Las agencias noticiosas informan al mundo que “Chile acepta la presencia observadores internacionales en el conflicto mapuche”. Como si Chile fuera Birmania (Myanmar) o Kenia, eso no es serio, comentó indignado un parlamentario.
Consultado el Ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma respecto a si el gobierno aceptaría la visita de observadores para verificar la situación de conflicto con las comunidades mapuches, la respuesta fue afirmativa. “La veríamos como una ayuda al problema que estamos enfrentando, no tenemos ningún inconveniente”, respondió correctamente el Ministro.

Ahora bien ¿Qué podría decir una misión de observadores que no hayan dicho los Comités de los Tratados de Derechos Humanos y el Relator Stavenhagen en sus informes desde 2003 a 2007? Lo que pueden decir es, precisamente, que Chile no cumple con las recomendaciones de los órganos de derechos humanos. Y ese incumplimiento es parte del “problema que estamos enfrentando”.

Un marco y una agenda

Como diría la Presidenta Bachelet, “los diagnósticos ya están hechos”. El Gobierno cuenta con un conjunto de informes y recomendaciones de órganos autorizados. No se trata de meras opiniones de comisiones asesoras, o consejos de columnista dominical. Son recomendaciones fundadas en Tratados, que vinculan al Estado desde el derecho internacional y constitucional. Falta implementar las recomendaciones. Si el Gobierno fuese serio no se requieren nuevas misiones de observadores. El plan de acción que prepara el Comisionado Presidencial Para Asuntos Indígenas no puede soslayar los siguientes informes y sus recomendaciones:

a) Relator Especial Para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Indígenas. Informe de Misión a Chile. E/CN.4/2004/80/Add.3 17/11/2003
b) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales. CHILE. E/C.12/1/Add.105. 26/11/2004.
c) Comité De Los Derechos Del Niño, Convención Sobre los Derechos del Niño. Observaciones finales CHILE. CRC/C/CHL/CO/3, 23/04/2007
d) Comité de Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Observaciones finales. CHILE CCPR/C/CHL/CO/5 18/05/2007.

En esos informes y recomendaciones están las obligaciones del estado, y los asuntos candentes que preocupan a los pueblos indígenas. Incluidos los magros “5 ejes” de la política presidencial, que adquieren sentido en ese contexto.  Las recomendaciones forman una agenda para abordar “el problema”, y una referencia insoslayable para evaluar las “respuestas globales” que se preparan en estos días, en su contenidos y calendarios. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos dio plazo de un año -que vence el próximo 18 de marzo de 2008- para que el Gobierno de Chile informe sobre las medidas adoptadas para implementar sus recomendaciones.

Sin embargo en estos días las autoridades vuelven a improvisar diagnósticos, y omiten toda referencia a sus obligaciones pendientes en términos de derechos humanos. En otras palabras, omiten el marco y la agenda que puede encauzar “el problema que estamos enfrentando”. Eso es eludir el problema.

Una Mesa. La invitación de la ONU

Junto con un marco y una agenda, para enfrentar el problema, es necesario el diálogo. Todas las voces bien pensantes lo dicen, como si fuese así de sencillo. Al respecto es útil recordar que en el mes de Julio de 2007, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Grupo Interagencial de la ONU en Chile, invitaron al Gobierno y a las organizaciones indígenas del país a un proceso de diálogo constructivo, asistido por los organismos de Naciones Unidas, para consensuar, en un proceso estructurado y breve, las prioridades y medidas de implementación de las recomendaciones del Relator Stavenhagen, complementadas por los Comités.

La respuesta a la convocatoria fue positiva, de parte de las organizacoines indígenas, de los diversos pueblos, y en todas sus tendencias; una convergencia que de suyo es extraordinaria. Sin embargo el Gobierno no estuvo a la altura de un candidato al Consejo de Derechos Humanos, dilató el proceso y desaprovechó una valiosa instancia – única en su género- para un diálogo constructivo.

Difícilmente pueda encontrarse otro convocante que pueda reunir a todos los actores, y otra agenda que tenga la doble virtud de recoger los puntos básicos que preocupan a los pueblos indígenas y, al mismo tiempo, basarse en obligaciones jurídicas del Estado.
A inicios del 2008, sigue abierta la invitación que hiciera el Alto Comisionado y el Grupo Interagencial de Naciones Unidas. Allí hay una ventana de oportunidad. Solo países como Birmania o Kenia las desaprovechan.

El Convenio 169, la prioridad

Las recomendaciones de los Comités son una hoja de ruta para salir del laberinto. Parte del problema es ahora el tiempo escaso. Es necesario establecer prioridades. Quedan solo 600 días; no es un segundo tiempo, sino los minutos de descuento. Y valga la insistencia, el primer paso en marzo es la ratificación del Convenio 169 de la OIT.

El Comisionado Egaña entorpece su propia labor, y enturbia la agenda indígena, volviendo a instalar el manido “reconocimiento constitucional”. Eso no es serio. No hay tiempo para malgastarlo, ni votos para aprobar un reconocimiento decente. El empeño hay que ponerlo en el Convenio 169, sin fútiles “declaraciones interpretativas”. Esa es la vía rápida para fijar un piso mínimo de derechos y procedimientos básicos de gobernanza democrática y relación entre estado y pueblos indígenas.

¿Alguien se opone abiertamente a ratificar el Convenio en el Senado? Nadie. La pregunta ahora es para qué ratificar. Si es por mero simbolismo, no sirve. ¿Qué medidas y esfuerzos inmediatos va destinar el Gobierno para la implementación del Convenio? Ratificar es apenas el comienzo. El Convenio 169 establece plazo de un año para su efectiva vigencia. El desafío del Gobierno y las organizaciones indígenas es tomar en serio el plazo, y en el 2008 avanzar en las medidas de implementación: políticas, institucionales y jurídicas. El Convenio 169, asumido de buena fe, tiene un efecto ordenador y catalizador.

Es el tiempo del ejercicio de los derechos ha dicho el movimiento indígena. El 2008 es la ocasión de la implementación del Convenio 169 y las recomendaciones de los órganos de derechos humanos. Están los factores básicos: el marco, la mesa y la agenda.
Lo que falta es la decisión política y un Gobierno proactivo, que tome iniciativa. Falta voluntad gubernamental de resolver democrática y civilizadamente “el problema que estamos enfrentando”. Los “asuntos indígenas" presentan un riesgoso vacio de gobernabilidad democrática y confianza, que no se llena con policías, comisionados, ni vagos anuncios de “planes” para marzo, si a fin de cuentas son más de lo mismo.

Si Chile no es Birmania ni Kenia, no hacen faltan observadores internacionales. Falta que el Gobierno de Michelle Bachelet se crea su propio discurso de políticas basadas en derechos, de un estado democrático social y de derechos. Falta tomar los derechos de los pueblos indígenas en serio / AZ

* Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas. Coordinador Grupo de Trabajo sobre Movimientos Indígenas y Democracia en América Latina, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
 

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© Periódico Mapuche Azkintuwe