cayul, Soila Cayul Choima y Fidel Cayul Melio) por perdigones de la policía, debiendo ser hospitalizados de urgencia.

Ante estas situaciones, de claro tinte discriminatorios y represivo, las comunidades agrupadas en la organización Comunidades Mapuche-Pewenche en Conflicto, enviaron a los medios de comunicación regional un comunicado público de denuncia. Sin embargo, muy pronto pudieron comprobar lo parcial de las informaciones que entregaría la prensa regional, quienes acusaron insistentemente a los mapuche de “atacar” a la fuerza pública y “amenazar de muerte” al concejal chileno. De la misma forma, llamó la atención de los comuneros la actitud asumida por la justicia chilena, que tras dos días liberó a Barría, aplicándole medidas cautelares mínimas mientras durase la investigación del incidente. ¿Hubiera ocurrido lo mismo de ser Barria o su hija la baleada por un comunero mapuche?.

“Exigimos que la justicia chilena, de una vez por todas actúe. No queremos que este personaje quede impune por el delito cometido y que no se refugie en su calidad de concejal concertacionista”, señaló a Azkintuwe el werken Nibaldo Romero Cañumir. Para denunciar esta situación fue que decidieron convocar a una marcha de repudio por las calles de Lonquimay el pasado 11 de junio, en la que dieron a conocer públicamente su rechazo a la situación vivida. “Nosotros convocamos a una marcha de protesta contra el agresor de nuestra lamngen, el señor Barría, por cuanto es una de las formas de mostrar la disconformidad de nuestro Pueblo. Este señor creo una tensión artificial luego de haber baleado a nuestra lamngen”, recuerda el dirigente. Sin embargo, el poder político de la Concertación se hizo sentir con fuerza y las comunidades debieron sortear más de un problema para llevar a buen término la movilización. “Fue una marcha muy buena y masiva y eso que nos pusieron todos los obstáculos, como no dejarnos usar los buses de recorrido normal para poder bajar la gente y eso fue toda una manipulación por parte de Guido Barría”, nos señala Romero.

El werken pewenche también reclama por la actitud asumida otra vez por la prensa regional, en especial por El Diario Austral de Temuko, que tras la protesta tituló en su portada “Mapuches amenazan de muerte a concejal”. “Es claro que aquí existió un manejo de la información por parte de Barría. Como él dispone de los medios económicos y el poder político lo hizo fácilmente”, recalca el vocero pewenche. “En realidad él no tiene tanta tierra como otros, pero lo que pasa es que es un tipo prepotente, que cree que todo lo puede y se avala en que es dirigente de la Democracia Cristiana y a través de ello tiene todo el manejo de las situaciones. Siempre trabaja así, manipulando a la gente; jodiendo a los peñi con denuncias falsas, como cuando se hizo la víctima en el diario, señalando que había salido en defensa de su esposa”, agrega.

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ES CLARO QUE EN LOS HECHOS de Lonquimay, el factor de conflicto es nuevamente la propiedad de la tierra, la Ñuke Mapu, sustento de la vida comunitaria mapuche. De acuerdo a cifras entregadas por los propios comuneros de la zona, existen en el lugar, varios winka que poseen hasta 14 mil hectáreas de tierra, mientras muchos de los propios pewenche con suerte tienen una o dos hectáreas que en el futuro deberán repartir entre sus hijos... todo un problema de “hacinamiento geográfico”, claro esta.

“Esto se genera más que nada por un problema de tierras. La comuna de Lonquimay es muy grande en extensión de tierras, más que en número de habitantes, pero el problema más grave en este minuto es que nuestra gente tiene muy poca tierra. El caso más preocupante es que las nuevas generaciones, los jóvenes viven dentro de los predios de sus padres y hay padres que tienen una hectárea y tienen cinco o seis hijos, entonces, ¿cómo se reparten esas familias tan escasa cantidad de tierra?”, se pregunta el werken Nibaldo Romero.

