En un rincón de la noche soñaba un niño mapuche que conversaba con los choroyes andinos, porque así se lo había enseñado su abuelo desde el otro lado del fogón. Así somos, y así seremos, decía el anciano: palabra y árbol, palabra y sol, para aprender y enseñar. Y son esas voces las que se han alzado una y otra vez en defensa de la tierra cuando se le ha limitado el horizonte antiguo para reemplazarlo por cercos de winka. Cerco que, a pesar del tiempo transcurrido y de los avances en la promoción de los derechos indígenas a nivel internacional, en Chile continúa implacable confinando a los pueblos originarios en reductos indignos de su condición de pueblo originario.

El discurso presidencial del 21 de Mayo no hizo más que refrendar tal condición, pues en una lata alocución de 15.526 palabras, tan solo 167 de éstas fueron dedicadas al tema indígena. Indudablemente, el problema no se reduce a lo cuantitativo, sino que, por sobre todo, a la dimensión cualitativa del mismo, y ello dice relación - principalmente - con la persistente negativa del Estado chileno a respetar los derechos colectivos como pueblo. Ello, a pesar de que en su discurso la presidenta Bachelet expresó que “una mejor democracia supone el reconocimiento de los pueblos indígenas. A Chile se le reconoce hoy como una sociedad diversa, heterogénea, multicultural”.

Sin embargo, lo aseverado no se condice con la realidad ni con la legislación chilena en esta materia. Además, no puede conducir a engaño, toda vez que un supuesto o eventual reconocimiento de un país multicultural no es equivalente al respeto de derechos colectivos y, en particular, al derecho a la autonomía, una de las demandas centrales del pueblo mapuche. Asimismo, para entender la verdadera relación entre el Estado chileno y los pueblos indígenas, es menester hurgar en los vericuetos del texto presidencial y desentrañar la grandilocuencia de las palabras para descubrir la mirada desde el poder que, por cierto, constituye un continuum de carácter etnocéntrico.

El gobierno chileno, por intermedio del mencionado mensaje presidencial al Congreso Nacional, manifestó que recientemente, “en un diálogo ampliamente participativo, este año identificamos las bases de una política indígena realista y moderna, que incorporara nuevos temas y que se hace cargo de las materias pendientes”, señalando, luego, que el gobierno “se la jugará por la aprobación del Convenio 169 de la OIT y de una reforma constitucional que reconoce el carácter multicultural de la nación chilena a los pueblos originarios y el ejercicio de sus derechos; y que reafirma la obligación de proteger las tierras y las aguas indígenas”. La impresión, entonces, es que el gobierno se preocupa por los pueblos originarios y parece dispuesto a avanzar en la ampliación de sus derechos. No obstante, nada de lo dicho constituye novedad o progreso alguno en el derrotero hacia el derecho irrestricto de dichos pueblos a la libre determinación.

Más monólogo que diálogo

No hay cambio ni en lo formal ni en lo substancial, toda vez que el mencionado diálogo participativo al que se hace alusión fue un proceso que se inició el año pasado desde el gobierno y la Conadi y en el cual un número significativo de organizaciones indígenas, especialmente mapuche, accedió a participar, En este sentido, en el campo de lo formal, no difiere mucho de los diálogos comunales impulsados por el gobierno de Frei y, posteriormente, la mesa de diálogo mapuche creada por la administración Lagos, los cuales redundaron en un rotundo fracaso, fundamentalmente debido a que más que un dialogo real, se trató de medidas destinadas a dividir al movimiento mapuche y a intentar descomprimir la volátil situación que se había configurado producto del surgimiento y consolidación de un movimiento mapuche autonómico.

A pesar de ello, y de las múltiples ocasiones en que los indígenas en general, y los mapuche en particular, han accedido a conversar con las autoridades sin lograr nada concreto, las organizaciones mapuche reunidas en el Trawún de Quepe en noviembre del año pasado, resolvieron involucrarse en el denominado “Debate nacional de los pueblos indígenas” impulsado desde la Conadi. Elaboraron una serie de demandas que apuntaban hacia el pleno respeto a sus derechos colectivos como pueblo, a derechos políticos irrenunciables, los cuales no fueron incorporados en la propuesta para una nueva política indígena que anunció la presidente Bachelet en acto público realizado en La Moneda a fines de abril y reiterados ahora en Valparaíso.

