Desde su aparición el año 2005, nuestro partido ha hecho una apuesta inequívoca por la profundización democrática del País Mapuche y del conjunto del Estado chileno. De hecho hemos definido esta etapa de lucha como de «profundización democrática y autonomista», enfatizando en esta fórmula que la conquista de una región autónoma para parte importante de nuestro pueblo está engarzado con cambios profundos que deben operar en el sistema político. Por ello, Wallmapuwen por medio de sus bases programáticas, ha formulado un conjunto de propuestas generales y específicas tendientes a profundizar la democracia y ampliar la participación ciudadana. Por lo mismo, nuestro partido ha observado con atención y ha tratado de incentivar el debate interno y externo en torno a las principales propuestas que generaran un impacto en el sistema político y en el Wallmapu.

Sin embargo, a pesar de ser la participación política un tema de actualidad, que genera propuestas y debate, no se visualizan esfuerzos suficientes orientados a proponer reformas más directas hacia la ley de partidos políticos, tomando en consideración que son los partidos los actores principales que canalizan la participación formal de la ciudadanía. La explicación a esta situación se puede encontrar en el acomodo que han encontrado los partidos de gobierno y oposición en el sistema, la exclusión es una condición para su sobre representación en todo el estado y en el Wallmapu. Esto explica también su dejación por reformar el sistema binominal y el conjunto del sistema político.

La actual ley que rige la existencia y vida de los partidos políticos en Chile, fue originada y promulgada bajo la dictadura militar en 1987. Como todas las leyes del régimen, amparadas en la fraudulenta Constitución de 1980, la ley careció de legitimidad desde su origen, aunque los partidos (sobre todo de la oposición de la época) terminaron aceptándolo por la fuerza de los hechos y las circunstancias, puesto que era el único marco legal que podría permitirle enfrentar a la dictadura de cara al plebiscito de 1988. Lamentablemente es el cuadro que permanece en la actualidad en esta y otras muchas materias y leyes, y los ciudadanos democráticos hemos tenido que edificar sobre las bases dejada por la dictadura.

La ley de partidos, vista en su conjunto o en algunos artículos por separado, es un verdadero entramado tendiente a inhibir la asociatividad política de la ciudadanía y por ende la participación de la población en la vida política del estado y como veremos de las regiones. De igual modo, hay una serie de artículos que reflejan la doctrina de la seguridad impuesta por la dictadura. Sin embargo, aquí nos centraremos en los artículos que claramente limitan la aparición de nuevas fuerzas políticas a nivel territorial, y por lo tanto constituyen un escollo para Wallmapuwen, pero no lo colocamos en una perspectiva autocentrada en nosotros, estos son problemas de carácter democrático que afectan a todo ciudadano que no sintiéndose representado por las actuales fuerzas políticas chilenas, deben obligadamente militar en ellos si quieren optar a cargo de elección popular con un mínimo de posibilidades de éxito. Claro esta lo pueden también hacer en cuanto "aliados" bajo condiciones de subordinación y de desigualad absoluta, como independientes con un fracaso asegurado o excluirse de una parte de la vida política.

Las limitaciones más serias para la legalización de un partido se observan en tres artículos: el 3 en el que se hace referencia a su base territorial de constitución; el artículo 6 el cual fija el número de afiliados para su aceptación legal definitiva; y el 42 donde se establece las exigencias de votos para su mantención legal. Respecto al artículo 3 en el se establece que los partidos políticos existirán como tales cuando se hubieren constituido legalmente en a lo menos ocho de las regiones o en un mínimo de tres de ellas, siempre que estas últimas fueren geográficamente contiguas. Wallmapuwen, desde su inicio se ha concebido como un partido territorialista. Esto implica para el tema que tratamos, que concebimos nuestra constitución legal en tres de las cuatro regiones siguientes: del Biobio, la Araucanía, los Lagos y de los Ríos, asumiendo que en estas cuatro regiones se ubica la mayoría de nuestra población.

Sin embargo, la ley coloca un énfasis “estato-nacional” que debe tener la cobertura de un partido. Esta concepción se vio reflejada también en la “Comisón Boeninger”, abocada a la formulación de una propuesta para reformar el sistema binominal. En ella se concluyo, entre otras materias, la necesidad de evitar la aparición de partidos temáticos o localizados territorialmente, bajo la argumentación de que se debe evitar el fraccionamiento del sistema de partido. Evidentemente esta opinión no la compartimos. Inhibir la aparición de fuerzas regionales es una contradicción con los esfuerzos que se hacen por la descentralización política. La inminente promulgación de una ley que permita la elección popular de los concejeros regionales y el ejecutivo regional, seria robustecida con una modificación a este aspecto de la ley. Las regiones no tienen garantizado el compromiso firme de los partidos chilenos. Por un lado, porque sus estructuras son centralistas y verticalistas y por otro porque su lógica de competencia los llevara siempre a darle una perspectiva “nacional chilena” a la lucha electoral.