Por todo ello, las casi 30 comunidades pewenche, decidieron asumir de manera firme la lucha por obtener y recuperar los territorios que alguna vez les pertenecieron a sus antepasados. “Nosotros estamos trabajando por el territorio de todas las comunidades. Ciertamente lo que agrava todo es lo sucedido con la lamngen Alejandra, por eso queremos llegar hasta las últimas consecuencias y conseguir una solución definitiva de una vez por todas... no queremos más parches, como sucede cuando el gobierno le compra tierra a unos pocos y los demás quedan igual. Lo ideal para nosotros es llegar a realizar una descolonización, sobre todo porque en la zona existen muchos colonos que nos han perjudicado”, explica el werken.

De la misma opinión es el dirigente de la “Comunidad Esteban Romero” del sector Tracura, Francisco Manquelipe que señala que, “todos los pewenche estamos unidos en torno a lo que le está pasando a Alejandra Cayul. Nosotros queremos que esto se supere de la mejor forma. Hasta aquí, parecía que los pewenche no teníamos problemas más allá de lo que pasa con Ralko, pero este hecho sacó a la luz pública un problema que no sólo afecta a la comunidad de Pedregoso, sino también a muchas otras comunidades pewenche”.

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LA UNIDAD MAPUCHE-PEHUENCHE de la que habla Francisco Manquelipe y que se vio expresada en la masiva marcha por las calles de Lonquimay, el 23 de junio dio un nuevo salto. Con el decidido apoyo de la Asociación de Estudiantes Pewenche, todos ellos integrantes del Hogar Universitario, llegaron con el conflicto hasta las mismas oficinas del jefe de gabinete del Intendente de La Araucanía, Ricardo Celis. Según cuenta María Romero Cheuquepil, dirigenta universitaria, “cuando nos enteramos de lo que había sucedido en Pedregoso quedamos todos sorprendidos, aunque igual nosotros sabemos como son las reacciones de este individuo (Barría). Por ello, decidimos apoyar a los lamngen sacando esta información a la luz pública, yendo a las radios, a El Diario Austral y otros medios para entregar nuestra visión de lo que estaba pasando. De inmediato nos dimos cuenta que la prensa sólo daba la opinión de Barría: que la situación había ocurrido por defensa propia; que los lamngen lo habían atacado con hachas, situación absolutamente falsa. Incluso ese día no habían más de diez lamngen en el lugar”.

La dirigenta estudiantil dice estar convencida que lo sucedido es una clara muestra de injusticia, sobre todo considerando el accionar de los tribunales encargados en teoría de “administrarla”. “Por lo mismo, como estudiantes y jóvenes pewenche nosotros nos sentimos muy identificados con ella (Alejandra Cayul). Al igual que ella nosotros también tenemos problemas de tierra. Allá en Lonquimay y la zona las grandes extensiones de tierra pertenecen a los colonos y a los winka y a nosotros los pewenche nos van tirando cada vez más hacia arriba en la cordillera”. La pasividad y desidia de la prensa regional y la cuasi indiferencia de las autoridades locales, llevó a que los estudiantes, que en Temuko viven en el Hogar Pewenche de calle Rodríguez, tomaran decididas acciones de apoyo a sus hermanos, sobre todo buscando dar a conocer la parte oculta de toda esta historia... esa que la prensa regional no quería ni quiere aun dar a conocer.

“Sacamos un comunicado público. Llamamos a la prensa aquí al hogar y dimos a conocer nuestro repudio a la acción que cometió este individuo, Guido Barría, añadiendo que no aceptábamos por ningún motivo lo que hizo este señor, así como tampoco se lo aceptaremos a ningún winka del sector, por más poder económico o político que tenga”, señala María Romero. El werken Romero Cañumir reafirma sus palabras.  “Ante esta situación decidimos bajar hasta Temuko el 23 de junio solicitando hablar con el subsecretario de Mideplan Marcelo Carvallo, que en ese momento se encontraba de visita en la región”. Sin embargo, la tozudez de las Fuerzas Especiales de Carabineros y la poca voluntad política de algunos funcionarios del gobierno regional no sólo abortaron la fijación de una agenda de trabajo, sino que terminó con el desalojo del edificio de la Intendencia y once jóvenes pewenche detenidos, procesados y más tarde liberados con casi las mismas medidas cautelares que Guido Barría. Curiosidades de la justicia chilena que iguala en peligrosidad a un winka que agrede con arma de fuego a una persona, con la protesta pacífica de once estudiantes pewenche comprometidos con su gente.

