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DENUNCIA SERA EXAMINADA EN MARZO


Estado de Chile no ha respondido a la ONU por racismo ambiental


En enero del año 2007, representantes de comunidades directamente afectadas, junto a representaciones de organizaciones mapuches, de derechos humanos y ambientalistas, presentaron ante la Secretaria del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, una denuncia por racismo socioambiental. Si bien el organismo solicitó un informe al estado chileno, este aún no es enviado para su observación.


 Por Paulina ACEVEDO* I Viernes 22 de Febrero de 2008

 

 

 


Manifestación en Temuko.

Foto de Archivo.



 Párrafos

La denuncia presentada por comunidades mapuches y organizaciones ligadas a la defensa del medioambiente dió cuenta de una "pauta conductual racista de instituciones del Estado y empresas privadas".

A juicio de los denunciantes, "los hechos que hemos descrito en esta comunicación vulneran expresamente obligaciones tales como, no incurrir en acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones".




TEMUKO / Chile aún no presenta informe solicitado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, CERD, el que debió haber entregado al organismo internacional con fecha 30 de noviembre, para responder la denuncua sobbre racismo e impactos socio ambientales provocados por recintos de basurales y plantas químicas de aguas servidas en tierras mapuches. Casos serían examinados por Comité en marzo próximo y Chile aún sin informes ni medidas para la eliminación de este racismo presente en el país.

En enero del año 2007, representantes de comunidades directamente afectadas, junto a representaciones de organizaciones mapuche, de Derechos Humanos y Ambiental, presentaron ante la Secretaria del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial Organización de Naciones Unidas, una denuncia por racismo Socio Ambiental, para solicitar que dicha instancia intervenga en virtud de sus Medidas de Alerta Temprana o Procedimiento de Urgencia, ante los hechos de racismo en contra de comunidades por la instalación de vertederos y Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas que han afectado su calidad de vida, ecosistemas y salud.

Cabe mencionar, que en la Novena Región llamada también Región de la Araucanía, el 20% del total de la superficie de esta región, la tierra está en poder de personas Mapuche agrupadas en reducciones, siendo el 25% aproximado de la población con autoidentificación. A pesar de estos datos, la gran mayoría de recintos de basurales se encuentran en estas tierras, (alrededor del 70%). Las restante en tierras de campesinos chilenos pobres; y la totalidad de plantas químicas de tratamiento de aguas servidas también.

Estos recintos de basurales y de plantas se sitúan mayoritariamente en medio de comunidades mapuche, y en algunos casos, en sectores cercanos a poblaciones de campesinos pobres, donde habitan numerosas familias, soportando la contaminación al lado de sus viviendas, al lado de sus caminos, al lado de los predios agrícolas y ganaderos, al lado de sus escuelas, al lado de sus recursos naturales, como el agua y bosques. Esta situación, transgrede diversas normas de Derecho Internacional que versan en la materia y que son varias obligatorias al Estado chileno, como corresponde con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

La existencia de estos proyectos en tierras mapuches trae graves consecuencias, con irreparables daños a la cultura territorial. Los mismos afectados se han referido a su territorialidad no como un pedazo de suelo, sino a espacios que tienen sus propias fuerzas (gnen) en la tierra, ríos, esteros, bosques, animales, personas, las que se interrelacionan entre sí y permite una armonía como se verá en los ancedentes de la denuncia que se indica a continuación. Asimismo, al final de esta, la Comunicación que dicho Comité de Naciones Unidas envió al Estado de Chile en agosto del 2007.

Antecedentes


La denuncia presentada por comunidades mapuches y organizaciones ligadas a la defensa del medioambiente dió cuenta de una "pauta conductual racista de instituciones del Estado y empresas privadas que en los últimos años se ha hecho sistemática y creciente en territorio mapuche, en especial en la Región de la Araucanía, con la instalación de actividades que provocan un evidente daño a nuestro medio ambiente y formas tradicionales de vida".

"El racismo, que hemos denominado ambiental - agrega la denuncia - se explicita cuando nos damos cuenta de que, luego de la usurpación de nuestro territorio, las comunidades mapuche estamos en posesión actual de un porcentaje mínimo de tierra respecto de la superficie total de la Región de la Araucanía, lo que sin embargo, parece no ser considerado a la hora de destinar los terrenos que serán utilizados para actividades nocivas para la salud y los ecosistemas de las comunidades aledañas".

"Ha sido precisamente en el poco territorio mapuche que conservamos donde la industria forestal ha acabado con nuestros recursos hídricos, donde la industria celulosa ha realizado sus desagües de desechos tóxicos, donde la industria hidroeléctrica ha entorpecido el cause natural de nuestros ríos y donde los municipios y empresas privadas han instalado los vertederos que concentran la basura de toda la región y las plantas de tratamiento de aguas servidas que incumplen estándares de calidad. Por ello, es que creemos urgente denunciar el problema que enfrentamos y que no ha sido atendido en el plano nacional", señalaron.

Instalación de Basurales

Según especifican los denunciantes, entre los años 1990 y 1993 los municipios de Temuko, Gorbea, Lumaco, Perquenco, Melipeuco, Pitrufquen, Loncoche, Nueva Imperial, Vilcun, Cunco, Carahue, Collipulli y Traiguen de la Región de la Araucanía, instalaron basurales al interior de comunidades mapuche, amparados en la inexistencia de legislación ambiental e indígena adecuada. En la actualidad de los 28 basurales que se instalaron en la región (de los cuales el 70% se encuentra en territorio mapuche) 15 ya cumplieron su vida útil, expirando su año de cierre; 9 se encuentran sin autorización sanitaria, ya que la mayoría de ellos obtuvieron sus autorizaciones previo a la entrada en vigencia de normativas ambientales y de la Ley Indígena 19.253; y 25 se encuentran sin Resolución de Calificación Ambiental.

A juicio de las comunidades afectadas, todas estas cifras demostrarían las irregularidades de su funcionamiento. "Por lo general los líquidos percolados de la basura se filtran al subsuelo, no existiendo todavía un estudio acabado en relación a la posible contaminación del agua subterránea, ni menos del irreparable daño que esto ha ocasionado a los ecosistemas y salud de las personas que habitamos la zona. Sumada a la usurpación de nuestra tierra y territorio ancestral, las personas y comunidades que suscribimos esta denuncia, debemos convivir con la basura proveniente de los cordones urbanos", subrayaron.

"Los riesgos de infecciones y enfermedades - agregaron - son un peligro constante para quienes vivimos en las cercanías de los vertederos, puesto que la basura atrae a numerosas aves de rapiña, plagas de moscas e insectos y perros vagos que han provocado la muerte de decenas de cabezas de ganado menor, indispensables para nuestro sustento. La gran mayoría de nuestras familias carecen de acceso al agua potable, siendo común utilizar agua de pozo para nuestro consumo, corriendo los riesgos propios de su contaminación".

A juicio de los denunciantes, "los hechos que hemos descrito en esta comunicación vulneran expresamente obligaciones tales como, no incurrir en acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y velar para que las autoridades e instituciones públicas hagan lo mismo; o la revisión de las políticas gubernamentales nacionales y locales, así como la enmienda o derogación de leyes y disposiciones reglamentarias que creen discriminación o la perpetúen" / AZ

* Gentileza www.observatorio.cl

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