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SE ACABA EL PLAZO PARA
LAS AUTORIDADES |
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Chile debe presentar informe sobre
Derechos Humanos ante ONU |
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En marzo de 2007 el
Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo ver al gobierno chileno
una serie de incumplimientos en estas materias, tras lo cual fijó
para marzo de este año la entrega de la información. El gobierno
aspira integrar dicho comité, sin embargo algunas organizaciones
nacionales de Derechos Humanos y de Pueblos Indígenas han impugnado
su candidatura. |
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Por
Azkintuwe
I
Viernes 28 de Marzo de 2008 |
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Manifestación mapuche. |
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Foto de Pablo Díaz. |
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Párrafos |
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El
Comité fijó plazo al Gobierno de Bachelet hasta el 30 de junio
de 2008, para que presente un informe consolidado del
cumplimiento de sus obligaciones respecto a la Convención, y
hechos ocurrido en Chile entre 1999 a 2008. |
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El
Comité advierte al Gobierno de Bachelet de que el examen al
país se realizará con o sin Informe Oficial. Como es sabido,
el Comité invita a presentación de informes alternativos de
parte de fuentes de la sociedad civil, organismos
internacionales de derechos humanos y organizaciones de
pueblos indígenas. |
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SANTIAGO /
Por estos días se cumple el plazo dado por la organización de Naciones
Unidas a Chile para que informe sobre la situación de los pueblos
indígenas y el establecimiento de responsabilidades directas por
violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
En marzo de 2007 el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo ver al
gobierno chileno una serie de incumplimientos en estas materias, tras lo
cual fijó para marzo de este año la entrega de la información. El
gobierno aspira integrar dicho comité, sin embargo algunas
organizaciones nacionales de Derechos Humanos han impugnado su
candidatura, al considerar que el país exhibe bajo cumplimiento de los
tratados en estas materias que han sido ratificados y están vigentes en
el país.
Entre ellos se encuentra la no suscripción de protocolos facultativos,
así como de instrumentos que procuran fortalecer el resguardo de
derechos esenciales de la persona y la sanción ejemplar de crímenes de
lesa humanidad, como la Convención de Roma, que creó la Corte Penal
Internacional.
El Comité fijó plazo
al Gobierno de Bachelet hasta el 30 de junio de 2008, para que presente
un informe consolidado del cumplimiento de sus obligaciones respecto a
la Convención, y hechos ocurrido en Chile entre 1999 a 2008. El Comité
advierte al Gobierno de Bachelet de que el examen al país se realizará
con o sin Informe Oficial. Cabe señalar que el Comité invita a
presentación de informes alternativos de parte de fuentes de la sociedad
civil, organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones
de pueblos indígenas.
Las organizaciones han presentado múltiples denuncias de derechos
humanos ante los comités de la ONU y el Sistema Interamericano en el
ámbito regional. El comité ha señalado que el Estado está obligado a
"vigilar que las violaciones graves de derechos humanos cometidas
durante la dictadura no permanezcan impunes; en particular, garantizando
la acusación efectiva de los responsables sospechosos".
"Deben tomarse medidas adicionales para fincar responsabilidades
individuales" y, en los casos de personas condenadas por tales actos,
"examinar sus aptitudes para ejercer funciones públicas". De acuerdo con
los analistas locales, el proceso de transición democrática implantado
en Chile a partir de 1990, marcado por la "reconciliación", no sólo ha
entibiado la búsqueda de verdad y justicia con el paso del tiempo, sino
que el Estado ha establecido la censura como método de impunidad.
Las organizaciones argumentan que los testimonios entregados a la
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, contenidos en el
informe que pasaráa la historia como "Informe Valech", fueron decretados
como secretos en 2003 por el gobierno del ex presidente chileno Ricardo
Lagos por un lapso de 50 años.
Los chilenos podrán conocer en detalle estos graves hechos relatados y,
lo que es aún más importante, los nombres de los responsables directos
de los vejámenes, hasta el año 2053. El propio comité indicó que el
Estado debe hacer pública toda la documentación colectada por la
Comisión de Verdad y Reconciliación y la Comisión Nacional sobre Prisión
Política y Tortura, susceptible de contribuir a la identificación de
aquellos responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas y tortura".
Según cifras oficiales, unas 40.000 personas fueron objeto de torturas
por los órganos represivos del régimen militar, que asesinaron a más de
3.000 personas, además de 1.200 desaparecidos. En los últimos 18 años
los gobiernos democráticos chilenos han impulsado el tema de los
derechos humanos mediante iniciativas legales, muchas de las cuales no
han prosperado por la oposición de derecha que apoyó a Pinochet y ha
intentado evitar los juicios a asesinos y torturadores.
Solamente una treintena de represores están condenados y cumplen
prisión, entre ellos el general Manuel Contreras, ex jefe de la
Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), mientras que en proceso
judicial se encuentran unos 300 uniformados. Cabe destacar que el 72
periodo de sesiones del Comité se realizará en Ginebra entre el 28 de
julio al 18 de agosto de 2008 / AZ
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