María Romero Cheuquepil, también detenida en la víspera del We Tripantu, rememora lo sucedido esa tarde: “A última hora, cuando ya habíamos iniciado la marcha, nos enteramos que el Intendente junto al Subsecretario Carvallo habían viajado hasta el lugar (Lonquimay) el mismo día. Llegamos hasta la Intendencia e igual decidimos subir, para poder conversar con alguna de las autoridades, ya que en la marcha por nosotros organizada andaban representantes de varias comunidades. Lo que pasa es que ellos (Carvallo y Celis) ese día fueron a Pedregoso y trataron exclusivamente el problema de esa comunidad que son 70 hectáreas que están reclamando los lamngen de ahí y que corresponde a 18 familias. De esta forma sólo se parchan los problemas y no se da una solución de fondo”.

Se trató, recalca la dirigenta, de una manifestación pacífica, pero ello nunca fue entendido así por las autoridades regionales y la propia policía: “El acto represivo estaba ya preparado. Carabineros en todo momento estuvo vigilándonos y el jefe de gabinete del intendente (Eduardo Abdalah) ni siquiera se dignó a recibirnos en una sala y sólo conversó brevemente con nosotros en el pasillo. Nosotros, entendiendo que el intendente y el subsecretario no estaban en la intendencia, le solicitamos al jefe de gabinete que se contactara con el subsecretario y fijara una reunión” y agrega que según Abdalah, él lo intentó en reiteradas ocasiones, pero nos dimos cuenta de que nos tramitó por más de dos horas y según él, nada se pudo hacer. Al final, no obtuvimos ninguna solución siendo desalojados por Carabineros, donde con 60 policías se nos detuvo a once estudiantes, siendo luego trasladados a la 2ª Comisaría donde tuvimos que permanecer toda la noche del We Tripantu”.

Lo sucedido en la montaña y posteriormente en Temuko con los estudiantes, es considerado por el werken Romero, como una grave afrenta contra el Pueblo Mapuche, sus tradiciones y cultura. “Si ellos nos tuvieran un poquito en cuenta, lo podrían haber pensado como una forma de respetar nuestro We Tripantu y liberar a los peñi que fueron golpeados y detenidos. Yo me pregunto si a ellos les gustaría que en víspera de su año nuevo, donde hay que darle el abrazo a la familia, a los amigos, les gustaría que los mandaran presos”, reclama con evidente indignación el vocero.  Al final, en plena celebración del año nuevo mapuche, los once jóvenes detenidos en la Intendencia fueron pasados al Tribunal de Garantía de Temuko, donde se les acusó entre otros cargos de “tumulto”, “desorden en la vía pública”, “ocupación ilegal de oficina pública” e “insulto a las autoridades”, siendo luego liberados con medidas cautelares que por tres meses les impiden salir de la región.

Por ahora, tal como dice el werken Romero, sólo queda esperar la respuesta del gobierno a sus legítimas demandas de tierra, aunque esta espera no será sentados, sino con activas movilizaciones. Lo cierto, es que ya no piensan echar pie atrás. Razones tienen de sobra. “Nosotros quisiéramos que de aquí a unos años más las cosas cambien, porque si no, esto que hoy es un problema de nosotros, luego va a ser de nuestros hijos y más tarde de nuestros nietos y la intención nuestra es que de una vez por todas podamos terminar con todo esto, porque tierras hay hartas y los que menos tierra tienen son los mapuche y a los winka les sobra”, señala. Y agrega con clara decisión de lucha: “En la zona de Lonquimay la situación ya es insostenible. Nos tienen acorralados como liebres, nos tienen a todos en el cerro, cada vez más arriba. Por eso vamos a luchar y no vamos a bajar nuestros brazos, porque sabemos en que tierra estamos: tierra de nuestro pueblo, tierra mapuche”.

