El lunes 30 de abril del 2007 deberá ser marcado en el calendario de hechos políticos relevantes una información que pasó prácticamente desapercibida para los medios de prensa. Ese día, en el Palacio Presidencial y ante una asamblea de representantes de los distintos Pueblos indígenas de Chile, la Presidenta Michelle Bachelet cerró un extenso ciclo de casi 18 años de procesos de consulta o diálogo con nuestros pueblos originarios.

En realidad, el cierre es más específico: la Presidenta dio respuesta a un conjunto de demandas que surgieron del “diálogo nacional indígena” realizado durante el año 2006 e inicios del 2007. No obstante, este diálogo nacional ha estado precedido por diversos otros procesos de consulta y conversación política cuyos orígenes se remontan a 1988, cuando se asentaron las bases del Pacto de Nueva Imperial.

En octubre de 1993 se aprobó la Ley Indígena 19.253 y con ello se dio inicio a 14 años de vigencia de esta Ley, con la creación del Fondo Nacional de Tierras y Aguas y el Fondo Nacional para el desarrollo de nuestras culturas, ambos radicados en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI.

La Conadi es uno de los servicios públicos innovadores en la estructura del Estado. Representa una dimensión intercultural, incorpora el tema indígena en la gestión gubernamental y recibe y administra los fondos necesarios que el Estado destina principalmente para la recuperación de tierras y aguas indígenas. Su labor institucional, no siempre suficientemente reconocida, ha permitido que nuestros Pueblos recuperen más de 360.000 hectáreas y títulos ancestrales de aguas, sin mencionar la enorme cantidad de proyectos sociales, micro productivos, culturales y de fortalecimiento social que se han llevado a cabo en estos años con centenares de comunidades.

Sin embargo, la Conadi es más reconocida por sus conflictos y tensiones. Primero, a propósito de la colisión de la Ley Indígena con normas ambientales y con diversos megaproyectos como Ralco y otros. Luego, la Conadi es conocida por conflictos internos, artificiales o no, que han mermado su credibilidad incluso entre algunos sectores indígenas beneficiados por la Ley. Sus directores nacionales han sufrido diversos embates y casi siempre han quedado abandonados a su suerte. La sociedad chilena y el Estado no han sido benignos con este servicio público.

Ninguna situación irregular es justificable en ninguna entidad de servicio, sea pública o privada. La Conadi ha vivido tensiones administrativas importantes y todas se han resuelto dentro del marco legal administrativo. No obstante, persiste una permanente actitud negativa hacia la Corporación y con ello se ha ido debilitando su autoridad y credibilidad. En parte, esta actitud proviene de errores propios, institucionales. Otra fuente de este debilitamiento es el desconocimiento de parte de las autoridades gubernamentales de la realidad y cultura indígenas. Persiste en el ámbito gubernamental la convicción de tratar el tema indígena como un solo tema de pobreza y marginalidad, cuando en realidad parte fundamental de las tensiones del mundo indígena con el Estado guardan relación con sus derechos políticos, sociales y culturales. Lo más relevante, sin embargo, tiene que ver con la permanente actitud negativa de los sectores conservadores que no quisieran la existencia de una Ley Indígena (recuérdese que bajo el régimen militar se dictó un decreto que declaró la no existencia de tierras indígenas y de indígenas propiamente tal).

Nuestra derecha mira con desconfianza el tema indígena, lo ha asimilado siempre a una condición inferior y por eso ha negado sistemáticamente su reconocimiento a los derechos ancestrales. Prueba de ello está en su permanente rechazo al proyecto de ley sobre el reconocimiento constitucional de los indígenas chilenos. Juzgar a la Conadi es, entonces, parte de una convicción doctrinaria. Hay un sello arrogante en su discurso. Un dejo insolente de humillación encubierta en su crítica: la Conadi tiene que ver con indios… Y los indios no saben hacer las cosas… Puede sonar dura o exagerada esta apreciación y más de un vocero de RN y la UDI podría rasgar vestiduras… pero la Historia es la historia y está muy lejos todavía la fecha en que la derecha chilena se torne sensible al tema indígena. Mientras tanto, cada crisis de Conadi, cada conflicto en este servicio, cada renuncia de un director (y la Conadi ha tenido siete Directores en 14 años) es para los conservadores una demostración más de que los indios no pueden darse su propio gobierno...

La Presidenta de Chile rompe este esquema con su silenciado mensaje del lunes 30. Convoca a constituir una Nación multicultural. Llama a que Chile reconozca su diversidad cultural. Los indígenas estaban en estas tierras antes que llegaran los colonizadores y su cultura y cosmovisión han permanecido más de cinco siglos. Algo, entonces, podrán aportar a la construcción de un Chile unitario, integrado, diverso.

En su mensaje la Presidenta recoge el clamor político por más derechos para nuestros indígenas y anuncia ocho proyectos de Ley que estarán destinados a construir una nueva fisonomía en las relaciones entre Pueblos Indígenas y Estados. Estos ocho proyectos son: 1.- Nuevos mecanismos para la representación indígena en el Estado; 2.- reforma constitucional para establecer nuestro carácter multicultural; 3.- ley del borde costero; 4.- reforma al Código Civil para establecer el derecho de la mujer indígena a la transmisión matrilineal de su apellido indígena; 5.- reforma a la Ley municipal para incorporar un pleno reconocimiento del mundo indígena en el ámbito comunal; 6.- reforma en la Ley de salud para integrar la medicina ancestral; 7.- modificación a la Ley ambiental para incorporar a los indígenas en la evaluación de proyectos que afecten su territorio; 8.- indicación al proyecto de Ley de la Enseñanza para incorporar en la formación escolar la Historia de los Pueblos Indígenas y su lengua.

La Presidenta estableció cinco lineamientos estratégicos para conformar una nueva agenda de relaciones entre indígenas y Estado: fortalecer la participación indígena en la sociedad política y civil; reconocer y profundizar sus derechos políticos; crear un programa para abordar la situación de los indígenas que viven en ciudades (hoy, la gran mayoría); crear una unidad especial de trabajo con la mujer indígena en el ámbito de Conadi y otras entidades; desarrollar una propuesta de educación y cultura indígena.

Por sobre tensiones y conflictos institucionales, la Presidenta ha brindado una mirada de altura para abordar el tema indígena en Chile. Por lo mismo, es de esperar que por un lado, la Conadi resuelva adecuadamente sus problemáticas internas. Es de esperar que el Parlamento esté seriamente disponible para respaldar estas ideas innovadoras. Que los partidos políticos abran mayor espacio a la participación de los indígenas. En suma: que la sociedad chilena valore y reconozca con estas propuestas presidenciales la dimensión cultural y ancestral de nuestros Pueblos Indígenas / Azkintuwe

* Ex Director Nacional de la Conadi. Profesor de DDHH en la Escuela de Trabajo Social, Universidad de la Academia de Humanismo Cristiano

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