El 5 de octubre del 2006 se cumplieron 13 años de vigencia de la Ley 19.253, de los Pueblos Indígenas en Chile. Sus antecedentes se remontan al Pacto de Nueva Imperial de 1989, suscrito entre el entonces candidato presidencial de la Concertación, Patricio Aylwin, en la ciudad de Nueva Imperial, en diciembre de ese año y los representantes de los Pueblos indígenas Atacameños, Aymara, Rapanui y Mapuches. En marzo de 1990, una vez asumido el nuevo Gobierno democrático, el Presidente Aylwin dio paso a la formación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, CEPI, entidad que estableció los puentes necesarios entre Gobierno, Parlamento y Comunidades indígenas hasta arribar al momento culminante en donde el Congreso Nacional derogó el Decreto Ley 2.568 de la dictadura y aprobó la Ley Indígena actual.

Correspondió al Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle la compleja tarea de implementar la Ley y poner en marcha la nueva institucionalidad radicada en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi. Con un sentido objetivo de la historia hay que reconocer que el Presidente Frei hizo todo lo necesario para que la Ley, la Conadi y los Pueblos Originarios contasen con los recursos básicos para dar inicio a un trabajo en donde los nuevos Fondos nacionales de Tierras y Aguas y de Desarrollo Cultural pudiesen abrir camino a la solución de antiguas e importantes demandas históricas de tierras y de reconocimiento cultural.

La contribución del Gobierno del Presidente Frei puede verse opacada, sin embargo, por el tremendo impacto que significó la implementación del Proyecto de la central hidroeléctrica de Ralco en el Alto Bío Bío que, en definitiva, significó la des-estructuración de parte importante de la cultura Pehuenche: este hecho marcaría poderosamente las relaciones entre los Pueblos Originarios y su mandato.

Posteriormente, en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos se dio un paso sustantivo, cuando el Gobierno convocó a la formación de una Comisión Nacional de Verdad y Nuevo Trato. El informe final de esta comisión fue entregado al Presidente en Abril del 2004 y contiene un importante debate nacional acerca de la deuda histórica de Chile con sus culturas originarias, además de formular nuevas políticas públicas destinadas a dar mayor relevancia a los Pueblos ancestrales en el devenir político, social y cultural del país.

Gan parte de las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato se encuentran pendientes, en parte porque en el 2004 era necesario avanzar en una política de transferencia de tierras que permitiese disminuir las tensiones acumuladas en el sur, entre comunidades indígenas y empresas forestales y en parte, porque correspondería a la nueva candidatura presidencial, del 2005, formular sus propias propuestas para consolidar el camino avanzado. En consecuencia, sólo subsistieron dos medidas políticas complementarias y de gran impacto: el surgimiento del Programa Orígenes y la instalación de una coordinación multisectorial de Gobierno para implementar iniciativas públicas más profundas en la relación entre Pueblos Originarios y Estado.

Los Gobiernos de la Concertación han dado un especial impulso a las políticas indígenas. Como nunca antes en la Historia de Chile, nuestras culturas ancestrales cuentan hoy con mejores medidas legislativas, con más recursos para la recuperación patrimonial perdida y más apoyo para proyectos sociales y culturales. De hecho, la Ley 19.253 que celebra el 5 de octubre 13 años de vigencia es la mejor Ley indígena existente en los últimos 40 años de historia. Es más avanzada que la legislación que el Presidente Frei Montalva previó en el marco de la Reforma Agraria de los años 60 y más avanzada que la Ley dictada por el Presidente Salvador Allende en los años iniciales de la década de los 70. La Ley vigente reconoce a los Pueblos Indígenas de Chile como constitutivos y parte integral del patrimonio cultural de la Nación chilena y luego, en sus diversos artículos se desarrollan principios relativos a sus derechos esenciales en materia de tierras y aguas, derechos culturales y de participación, derecho a un etnodesarrollo y al reconocimiento de su cosmovisión.

El Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi es el instrumento de mayor relevancia en el proceso de recuperación patrimonial de nuestras comunidades. Entre 1994 y el presente año 2006 unas 400.000 hectáreas han sido parte de procesos de adquisición, transferencia y saneamiento legal de tierras, brindando así una segura protección a las tierras ancestrales. En relación con las aguas, unas 36.000 familias indígenas gozan hoy del privilegio de propiedad de sus aguas y no menos de 60.000 estudiantes de enseñanza básica, media y universitaria cuentan con una beca de estudios. Estos resultados son mejores que los existentes hace 15 años o hace 50 años. Sin embargo, no son suficientes para dar cuenta de una demanda histórica acumulada.

El Informe de Verdad y Nuevo Trato, en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos, es nítido para rendir cuenta de las insuficiencias. El mismo mandatario lo dejó claro en su discurso del 16 de abril de ese año: Esto significa respeto por nuestra historia. Porque quien la conozca de verdad, sabe que la identidad y la cultura de los pueblos indígenas no fueron debidamente resguardados tras la conquista y la conformación de la República.