En segundo lugar, si bien la constitución inicial de un partido no es un escollo mayor, (pueden constituirlo, por medio de una escritura pública, 100 ciudadanos inscritos en los Registros Electorales y que no pertenecen a otro partido existente o en formación) alcanzar la legalidad definitiva es una verdadera proeza, ya que el artículo 6 exige que en un plazo de 210 días (o 7 meses) se logre afiliar al partido un número de ciudadanos inscritos en los Registros Electorales equivalente, a lo menos, al 0,5 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de Diputados, en cada una de las Regiones donde esté constituyéndose. En la practica, esto significa para nuestro partido afiliar un total de 7. 621 personas en la regiones del Biobio, la Araucanía y de Los Ríos, o bien 4.643 personas si la opción fuera operar en las regiones de la Araucanía, de los Río y de los Lagos. Aun siendo importante, más allá del marco territorial que finalmente se decida, el punto radica en que esta exigencia obliga a desplegar un plan con recursos y logística difíciles de poseer a plenitud. La mayoría de los partidos actuales cuentan con grandes recursos económicos y logísticos o acceso a las fuentes, cuando no ayudistas entre el empresariado, que una fuerza local no puede equipar.

En tercer lugar, si bien el lograr inscribir legalmente al partido comportaría un importante triunfo político y una derrota al sistema excluyente, el desafió se abre con la mantención legal. En su artículo 42 la ley establece que, entre otros motivos, los partidos se disolverán por no alcanzar el 5% de los sufragios válidamente emitidos en una elección de Diputados, en cada una de las Regiones en que esta constituido. Como se sabe las elecciones a diputado (y ha senador) se rigen con el sistema electoral binominal. Dado el carácter que tiene actualmente el sistema, diseñado para favorecer a dos bloques, distorsionando la voluntad popular y también la conducta electoral de la población, la mantención del partido en los marcos del sistema binominal (inclusive reformado) será para nosotros todo un desafío.

Lo indicado antes es claramente perjudicial para nosotros. Estamos consientes de los obstáculos que ofrece la ley, pero asumimos también que nuestro proceso de legalización será una buena oportunidad para poner en evidencia el carácter excluyente del sistema político. Es evidente que la ley inhibe más que alienta la asociación política de la ciudadanía del Wallmapu, cierra los canales institucionales en vez de abrirlos. Esto es un problema democrático serio para toda la ciudadanía, puesto que se impide que fuerzas políticas que podrían tener un arraigo en un territorio determinado, expresando de mejor forma los intereses locales de la población, sean excluidos de entrada y los intereses regionales sean inadecuadamente representados por partidos chilenos centralistas, cuyas decisiones son tomadas desde Santiago, ajenos a las realidad de regiones.

Por ello, Wallmapuwen junto con demandar cambios profundos en otras esferas del sistema político, apuesta a la reforma de la ley de partidos políticos. En nuestro programa demandamos que la ley permita la aparición de partidos sobre la base de una sola región y promovemos medidas que permita flexibilizar los requisitos para la inscripción de partidos, y se disminuya el umbral de exigencia para la mantención legal. Estos cambios permitirá que existan nuevos partidos que expresen más fielmente los intereses de la población. A nuestro juicio esto sería una señal clara de voluntad de crear mecanismo de participación política más cercanos a la ciudadanía.

Pese a los obstáculos, es un camino que vamos a recorrer. Hay que enfatizar por lo demás que Wallmapuwen ya es un partido en los hechos y su legalización solo es un aspecto en su etapa de lucha democrática y autonomista. Hay muchos otros terrenos en el cual el partido debe actuar: construyendo tejido social, impulsando organizaciones ciudadanas, cultivando alianzas políticas, etc. La legalización puede brindarnos mejores condiciones de lucha, pero nuestra participación electoral se hará efectiva con o sin ley. De igual modo el combate político democrático puede darse sin ningún problema en las urnas, en el campo y en la calle / Azkintuwe

* Dirigente de Wallmapuwen.

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