SANTIAGO I Tras su arribo ayer desde la ciudad de Washington DC, donde participaron en la audiencia pública concedida el pasado 10 de marzo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, el co-director de dicha ONG, abogado José Aylwin, junto al dirigente lafkenche y alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, dieron cuenta de los graves hechos denunciados ante el organismo internacional de la OEA, los que constituyen violaciones a derechos humanos garantizados en la Convención Americana.

En especial llamaron la atención de los comisionados aquellos hechos que atentan contra derechos fundamentales como la vida, integridad física y seguridad personal, entre los que se cuentan allanamientos masivos a comunidades sin órdenes judiciales, situaciones de violencia policial, de tortura física y verbal, con clara connotación racista por parte de estos agentes del estado, así como la indefección en que quedan estos delitos ante los tribunales militares, cuya jurisdicción excesiva ha sido representada a Chile en la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara, que insta al estado chileno a modificar la competencia de estos tribunales sobre civiles.

Los conferencistas destacaron que frente a estos hechos "se solicitó la realización de una misión de observación in loco de la Comisión, para que se forme un juicio en terreno de estas graves realidades, representadas a las autoridades chilenas desde hace largo tiempo", señaló José Aylwin. Solicitud que fue bien acogida por los comisionados, quienes plantearon en la propia audiencia a los representantes de gobierno su interés de visitar el país, el que debiera formalizarse una vez que concluya el 131º de sesiones de la CIDH, este viernes 14 de marzo.

Adolfo Millabur aclaró, al respecto, que "especialmente el presidente de la Comisión, Paolo Carozzo, explicitó su deseo de venir a Chile, y así se lo hizo ver directamente a los representantes del gobierno. El problema es que el gobierno, de acuerdo al procedimiento de la OEA, debe invitar al comisionado a visitar el país. Es muy importante que la comunidad lo sepa, pues si el gobierno no tiene problemas en su forma de desenvolvimiento interno, no debería tener inconvenientes en responder afirmativamente a este interés, cursando la respectiva invitación. De no hacerlo, implicaría que existen situaciones que no se quiere sean conocidas por dicho organismo". Lo que hace recordar, de acuerdo al dirigente, "los tiempos de dictadura militar, donde se intentaban ocultar graves violaciones a los derechos humanos".

En la misma línea, José Aylwin hizo ver el "retroceso existente en el ejercicio de derechos ciudadanos, lo que se pudo apreciar en febrero pasado, cuando se generó un gran debate público frente a la posibilidad de que observadores internacionales visitaran el país. Eso, a quienes vivimos en dictadura, nos hicieron recordar situaciones que creíamos olvidadas", concluyó. Por lo que esperamos que un gobierno que adhiere a los derechos humanos y dice comprometerse con ellos, tome este interés y lo haga presente en una invitación formal".

De no prosperar una invitación por parte del estado chileno a la Comisión, José Aylwin no descartó recurrir a los mecanismos de protección de Naciones Unidas. "El óptimo es que este tipo de hechos, violatorios de derecho, se resuelvan internamente, pero cuando se da una situación prolongada de afectación, como la que hemos constatado, pensamos que amerita la intervención de los organismos internacionales", aseveró.

Finalmente, se refirió a las sesiones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el cual Chile aspira integrar, y que comenzarán en poco más de una semana en Nueva York. Dicho comité hizo en marzo de 2007 recomendaciones al estado sobre la situación de las tierras indígenas y los proyectos de inversión en sus territorios, dando un plazo de un año apara informar sobre los progresos en la materia. Sin embargo, "hasta ahora se observa un incumplimiento del estado chileno, de las que informaremos al comité, esperando que éste de nuevas directrices, y el estado se allane a estas directrices y modifique su incumplimiento".

Los temas de la audiencia

Tres fueron los principales temas abordados en la audiencia ante la CIDH: la situación actual de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas en Chile, las actividades de defensa de derechos humanos de estos pueblos y los obstáculos a la labor de los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas.

Adolfo Millabur destacó que "como dirigente, es muy importante poder llegar a estas instancias, donde se hace cada vez más inexplicable ante los ojos internacionales la situación que ocurre en Chile con los mapuche. Hubo preguntas muy directas sobre ley antiterrorista y la justicia militar. Siendo importante que el gobierno, a través de sus representantes en la audiencia, haya reconocido que hoy la ley antiterrorista no se aplica por un acuerdo expreso con la Presidenta Bachelet, lo que da cuenta de lo injusto de la aplicación de esta ley, represiva y heredada de la dictadura, en los gobiernos anteriores. Es una contradicción que quedó en evidencia a nivel internacional".

Por su parte, José Aylwin destacó la existencia de una "manipulación del poder punitivo del estado, que resulta en el hostigamiento de las personas indígenas, en particular del Pueblo Mapuche. La aplicación de la legislación antiterrorista, ha implicado la condena de más de diez defensores de derechos humanos, seis de los cuales se encuentran hasta la fecha en prisión". Si bien, como expresó el alcalde de Tirúa, esta ley no ha sido invocada en los últimos años, Aylwin denunció "una proliferación de denuncias contra comuneros mapuche por crímenes ordinarios, como el abigeato (robo de animales) y amenazas, que tienen a sus dirigentes inmovilizados sin poder salir de sus comunidades. Particular es el caso de Temucuicui, donde 17 personas han sido requeridas por la justicia".

El co-director del Observatorio dio, además, cuenta pormenorizada de situaciones de violencia policial, hechos en el marco de detenciones que de acuerdo a la Convención contra la tortura constituye tortura, allanamientos sin orden judicial y detención de menores "…que no han sido investigados, pese a ser representados a la autoridad. Existiendo una situación de impunidad, legal y administrativa, para delitos cometidos por agentes del estado hacia estos defensores, las que son investigadas por la justicia miliar, no obstante existir una sentencia condenatoria al estado chileno que obligan a su modificación. Es el caso del sobreseimiento al mayor Treuer, autor material del asesinato del joven Alex Lemún (17 años), y más recientemente, las investigaciones por la muerte Matías Catrileo (22 años) a manos de Carabineros en Vilcún".

De acuerdo a Adolfo Millabur, durante su intervención, los representantes del gobierno de Chile "trataron de desvirtuar el propósito de la audiencia, trasladando los temas de fondo a la esfera de lo social y a los logros del gobierno en esta materia. Sin reconocer la persecución política y judicial al pueblo mapuche. Por eso hago un llamado gobierno para que reconozca sus errores, del mismo modo como lo hizo el gobierno argentino en la audiencia anterior a la nuestra. El gobierno chileno, sin embargo, negó y desvirtuó las informaciones, por ello esperamos que tarde o temprano cambien las estructuras de desenvolvimiento del estado, siendo el 2010 tiempo tardío ya para ello" / AZ

* Periodista del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.

< VOLVER

© Periódico Mapuche Azkintuwe