En efecto, en más de un siglo y medio de historia nacional nuestros pueblos originarios fueron sometidos a una profunda invisibilidad y sus comunidades arraigadas, despreciadas y discriminadas. Sufrieron la reducción territorial, la fragmentación social y la pérdida de sus territorios, de los cuales eran dueños. Pueblos enteros, incluso, fueron sometidos a diversas formas de extinción y genocidio. Se preguntaba el Presidente Lagos: “¿Qué comunidad, entonces, podemos construir como país si no somos capaces de enderezar la injusticia y no nos reconocemos a nosotros mismos ? Chile será más rico si preservamos la cultura que heredamos y si somos capaces de preservar lo que las culturas indígenas nos han legado. El respeto, la justicia y el reconocimiento de los pueblos originarios son buenos para todos. Fue a partir del Acuerdo de Nueva Imperial que comenzamos a caminar. Si caminamos mejor, Chile será más rico al preservar el legado de nuestros Pueblos originarios y preservarlos al futuro”.

Pero el Chile de hoy, a dos años del informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato y de estas palabras del Presidente Lagos en Abril del 2004, no es más rico ni más justo en esta tarea de preservar sus culturas originarias. Persiste aún la negativa conservadora que impide a nuestros pueblos ser reconocidos constitucionalmente en el Parlamento. La derecha mantiene su duda majadera respecto de la sociedad multicultural y ha negado sistemáticamente su aprobación al proyecto de reconocimiento constitucional de nuestros Pueblos. Algo semejante ocurre con la aprobación de la norma 169 de la OIT. Ambas iniciativas permanecen pendientes en el Congreso, a pesar de la voluntad de los Presidentes Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet de lograr su aprobación. La discusión con los conservadores no es menor, por cuanto ellos sólo reconocen la condición de “poblaciones indígenas” y no de Pueblos.

¿Podemos enderezar las injusticias cometidas con los indígenas de Chile a lo largo de toda una historia?. Chile es un país racista y discriminador. Una soterrada xenofobia se escapa a veces a torrentes cuando se trata de juzgar la supuesta inferioridad de otras minorías indígenas que se avecinan en nuestras tierras. El Chile liberal y exitoso no quiere ser comparado con las naciones aymara o de descendencia quechua o azteca. Nuestra arrogante europeización y norteamericanización de costumbres no nos permiten apreciar la riqueza de nuestras comunidades y quisiéramos verlas reducidas en su estándar más folklórico o anecdotario. Las injusticias con el mundo indígena son muy profundas: tierras expropiadas sin ley ni piedad; pueblos masacrados; indígenas radicados en las periferias pobres de las ciudades; sujetos de mano de obra barata; sin derechos políticos durante décadas….Sólo con legislaciones avanzadas como las dictadas en los Gobiernos de Frei Montalva, Salvador Allende y Patricio Aylwin se ha brindado más respiro a nuestros indígenas.

Las tierras reclamadas en el sur implican reclamos justos y legítimos. La mayor parte de su patrimonio territorial fue usurpado durante el régimen dictatorial de Pinochet quien dictó para tales efectos los Decretos Leyes 2.568 y 2.570. Esas tierras fueron devueltas a antiguos propietarios hacendados o transferidas al Fisco. Luego, fueron enajenadas o vendidas a precio módico a las nacientes empresas forestales. Todo se hizo dentro del marco legal permitido por estos Decretos, pero los indígenas saben que se trató de una forma vergonzosa de expropiación. En los Gobiernos democráticos el Estado ha transferido más de 180.000 hectáreas a comunidades indígenas y otras miles fueron adquiridas y traspasadas con recursos públicos. A decenas de familias reducidas se les ha brindado un subsidio especial para aumentar en unos cuantos metros sus terrenos. La pobreza indígena está asociada a estas injusticias y los esfuerzos de los Gobiernos democráticos no han sido suficientes porque la profundidad de estas injusticias requieren medidas mayores y reparaciones mayores.

Quien conozca la Historia de Chile, como dijo el Presidente Lagos, sabe que los derechos indígenas no fueron resguardados. La Ley Indígena, cuyo aniversario celebramos el 5 de Octubre, intenta reparar esta falta. En ese sentido, las conclusiones del “Diálogo Nacional Indígena” que se ha llevado a cabo en el presente año, y que serán entregadas a la Presidenta Michelle Bachelet en una ceremonia prevista en el Palacio de La Moneda, abren caminos de esperanza para seguir avanzando en la ampliación de los derechos culturales y ancestrales. Esto acontece, precisamente, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas ha puesto en su tabla, después de 20 años de debates, el proyecto internacional de reconocimiento a los Derechos de los Pueblos Indígenas del mundo.

Si caminamos mejor, dijo Lagos en el 2004, Chile será más rico al preservar sus culturas ancestrales. Nuestra esperanza es que en el Bicentenario del 2010 hayamos cumplido plenamente esta condición de reconocernos como una Nación multicultural, rica en su diversidad y con sus pueblos originarios plenamente reconocidos e integrados como sujetos de derechos. La tarea de la Presidenta Michelle Bachelet es consolidar este camino / Azkintuwe

* Ex Director de Conadi 1997-1998. Consejero Presidencial en Conadi 2006.

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