En Quepe, la Coordinación de Organizaciones Mapuche (COM), una nueva instancia de extensa representación política y territorial, elaboró una demanda que, en lo substancial, exigía el derecho a la libre determinación y la creación de un Parlamento Nacional Mapuche que se erigiera en el interlocutor legítimo y válido ante el Estado chileno. También, se reivindicaban derechos territoriales y el fin de la criminalización de la demanda mapuche. Nada de esto fue incluido en la propuesta gubernamental, confirmando la tesis de que se ha asistido - una vez más - a un monólogo desde el poder más que a un diálogo real y abierto. Por lo tanto, no hay nada nuevo en el contenido de los anuncios, por el contrario, son temas reiterativos que jamás se plasman en leyes o en un cambio de actitud en relación a los pueblos originarios.

País subdesarrollado y etnocéntrico

Es el discurso políticamente correcto que profetiza cambios para que todo siga igual y que, en esta oportunidad, se basa en cinco lineamientos estratégicos diseñados desde el Estado: el fortalecimiento de la participación de los pueblos originarios en el ámbito político y social; el reconocimiento y profundización de derechos; una política indígena urbana; la mujer indígena y Educación y cultura. Todo lo anterior se cristalizaría en medidas concretas, como la ratificación del Convenio 169 de la OIT y un proyecto de ley que reconozca el carácter multicultural de la nación chilena. Esto último, precisamente, es lo que sintetiza la mirada etnocéntrica del Estado, puesto que no se habla en ningún momento del reconocimiento multinacional de Chile, sino que de la condición multicultural de la nación chilena.

Es decir, el planteamiento actual poco dista de la Ley Indígena de 1993 que reduce a los pueblos originarios al status de etnia lo cual, por cierto, excluye por definición, los derechos colectivos estipulados en la legislación internacional. La resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Humanas de Junio del 2006 señala, por ejemplo, que “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo, económico, social y cultural”.

Asimismo, “los pueblos indígenas, al ejercer su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como los medios para financiar sus funciones autónomas. Y, para mayor abundancia, explicita que tienen el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez sus derechos a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado”.

Es decir, nuestro país se encuentra a años luz de las principales tendencias internacionales en lo que concierne al tema indígena, porque es de Perogrullo señalar que nada de esto es posible en este Chile que se precia de moderno y que continúa negando sus raíces y su realidad multinacional. Es el subdesarrollo ideológico de una elite que no quiere reconocer que en este país no todos son chilenos y que continúa esgrimiendo y reproduciendo una mirada decimonónica sustentada en la matriz modernista que se autoerigía como la cruzada civilizadora contra la barbarie indígena. Es, también, el subdesarrollo político de una elite que no logra entender que, tarde o temprano, la dinámica social se mueve en direcciones que no necesariamente coinciden con los deseos del poder y culturas dominantes.

Por lo demás, aquellas organizaciones mapuche aglutinadas en la COM, ya recorrieron un camino en el cual creyeron, acaso ingenuamente a juzgar por la historia chilena, accediendo a participar en el diálogo con el gobierno, ya han expresado su decepción por el resultado del proceso, porque incluso en la esfera de la participación política que el gobierno sostiene que fortalecerá, se alude al afianzamiento de la oficialista Corporación de Desarrollo Indígena (Conadi) la cual se encuentra absolutamente deslegitimada ante los pueblos indígenas. Por lo mismo, los mapuche han advertido que ahora se trata de experimentar el camino propio y no seguir dependiendo de iniciativas del Estado que a nada conducen, porque lo que ha quedado claro es que en la política indígena del gobierno de Bachelet no hay nada nuevo bajo el sol / Azkintuwe

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