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"Y yo he venido a buscar la espantosa verdad de 1934, entre otras cosas, para que los chilenos sepamos de una vez por todas quienes somos los chilenos, que hicimos y que es lo que se nos oculta de nuestra propia historia. Porque los acontecimientos de 1934 jamás entraron en la historia oficial". Patricio Manns, "El Memorial de la Noche".

EL INVIERNO EN LA CORDILLERA de Lonquimay es siempre terrible, pero en aquel invierno de 1934 lo fue mucho más y la gelidez de la montaña parece que también terminó congelando la memoria histórica de un episodio que unió, tal vez por única vez, a mapuche-pewenche y campesinos chilenos pobres. Se trata de la más olvidada y no por ello la menos terrible de las matanzas gestadas desde el Estado chileno contra aquellos que se oponen a los designios del poder. Desde mediados de junio de aquel año, hasta bien entrado el mes siguiente, el Alto Bío Bío se tiñó de sangre mapuche y chilena, luego de que casi un millar de habitantes de esa zona se alzaran en armas contra el gobierno de Arturo Alessandri y pusieran en jaque la "seguridad" de los colonos extranjeros que se habían apropiado, con la venia del Estado chileno, de los ancestrales territorios pewenche de la alta cordillera. La represión no se hizo esperar y Carabineros de Chile hizo su entrada triunfal en los avatares represivos, sofocando el alzamiento, para luego asesinar cobardemente a casi 500 prisioneros que se habían rendido al verse derrotados.

El despojo de tierras mapuche iniciado en la segunda mitad del siglo XIX con la "Pacificación de La Araucanía", tiene su momento cúlmine en las tres primeras décadas del siglo siguiente, cuando el Ministerio de Tierras y Colonización, creado por el Estado chileno, terminó su labor de "redistribución" de las tierras usurpadas en el Gulumapu, generando toda una masa de mapuche empobrecidos que, en territorio pewenche, eran arrinconados cada vez más arriba en la cordillera. A ellos se unía un cada vez más creciente número de colonos chilenos pobres que terminaron habitando el mismo espacio de los pewenche y sobre todo compartiendo las mismas miserias de éstos. Ello llevó a que los colonos chilenos, agrupados en el Sindicato Agrícola de Lonquimay, solicitaran al gobierno la entrega legal de un predio en la localidad de Nitrito, que habitaban varios chilenos y pewenche desde hacía más de una generación.

La Sociedad Puelma Tupper reclamó para sí la propiedad de las tierras y exigió una orden judicial de desalojo, basada en la prerrogativa jurídica de que quienes habitaban el lugar no tenían títulos de propiedad. Ante ello, los habitantes del lugar propusieron al Estado que comprase las tierras al reclamante y ellos a su vez pagarían al primero, en un plazo prudente, el valor de éstas. Sin embargo, mientras se realizaban las negociaciones, Carabineros comenzó a hostigar a los campesinos, utilizando contra los hijueleros todos los abusos y formas de atemorizamiento posibles. Cuando las tierras estaban recién cultivadas y comenzaba el duro invierno cordillerano, llegó la fuerza represiva a desalojarlos, destruyendo cercos e incendiando los ranchos, expulsándolos sin misericordia y conduciéndolos hasta terrenos estériles, más arriba de la misma cordillera, sin alimentos ni habitación.

En Nitrito, Ranquil, Quilleime, Lolco y Trubul, los campesinos se unieron en defensa de los expulsados, recibiendo el apoyo de los mapuche de la reducción Maripe, cuyo lonko Ignacio Maripe, quince años antes había perdido sus tierras en el mismo Fundo Ralko. Según se consigna en documentos de la época, este lonko pewenche fue salvajemente torturado en vida, sacándosele los ojos, cortándosele la lengua y las orejas hasta dejarlo exánime. Tal como se consiga en documentos, relatos y sobre todo en la prensa chilena de la época, el principal líder del alzamiento fue el profesor de castellano José Segundo Leiva Tapia, que habiendo estudiado en Santiago regresó a la zona para dedicarse a la "agitación social" e imbuirse de la cultura mapuche.

