SANTIAGO / De manera tajante, este fin de semana el Gobierno cerró la puerta a toda posibilidad de pedir la intervención de observadores internacionales para que monitoreen el conflicto que hoy se vive en el sur del país. Esto, pese a la disposición inicial mostrada por el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien el jueves pasado, ante la consulta, dijo que "lo tomaríamos como una ayuda al problema que enfrentamos".

El encargado de revelar este giro en la postura del Ejecutivo fue su portavoz (s), Augusto Prado, quien el sábado -en los patios de La Moneda- declaró que "no hemos invitado ni vamos a invitar a ningún observador internacional porque Chile no necesita que otras personas nos digan cómo solucionar nuestros problemas".

Esta nueva posición de la sede del Gobierno surgió luego que ayer algunos parlamentarios -principalmente de la derecha- catalogaran como intervencionista la presencia de un observador internacional en el conflicto y de paso pidieran que las soluciones a la crisis fueran integrales y respondieran las demandas incumplidas al pueblo indígena, peticiones que incluso son avaladas por el propio Pérez Yoma.

Peticiones valoradas

En ese sentido, Prado prometió que el Gobierno escuchará opiniones de todos los sectores y que, en esa línea, los petitorios de diversas agrupaciones -tanto nacionales como extranjeras- son valorados por La Moneda. Sin embargo, fue tajante al recalcar que "las instituciones de nuestro país son lo suficientemente robustas como para enfrentar las situaciones que tenemos".

El conflicto estado chileno - pueblo mapuche, cuyos hitos determinantes fueron el crimen del joven de 18 años Matías Catrileo, quien fue baleado por un carabinero durante una recuperación de tierras en Vilcún, y la huelga de hambre de 112 días que protagonizó la comunera mapuche Patricia Troncoso, alertó a diversas organizaciones internacionales.

Entre las ONGs que han pedido observadores de la ONU para mediar en el conflicto figuran el "Comité de Solidaridad con los Indios de las Américas", la fundación "France Libertés", el "Movimiento francés contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos", "Cristianos para la Abolición de la Tortura", la Cruz Roja, la Asociación Latinoamericana de Juristas, así como también Human Right Watch y órganos de derechos humanos de la OEA y de la ONU.

Esta postura fue ratificada hoy lunes por el ministro Francisco Vidal, a su regreso de vacaciones, aclarando -ante la evidente discrepancia surgidas entre su par del Interior y su subrogante - que el gobierno no estaba en contra de la llegada de relatores internacionales para mediar en el conflicto, aunque si "muy lejos de extenderles una invitación". "En democracia, cualquier organismo internacional ingresa a Chile sin pedirle permiso a nadie, en dictadura sólo pudo entrar uno", sentenció Vidal.

La postura de Egaña

El nuevo comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, negó por su parte contactos con relatores internacionales para que intervengan en el País Mapuche. Sin embargo, informó que la próxima semana se reunirá con "directivos del Ministerio de Relaciones Exteriores" y adelantó que "soy muy cuidadoso en cuanto a quién es la persona (veedor) que vendrá a hacerlo. Malo sería que el informe estuviera hecho antes de venir a hacer la visita".

Respecto de cómo se podrían mejorar las evaluaciones de los organismos internacionales, Egaña dijo que "ése es un tema que yo veré con Relaciones Exteriores, pero me parece que hay una cosa que es muy importante, hay que mirar el vaso completo, no lo que falta, sino lo que se ha hecho en Chile".

"Yo creo que observadores internacionales normalmente van a países donde hay situaciones desconocidas, donde la información no es compartida públicamente, donde hay hechos graves de violaciones a los derechos humanos y donde no hay condiciones ni jurídicas, ni políticas. Ninguna de esas cosas sucede en Chile", explicó Egaña.

"Tenemos hechos puntuales de posibles delitos de violencia que son investigados por la justicia. Tal como ha sido planteado el tema de los observadores internacionales vemos que no es necesario", añadió. Asimismo, comentó que está trabajando aceleradamente en la creación de un plan de acción indígena que estará a fin de mes en manos de la Presidenta Michelle Bachelet.

"Estamos trabajando a toda marcha en las conversaciones que estamos teniendo con los directivos de Conadi, con los consejeros indígenas, con diputados, con expertos en temas indígenas, con autoridades para poder ir conformando una opinión y un juicio sobre por dónde debería ir el plan de acción prioritario que quiere aprobar la Presidenta a principios de marzo", detalló Egaña, según indicó Radio Cooperativa.

ONG francesa enviará carta

Una de las veinte ONGs que se han mostrado interesadas en la contribución de soluciones para el conflicto mapuche es la fundación francesa France Libertés. La ex primera dama gala Danielle Mitterrand, presidenta de la fundación, enviará una carta a la Presidenta Bachelet con una propuesta de trabajo para el pueblo mapuche. André Abreu, el encargado del proyecto de la fundación en América Latina, señaló a Emol que aún sin tener ningún contacto directo con el Gobierno chileno, quieren "crear puentes que trabajen la cuestión mapuche y en la creación de indicadores de desarrollo".

La fundación espera presentar un proyecto en el cual los mapuches puedan transmitir su memoria "para la construcción de un modelo de desarrollo sostenible con respecto de los recursos que tienen", y que para eso se necesita unir al pueblo mapuche a través de proyectos de desarrollo en donde participen agrónomos, técnicos, universidades y facultativos / AZ
 

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