Por lo mismo, parte de los alzados correspondían a campesinos mapuche-pewenche, hecho que queda consignado en una información aparecida el domingo 1º de julio en el diario La Nación y que daba cuenta de la activa presencia mapuche, con el sugestivo titular de: "Alrededor de cien indios combaten en las filas sediciosas". De igual forma, el listado final de detenidos, publicado el 20 de julio en la prensa nacional consigna la presencia de al menos una decena de mapuche que fueron pasados posteriormente a los racistas tribunales de justicia chilenos.

Avanzado ya el invierno, en junio de 1934, la desesperación, el hambre, el frío y el odio, dieron paso a la revuelta. Varios miles de campesinos y mapuche, armados de viejos fusiles y escopetas, asaltaron las pulperías y bodegas de los latifundios cercanos, y asumieron posiciones de enfrentamiento. El 29 de junio, el diario La Nación titulaba "Armados Avanzan sobre Lonquimay" y el decano patronal de la prensa nacional, El Mercurio, titulaba cuatro días más tarde: "Se acentúa la gravedad de los sucesos del sur", en clara alusión al avance de los campesinos alzados en armas por su dignidad. El historiador Ricardo Donoso, desde su particular visión política, dice de ello en su libro ‘Alessandri, Agitador y Demoledor’: "Un grupo de inquilinos del Fundo Ranquil, levantados en armas, abandonaron sus tierras y en una semana se desparramaron en una extensión de 150 kilómetros, pasando a cuchillo a pulperos, mayordomos y propietarios que intentaron oponérseles". El gobierno movilizó para sofocar la rebelión a tropas policiales desde Temuko, Victoria, Mulchén y Santa Bárbara, con el apoyo de aviones de la Fuerza Aérea.

En piquetes de 20 carabineros, las fuerzas represivas se internaron en la zona, en una primera etapa de poca eficacia, pero que más tarde con el apoyo de 100 policías venidos desde Santiago al mando del propio Director General de Carabineros, Humberto Arriagada Valdivieso, endurecieron su accionar represivo, cometiendo toda clase de abusos. En una maniobra de arrinconamiento de los rebeldes, que desde el lado sur eran atacados por las tropas al mando del Comandante Délano Soruco y por el norte, desde Mulchén, bajo el mando del propio Arriagada, enfrentaron acciones sumarias y muchos fueron pasados por las armas a pesar de haberse rendido ante las fuerzas militares.

A principios de julio, un grupo rebelde seguía manteniéndose fuerte en los cerros de Llanquen. Los que sobrevivieron a los fusilamientos indiscriminados fueron apresados o huyeron hacia la cordillera, abandonando a sus familias. Las mujeres que se quedaron en los improvisados campamentos fueron violadas y erradicadas para siempre con sus hijos de la zona. El gobierno los acusó de "bandoleros y subversivos", justificando de ese modo la brutal represión desatada contra ellos. Según el Senador Pradenas, -parlamentario por Temuko en aquella época- resultaron detenidos 500 personas, de las cuales sólo 23 llegaron a la capital de la provincia de Cautín, ciudad en la que se inició el proceso judicial. Sobre el destino de las personas detenidas que no llegaron al juicio, no existe una versión oficial y se les da por muertos, que se vienen a sumar a los que cayeron durante los enfrentamientos registrados en la montaña.

Muchos de los que sobrevivieron, chilenos y mapuche, tras duras jornadas escapando por la cordillera, terminaron dispersos en estancias o en los huertos de Neuken y Río Negro donde rehicieron sus vidas, luego de cruzar hacia el Puelmapu tras padecer indescriptibles fatigas y penalidades. Al final, tal como ocurrió muchas veces en la agitada vida política del Chile de los años ’20 y ’30, el olvido y las infaltables leyes de amnistía terminaron por echarle tierra a la masacre, olvidándose de ello una sociedad entera. Tal como antes, tal como después / Azkintuwe

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